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Disminuye la matrícula pero aumenta el plantel docente [Informe IDESA]

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Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo aparece condicionado por la amenaza de paros docentes. Si bien la situación es diversa según la provincia, es altamente probable que para la mayoría de los alumnos el comienzo de las clases no sea dentro de las fechas previstas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito que por su tamaño tiene incidencia en el resto del país, la oferta del gobierno se integra por una recomposición salarial en línea con la meta de inflación del año 2018 más un adicional por presentismo.

El presentismo es una herramienta rudimentaria y polémica. Se justifica cuando hay un uso abusivo de licencias por enfermedad debido a la permisividad de las normas y de los sistemas de control. Pero si las tasas de ausentismo docente fueran similares al resto de los trabajadores el pago por cumplir con la obligación de ir a trabajar no es necesario.

Resulta muy sugerente que ninguna provincia publique información sobre presentismo en educación. De todas formas, con datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede hacer una aproximación. Según esta fuente, tomando a todas las escuelas primarias del Estado del país entre el 2004 y el 2015 se observa que:

  • La cantidad de alumnos matriculados bajó desde 3,66 a 3,31 millones de niños, es decir, hay 350 mil niños matriculados menos.
  • La cantidad de cargos docentes frente a alumnos subió desde 244 mil a 285 mil cargos, es decir, hay 41 mil cargos docentes más.
  •  Esto significa que la cantidad de alumnos por cargo docente bajó de 15,0 a 11,6.

Estos datos muestran que las escuelas primarias del Estado tienen cada vez más docentes y menos alumnos. La reducción de la matrícula en las escuelas estatales no es fruto de la deserción escolar (que en primaria es baja), sino de la fuga de los padres hacia las escuelas privadas. Prueba de ello es que en el mismo período la matricula en escuelas privadas subió de 982 mil a 1,24 millones de niños. Estas tendencias sugieren que el ausentismo en las escuelas del Estado es alto y que esto es percibido por las familias que optan por migrar hacia las escuelas privadas. En tanto, se siguen creando cargos en el Estado hasta llegar a la irracionalidad de crearse un nuevo cargo docente por cada 8 niños que dejan las escuelas estatales.

Que las provincias no publiquen información confiable y sistemática sobre el ausentismo demuestra hasta qué punto prevalecen en el sistema educativo los intereses sectoriales por sobre el interés general. En este contexto, incorporar dentro de la estructura de remuneraciones un premio por presentismo va en el sentido de comenzar a priorizar los alumnos. Se trata de un paso modesto pero importante, frente al desafío de reducir el derroche de recursos midiendo el desempeño de los docentes. Así se podrá reconocer y premiar a los educadores que buscan su superación profesional y el desarrollo de sus alumnos y penalizar a los que no demuestran esfuerzo ni compromiso y se especializan en usufructuar los vericuetos legales que ofrecen los estatutos docentes y las debilidades de los sistemas de control para ausentarse.

Para mejorar los servicios al ciudadano no hacen falta más recursos sino mejorar la gestión, especialmente, la de los recursos humanos del Estado. Lamentablemente, el problema se extiende a otros servicios de alta importancia, como por ejemplo la salud pública. Argentina invierte casi 7% del PBI en educación estatal y otros 7% del PBI en salud pública, sin embargo, en la medida que los presupuestos familiares lo permiten, los ciudadanos buscan –muchas veces en vano– en el sector privado lo que no encuentran en el Estado duplicando esfuerzos para financiar un colegio o una empresa de salud privada.

Para bajar la muy elevada presión impositiva sin profundizar el deterioro en la calidad de los servicios del Estado es fundamental inducir un mayor compromiso de los empleados públicos. El pago por presentismo es una herramienta rudimentaria pero pertinente para empezar a avanzar hacia un Estado más sensible con el interés general y menos permeable a las presiones corporativas.

