¿Se terminó la inacción fiscal? [Infobae]

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

Publicada originalmente en Infobae, miércoles 31 de enero de 2018.

El Estado administra casi la mitad del PBI [IDESA]

El crecimiento del gasto público en la última década fue exponencial. Esto realza el rol estratégico del Consenso Fiscal como herramienta para ordenar al Estado. Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente. Además, hay que evitar las intervenciones del Estado nacional sobre funciones provinciales y municipales ya que son una de las principales fuentes de derroche de recursos públicos y discrecionalidad política.
Se sancionó como ley al Consenso Fiscal celebrado entre la Nación y las provincias. Entre los temas que aborda el acuerdo uno muy importante es una nueva distribución de los impuestos nacionales. Por un lado, se aumentan los recursos distribuidos a las provincias, en especial, a la de Buenos Aires que sufría la licuación del Fondo del Conurbano Bonaerense desde el 2002. Por el otro, las provincias se comprometen a disminuir impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y sellos) y a renunciar a todas las demandas judiciales contra la Nación y abstenerse de iniciar nuevas controversias.
Subyace en el acuerdo la vocación de iniciar un proceso de reconstrucción institucional de la relación de la Nación con las provincias. La meta es tender gradualmente a una presión tributaria más tolerable y a una distribución de recursos entre jurisdicciones más coherente con la organización federal.
Para dimensionar la relevancia y la necesidad de este acuerdo es clave remitirse a la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que:
  • Entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI.
  • Entre los años 2007 y 2011 el gasto público total se elevó a 38% del PBI.
  • Entre los años 2012 y 2015 el gasto público total da otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI.
Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. El crecimiento se observa en los tres niveles de gobierno, pero fue más intenso a nivel nacional. Es decir que al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper-centralización en el nivel nacional. Esto, contextualizado en una organización federal, potenció el derroche de recursos y el despliegue de un voraz crecimiento de la presión tributaria que además de la Nación incluyó también a las provincias y a los municipios.
El Consenso Fiscal aspira a iniciar un proceso gradual tendiente a desandar esta situación. El objetivo es acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios. Se trata de desafíos muy ambiciosos ya que obliga a trabajar de manera simultánea en descentralizar recursos, eliminar impuestos distorsivos y propiciar una administración más austera y eficiente de los fondos públicos.
Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES. Lamentablemente el debate sobre la movilidad previsional demostró cuán lejos se está de generar condiciones propicias para encontrar soluciones. También genera mucha resistencia poner como prioridad al ciudadano y no a los intereses, muchas veces espurios, que operan sobre la gestión pública. Es clave tender a una organización y gestión más empática con el ciudadano y menos permeables a las presiones sectoriales.
El Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno.Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana. Pero no explicíta que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido, queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política.

Acceda aquí al informe completo.

Esta bajando el gasto publico en Argentina?

El tamaño del estado en Argentina, en términos de gasto publico, no es sostenible. Desde el gobierno de Cambiemos se haafirmado que el gasto publico esta bajando. No siempre se aclara si esto es en términos reales o de PBI. Sin embargo no parece ser ninguno de estos dos casos.

Primero, el siguiente grafico muestra la evolución del gasto corriente sobre el PBI. El gasto corriente deja de lado dos componentes, el gasto en capital y el pago de intereses. Se aprecia que el kirchnerismo ha dejado un nivel de gasto (respecto al PBI) mayor al que Menem le dejo al gobierno de de la Rúa. Al menos en el 2016, el gobierno de Cambiemos no ha podido, o querido, corregir esta ascendente trayectoria.

No es claro tampoco que el en 2017 el gasto publico este bajando. El gasto acumulado de octubre 2016 a octubre 2017 es de un 28.5%. En el mismo periodo, la inflación fue del 22.6%. Nuevamente, el gasto corriente muestra un crecimiento en términos reales. Para que esto no represente un aumento del gasto corriente en términos del PBI, la economía tiene que crecer un 4.5% en términos reales. El gobierno, sin embargo, estima un crecimiento real entre 2.5% y 3.0%.

Es cierto que ha habido cierta revisión del gasto publico, principalmente en transferencias al sector privado (la clase política es cronicamente ajena a ajustarse a si misma.) Estas revisiones, sin embargo, son tardías y no son lo suficientemente grandes para mostrar aun un cambio de tendencia en el tamaño del estado Argentino.

