Una revisión sobre el desarrollo de la teoría y las políticas públicas regulatorias durante los últimos cuarenta años

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“EL CRECIMIENTO DE LA REGULACIÓN FEDERAL

La visión común de la regulación en los Estados Unidos es que, para su primer siglo o así, el país aceptó el laissez faire; Hubo poca intervención del gobierno en las decisiones privadas del libre mercado. Esto no es completamente cierto; Los gobiernos estatales eran reguladores activos en algunos sectores, especialmente en la banca. Sin embargo, es generalmente correcto decir que la regulación federal fue limitada hasta los años que siguieron a la guerra civil, y se amplió grandemente durante y después del New Deal.

Los responsables de la formulación de políticas normalmente justifican estas intervenciones como necesarias para combatir las “fallas del mercado”, situaciones en las que, a su juicio, las interacciones del mercado no producen resultados aceptablemente “eficientes”. Estos fracasos incluyen el poder de mercado (un comprador o vendedor, o una colección de compradores o vendedores, domina un mercado y manipula la oferta y los precios, como los monopolios y los cárteles), externalidades negativas (situaciones en que algunos de los costos de una transacción son involuntariamente soportados por no participantes En la transacción, un ejemplo es la contaminación), fallas de información (una parte en una transacción tiene una ventaja informativa sobre otras partes que distorsiona el mercado) y problemas de bienes públicos (un proveedor no puede excluir a los que no pagan, Equitación “sobre los pagos de otros y el bien que se presta como resultado, ejemplos incluyen algunos aspectos de los servicios de bomberos y policía y defensa nacional). Cada uno de estos casos resulta en menos transacciones que en un mercado sin tales fallas, lo que significa ineficiencia y pérdida de bienestar.

Una serie de regulaciones federales y políticas domésticas relacionadas a principios de la era post-Guerra Civil involucraron ferrocarriles. Los encargados de formular políticas creían que la amenaza de la competencia futura en rutas específicas disuadiría a las empresas ferroviarias de hacer costosas inversiones de capital necesarias para atender a las zonas menos pobladas. También les preocupa que los ferrocarriles no puedan reunir suficientes derechos de paso para sus redes ferroviarias. Para ayudar con este último problema, los legisladores ampliaron los poderes federales y estatales del dominio eminente para asegurar esos derechos de tierras para el uso de los ferrocarriles. Posteriormente, los responsables políticos adoptaron una regulación de tarifas para evitar que los ferrocarriles abusaran de su poder de mercado sobre rutas específicas de baja densidad y también requirieran la aprobación federal para que los ferrocarriles abandonaran líneas en estas áreas que ya no querían operar.

Las décadas siguientes vieron intervenciones gubernamentales similares en otras industrias que incluían tecnología madura, incluyendo telefonía, energía, radiodifusión, camiones y aviación de pasajeros, así como esfuerzos generales para combatir el poder de mercado (es decir, “rebajar la confianza”). Finalmente, a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 se observaron más intervenciones federales en los precios minoristas, la mano de obra y la seguridad en las carreteras, así como un amplio impulso a la salud, la seguridad y la regulación ambiental.”

Ya adelantaba Alberdi cómo las leyes pueden alterar la Constitución, y habría que agregar los fallos de la Corte

Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de Derecho, UBA, vemos El Sistema Económico y Rentístico, de Juan Bautista Alberdi. Al autor le preocupaba que los principios de libertad de la Constitución fueran alterados por las leyes que reglamentaran su ejercicio (lo que efectivamente sucedió). Esto dice al respecto:

Alberdi

“La libertad declarada no es la libertad puesta en obra.

Consignar la libertad económica en la Constitución es apenas escribirla, es declararla como principio y nada más; trasladarla de allí a las leyes orgánicas, a los decretos, reglamentos y ordenanzas de la administración práctica, es ponerla en ejecución: y no hay más medio de convertir la libertad escrita en libertad de hecho.

Ninguna Constitución se basta a sí misma, ninguna se ejecuta por sí sola. Generalmente es un simple código de los principios que deben ser bases de otras leyes destinadas a poner en ejecución esos principios. A este propósito ha dicho Rossi, con su profunda razón habitual, que las disposiciones de una Constitución son otras tantas cabezas de capítulos del derecho administrativo.

Nuestra Constitución misma reconoce esta distinción. Los principios, garantías y derechos reconocidos (dice el art. 28) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. – El artículo 64, inciso 28, da al Congreso el poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.