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La negociación colectiva está sometida a reglas arcaicas [IDESA]

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La huelga bancaria, las paritarias docentes, las movilizaciones y fractura de la CGT marcan un nuevo ciclo de agudización de la conflictividad sindical. En los países avanzados la intensidad de los conflictos se morigera con un uso más activo e integral de la negociación colectiva. De manera casi permanente se discuten no sólo salarios sino también acciones para mejorar la productividad, para incorporar avances tecnológicos y para adaptar las relaciones laborales a los cambios de la vida moderna. En la Argentina, salvo excepciones a nivel de grandes firmas, la negociación es sólo por aumento salarial.

Si bien la inflación es la causa inmediata que gatilla las demandas salariales, la degradación de la negociación colectiva responde fundamentalmente al diseño de las instituciones laborales. Un factor clave en este sentido es la ultra-actividad de los convenios colectivos, es decir, la vigencia indefinida de los convenios una vez que están vencidos. Esta regla es la que explica que en la Argentina la mayoría de los convenios colectivos daten de la década de los ’70 y ’80.

Un reciente estudio de la OECD, el Employment Outlook 2017, muestra cómo se regula este tema de la ultra-actividad en el mundo moderno. Según esta fuente, sobre una muestra de 24 países desarrollados y de ingresos medio-altos se observa que:

  • El 70% no tiene ultra-actividad regulada por ley.
  • El 17% tiene la ultra-actividad regulada por ley pero coloca un plazo máximo de vigencia que generalmente no excede los 12 meses del plazo fijado en el convenio.
  • El 13% tiene ultra-actividad por ley pero se la puede eliminar en la negociación.

Estos datos muestran que la ultra-actividad establecida con la rigidez que establece la legislación argentina no está contemplada en ningún país avanzado. En estos países, la mayoría de los convenios vencen en el plazo acordado por las partes, es decir, no se impone por ley la ultra-actividad. En otros se la contempla en la ley, pero acotada con un plazo o permitiendo eliminarla en la misma negociación colectiva. Se trata de una diferencia de diseño de normativa laboral fundamental que impone una dinámica muy diferente a la negociación. Por eso, en los países desarrollados los convenios colectivos de trabajo se renuevan en promedio cada 21 meses, mientas que en la Argentina se aplican convenios cuyos aspectos medulares fueron definidos hace más de 40 años.

La degradación se potencia por la obligatoriedad de que los convenios colectivos sean aplicados por todos los empleadores del sector, aun cuando no pertenezcan a la organización empresaria firmante. En los países avanzados, la extensión de los convenios colectivos sectoriales a los empleadores no afiliados se produce de manera excepcional, a petición de las partes y debiendo demostrar representatividad generalmente superior al 50% de los trabajadores cubiertos por el convenio firmado. Hay tres casos solamente donde la extensión es automática y sin demostración de representatividad como ocurre en la Argentina, que son Francia, Italia y España. No por casualidad son los países con problemas laborales más severos en Europa.

Una negociación colectiva dinámica es la herramienta que permitirá reducir los traumáticos impactos de la cuarta revolución industrial sobre el mercado laboral. En los países desarrollados es la vía para innovar en las formas de regular el trabajo propendiendo a abordar de la manera más justa y eficiente posible los impactos que generan la robotización, la digitalización y la inteligencia artificial. La determinación de los salarios es sólo uno de los muchos y posiblemente no el más importante aspecto que quedan sujetos a diálogo y negociación.

En la Argentina, con regulaciones petrificadas en el tiempo y fuerte centralización se tiende a negociar sólo salarios. La consecuencia son altos niveles de conflictividad y la silenciosa destrucción de empleos que provoca la tecnología cuyo correlato es más trabajadores desplazados a la informalidad. Para revertir estas tendencias es necesario avanzar en la modernización de las instituciones laborales, en especial, acotar la ultra-actividad y elevar la representatividad de las partes negociantes.

