El llamado a retiro voluntario es “un buen gesto pero de impacto marginal”: Entrevista con Bertha Maria Carrillo de Visión Liberal

Una suma de gestos que no soluciona el problema del gasto

El gobierno de Mauricio Macri anunció que en los próximos días se firmará el decreto que pondrá el marcha el “Plan de retiros voluntarios”, como una forma de achicar el Estado y reducir el gasto público.

Son unos 208.000 agentes públicos, pero se estima que el universo en condiciones de acogerse sería de 80.000, y podrían adherirse entre 3000 y 5000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazados.

Visión Liberal conversó con el economista y académico Adrián Ravier, sobre su percepción del impacto de esta medida gubernamental, quien afirmó que el Plan de retiros voluntarios es una de las ideas que los liberales argentinos han propuesto al gobierno. “Es una buena idea que se empiece a plantear, es un buen gesto, pero cuando uno lee en profundidad lo que se está planteando, el alcance es muy limitado. Se habla de un máximo de cinco mil personas, cuando el problema a solucionar es mucho más amplio”, expresó el economista.

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“El Gobierno sabía que iba a incumplir la nueva meta de inflación”: Entrevista con Marcelo Duclos de PanamPost

A finales de 2017 el Gobierno argentino, mediante una cuestionada conferencia de prensa que reunió al presidente del Banco Central con los ministros de Economía y Finanzas y al jefe de Gabinete, reconoció que la meta de inflación anual pautada del 10 % no sería posible y establecieron una nueva del 15 %.

En la jornada de hoy el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) comunicó que la inflación mensual de febrero fue del 2,4 %, lo que comienza a hacer presión sobre el nuevo objetivo anual del 15. Los principales factores detrás del incremento  mensual fueron los aumentos de tarifas de transporte y combustibles.

El gobierno movió la meta de inflación hasta los 15 puntos anuales, pero los datos de hoy parecen mostrar que ni siquiera podrá cumplir la nueva “meta laxa” que se propusieron. ¿Cuál es tu opinión?

Yo creo que desde el momento en que se planteó la nueva meta ya se sabía que se iba a incumplir. En ningún momento el Gobierno tuvo intención de cumplir la meta inflacionaria. Hay un juego de poner una meta por debajo de la inflación esperada con la idea de reducir el gasto público en términos reales.

Es decir, que si logra que el 15 % de meta se use como referencia en las paritarias y después la inflación real termina en 20 %, entonces el gasto público baja y estaríamos ante un nuevo ajuste, como ocurrió en toda la historia argentina.

Un ajuste en términos reales y no nominales, que la verdad es que es muy difícil. La inflación mensual en 2,4 % es preocupante, no sólo por la meta, que ya es imposible, sino para terminar el año por debajo del número de 2017. Los dos primeros meses acumulados ya son preocupantes. Yo considero que vamos a estar alrededor de un 20 % anual, con un primer semestre más alto que el segundo.

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Déficit y gasto público: presupuesto base cero, el modelo de TI que usó Carter

Néstor Kirchner inició su gestión en 2003 con un superávit fiscal del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Rápidamente decidió enfrentar la crisis económica de 2002 con un gasto publico creciente, lo que dio resultado en fomentar la demanda agregada y recuperar la actividad económica. Para 2007, cuando termina su mandato, la economía argentina se encontraba recuperada de la crisis, aunque el superávit fiscal había desaparecido.

Primer error: se pudo salir de esta crisis por otros medios de mercado y sostener el superávit fiscal, especialmente en un contexto de precios de commodities elevadísimos que contribuyeron a fomentar el crecimiento de la región.

Cristina Kirchner fue elegida en 2007 y mantuvo a su marido como un virtual ministro de Economía. La tendencia fue la misma. El gasto público siguió creciendo, aunque con él crecía también el deficit fiscal. Como los recursos tributarios ya no eran suficientes y el proceso de monetización ya generaba altas tasas de inflación, se decidió estatizar las pensiones, lo que permitió el resurgimiento de Anses con unos 40.000 millones de dólares provistos por las AFJP desmanteladas. Este dinero se volcó al mercado para enfrentar la crisis económica de 2008-09, lo que permitió la reelección en 2011. En estos otros cuatro años, el gasto público se exacerbó y el déficit fiscal consolidado llegó a 8% del PIB, un valor superior incluso al que hizo explotar la convertibilidad.

En estos doce años hasta 2015, en materia de gasto público, Argentina puede mostrar un extenso listado de programas y planes sociales. El problema es que este gasto público genera de algún modo “derechos adquiridos” que no se pueden sostener con recursos genuinos.