Según esto, poseer la libertad económica escrita en la Constitución, es adquisición preciosa sin la menor duda: pero es tener la idea, no el hecho; la semilla, no el árbol de la libertad. La libertad adquiere cuerpo y vida desde que entra en el terreno de las leyes orgánicas, es decir, de las leyes de acción y de ejecución; de las leyes que hacen lo que la Constitución dice o declara solamente.

A los tiranos se imputa de ordinario la causa de que la libertad escrita en la Constitución no descienda a los hechos. Mucha parte tendrán en ello: pero conviene no olvidar que la peor tiranía es la que reside en nuestros hábitos de opresión económica, robustecidos por tres siglos de existencia; en los errores económicos, que nos vienen por herencia de ocho generaciones consecutivas; y, sobre todo en nuestras leyes políticas, administrativas y civiles, anteriores a la revolución de América, que son simples medios orgánicos de poner en ejercicio los principios de nuestro antiguo sistema de gobierno colonial, calificado por la ciencia actual como la expresión más completa del sistema prohibitivo y restrictivo en economía política. Somos la obra de esos antecedentes reales, no de las proclamas escritas de la revolución.

Esas costumbres, esas nociones, esas leyes, son armas de opresión que todavía existen y que harán renacer la tiranía económica porque han sido hechas justamente para consolidarla y sostenerla.

Es necesario destruirlas y reemplazarlas por hábitos, nociones y leyes, que sean otros tantos medios de poner en ejecución la libertad proclamada en materias económicas. Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de principios.

Mientras dejéis que nuestros gobernadores y presidentes republicanos administren los intereses económicos de la República según las leyes y ordenanzas que debemos a aquellos furibundos enemigos de la libertad de comercio y de industria, ¿qué resultará en la verdad de los hechos? – Que tendremos el sistema colonial en materias económicas, viviendo de hecho al lado de la libertad escrita en la Constitución republicana.

En efecto, todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo dejar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nuevos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos y fiscales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.”

EL ESTATISMO ES INCOMPATIBLE CON LO COMPLEJO – Por Alberto Benegas Lynch (h)

ABLFrecuentemente se sostiene que la intromisión de los aparatos estatales en las esferas privadas se justifica debido a la creciente complejidad del mundo moderno. Antes, se continúa diciendo, son comprensibles los indicadores de baja participación del estado en la vida privada debido a la relativa simplicidad de las cosas, ahora, en cambio, la situación se ha venido modificando por completo y todo es mucho más complicado.

Estas conclusiones son del todo erradas puesto que precisamente la mayor complejidad es la razón central para que los gobiernos no se inmiscuyan en las vidas y las haciendas de la gente. Esto es así por un motivo crucial de carácter epistemológico. Es decir debido a la teoría más rigurosa del conocimiento. Una mente -la del planificador- no puede ni remotamente abarcar las millones y millones de transacciones y arreglos contractuales varios entre los habitantes. Y no solo por la limitada capacidad intelectual de los humanos sino, sobre todo, porque los datos no están disponibles antes que ocurran los referidos intercambios que además se llevan a cabo en base a información y conocimientos que están inexorablemente fraccionados y dispersos entre aquellos millones y millones de operadores que, como si fuera poco, son permanentemente cambiantes y, para rematarla, muchos de esos conocimientos son tácitos, es decir, no articulables por el propio sujeto que posee el talento.

Muy al contrario de lo que habitualmente se sostiene, si las relaciones sociales fueran simples, las imposiciones gubernamentales en los negocios privados serían también perjudiciales puesto que los resultados serían otros de los preferidos por la gente, pero el daño sería muchísmo menor que el provocado en una sociedad compleja por las razones antes apuntadas.

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“El Estado Benefactor está terminado”: al borde de la bancarrota, algunos políticos se animan a decirlo

De vez en cuando, algún político decide nadar contra la corriente. Por cierto, es muy probable que lo haga cuando ya está contra las cuerdas y la realidad, generalmente económica, lo obliga a hacerlo. Pero, en fin, no es común encontrar un gobierno que decida lanzarse contra las vacas sagradas, entre las que ocupa un lugar prominente el estado benefactor. La noticia llega ahora de Holanda. Así la comenta BBC Mundo:

“Es uno de los países que mejor representa el Estado de bienestar europeo, ese sistema de seguridad social estatal promovido a partir de la posguerra que garantizó altos niveles de equidad en el viejo continente.