La agenda está presentada, falta conocer la profundidad de las medidas – Por Roberto Cachanosky

El Presidente advierte que con este nivel de gasto público, esta presión tributaria y este nivel de déficit fiscal es inviable el crecimiento

Finalmente Macri hizo algo que creo debería haber hecho de entrada, es decir el 10 de diciembre de 2015, pero por las razones que sean no lo hizo. Lo importante es que luego de ganar las elecciones de medio término el Presidente parece no haber perdido el tiempo.

Inmediatamente luego de haber obtenido un resultado electoral muy favorable, con un capital político muy importante, una sociedad que le ha dicho que está dispuesta seguir esperándolo, con un PJ no K que muestra signos de querer cooperar y un kirchnerismo en desbande, Macri convocó a la oposición, a los dirigentes sindicales, empresariales y legisladores y les propuso algunos ejes para comenzar a reconstruir una Argentina que tiene décadas de decadencia.

Macri no solo convocó a los sectores mencionados y les planteó, entre otras cosas, que es fundamental terminar con el déficit fiscal, que el Estado no puede gastar más de lo que recauda, que la gente ya no tolera más presión impositiva y que, por lo tanto, hay que bajar el gasto público al punto que incluso llegó a mencionar algunos casos específicos como lo que gasta el Congreso Nacional y los provinciales, tema que traté en esta misma columna unas semanas atrás.

Yo diría que Macri advierte que con este nivel de gasto público, esta presión tributaria y este nivel de déficit fiscal es inviable el crecimiento económico. Por eso les planteó a los gobernadores la necesidad de trabajar en conjunto para reducir el gasto público y seguramente algún tipo de reforma impositiva y de coparticipación federal.

Otro de los puntos que trató fue el del sistema jubilatorio. Considero que también sabe que el sistema de reparto es inviable aquí y en todas partes del mundo. La relación entre cantidad de personas en actividad y jubilados, que es el primer dato a tener en cuenta para determinar el nivel de las jubilaciones, cada vez es más chico porque se extendió la esperanza de vida de la gente y se reduce la tasa de natalidad. Basta con ver la pirámide poblacional de Europa para advertir que incluso en el viejo continente hay serios problemas con el sistema previsional.

Sobre este punto todo parece indicar que prefieren cambiar el ajuste que actualmente se hace en forma semestral de acuerdo a la recaudación impositiva por el ajuste por inflación en forma trimestral.

Si finalmente la inflación es controlada y la recaudación mejorara por efecto de un mayor nivel de actividad, entonces los jubilados no perderían poder adquisitivo pero no incrementarían sus ingresos reales. Mantendrían el actual poder de compra en términos constantes.

Recordemos que un tercio del gasto público se destina a financiar el pago de jubilaciones y pensiones. Es decir, tienen un peso muy relevante sobre el presupuesto nacional.

El segundo punto de acuerdo que destacó Macri fue el del empleo. Como empresario sabe que la industria del juicio hace estragos en las empresas, particularmente en los microemprendimiento y PyME que, con un par de juicios que les pueden hacer empleados despedidos, pierden fortunas.

Una gran empresa podrá bancarse el costo de pagar el juicio pero tendrá poco estímulo para contratar más personal. Una PyME no solo queda en la lona por un juicio laboralsino que, además, tiene cero estimulo en contratar gente.

En definitiva, la actual legislación laboral conspira contra el objetivo de crear puestos de trabajo. Tal vez no se apunte tanto a bajar los impuestos a la nómina salarial sino más bien en ponerle un límite a la industria del juicio.

Finalmente fue al tema de la calidad institucional remarcando la necesidad de una reforma electoral, de la Justicia y el control de la corrupción.

Si uno mira los anuncios no definen un plan económico con medidas concretas. Más bien son lineamientos generales sobre los que se invita a debatirá a la oposición, sindicatos, empresarios y legisladores.

Seguramente el Gobierno debe tener preparados sus proyectos en materia impositiva, de reforma del Estado, laboral, etc. y los debatirá con los sectores mencionados en las próximas semanas. Considerando que se invitaba al diálogo no resultaba oportuno presentar medidas concretas diciendo: es esto o nada. En todo caso, los sectores mencionados saben muy bien de qué se trata el problema.