Segundo error: en finanzas públicas se dice que el gasto puede financiarse de tres maneras, con impuestos, los que ya no pueden crecer porque la presión tributaria es extremadamente elevada; con emisión monetaria, lo que ya genera una inflación alta que perjudica a los más pobres; o con endeudamiento, lo que termina encareciendo el crédito al que pueden acceder las familias y las empresas privadas, reduciendo el potencial de inversión y de generación de empleo.

Si se quiere reducir la inflación a un dígito y evitar un proceso destructivo de endeudamiento, Argentina tiene que balancear el gasto público con la recaudación tributaria, la que además debería reducirse prácticamente a la mitad si se desea ser competitiva con nuestros países vecinos.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo se puede reducir el gasto público antes que la misma deuda explote y volvamos a sufrir las consecuencias del default y el aislamiento?

El modelo de Texas Instrument que usó Carter

No está de más señalar que el mayor gasto público no es necesariamente un sinónimo de mejores servicios públicos. Los argentinos no perciben que luego de expandir el gasto tengan mayor seguridad, mejor educación o mejores servicios sanitarios. Por el contrario, y aunque parezca paradójico, la calidad de los servicios público cayó a medida que los recursos económicos aumentaban en todas las áreas.

Lo que proponemos aquí, en definitiva, es aprender de aquellos que enfrentaron situaciones semejantes, no sólo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Las empresas a menudo deben enfrentar una reestructuración de sus partidas de gasto para reorientar al Estado a un gasto más bajo, pero además, más eficiente.

Es por ello que algunos economistas proponemos estudiar una herramienta bastante desconocida en la Argentina, pero que ha mostrado éxito en sus aplicaciones. Se trata del “Presupuesto Base Cero” o “Zero Based Budgeting” (ZBB).

El presupuesto base cero tiene su origen en el mundo de la empresa, específicamente en 1970, cuando Peter Pyhrr, su creador, lo introdujo en la empresa americana Texas Instruments. El caso fue exitoso, y poco a poco se extrapoló a otras empresas, hasta que, en 1971, Jimmy Carter contrató a su creador para aplicar la herramienta a la administración estatal. Primero como gobernador del Estado de Georgia, luego como presidente de los Estados Unidos, Carter utilizó esta herramienta para enfrentar el proceso inflacionario de los años 1970.

Con el tiempo la práctica se extendió exitosamente al Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda y algunos otros estados de Norteamérica.

La mayor ventaja de este sistema es que ignora la práctica habitual de considerar el gasto del año anterior y sumar algo más de dinero a cada partida. En este caso, se ignora la historia presupuestaria del gobierno municipal, provincial o nacional, y se reconsidera, o reevalúa, la necesidad de cada partida, tanto histórica como nueva. En otras palabras, se busca que se vuelva a justificar cada una de las partidas del nuevo presupuesto.

Algunos analistas insisten en que esta propuesta requiere de mucho tiempo, puesto que se debe reelaborar todo el presupuesto, o más bien, volver a discutir cada función del estado.

Mi impresión es que esta herramienta deberían utilizarla todos los gobiernos, al menos una vez cada década, justamente para mejorar la calidad del Estado, pero especialmente en casos de crisis fiscales como la que hoy presenta nuestro país. El Ministerio de Modernización debe tomar el organigrama del Estado y replantearse qué funciones queremos que ejerza con un nivel adecuado de presión tributaria, lo que no sólo permitirá reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal sino que además permitirá generar un Estado más eficiente.

Publicado en El Cronista, viernes 9 de marzo de 2017.

Disminuye la matrícula pero aumenta el plantel docente [Informe IDESA]

Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo aparece condicionado por la amenaza de paros docentes. Si bien la situación es diversa según la provincia, es altamente probable que para la mayoría de los alumnos el comienzo de las clases no sea dentro de las fechas previstas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito que por su tamaño tiene incidencia en el resto del país, la oferta del gobierno se integra por una recomposición salarial en línea con la meta de inflación del año 2018 más un adicional por presentismo.

El presentismo es una herramienta rudimentaria y polémica. Se justifica cuando hay un uso abusivo de licencias por enfermedad debido a la permisividad de las normas y de los sistemas de control. Pero si las tasas de ausentismo docente fueran similares al resto de los trabajadores el pago por cumplir con la obligación de ir a trabajar no es necesario.