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95% de subsidios en transporte van a Buenos Aires [Informe IDESA]

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Los avances en la normalización de tarifas y la modernización del esquema tarifario organizándolo en formato de red de transporte van en el sentido correcto. Pero no son las autoridades nacionales las que deben tomar estas decisiones y menos financiarlas. Es hora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por el conurbano, asuman sus competencias.
El Ministerio de Transporte de la Nación anunció los incrementos programados para el año 2018 en colectivos, trenes y subtes de la región metropolitana. En el caso de los colectivos, la tarifa básica pasará gradualmente de $6 a $10 en junio. En los trenes pasará de $4 a $6,75 y en algunas líneas el incremento será de $2 a $3,25. El subte lo hará de $7 a $12,50.
Una innovación que se introduce en el diseño tarifario es la articulación de los tres tipos de transporte en un mismo instrumento de pago (la tarjeta SUBE). Esto permitirá que una persona que use colectivos, trenes y subtes dentro de las 2 horas que tome el primer medio de transporte tenga descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en los viajes subsiguientes hasta 5 viajes. Este es un esquema muy utilizado en los países avanzados donde la finalidad es incentivar el uso del sistema público de transporte por encima de la movilidad en vehículos particulares.
Las medidas, además de mejorar los servicios, ayudan a reducir los subsidios económicos y, con ello, contribuir al equilibrio fiscal. De todas formas, no resuelve un tema institucional central que es el de las competencias. Según datos de ASAP a noviembre del 2017 los subsidios al transporte que financia la Nación ascendieron a $70 mil millones de los cuales:
  • Unos $37 mil millones fueron a pasajes de colectivos fundamentalmente de la región metropolitana.
  • Otros $29 mil millones fueron a trenes de la región metropolitana.
  • Esto significa que el 95% de los subsidios nacionales van a la región metropolitana.
Estos datos muestran la enorme magnitud de recursos nacionales usados en beneficio del área metropolitana y explican el hecho de que las tarifas en Buenos Aires sean sustancialmente más bajas que en el resto del país, aun considerando los aumentos anunciados. Se trata de una irritante discriminación contra los más de 2.000 centros urbanos que tiene la Argentina. Por eso, si bien los anuncios van en el sentido correcto cabe advertir que quién debe tomar estas decisiones, financiarlas, ejecutarlas, monitorearlas y perfeccionarlas son las autoridades locales y no el gobierno nacional. 
La distorsión es una herencia de la transferencia inconclusa de los servicios luego de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 1996. Como ocurre en el resto del país, donde los servicios públicos son responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, debería CABA en coordinación con la Provincia de Buenos Aires asumir enteramente el financiamiento, la regulación y la gestión del transporte en la región metropolitana. Sólo a modo de ejemplo, CABA y la Provincia de Buenos Aires podrían constituir un consorcio como es el “Metro” de Washington donde el Distrito de Columbia y los estados de Virginia y Maryland conforman un consorcio llamado “Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington” para planificar, financiar, desarrollar y operar la red de transporte de la capital de Estados Unidos. Esto es lo que evita que el presidente de Estados Unidos tenga que ocuparse de los temas del transporte urbano de Washington.
Concluir con la transferencia de todos los servicios públicos de la región metropolitana es una reforma institucional de alta trascendencia. Por un lado, libera al Ministerio de Transporte de la Nación de tareas de “intendente”. No es una cuestiona menor cuando el desarrollo del país necesita con urgencia construir autovías en las rutas nacionales, modernizar las hidrovías, mejorar la eficiencia de los puertos, revitalizar el transporte ferroviario de carga y desarrollar una densa red de vuelos de bajo costo que una los diferentes destinos del país sin tener que hacer escala en Buenos Aires. Por otro lado, disminuye los riesgos y las tentaciones de que futuros gobiernos hagan demagogia en beneficio de la región metropolitana usando fondos y funcionarios nacionales, como ocurrió en la gestión pasada.
El Consenso Fiscal corrigió la discriminación que sufría la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la no actualización del tope en el Fondo del Conurbano. Pero para que esto no derive en una injustica contra el resto del país es fundamental que la Provincia de Buenos Aires y CABA se hagan cargo de los servicios públicos del área metropolitana.
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El Estado administra casi la mitad del PBI [IDESA]