Los que defienden el Gobierno a ultranza, con un nivel de fanatismo casi K, dirán que las medidas anunciadas por Macri son fundacionales. Otros verán anuncios vagos en el discurso del Presidente, sin medidas concretas. En rigor, Macri no hizo anuncios tan categóricos, solo convocó a trabajar sobre una agenda de las que enunció sus titulares pero todavía hay que conocer el corazón de las medidas concretas.

Ejemplo, se habla de reforma previsional como si se pasara de un sistema de reparto a un sistema de capitalización cuando en realidad es solo un cambio en la manera de ajustar las jubilaciones como indicaba anteriormente.

No sabemos hasta dónde llegará el bisturí para quitar la enorme grasa que tiene este estado fofo e incompetente. Desconocemos cuánto se aliviará al sector privado en la asfixiante carga tributaria que hoy soporta.

En fin, no tenemos los detalles como para definir si en esta oportunidad tendremos éxito. Sí puedo decir que veo un cierto cambio en el discurso del Presidente que marca un rumbo económico que en líneas generales se pueden compartir.

Discurso que, por cierto, parece ser desvirtuado por algunos de sus funcionarios de confianza que se empeñan en mostrar que el actual gobierno dio más subsidios sociales que el kirchnerismo como si fuera un éxito que la gente viva de la cultura de la dádivaen vez de la cultura del trabajo. O se la pasan hablando de los pobres en vez de hablar de cómo generar riqueza.

Personalmente me confunde el discurso bien orientado del Presidente y el discurso de algunos de sus funcionarios. Pero en concreto todavía no podemos decir si las medidasque se van a aplicar van a alcanzar para dominar la terrible herencia económica K, porque las desconocemos.

Sabemos que Macri es consciente de que no puede vivir endeudándose eternamente y que hay que bajar el déficit fiscal reduciendo el gasto público y la carga tributaria. Cómo se hará y con qué profundidad lo desconocemos. Pero sí sabemos que la herencia K es muy pesada como para dominarla con un par de aspirinas.

El primer paso está dado. Macri, con su capital político, convocó a la oposición a reconstruir las ruinas de 70 años de populismo y 12 años de hiperpopulismo K. Los lineamientos generales están bien orientados. La profundidad de las medidas que se debatan en las próximas semanas y meses nos darán las pautas de nuestro futuro económico.

Publicado originalmente en Infobae, 30 de octubre de 2017.

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Ajuste fiscal: ¿no quieren o no pueden? [Infobae]

Parece haber cierto consenso entre los economistas acerca de la necesidad de reducir el gasto público. Después de una década de constante incremento en el empleo público, la Argentina supera ampliamente a sus vecinos en presión tributaria y, sin embargo, acumula año a año déficit fiscal. El kirchnerismo monetizaba esos déficits y nos dejó con una compleja herencia en materia de inflación. El macrismo por el momento sólo ha reemplazado parte de esa monetización con endeudamiento y ha proclamado la necesidad de reducir la presión tributaria, pero no se ha animado aún a reducir el gasto público.

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Ajuste e inflación: ¿la culpa es de los economistas? [Infobae]

Es cierto que Mauricio Macri comenzó su gestión con una inflación de algo más del 20% y que el termómetro de 2016 marcó 41%, pero esto surgió tras reconocer la inflación reprimida que se heredó.

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EL GASTO PÚBLICO COMO CAUSANTE DE POBREZA

PobrezaLa mayoría de los argentinos se indignan cuando ven espantosas fotos de niños desnutridos en nuestro país. Pero, al mismo tiempo, la mayoría de los argentinos pide un aumento del gasto público para solucionar la tragedia. La tragedia es que ese aumento del gasto es lo que produce la pobreza.

Lamento cansar al lector si repito que, para aumentar el gasto, el estado no tiene sino tres recursos: impuestos, inflación o deuda externa.

Los impuestos siempre implican una menor producción de bienes y servicios, porque son una exacción de lo que podría haber sido destinado al ahorro, pero mucho más los impuestos a la renta y sobre todo los progresivos, porque desalientan la inversión y eliminan recursos que se podrían haber destinado al ahorro. Todo lo cual implica menor capitalización, lo cual implica menor demanda de trabajo, menor salario real, y mayor pobreza.