Resulta muy sugerente que ninguna provincia publique información sobre presentismo en educación. De todas formas, con datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede hacer una aproximación. Según esta fuente, tomando a todas las escuelas primarias del Estado del país entre el 2004 y el 2015 se observa que:

  • La cantidad de alumnos matriculados bajó desde 3,66 a 3,31 millones de niños, es decir, hay 350 mil niños matriculados menos.
  • La cantidad de cargos docentes frente a alumnos subió desde 244 mil a 285 mil cargos, es decir, hay 41 mil cargos docentes más.
  •  Esto significa que la cantidad de alumnos por cargo docente bajó de 15,0 a 11,6.

Estos datos muestran que las escuelas primarias del Estado tienen cada vez más docentes y menos alumnos. La reducción de la matrícula en las escuelas estatales no es fruto de la deserción escolar (que en primaria es baja), sino de la fuga de los padres hacia las escuelas privadas. Prueba de ello es que en el mismo período la matricula en escuelas privadas subió de 982 mil a 1,24 millones de niños. Estas tendencias sugieren que el ausentismo en las escuelas del Estado es alto y que esto es percibido por las familias que optan por migrar hacia las escuelas privadas. En tanto, se siguen creando cargos en el Estado hasta llegar a la irracionalidad de crearse un nuevo cargo docente por cada 8 niños que dejan las escuelas estatales.

Que las provincias no publiquen información confiable y sistemática sobre el ausentismo demuestra hasta qué punto prevalecen en el sistema educativo los intereses sectoriales por sobre el interés general. En este contexto, incorporar dentro de la estructura de remuneraciones un premio por presentismo va en el sentido de comenzar a priorizar los alumnos. Se trata de un paso modesto pero importante, frente al desafío de reducir el derroche de recursos midiendo el desempeño de los docentes. Así se podrá reconocer y premiar a los educadores que buscan su superación profesional y el desarrollo de sus alumnos y penalizar a los que no demuestran esfuerzo ni compromiso y se especializan en usufructuar los vericuetos legales que ofrecen los estatutos docentes y las debilidades de los sistemas de control para ausentarse.

Para mejorar los servicios al ciudadano no hacen falta más recursos sino mejorar la gestión, especialmente, la de los recursos humanos del Estado. Lamentablemente, el problema se extiende a otros servicios de alta importancia, como por ejemplo la salud pública. Argentina invierte casi 7% del PBI en educación estatal y otros 7% del PBI en salud pública, sin embargo, en la medida que los presupuestos familiares lo permiten, los ciudadanos buscan –muchas veces en vano– en el sector privado lo que no encuentran en el Estado duplicando esfuerzos para financiar un colegio o una empresa de salud privada.

Para bajar la muy elevada presión impositiva sin profundizar el deterioro en la calidad de los servicios del Estado es fundamental inducir un mayor compromiso de los empleados públicos. El pago por presentismo es una herramienta rudimentaria pero pertinente para empezar a avanzar hacia un Estado más sensible con el interés general y menos permeable a las presiones corporativas.

Acceda aquí al informe completo.

¿Qué balance haremos en 2019 del gobierno de Macri?

Comparto esta nota de ayer publicada en El Cronista, que se complementa con la que compartí más temprano en el blog.

Haciendo futurología y proyectando la economía de estos dos años 2018-2019, nos preguntamos -a modo de balance- cómo terminaría Mauricio Macri su primer gobierno en el Ejecutivo Nacional y cuánto habrá podido avanzar en corregir los desequilibrios heredados. En qué ámbitos sería considerado exitoso, en cuáles hablaremos de inacción y en cuáles tendríamos problemas mayores.

Progresos

Comenzando por las buenas noticias, recordemos que una de las primeras medidas fue la quita del cepo cambiario, lo que permitió eliminar el dolar blue de la jerga habitual de los argentinos, habilitándonos a acceder a la compra de divisas, tanto para turismo como para importaciones. Esto permitió eliminar un cuello de botella sobre la producción industrial que estaba estancada.

Esto contribuyó a terminar con un estancamiento económico que duró todo el gobierno anterior (2011-2015), en el que la economía crecía un año para caer el siguiente, de acuerdo al ciclo político. Entre 2017 y 2019 se espera un crecimiento moderado y estable de entre 2 y 4 por ciento con mejoras en los niveles de consumo e inversión. Aquí jugará un rol fundamental la reforma laboral para reducir los obstáculos y los costos excesivos que hoy enfrentan las empresas para generar empleos y proyectos de inversión.

El fin del cepo cambiario permitió eliminar el dolar blue de la jerga habitual de los argentinos.