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El crecimiento del gasto público en la última década fue exponencial. Esto realza el rol estratégico del Consenso Fiscal como herramienta para ordenar al Estado. Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente. Además, hay que evitar las intervenciones del Estado nacional sobre funciones provinciales y municipales ya que son una de las principales fuentes de derroche de recursos públicos y discrecionalidad política.
Se sancionó como ley al Consenso Fiscal celebrado entre la Nación y las provincias. Entre los temas que aborda el acuerdo uno muy importante es una nueva distribución de los impuestos nacionales. Por un lado, se aumentan los recursos distribuidos a las provincias, en especial, a la de Buenos Aires que sufría la licuación del Fondo del Conurbano Bonaerense desde el 2002. Por el otro, las provincias se comprometen a disminuir impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y sellos) y a renunciar a todas las demandas judiciales contra la Nación y abstenerse de iniciar nuevas controversias.
Subyace en el acuerdo la vocación de iniciar un proceso de reconstrucción institucional de la relación de la Nación con las provincias. La meta es tender gradualmente a una presión tributaria más tolerable y a una distribución de recursos entre jurisdicciones más coherente con la organización federal.
Para dimensionar la relevancia y la necesidad de este acuerdo es clave remitirse a la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que:
  • Entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI.
  • Entre los años 2007 y 2011 el gasto público total se elevó a 38% del PBI.
  • Entre los años 2012 y 2015 el gasto público total da otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI.
Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. El crecimiento se observa en los tres niveles de gobierno, pero fue más intenso a nivel nacional. Es decir que al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper-centralización en el nivel nacional. Esto, contextualizado en una organización federal, potenció el derroche de recursos y el despliegue de un voraz crecimiento de la presión tributaria que además de la Nación incluyó también a las provincias y a los municipios.
El Consenso Fiscal aspira a iniciar un proceso gradual tendiente a desandar esta situación. El objetivo es acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios. Se trata de desafíos muy ambiciosos ya que obliga a trabajar de manera simultánea en descentralizar recursos, eliminar impuestos distorsivos y propiciar una administración más austera y eficiente de los fondos públicos.
Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES. Lamentablemente el debate sobre la movilidad previsional demostró cuán lejos se está de generar condiciones propicias para encontrar soluciones. También genera mucha resistencia poner como prioridad al ciudadano y no a los intereses, muchas veces espurios, que operan sobre la gestión pública. Es clave tender a una organización y gestión más empática con el ciudadano y menos permeables a las presiones sectoriales.
El Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno.Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana. Pero no explicíta que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido, queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política.

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Sincerar metas de inflación es resignarse a tener más pobreza [Informe IDESA]

