Una revisión sobre el desarrollo de la teoría y las políticas públicas regulatorias durante los últimos cuarenta años

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“EL CRECIMIENTO DE LA REGULACIÓN FEDERAL

La visión común de la regulación en los Estados Unidos es que, para su primer siglo o así, el país aceptó el laissez faire; Hubo poca intervención del gobierno en las decisiones privadas del libre mercado. Esto no es completamente cierto; Los gobiernos estatales eran reguladores activos en algunos sectores, especialmente en la banca. Sin embargo, es generalmente correcto decir que la regulación federal fue limitada hasta los años que siguieron a la guerra civil, y se amplió grandemente durante y después del New Deal.

Los responsables de la formulación de políticas normalmente justifican estas intervenciones como necesarias para combatir las “fallas del mercado”, situaciones en las que, a su juicio, las interacciones del mercado no producen resultados aceptablemente “eficientes”. Estos fracasos incluyen el poder de mercado (un comprador o vendedor, o una colección de compradores o vendedores, domina un mercado y manipula la oferta y los precios, como los monopolios y los cárteles), externalidades negativas (situaciones en que algunos de los costos de una transacción son involuntariamente soportados por no participantes En la transacción, un ejemplo es la contaminación), fallas de información (una parte en una transacción tiene una ventaja informativa sobre otras partes que distorsiona el mercado) y problemas de bienes públicos (un proveedor no puede excluir a los que no pagan, Equitación “sobre los pagos de otros y el bien que se presta como resultado, ejemplos incluyen algunos aspectos de los servicios de bomberos y policía y defensa nacional). Cada uno de estos casos resulta en menos transacciones que en un mercado sin tales fallas, lo que significa ineficiencia y pérdida de bienestar.

Una serie de regulaciones federales y políticas domésticas relacionadas a principios de la era post-Guerra Civil involucraron ferrocarriles. Los encargados de formular políticas creían que la amenaza de la competencia futura en rutas específicas disuadiría a las empresas ferroviarias de hacer costosas inversiones de capital necesarias para atender a las zonas menos pobladas. También les preocupa que los ferrocarriles no puedan reunir suficientes derechos de paso para sus redes ferroviarias. Para ayudar con este último problema, los legisladores ampliaron los poderes federales y estatales del dominio eminente para asegurar esos derechos de tierras para el uso de los ferrocarriles. Posteriormente, los responsables políticos adoptaron una regulación de tarifas para evitar que los ferrocarriles abusaran de su poder de mercado sobre rutas específicas de baja densidad y también requirieran la aprobación federal para que los ferrocarriles abandonaran líneas en estas áreas que ya no querían operar.

Las décadas siguientes vieron intervenciones gubernamentales similares en otras industrias que incluían tecnología madura, incluyendo telefonía, energía, radiodifusión, camiones y aviación de pasajeros, así como esfuerzos generales para combatir el poder de mercado (es decir, “rebajar la confianza”). Finalmente, a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 se observaron más intervenciones federales en los precios minoristas, la mano de obra y la seguridad en las carreteras, así como un amplio impulso a la salud, la seguridad y la regulación ambiental.”

“El Estado Benefactor está terminado”: al borde de la bancarrota, algunos políticos se animan a decirlo

De vez en cuando, algún político decide nadar contra la corriente. Por cierto, es muy probable que lo haga cuando ya está contra las cuerdas y la realidad, generalmente económica, lo obliga a hacerlo. Pero, en fin, no es común encontrar un gobierno que decida lanzarse contra las vacas sagradas, entre las que ocupa un lugar prominente el estado benefactor. La noticia llega ahora de Holanda. Así la comenta BBC Mundo:

“Es uno de los países que mejor representa el Estado de bienestar europeo, ese sistema de seguridad social estatal promovido a partir de la posguerra que garantizó altos niveles de equidad en el viejo continente.

Pero el nuevo rey de Holanda, Guillermo Alejandro, manifestó en su primer discurso ante el Parlamento que el “Estado de bienestar clásico de la segunda mitad del siglo XX está terminado” y debe ser sustituido por “una sociedad participativa”.

Obviamente, el monarca no hablaba a título personal sino en representación del gobierno de coalición entre liberales (derecha) y laboristas (centro-izquierda) que ganó las elecciones a fines del año pasado con un mensaje de austeridad.

Según Diederik Boomsma, de la conservadora Fundación Edmund Burke en Holanda, el mensaje apunta a un cambio impostergable.

“El Estado no puede ocuparse de todo. Cuando el gobierno habla de una sociedad participativa está promoviendo que una red de ciudadanos se haga cargo de cosas que hasta ahora suministraba el Estado. Si alguien está desempleado, su red familiar y de amigos pueden darle los contactos para encontrar trabajo en vez de esperar que lo haga el Estado con impuestos que pagamos todos y afectan el crecimiento económico”, le dice Boomsma a BBC Mundo.

Críticas a la “maquinita”

El Estado de Bienestar se consolidó en Europa como un intento de garantizar que el conjunto de la sociedad, incluídos los más pobres, tuviera acceso a servicios básicos como salud, educación, pensión y seguro de desempleo, todo financiado con impuestos.

La actual crisis sobrevino cuando a la carga impositiva se le añadió la profunda crisis económica que sacudió a Europa a partir del estallido financiero mundial de 2008.

Las anécdotas de excesos en el Estado de bienestar, siempre jugosas, se multiplicaron por los medios de comunicación y los partidos políticos holandeses que reivindicaban la austeridad. Una de las más citadas se refiere a los que cobran el seguro de desempleo, aunque no lo necesitan o trabajan en negro.

“El Estado de bienestar corrompe a la gente que recibe los beneficios porque los hace dependientes de esta ayuda, al Estado porque crea una burocracia gigantesca y a la sociedad porque nadie hace nada por el resto”, comenta Boosma.

El primer ministro Mark Rutte reprendió recientemente a los holandeses que trataban al Estado como una “maquinita de la felicidad”.

Según los críticos, uno de los más acabados ejemplos de esta “maquinita” es la propuesta del socialista Alderman Peter Verschuren en 2008 para que se aumentara la ayuda estatal de modo que los beneficiarios pudieran reemplazar sus viejos televisores por los más modernos de pantalla plana.”

Aunque habrá que ver cómo resulta esta reforma, ya que incluso integrantes del mismo gobierno plantean más reformar que reducir o eliminar:

“Desde la coalición gubernamental el Partido Laborista alerta que no se trata de abolir el sistema sino de mejorarlo, como le indica a BBC Mundo René Cuperus, de la fundación laborista Wiardi Beckman Stichting. “La necesidad de reforma no viene sólo de ahora. En los 90 había un millón de receptores del beneficio de invalidez para un país con una población de 16 millones de personas. Esto se ajustó y cambió. Algo similar se está haciendo ahora”, añade.

Pero si bien los excesos existen, el discurso del rey no cayó del cielo. El primer ministro holandés criticó a los ciudadanos que trataban al Estado como una “maquinita de la felicidad”. Este septiembre el parlamento de Holanda se embarca en una incierta batalla para la aprobación de un ajuste de 6.000 millones de euros, que incluye una reducción de los subsidios de salud, las pensiones y las ayudas por desempleo.”