Si bien no podrán cumplir con las metas, sí podrán ofrecer datos que muestren una baja de la inflación desde el 41% registrado en 2016 hasta una tasa cercana al 15% en 2019. Los críticos dirán que la inflación en 2015 era menor al 41% señalado, pero esto no toma en cuenta la política monetaria expansiva de 2015 que genera un efecto rezago al año siguiente. Aquí hay que destacar, además, la polémica del dólar futuro que dejó la gestión de Alejandro Vanoli y sobre la que aun sigue dando explicaciones ante los Tribunales de Comodoro Py.

La baja en la inflación permitirá reducir la pobreza que alcanzaba el 31% en 2015, que alcanzó el 28% en 2017 y concluiría 2019 en torno al 25-26%, un nivel estructural que sólo podrá reducirse con ahorro e inversión y continuo crecimiento.

Juan José Aranguren, ministro de Energía

Un aspecto importante cuyo costo político no fue menor habrá sido terminar con el atraso tarifario, quitando subsidios a los servicios públicos. La política energética manejada por Juan Jose Aranguren será calificada como exitosa, además, por corregir el déficit de inversiones en infraestructura energética.

Por último, la Argentina habrá salido del aislamiento gracias a los esfuerzos del oficialismo por separarse de Irán y Venezuela y construir lazos con China y Occidente, buscando inversiones, desde luego, pero también fortaleciendo lazos políticos. No será considerada una cuestión menor que Argentina haya abandonado un largo default de su deuda pública, lo que le permitió volver a los mercados financieros y, entre otros aspectos, haya acumulado reservas internacionales para sostener a su debilitada moneda local.

Inacción

Donde difícilmente veamos avances significativos será en el frente fiscal. Si bien la quita y baja de retenciones a las exportaciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias fueron un primer paso significativo, en materia de impuestos la reforma que aprobó el Congreso no plantea reducir la presión tributaria hasta después de 2020.

En materia de impuestos, la reforma que aprobó el Congreso no plantea reducir la presión tributaria hasta después de 2020.

En materia de gasto publico, si bien la quita de subsidios ya es y habrá sido significativa, hay y habrá otros incrementos que muestren que el gasto creció a una tasa similar a la inflación. La baja en subsidios económicos se compensó con suba en subsidios sociales.

Andrés Ibarra, ministro de Modernización

El sobreempleo público tuvo correcciones mínimas que fueron compensadas con otras contrataciones. Sostenerlo público durante estos cuatro años transformará un problema coyuntural en un problema estructural.

La apuesta de Mauricio Macri en todo su gobierno fue cuidar el empleo público e intentar reducir el deficit fiscal via mejoras en la recaudación tributaria. Si bien el Gobierno podrá mostrar cierto cumplimiento de sus metas fiscales (el déficit primario estará posiblemente debajo del 3%), también es importante notar que habrá mantenido el déficit financiero en un nivel similar al heredado. Las bajas del déficit primario habrán sido compensadas con subas en los intereses de deuda que tuvo como costo el gradualismo.

Aspectos negativos

El mayor costo del gradualismo es la acumulación de deuda pública. Argentina presentará a fines de 2019 un nivel de deuda preocupante y un déficit financiero que necesitará de un contexto macroeconómico global líquido que difícilmente se sostenga hasta 2020.

Bajar la inflación a un dígito seguirá siendo un difícil problema en el próximo gobierno si se continúa evitando la reforma ortodoxa

Federico Sturzenegger, presidente del BCRA

La heterodoxia en la política de desinflación que maneja Federico Sturzenegger dejará un arsenal de Lebac que extenderá el problema de la inflación por más tiempo del necesario. Bajar la inflación a un dígito seguirá siendo un difícil problema en el próximo gobierno si se continúa evitando la reforma ortodoxa.

Por último, los más de 30.000 millones de dólares que habrá recibido la Argentina cada año en forma de deuda pública alimentarán un atraso cambiario que representará un obstáculo más para el desarrollo de su actividad productiva. El déficit en cuenta corriente será una consecuencia obvia.

Quien esperaba observar en estos cuatro años una corrección de los desequilibrios macroeconómicos heredados, verá progresos importantes, pero parciales. Quien esperaba observar una reforma estructural de la economía, tendrá que seguir esperando.

La inflación no se detendrá hasta que no se usen herramientas más ortodoxas

Me entrevistaron una vez más en La Gaceta de Tucumán y conversamos sobre temas monetarios.

La suba de precios, el incremento del gasto público y el atraso cambiario siguen siendo las materias económicas pendientes de la gestión del presidente Mauricio Macri. Si bien el Gobierno intentó corregir el atraso, mostró mejoras en el resultado fiscal de 2017 (anunció una baja en el déficit primario, que no incluye deudas) y anunció que la inflación del año anterior fue prácticamente la mitad que la registrada en 2016, el rumbo económico espera señales de mayor estabilidad en la actividad. En una entrevista con LA GACETA, el doctor en Economía Adrián Ravier marca sus expectativas acerca de cómo evolucionarán estos tres componentes en lo que resta del año.