Por ende, cuanto menos impuestos, mejor.

La inflación tiene como consecuencia directa la fuga de capitales y la falta de ahorro en el mercado local de capitales, todo lo cual implica descapitalización y, por lo mismo, mayor pobreza.

Y la deuda, en algún momento se paga. Con default, con hiperinflación, con mayores impuestos. Todo lo cual implica mayor descapitalización y, por ende, mayor pobreza.

No es una casualidad, por ende, que desde que la Argentina comenzó a aumentar el gasto público, sus niveles de pobreza hayan ido aumentando proporcionalmente. La tragedia cultural es que pocos relacionan una cosa con la otra, y se acusa de ser insensibles al tema de la pobreza a quienes advertimos permanentemente por el aumento del gasto público.

Ese es el drama cultural de la Argentina. El mundo social no es fruto de tornados o tsunamis. Es fruto de las ideas y creencias de quienes conforman el mundo social. No es la corrupción el drama de la Argentina, sino estas ideas estatistas de la mayor parte de la gente de buena voluntad.

Entrevista sobre la decisión de la corte de suspender parcialmente el ajuste de tarifas

Mauricio_MacriLa Gaceta de Tucumán me entrevistó junto a otros economistas sobre el impacto que puede tener la decisión de la corte de suspender parcialmente el ajuste de tarifas.

Aún resta saber si el Gobierno ejecutará el presupuesto de obras públicas, pero difícilmente 2016 cierre con un déficit menor que aquel de 2015 (que finalizó en torno a los 7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno). Si a ello le agregamos que 2017 será un año electoral, cuesta pensar que la realidad fiscal se corregirá en la primera mitad del gobierno de Macri. El tiempo se va consumiendo y la realidad económica no cambia, con la excepción de la inflación que sí se desacelera…

Aquí la nota completa.

¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁ LA ARGENTINA DEL MODELO ECONÓMICO CHILENO?

En numerosas oportunidades Mauricio Macri declaró su admiración hacia el modelo económico chileno. Alguna vez se lo reconoció a su par Michelle Bachelet, y otra vez exclamó que “sería bueno que los argentinos asimilaran la experiencia” trasandina. Es una hipótesis plausible que a nuestro Presidente le gustaría que Argentina convergiera en materia económica hacia el modelo chileno, alcanzando estabilidad monetaria, con un gobierno limitado a menos funciones y con una mayor apertura económica e inserción internacional. La convergencia, sin embargo, parece ser muy lejana, y los avances a lo largo de este 2016 parecen ser mínimos.

La admiración no sorprende cuando se analizan diversos indicadores. Existe cierta similitud al tomar el Producto Interno Bruto per cápita o el nivel de desempleo, pero las diferencias son notorias cuando se analiza el nivel de gasto público en relación al PIB (23 % Chile vs 45 % Argentina), déficit fiscal (2 % vs 7 %), el nivel de deuda sobre el PIB (17 % vs 60 %), Ranking Moodies (Aa3 vs B3), ubicación en el Ranking de competitividad (35 vs 106), lugar en el índice Doing business ó “hacer negocios” del Banco Mundial (48 vs 121), Indice de Precios al Consumidor  (4 % vs 40 %), nivel de exportaciones e importaciones en relación al PIB (30 % vs 12 %), además de mejores indicadores en las tasas de natalidad, mortalidad y esperanza de vida, por tomar una muestra.

Algunas de las medidas concretas que tomó este gobierno contribuyen en la convergencia de este modelo bajando la presión tributaria (se eliminaron y redujeron retenciones a las exportaciones y se incrementó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias), buscando reducir la tasa de inflación (bajando el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria) y tratando de incrementar la apertura económica y la inserción internacional (eliminando primero el cepo cambiario, restableciendo el diálogo con acreedores externos y devolviendo al país las relaciones internacionales que le fueron negadas por más de una década, incluyendo un acercamiento a la Alianza del Pacífico).

En donde no ha habido avances es en el frente fiscal. El siguiente recuadro puede ayudar a comprender el punto.