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La revisión al alza de las metas de inflación es un acto de sinceramiento pero también de resignación. El ritmo de gradualismo elegido para ordenar las cuentas públicas obliga a tolerar mayor inflación. Implica que los intereses de quienes se resisten a modernizar el Estado se imponen sobre las necesidades de los más débiles que seguirán pagando el desequilibrio fiscal con impuesto inflacionario.
El Gobierno decidió modificar la meta de inflación. Para el año 2018 había sido planteada originalmente entre el 8% y 12% anual modificándose con la revisión al 15%. Para el año 2019 la meta original era de entre 3,5% y 6,5% anual la cual se aumentó al 10%. El cambio implica aspirar a reducir la inflación con un ritmo mucho más lento. De esta manera, la Argentina seguirá soportando aumentos de precios muy por encima del observado en los países desarrollados e incluso en los países vecinos.
Una intensa polémica rodeó al cambio de las metas. En general, prevalecieron las opiniones de que es positivo el sinceramiento y que el cambio implica una derrota para la conducción del Banco Central. Para llegar a estas conclusiones se pasa por alto que quién fija las metas no es la autoridad monetaria sino el gobierno y que conceder a tener más inflación implica también ser menos ambiciosos en mejorar la situación social.
Para echar luz sobre la motivación del cambio de metas resulta pertinente apelar a los datos oficiales. En este sentido, según el Ministerio de Hacienda se observa que:
  • Entre los años 2007 y 2013 el déficit fiscal fue del 2,2% del PBI en promedio y la tasa de inflacióndel 23% anual.
  • Entre los años 2014 y el 2016 el déficit fiscal subió al 5,5% del PBI en promedio y la tasa de inflación se incrementó al 36% anual.
  • Para el año 2017 se proyecta que el déficit fiscal no habrá bajado del 6% del PBI pero la inflación se habrá reducido sensiblemente al 22%.
Estos datos muestran que hay una correlación entre déficit fiscal y aumento en los precios. Si bien la inflación depende de una multiplicidad de otros factores y la información del 2017 son estimaciones provisorias, la tendencia muestra que el aumento del déficit fiscal estuvo estrechamente asociado con el crecimiento de la tasa de inflación y que en el último año los esfuerzos por bajar la inflación fueron muy superiores a los de bajar el déficit fiscal. Esto significa que el fracaso no fue del Banco Central sino del resto del sector público que no fue capaz o no tuvo voluntad de ordenar las cuentas públicas a un nivel consistente con las metas de inflación que el propio gobierno se auto-fijó.
La experiencia muestra que frente a una política fiscal inconsistente las herramientas con las que cuenta el Banco Central son limitadas. Se puede aplacar las presiones inflacionarias subiendo la tasa de interés. Pero es una estrategia de horizonte muy limitado porque desalienta la inversión, atrasa el tipo de cambio y agrava la situación fiscal al aumentar los gastos en intereses. Por eso, la decisión del gobierno de flexibilizar las metas es un acto de sinceramiento. Frente a la alternativa de seguir forzando a la autoridad monetaria a aplicar medidas perjudiciales a la producción se prefirió la resignación a tolerar mayor inflación. En otras palabras, el anuncio señala que al actual ritmo de gradualismo no es posible reducir la inflación en el tiempo originalmente previsto.
Desde el punto de vista político es un reconocimiento de las enormes dificultades que se enfrentan cuando se quiere abordar el gran objetivo social de contar un sector público menos deficitario y más eficiente. El tortuoso proceso que implicó el cambio de la fórmula de movilidad previsional demuestra la incapacidad de la clase política para tratar con seriedad, tolerancia y responsabilidad temas estratégicos. Frente a esta debilidad estructural, solo queda seguir financiando el desequilibrio fiscal con impuesto inflacionario.
Revisar las metas es un acto de sinceramiento pero también de resignación a seguir tolerando alta incidencia de la inflación y, con ello, de la pobreza. Quienes con más énfasis y eficacia se resisten a ordenar el Estado son los segmentos medios y altos de la sociedad que bregan por pagar menos impuestos y continuar beneficiándose y apropiándose del gasto público, aun cuando en los discursos declamen sensibilidad social. En paralelo, los más castigados por el impuesto inflacionario son los pobres. Tolerar más inflación es una decisión pragmática en la que subyace la hipocresía de declamar en favor de los pobres pero actuar en contra de ellos.

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40% de las jubilaciones se pagan con impuestos [Informe IDESA]