Aquí la nota completa.

¿Se terminó la inacción fiscal? [Infobae]

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

Publicada originalmente en Infobae, miércoles 31 de enero de 2018.

El Estado administra casi la mitad del PBI [IDESA]

El crecimiento del gasto público en la última década fue exponencial. Esto realza el rol estratégico del Consenso Fiscal como herramienta para ordenar al Estado. Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente. Además, hay que evitar las intervenciones del Estado nacional sobre funciones provinciales y municipales ya que son una de las principales fuentes de derroche de recursos públicos y discrecionalidad política.
Se sancionó como ley al Consenso Fiscal celebrado entre la Nación y las provincias. Entre los temas que aborda el acuerdo uno muy importante es una nueva distribución de los impuestos nacionales. Por un lado, se aumentan los recursos distribuidos a las provincias, en especial, a la de Buenos Aires que sufría la licuación del Fondo del Conurbano Bonaerense desde el 2002. Por el otro, las provincias se comprometen a disminuir impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y sellos) y a renunciar a todas las demandas judiciales contra la Nación y abstenerse de iniciar nuevas controversias.
Subyace en el acuerdo la vocación de iniciar un proceso de reconstrucción institucional de la relación de la Nación con las provincias. La meta es tender gradualmente a una presión tributaria más tolerable y a una distribución de recursos entre jurisdicciones más coherente con la organización federal.
Para dimensionar la relevancia y la necesidad de este acuerdo es clave remitirse a la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que:
  • Entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI.
  • Entre los años 2007 y 2011 el gasto público total se elevó a 38% del PBI.
  • Entre los años 2012 y 2015 el gasto público total da otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI.
Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. El crecimiento se observa en los tres niveles de gobierno, pero fue más intenso a nivel nacional. Es decir que al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper-centralización en el nivel nacional. Esto, contextualizado en una organización federal, potenció el derroche de recursos y el despliegue de un voraz crecimiento de la presión tributaria que además de la Nación incluyó también a las provincias y a los municipios.
El Consenso Fiscal aspira a iniciar un proceso gradual tendiente a desandar esta situación. El objetivo es acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios. Se trata de desafíos muy ambiciosos ya que obliga a trabajar de manera simultánea en descentralizar recursos, eliminar impuestos distorsivos y propiciar una administración más austera y eficiente de los fondos públicos.
Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES. Lamentablemente el debate sobre la movilidad previsional demostró cuán lejos se está de generar condiciones propicias para encontrar soluciones. También genera mucha resistencia poner como prioridad al ciudadano y no a los intereses, muchas veces espurios, que operan sobre la gestión pública. Es clave tender a una organización y gestión más empática con el ciudadano y menos permeables a las presiones sectoriales.
El Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno.Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana. Pero no explicíta que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido, queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política.

Acceda aquí al informe completo.

Esta bajando el gasto publico en Argentina?

El tamaño del estado en Argentina, en términos de gasto publico, no es sostenible. Desde el gobierno de Cambiemos se haafirmado que el gasto publico esta bajando. No siempre se aclara si esto es en términos reales o de PBI. Sin embargo no parece ser ninguno de estos dos casos.

Primero, el siguiente grafico muestra la evolución del gasto corriente sobre el PBI. El gasto corriente deja de lado dos componentes, el gasto en capital y el pago de intereses. Se aprecia que el kirchnerismo ha dejado un nivel de gasto (respecto al PBI) mayor al que Menem le dejo al gobierno de de la Rúa. Al menos en el 2016, el gobierno de Cambiemos no ha podido, o querido, corregir esta ascendente trayectoria.

No es claro tampoco que el en 2017 el gasto publico este bajando. El gasto acumulado de octubre 2016 a octubre 2017 es de un 28.5%. En el mismo periodo, la inflación fue del 22.6%. Nuevamente, el gasto corriente muestra un crecimiento en términos reales. Para que esto no represente un aumento del gasto corriente en términos del PBI, la economía tiene que crecer un 4.5% en términos reales. El gobierno, sin embargo, estima un crecimiento real entre 2.5% y 3.0%.

Es cierto que ha habido cierta revisión del gasto publico, principalmente en transferencias al sector privado (la clase política es cronicamente ajena a ajustarse a si misma.) Estas revisiones, sin embargo, son tardías y no son lo suficientemente grandes para mostrar aun un cambio de tendencia en el tamaño del estado Argentino.