El K.O. de Arrow a Samuelson

Si un tema merece ser derrotado, no importa quien lo haga, y, tal vez, tampoco si el golpe no es perfecto.

No podemos decir que Paul Samuelson haya sido socialista o agente de la KGB, pero algunos temas que planteara parecieran llevar a eso. Conocemos su definición de bienes públicos y privados, siendo los primeros aquellos que cumplen con la condición de “no exclusión” y “no rivalidad en el consumo”. Esto llevó a Samuelson, y a todos los que siguieron estas ideas, a plantear que esos bienes han de ser provistos por el Estado. Pero vean lo que dice Samuelson respecto a cuántos son “bienes públicos”:

“Así, consideremos lo que he presentado en este trabajo como definición de un bien público, y en la que tendría que haber insistido mejor en mi primer trabajo y subsiguientes: “Un bien público es aquél que entra en las utilidades de una o más personas. ¿Qué es lo que nos queda? En un pequeño extremo el caso del bien privado y todo el resto del mundo en el dominio de los bienes públicos por presentar algún tipo de ‘externalidad de consumo’”. (Samuelson 1969, p. 108).”

Samuelson, P. (1969). “Pure Theory of Public Expenditure and Taxation.” In Public Econoimcs: An Analysis of Public Production and Consumption and Their Relationships to the Private Sector. Proceedings of a Conference Held by the International Economics Associations. J. Margolis and H. Guitton (eds.) London: Macmillan.

¿Entonces? ¿Todos esos bienes y servicios deberían ser provistos por el Estado? ¿”Todo el resto del mundo” provisto por el Estado? ¿No sería ése un mundo socialista?

Otro tema relacionado que planteara Samuelson es el intento de definir una función de bienestar social, una herramienta que permitiría a cualquier gobierno buscar y alcanzar una “re”distribución de ingresos óptima.

No fue necesario que ninguno de los grandes economistas liberales de entonces se ocupara del asunto, porque antes de que tomara suficiente vuelo recibió un golpe de KO que lo sacó del ring. Y este golpe llegó de la mano de Kenneth Arrow, y su “teorema”, que algunos llaman “paradoja”, pero no veo porqué tenga que serlo. Lo interesante es que se lo conoce como “Teorema de la Imposibilidad de Arrow”.

Con un interés pedagógico (esto es, para presentar el tema en las clases), quisiera encontrar una forma sencilla de explicar el teorema, y apelo aquí a su ayuda. Así lo describe Wikipedia:

“El Teorema de Imposibilidad de Arrow parte de establecer que una sociedad necesita acordar un orden de preferencia entre diferentes opciones o situaciones sociales. Cada individuo en la sociedad tiene su propio orden de preferencia personal y el problema es encontrar un mecanismo general (una regla de elección social) que transforme el conjunto de los órdenes de preferencia individuales en un orden de preferencia para toda la sociedad, el cual debe satisfacer varias propiedades deseables:

  • Dominio no restringido o universalidad: la regla de elección social debería crear un orden completo por cada posible conjunto de órdenes de preferencia individuales (el resultado del voto debería poder ordenar entre sí todas las preferencias y el mecanismo de votación debería poder procesar todos los conjuntos posibles de preferencias de los votantes)
  • No imposición o criterio de Pareto débil: si A resulta socialmente preferido a B, debe existir al menos un individuo para el cual A sea preferido a B. Esto implica que la regla no va contra el criterio de unanimidad.
  • Ausencia de dictadura: la regla de elección social no debería limitarse a seguir el orden de preferencia de un único individuo ignorando a los demás.
  • Asociación positiva de los valores individuales y sociales o monotonía: si un individuo modifica su orden de preferencia al promover una cierta opción, el orden de preferencia de la sociedad debe responder promoviendo esa misma opción o, a lo sumo, sin cambiarla, pero nunca degradándola.
  • Independencia de las alternativas irrelevantes: si restringimos nuestra atención a un subconjunto de opciones y les aplicamos la regla de elección social a ellas solas, entonces el resultado debiera ser compatible con el correspondiente para el conjunto de opciones completo. Los cambios en la forma que un individuo ordene las alternativas “irrelevantes” (es decir, las que no pertenecen al subconjunto) no debieran tener impacto en el ordenamiento que haga la sociedad del subconjunto “relevante”.