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Las jubilaciones están lejos de poder ser pagadas sólo con aportes salariales. Por eso, debido a los cambios en la asignación de impuestos destinados al financiamiento de ANSES es necesario modificar el índice de movilidad. Sigue pendiente el desafío más importante que es una reforma previsional integral que le devuelva sustentabilidad y equidad al sistema.
Como respuesta a sucesivos fallos judiciales a partir del año 2009 se comenzó a aplicar una regla de movilidad previsional que ajusta según la evolución de salarios y de la recaudación de los impuestos asignados específicamente al sistema previsional. Esta metodología, como enfatiza el equilibrio entre ingresos y gastos, lleva a que la actualización de las jubilaciones quede estrechamente asociada a la evolución de la recaudación de los tributos asignados al financiamiento del sistema previsional.Dicho de otra manera, el monto de las jubilaciones queda siendo muy sensible a alteraciones en la forma en que se aplican y distribuyen los impuestos.
Un esquema alternativo es priorizar la protección del poder de compra de los haberes previsionales utilizando como referencia el índice de inflación. Esta es la regla que se utiliza en la mayoría de los sistemas previsionales en el mundo y es la que contempla el proyecto de ley con media sanción en el Congreso fijando un índice combinado de 70% por inflación y 30% por incrementos de salarios.
Para evaluar la pertinencia del cambio propuesto sirve analizar las fuentes de financiamiento del gasto previsional. Según datos de los Ministerios de Hacienda y Trabajo se observa que:
  • En el año 2017 se habrán pagado 6,8 millones de prestaciones previsionales por mes las que habrán demandado más del 40% del gasto público total nacional.
  • El 60% se financia con aportes y contribuciones sobre los salarios.
  • El 40% restante se financia con impuestos asignados al régimen previsional y transferencias del Tesoro nacional.
Estos datos señalan que el sistema previsional está muy lejos de ser sustentable sólo con los aportes salariales. No sólo necesita de la derivación automática de impuestos sino que ante la insuficiencia de ellos hay que apelar al auxilio del Tesoro nacional. Uno de los factores que potenció la vulnerabilidad es la creciente presión de las provincias cuestionando la constitucionalidad de usar impuestos coparticipables para financiar a la ANSES. El caso más avanzado, pero no el único, es el fallo de la Corte disponiendo la suspensión de la asignación del 15% de la masa coparticipable a la seguridad social.
Ante estas perturbaciones, la fórmula de movilidad actual es insostenible. Prueba de ello es que la primera alteración a la regla de movilidad se introdujo a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el anterior gobierno nacional. Ante el fallo de la Corte que dispuso suspender la derivación del 15% de la masa coparticipable a la ANSES, este decreto estableció –en una decisión propia de un gobierno que estaba a días de abandonar el poder– que la pérdida de ingresos no se tome en cuenta para el cálculo de la movilidad. Si bien el nuevo gobierno derogó ese decreto, quedó pendiente la gran inconsistencia entre un esquema de distribución de impuestos judicialmente cuestionado y un esquema de movilidad jubilatoria atado a esa distribución.
El Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las provincias tiene entre sus objetivo resolver este conflicto. Para ello fija de manera consensuada nuevas reglas de distribución de los impuestos, el desistimiento de juicios motivados por cuestionamientos a esa distribución y el compromiso de no iniciar nuevas controversias hasta tanto se firme un nuevo régimen de coparticipación federal. Este nuevo esquema de distribución de impuestos es el que impone la necesidad de revisar la regla de movilidad previsional.
Planteado de esta manera, la nueva fórmula es un avance en el ordenamiento del sistema previsional pero no resuelve su profunda crisis. Además de avanzar en la adaptación de las normas previsionales a la dinámica demográfica es crucial revisar muchas decisiones tomadas irresponsablemente en los últimos años. Entre las más importantes están las 3,6 millones de jubilaciones sin aportes distribuidos sin consideración del nivel de ingreso preexistente de las personas; la acumulación de juicios por negar la movilidad entre los años 2002 y 2008; la creación de una gran cantidad de regímenes especiales que hacen que jubilarse a los 65 años sea más la excepción que la regla; la apropiación de los ahorros previsionales para usarlos arbitrariamente; y el masivo nombramiento de empleados en la ANSES junto con un severo deterioro institucional.