Argentina_Chile

La economía argentina presenta hoy un elevado nivel de gasto público. ¿Bajo qué criterio se puede sostener que es “elevado”? “Elevado”, si lo comparamos, por ejemplo con la recaudación tributaria, provocando un déficit fiscal que nos obliga a tener que acceder a otras fuentes de financiamiento. El kirchnerismo financió estos déficits emitiendo dinero, lo que generó un alto nivel de inflación, y también accediendo a tomar deuda interna a través de los fondos de pensiones existentes en ANSES, lo que complica el futuro previsional de la población económicamente activa.

El gobierno de Mauricio Macri ha negado una y otra vez que vaya a ocurrir un ajuste durante su gobierno, lo que se convalida al observar el tamaño del gasto público. En lo que sí hubo leves cambios, es en la forma de financiarlo. Como explicamos más arriba, eliminó retenciones y redujo el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, lo que permitió reducir levemente la presión tributaria; también redujo el ritmo de monetización del déficit fiscal para bajar la inflación el próximo año; pero continúa tomando fondos de ANSES en forma de deuda interna y ha buscado y sigue buscando cubrir la brecha que queda a través de deuda externa.

Si esta solución prevalece, lógicamente será temporal y estará condenada al fracaso. Ningún país puede lograr sostener estos niveles de déficit tomando deuda externa. Vale recordar el desenlace del menemismo por seguir esta receta.

Lo que la economía argentina necesita es un fuerte ajuste fiscal que le permita reducir el porcentaje de empleo público del 20 % actual al 10 % que caracteriza a la media de la región, reduciendo también la presión tributaria que recae sobre las empresas y los consumidores a la mitad, continuando con la eliminación de diversos tributos, especialmente los más distorsivos . Por supuesto que alcanzar los niveles chilenos es algo lejano, pero sería deseable planificar un plan integral de transición hacia ese objetivo.

LA “HERENCIA” EN NÚMEROS

Esta nota intenta aclarar la dimensión de la herencia. Notará el lector que ha habido avances parciales en algunos campos, pero que aún resta mucho camino por recorrer en este proceso de normalización de la economía argentina.

1.
       Sobreempleo público
En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61 %, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial el incremento fue del  72 %, desde 1.7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal la suba fue del 110 %, pasando de 379.000 en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77 %, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.
En América Latina la relación Empleo Público / Población Económicamente Activa apenas supera el 10 %. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 %. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas, y una traba fundamental para la creación de empleo.
Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos, y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.
 
2.       Excesivo gasto público
Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15 % en 2003 hasta el 36,7 % en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2 % en 2003 hasta superar el 50 % en 2015.
La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.
 
3.       Presión tributaria récord
La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33 hasta el 45,5 % del PIB. A nivel nacional se observa un salto desde el  19,21 % del PIB en 2003 hasta el 39 % en 2015. A nivel provincial el salto, en el mismo período, fue desde 3,82 hasta el 5,60 % del PIB. A nivel municipal el salto fue de 1,3 a 1,75 % del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.
Resulta paradójico que se argumente que el estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.
 
4.       Enorme déficit fiscal
Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que aun exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8 % de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con ANSES o PAMI entonces el déficit fiscal es del 7,66 %. Son prácticamente 300.000 millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, dejando al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna, y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.
 
5.       ANSES descapitalizado
ANSES es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las AFJP, ANSES “recuperó” entre 30.000 a 40.000 millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la PEA se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar ANSES para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, descapitalizando las cajas de retiro y provocando una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de tratarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.
 
6.       Alta inflación
La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con ANSES o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30 % respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 %. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Macri a la presidencia.
La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas, volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como  consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.
 
7.       Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas
El gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo gobierno, con un “reacomodamiento” difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.
 
8.       Cepo cambiario
Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del BCRA desde poco más de 50.000 a menos de 30.000 millones de dólares, con las conocidas discusiones aun abiertas acerca de la composición de las mismas, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.
Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.
El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, estancando a las economías regionales y paralizando al sector industrial.
 
9.       Aislamiento y déficit en infraestructura
El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32.000 millones de dólares durante el gobierno de Néstor Kirchner, 60.000 millones de dólares durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y 63.500 millones de dólares durante su segundo gobierno. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.
A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, comprometiendo la capacidad productiva de la Argentina que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.
 
10. Estancamiento económico o recesión.
Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015, y que repercute también en un parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.