El teorema de Arrow dice que si el cuerpo que toma las decisiones tiene al menos dos integrantes y al menos tres opciones entre las que debe decidir, entonces es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga simultáneamente todas estas condiciones. Formalmente, el conjunto de reglas de decisión que satisfacen los criterios requeridos resulta vacío.”

En términos más simples todavía, diría que, por ejemplo, si tres individuos tienen este orden de preferencias:

  • X: A > B > C
  • Y: B > C > A
  • Z: C > A > B

… no hay forma de agregar esas preferencias sin violar el orden de alguno de esos individuos, es decir, forzándolo a un orden que no es el que hubiera elegido.

No obstante, el gran servicio que Arrow ha brindado con su Teorema, planteó que algo similar ocurre en el mercado. James Buchanan ha sido muy crítico de este punto, señalando que las transacciones voluntarias que se realizan en el mercado cumplen con el principio de unanimidad y de optimización en un mundo de valoraciones subjetivas. Es decir, no podría haber ninguna redistribución que cumpla con el principio de Pareto, el que sólo se verifica cuando las transacciones son voluntarias.

En fin, el de Arrow fue un golpe imperfecto, pero llevó al KO a la función de bienestar social, y eso es un aporte suficiente.

El Lenguaje de la Economía

Estimados, quiero tratar con ustedes el tema del lenguaje de la Economía. No la metodología, si es axiomático-deductiva o hipotético-deductiva, si requiere contrastación empírica, etc; todos temas que ha desarrollado claramente Gabriel.

Mi tema surgió a partir de haber planteado a Nicolás y Adrián una pregunta que me hizo un alumno de la materia Escuela Austriaca en UCEMA: ¿porqué es que no ha continuado el desarrollo del modelo gráfico de Garrison? Ellos respondieron todo lo que ellos mismos han hecho al respecto, pero ahora quiero plantear el tema general, es decir, al uso de expresiones matemáticas, gráficos, etc.

Así, por ejemplo, vemos en los Principios de Economía Política, de Menger, el uso de ejemplos numéricos, como:

Para mayor claridad, daremos una expresión numérica (cf. pág. 113 y siguientes) a la anterior relación. Podremos entonces expresar la significación escalonada de la satisfacción de las necesidades antes mencionadas mediante una serie de cifras, que van descendiendo en proporción aritmética, por ejemplo, según la serie: 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Imaginemos ahora que nuestro primer granjero, A, posee seis caballos y una sola vaca, mientras que el granjero B se halla en la situación contraria. Podemos entonces ejemplarizar la significación escalonada de la satisfacción de necesidades por medio de los bienes que posee cada uno de los granjeros en la siguiente tabla….

Mises va un poco más allá y plantea algunas ecuaciones, aunque en palabras:

Analicemos los monopolios marginales fijando la atención en aquella realidad que, hoy en día, con mayor frecuencia los ampara. Las tarifas proteccionistas, bajo ciertas condiciones, pueden engendrar precios de monopolio. Atlantis decreta una tarifa t contra la importación de la mercancía p, cuyo precio en el mercado mundial es s. Si el consumo de p, en Atlantis, al precio s -f- t, es a y la producción nacional de p es b, siendo b menor que a, resulta que los costos del expendedor marginal son iguales a s -f t. Los fabricantes de p en Atlantis pueden vender la totalidad de su producción al precio de s + t. La protección arancelaria, en tal caso, es efectiva e impele, en aquel mercado interior, a ampliar la fabricación de p por encima de b, hasta llegar a una producción ligeramente inferior que a. Ahora bien, si b es mayor que a, las cosas cambian. Cuando la producción b es tal que, incluso al precio s, el consumo interior no la absorbe en su totalidad, de tal suerte que una parte de la misma ha de ser exportada y vendida en el extranjero, la tarifa de referencia ya no influye en el precio de p. Tanto en el mercado interior como en el mundial el precio de p no varía. La repetida tarifa, sin embargo, al discriminar entre la producción nacional y la extranjera de p, concede a los industriales de Atlantis un privilegio que éstos pueden aprovechar para implantar una situación monopolística, siempre y cuando determinadas circunstancias igualmente concurran. Si cabe hallar entre s y s + t un precio de monopolio, resulta lucrativo para estos últimos el formar un cartel.