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Se crearon 4 empleos públicos por cada 1 empleo privado (IDESA)

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Se anunció un plan de modernización del Estado que toma como eje la capacitación de los empleados públicos. El planteo subestima la caótica conformación del sector público que se potenció en los últimos años con la masiva contratación de nuevos empleados estatales. La prioridad no es capacitar sino revisar funciones para eliminar solapamientos entre la Nación y las provincias y modificar el régimen del empleo público.
Con el objetivo de cambiar el funcionamiento de la administración federal, se anunció un plan para destinar unos $60 millones a la capacitación de más de unos 80 mil empleados públicos. Invertir recursos y esfuerzos en modernizar el sector público se justifica ya que la convivencia pacífica y el emprender un proceso sostenido de desarrollo económico y social sólo son posibles con la presencia de un Estado sólido, transparente y profesional.
Darle prioridad al empleo público también se justifica por otros motivos. Por un lado, porque el desempeño de los recursos humanos condiciona decisivamente el funcionamiento del Estado. En segundo lugar, porque el gasto en personal absorbe una porción muy importante de los presupuestos estatales: representa el 14% en el presupuesto nacional y el 65% en promedio en los presupuestos provinciales y municipales.
¿Capacitar a los empleados públicos es suficiente para modernizar el Estado? A fin de responder a esta pregunta resulta pertinente analizar la dinámica del empleo público en los últimos años. Según el Ministerio de Trabajo entre los años 2012 y 2016 se observa que:
Los empleados registrados en el sector privado aumentaron en 120 mil personas sobre un total de 6 millones de trabadores en esta condición.
Los empleados públicos en los tres niveles de gobierno aumentaron en 483 mil personas entre un total de 3 millones de empleados estatales.
Esto significa que en los últimos cuatro años se generaron 4 empleados públicos por cada nuevo empleado en el sector privado registrado.
Estos datos muestran que el sector público estuvo sometido en los últimos años a un proceso masivo de nuevas contrataciones. En parte se explica por la débil generación de empleos privados en un contexto en el que el sector público ofrece, en la mayoría de los casos, salarios más altos y muchas menos exigencias. Pero también incidió el uso del Estado para premiar la militancia política o congraciarse con familiares, amigos u otro tipo de compromisos. El resultado es que se agravaron problemas estructurales de sobredotación de empleo público que vienen de larga data.
Profesionalizar el empleo público es una meta muy desafiante porque requiere enfrentar los intereses espurios enquistados en la sobredotación y la mediocridad. Con el agravante de que la sociedad no percibe en su real dimensión los enormes perjuicios que generan estos excesos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la corrupción. No hay conciencia de que incorporar gente que no se necesita al Estado es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública. Peor aún, es frecuente que la laxitud en la contratación y la gestión de los empleados públicos sean asociadas con la sensibilidad social. En este desorden generado por las contrataciones indiscriminadas, los planes de capacitación no sólo que no aportarán soluciones sino que agravarán el problema ya que promoverán que el gasto público siga aumentando sin mejorar el desempeño.
Un primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear las funciones respetando la organización federal. Existe una gran cantidad de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales. Eliminando estos solapamientos se podrían eliminar derroches y generar las condiciones para que las provincias y los municipios mejoren la gestión de los servicos. Otra acción imprescindible es revisar la interpretación que se hace de la garantía de estabilidad en el empleo publico. Aplicar esta regla de manera extrema, excediendo el espíritu que la justifica que es evitar manipulaciones y manejos arbitrarios, genera poderosos incentivos a la falta de compromiso.
Antes de avanzar en la formación y preparación de los recursos humanos es necesario clarificar los roles y los objetivos que se buscan conseguir. Por eso, la capacitación resulta inocua y distractiva si previamente no se hace un replanteo institucional profundo que articule los roles que deben cumplir la Nación y las provincias y se reformulen las reglas de premios, castigos y estabilidad en el sector público.

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Con mejor gestión, el salario docente podría aumentar 45% [IDESA]

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El gobierno nacional anunció la decisión de dejar de interferir en la negociación de los salarios docentes. Esto es consistente con el hecho de que son las provincias las que gestionan las escuelas y pagan la mayor parte de la remuneración de los educadores. Junto con este avance es fundamental que las provincias se aboquen a modernizar sus estilos de gestión. Los recursos que se podrían ahorrar con una mejor administración permitirían aumentar significativamente el salario docente.