Pero el nuevo rey de Holanda, Guillermo Alejandro, manifestó en su primer discurso ante el Parlamento que el “Estado de bienestar clásico de la segunda mitad del siglo XX está terminado” y debe ser sustituido por “una sociedad participativa”.

Obviamente, el monarca no hablaba a título personal sino en representación del gobierno de coalición entre liberales (derecha) y laboristas (centro-izquierda) que ganó las elecciones a fines del año pasado con un mensaje de austeridad.

Según Diederik Boomsma, de la conservadora Fundación Edmund Burke en Holanda, el mensaje apunta a un cambio impostergable.

“El Estado no puede ocuparse de todo. Cuando el gobierno habla de una sociedad participativa está promoviendo que una red de ciudadanos se haga cargo de cosas que hasta ahora suministraba el Estado. Si alguien está desempleado, su red familiar y de amigos pueden darle los contactos para encontrar trabajo en vez de esperar que lo haga el Estado con impuestos que pagamos todos y afectan el crecimiento económico”, le dice Boomsma a BBC Mundo.

Críticas a la “maquinita”

El Estado de Bienestar se consolidó en Europa como un intento de garantizar que el conjunto de la sociedad, incluídos los más pobres, tuviera acceso a servicios básicos como salud, educación, pensión y seguro de desempleo, todo financiado con impuestos.

La actual crisis sobrevino cuando a la carga impositiva se le añadió la profunda crisis económica que sacudió a Europa a partir del estallido financiero mundial de 2008.

Las anécdotas de excesos en el Estado de bienestar, siempre jugosas, se multiplicaron por los medios de comunicación y los partidos políticos holandeses que reivindicaban la austeridad. Una de las más citadas se refiere a los que cobran el seguro de desempleo, aunque no lo necesitan o trabajan en negro.

“El Estado de bienestar corrompe a la gente que recibe los beneficios porque los hace dependientes de esta ayuda, al Estado porque crea una burocracia gigantesca y a la sociedad porque nadie hace nada por el resto”, comenta Boosma.

El primer ministro Mark Rutte reprendió recientemente a los holandeses que trataban al Estado como una “maquinita de la felicidad”.

Según los críticos, uno de los más acabados ejemplos de esta “maquinita” es la propuesta del socialista Alderman Peter Verschuren en 2008 para que se aumentara la ayuda estatal de modo que los beneficiarios pudieran reemplazar sus viejos televisores por los más modernos de pantalla plana.”

Aunque habrá que ver cómo resulta esta reforma, ya que incluso integrantes del mismo gobierno plantean más reformar que reducir o eliminar:

“Desde la coalición gubernamental el Partido Laborista alerta que no se trata de abolir el sistema sino de mejorarlo, como le indica a BBC Mundo René Cuperus, de la fundación laborista Wiardi Beckman Stichting. “La necesidad de reforma no viene sólo de ahora. En los 90 había un millón de receptores del beneficio de invalidez para un país con una población de 16 millones de personas. Esto se ajustó y cambió. Algo similar se está haciendo ahora”, añade.

Pero si bien los excesos existen, el discurso del rey no cayó del cielo. El primer ministro holandés criticó a los ciudadanos que trataban al Estado como una “maquinita de la felicidad”. Este septiembre el parlamento de Holanda se embarca en una incierta batalla para la aprobación de un ajuste de 6.000 millones de euros, que incluye una reducción de los subsidios de salud, las pensiones y las ayudas por desempleo.”

La teoría del Contrato Social como justificación de la existencia del estado: ¿el opio de los pueblos?

Con los alumnos de la materia “Public Choice” consideramos nada menos que la teoría que justifica la existencia del estado como resultado de un Contrato Social, teoría por todos conocida y, además, fundamento básico de autores centrales en esta escuela, como James Buchanan. Vemos para ello el artículo de Anthony de Jasay, “La antinomia del contractualismo”, donde analiza las nuevas justificaciones de esta teoría, basadas ahora en Teoría de los Juegos o de la decisión. Buchanan respetaba mucho a de Jasay, pero éste no ahorra críticas con la teoría. Algunos párrafos y conclusiones:

De Jasay

“¿Puede ser razonable querer que exista el estado? ¿O querer que no exista? Cada generación se ha preguntado, de manera siempre renovada y a menudo con cierto apasionamiento, por qué las sociedades necesitan el estado y, si lo necesitan, qué tipo de estado se ajusta a sus requerimientos. Tal vez es extraño que haya sido así, si se considera que las sociedades y los estados viven en gran manera como hermanos siameses, o por lo menos así los percibimos. Al respecto, es revelador el modo como usamos las dos palabras: una sociedad no podría ser plenamente madura y completa, ni merecería el nombre de sociedad, si no tuviera un estado propio. Probablemente es válido inferir que si, pese a todo, seguimos cuestionando la necesidad de la relación entre ambos y buscando justificaciones para ella, esto se debe a la incomodidad que sentimos ante dos de sus atributos que parecen ser antagónicos. Uno de ellos es el hecho de que nos obliga, a veces con mucha severidad, a hacer aquello que no haríamos por nuestra propia voluntad y a abstenernos de lo que sí haríamos gustosamente. Y no lo hace hasta un límite moral netamente demarcado, sino que no toma en cuenta la mayoría de nuestras posibles elecciones. Sobre todo, se queda con la mayor parte de los recursos que el individuo posee por haberlos ganado y los usa para fines que no son los que éste habría escogido por sí mismo; y lo hace así porque de otro modo la comunidad no estaría dispuesta a gastar su dinero de esa manera. El otro es que todo esto parece ser, aunque no sea demasiado claro el porqué, legítimo: el estado gravita sobre nosotros con nuestro consentimiento y no deberíamos desear, razonablemente, que fuese de otro modo.

Una y otra vez, las sucesivas versiones del contrato social han tratado de conciliar los términos de esta oposición, cuya aceptación en el caso del individuo equivale a una actitud masoquista y en lo que respecta a la coexistencia dentro del grupo es un dilema. Con todo, la incomodidad persiste y se renuevan permanentemente las explicaciones y justificaciones acerca del estado en formas cada vez más sofisticadas y elegantes; últimamente, la teoría del juego y de la decisión ha arrojado cierta luz sobre el tema.”

Y algo de sus conclusiones:

“Con todo lo dicho nos hemos referido a la mayor parte de lo que se necesita para reconocer nuestra propia capacidad, muy descuidada, desdeñada y desaprovechada, de evitar los dilemas sociales (no de “resolverlos”) mediante acuerdos obligatorios. Los arreglos racionales colectivos se pueden lograr, en el caso que valga la pena el esfuerzo, sin necesidad de estados ni de constituciones establecidas con la intención de obligarlos a que estén a nuestro servicio. Todo el orden social posee propiedades auto-correctivas que, como los músculos, se desarrollan con el uso y se atrofian con el desuso. En último análisis, le han sido impartidas por las propiedades auto-correctivas de la convención compleja que defiende la observancia de los contratos. Los estados son una imposición, a veces útil, a veces agobiante, siempre costosa, nunca legítima y nunca necesaria para la existencia de acuerdos obligatorios. Si lo fueran, resulta difícil concebir cómo podría ser creado el estado, “como si” fuera mediante un acuerdo, antes de que éste exista. Las teorías que al sostener su legitimidad quedan atrapadas con aparente facilidad en trampas lógicas de este tipo sólo pueden ser redimidas, si es posible que lo sean, por sus propiedades apaciguadoras, como si fuesen un opio secular para el pueblo.”

Mises analiza la economía austriaca en los años 1920, igual a la Argentina en 2014

Cuando los Nazis invadieron Austria secuestraron y se llevaron toda la biblioteca y los papeles de Ludwig von Mises. Luego los rusos llegaron a Berlín, y se llevaron esos papeles a Moscú, donde se mantuvieron en secreto hasta que la caída del socialismo permitió encontrarlos y recuperarlos. Como resultado de esto, Richard Ebeling editó esos trabajos en tres volúmenes publicados por Liberty Fund. El primero de ellos se llama “Monetary and Economic Policy Problems Before, During and After the Great War”. Allí Ebeling hace un comentario introductorio donde comenta el análisis de Mises sobre la situación austriaca a principios de los años 1920.