Luego de varios años en los cuales los salarios docentes se negociaban en dos instancias, una nacional y otra posterior a nivel provincial, en el 2017 se retornaría al mecanismo de paritarias en cada jurisdicción. Esto es consistente con lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 5° que estipula que cada provincia administrará la educación básica concerniente a su territorio. De esta manera, se corrige la incoherencia de que la Nación participe en la negociación salarial de docentes que no son sus empleados.

Las autoridades provinciales reconocen que la no injerencia del gobierno nacional es un avance. Pero reclaman mantener y fortalecer las transferencias de recursos en concepto de Fondo de Incentivo Docente y otros aportes nacionales. Estos aportes nacionales representan aproximadamente el 10% del total de la masa salarial docente.

¿Aumentar la asignación presupuestaria al sistema educativo es la única manera de mejorar la remuneración de los educadores? Para responder a esta pregunta resulta pertinente contrastar algunos indicadores nacionales con los de la experiencia internacional. Según datos del Ministerio de Educación nacional y de la OECD se observa para la educación primaria lo siguiente:

    En las escuelas estatales de Argentina se registra una media de 1 cargo docente por cada 15 alumnos.

En las escuelas privadas de Argentina hay 1 cargo docente por cada 22 alumnos.

En los países de la OECD (países avanzados) hay 1 cargo docente por cada 21 alumnos.

Estos datos muestran que en las escuelas de gestión privada la cantidad de docentes por alumnos es similar a la que prevalece en los países desarrollados. Pero en las escuelas de gestión pública la cantidad de docentes por alumnos es bastante mayor. La diferencia es tan grande que si las escuelas públicas funcionaran con la eficiencia de las privadas se podría generar un ahorro de recursos que permitiría aumentar la remuneración de los docentes hasta en un 45%.

Estas evidencias sugieren que el principal problema de la educación en Argentina no es la falta de recursos sino la falta de gestión. Los docentes que trabajan, que se comprometen con el aprendizaje de sus alumnos y que actúan con responsabilidad ganan poco. Esto no es consecuencia de que la sociedad no haga un suficiente esfuerzo financiero para sostener la educación estatal. Se debe a que una gran cantidad de personas que cobran como docentes en las escuelas estatales no ejercen como tal o lo hacen solo parcialmente aprovechado los vericuetos legales que ofrecen los Estatutos Docentes, los débiles controles y la ausencia de reconocimientos y castigos. Alto ausentismo y personas que cobran como docentes pero no ejercen esa función explican que en las escuelas estatales haya más cargos docentes que en las escuelas privadas y que en las escuelas de los países desarrollados, pero la calidad esté profundamente degradada.

Una mejor educación requiere una mejor remuneración de los docentes que efectivamente se comprometan con la formación de sus alumnos. Para ello no es imprescindible pedirle a la sociedad más dinero sino mejorar la gestión. Por eso es clave que el avance que implica volver a descentralizar la negociación paritaria sea acompañado con la modernización de los Estatutos Docentes, de los sistemas de información para la gestión del trabajo docente y de mayor rigurosidad para planificar y monitorear el aprendizaje de los alumnos. Sería estratégico también ampliar los temas de discusión paritaria. En lugar de limitarse a fijar un porcentaje de aumento homogéneo, buscar esquemas de mayor salario para los docentes que demuestren compromiso y buenos resultados.

En esta lógica, también es importante evaluar críticamente la necesidad de seguir sosteniendo un Ministerio de Educación nacional. Concentrar recursos y esfuerzos en fortalecer la gestión de las provincias es la vía más directa para mejorar la educación. No es casual que Canadá, país federal como la Argentina, tenga uno de los mejores sistemas educativos del mundo y no tenga un ministerio de educación nacional.

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