Cualquier similitud con la situación argentina en 2014 no parece ser coincidencia. Pasó casi un siglo y parece que no hemos aprendido nada. Dice Ebeling sobre Mises:

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Marx y Engels contra el estatismo y el Estado

Como anticipo del debate que el próximo miércoles tendremos en aula virtual entre los profesores Rolando Astarita y Juan Carlos Cachanosky (acerca de las teorías del valor en el marxismo y la Escuela Austriaca), y viendo lo que está ocurriendo en Venezuela, me parece oportuno compartir un párrafo del último post del primero, así como el acceso a la nota completa. El profesor Astarita aquí se separa del socialismo venezolano, pero además, se muestra crítico del estatismo como medio para alcanzar el socialismo.

En contra de esta tradición tan instalada, se puede demostrar sin embargo que Marx y Engels fueron extremadamente críticos del estatismo y del Estado. El objetivo de esta entrada es resumir este aspecto del pensamiento de Marx y Engels. Adelantando el argumento, sostengo que Marx y Engels, partían de caracterizar al Estado como una fuerza enemiga de la clase obrera, y consideraban, por lo tanto, que los trabajadores debían tener una actitud hostil hacia el Estado, e independiente de la clase dominante. En este marco, aconsejaron defender las libertades democráticas, incluso en el seno de la democracia burguesa. Lo hicieron porque la conquista de esas libertades mejora las condiciones para la organización independiente de los explotados y oprimidos. Lo cual encaja en la idea rectora de la Primera Internacional de que “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Por eso también Marx y Engels se opusieron a los que pensaban que se puede implantar el socialismo desde las cumbres de una minoría de iluminados, y defendieron las principales medidas transformadoras de la Comuna de París.

Lea aquí la nota completa.

La estatolatría argentina

Alfonsín-Menem-Nestor“La estatolatría es la mayor enfermedad social de nuestro tiempo”. Este lema representa una de las lecciones que aprendí del Dr. Jesús Huerta de Soto, uno de mis profesores en el Doctorado en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se trata de una creencia, o un fenómeno sociológico y cultural, en el que cada individuo se considera incapaz de valerse por sí mismo, y delega en el Dios Estado la solución a todos sus problemas.

En el siglo XX el Estado ha reemplazado el rol que siglos pasados jugaba la Iglesia. La gente ya no pide a Dios por trabajo, alimento, ropa, un techo o salud, sino que redirige sus peticiones al gobierno de turno. El Dios Estado se supone presente para asistir a los necesitados. Se cree en las buenas intenciones de nuestros gobernantes, y también en su omnisciencia. Se supone que el Estado detecta a tiempo cada problema y luego actúa en consecuencia.

En países presidencialistas, y en especial en etapas de auge, el presidente de turno se convierte en ídolo. Sólo cuando aparecen las fases de crisis y depresión, es cuando el ídolo cae, y se lo reemplaza por su sucesor, intentando que ahora sí, la asistencia sea la esperada.

La inmadurez de las masas es una consecuencia obvia, y ante ello, los problemas se multiplican. Hombres y mujeres abandonan su creatividad natural, y en lugar de “emprender”, esperan pasivos por una solución externa que nunca llega.

Esa pasividad es también fomentada por los propios gobiernos, por esos ídolos de turno, que saben que sólo mediante la “infantilización” de las masas pueden mantenerse en el poder y multiplicarlo. Los gobiernos han logrado distraer la atención acerca de las verdaderas causas de nuestros problemas. Se culpa al capitalismo, al ánimo de lucro, al mercado, a los empresarios, a la propiedad privada, por los problemas que el mismo Dios Estado causa, incluyendo la división de los pueblos y el conflicto permanente.

Los intelectuales, sean estos filósofos, sociólogos, economistas, juristas o historiadores, han fracasado en comprender la naturaleza de este problema. Abunda bibliografía que sólo ve la superficie de los problemas, pero muy poca atiende a lo esencial.

Aun la iglesia, o en los últimos meses el Papa Francisco, fracasan en comprender que la pérdida de fe en Dios, se ha canalizado al Dios Estado. El Dios Estado promete ofrecer en la tierra, los recursos que Dios sólo ofrecerá en la vida eterna.

En la Argentina la “estatolatría” se profundiza. Y si este es el caso, el problema no es Alfonsín, ni Menem o los Kirchner. Hay miles de Néstor o Cristina dispuestos a jugar el rol de líderes en el país. Si deseamos revertir el proceso, necesitamos un cambio cultural. Sugiero que recuperemos la fe en nosotros mismos, en nuestra creatividad empresarial, y confiemos menos en la “omnisciencia” y las “buenas intenciones” de nuestros gobernantes.