Mises, L. von. Acció Humana (4 Ed.). Unión Editorial, p. 548,

En el quinto renglón ya te perdiste. ¿Hubiera sido mejor plantear directamente las ecuaciones? ¿O hacerlo gráficamente?

Todos conocemos el triángulo Hayekiano mostrando las etapas del proceso productivo:

Todos conocen el modelo gráfico de Garrison para explicar la Teoría Austriaca del Ciclo Económico:

Murray Rothbard sostiene, en Man, Economy and State, que la construcción de un gráfico sobre la formación de un precio en el mercado tendría que presentar puntos, ya que las decisiones que se toman son sobre unidades específicas y una curva introduce cambios infinitesimales que no corresponden a las decisiones que tomamos. No obstante, él mismo luego usa las curvas. No recuerdo si lo aclara, pero seguramente porque le parece que es más “pedagógico” aunque sacrifique precisión teórica.

Ahora bien, una curva es también una función, que puede presentarse en lenguaje matemático. ¿Diríamos que en lenguaje matemático es menos “didáctica” que un gráfico, el que se comprende a simple vista?

¿Quiere decir entonces que tendríamos que tener en cuenta los costos y los beneficios de cada uno de los lenguajes, pero, en principio, no descartar ninguno? ¿Deberíamos darle prioridad a la claridad pedagógica?

Qué mala suerte… o qué malas ideas

Si no se cambian las ideas y valores que predominan en la sociedad y volvemos, digamos para simplificar, al espíritu emprendedor del inmigrante, seguiremos por el tobogán.

Cuando se acerca fin de año muchos se plantean hacer un balance sobre lo ocurrido. Es cansador porque, la verdad, los últimos balances son uno peor que el otro. Y el de este año ni que hablar. No sé si vale la pena hacerlo tampoco, pero se me ocurrió que, tal vez, podía evitar la depresión mirando más allá, no sobre el balance de un año sino el que me ha tocado en toda la vida, teniendo en cuenta que mi cumpleaños es en los primeros días de enero, también un momento para hacer un balance.

Me refiero a un balance externo, es decir, no a aquellos resultados que en buena medida dependen de lo que haya hecho o dejado de hacer. Más bien sobre las circunstancias económicas y políticas que me tocaron, al igual que a todos los de mi edad. Buscando referencias sobre el asunto me topé con este gráfico de Nicolás Cachanosky:

PBI Real per cápita en base a dólares internacionales de 2011PBI Real per cápita en base a dólares internacionales de 2011

El gráfico muestra la evolución del PIB real, medido en dólares de 2011, y la posición porcentual que el país ha ocupado en relación a todos los países. En ese sentido, el año de mi nacimiento muestra dos datos muy importantes. Por un lado, aumenta notablemente la cantidad de países que aparecen en la muestra, tomada del respetado trabajo Maddison Project Database del Departamento de Economía de la Universidad de Groningen en Países Bajos, el cual a su vez continúa el importante trabajo de Angus Maddison, un destacado economista británico que se dedicara a reconstruir series históricas de datos que hasta su trabajo, no estaban disponibles. El número de países pasa de algo más de cincuenta a más de ciento cuarenta.

El otro dato, más importante aún, es que en el año de mi nacimiento Argentina alcanzaba el pico de ingreso per cápita, ocupando una posición que lo ponía por sobre el 93% de los países del planeta. A partir de allí, los años que me tocaron vivir, llevaron al ingreso medio de la Argentina desde ese 93% a un 63%.}Hay repasar históricamente que fue lo que nos permitió alcanzar una posición que nos ubicaba entre los primeros, una posición que a fines del siglo XIX era mejor aún

En todos estos años he escuchado muchas explicaciones al respecto, tal como que el problema eran los términos del intercambio y la restricción cambiaria. Vamos a suponer que esto fuera cierto, tal vez incluso aceptar que explicara algunas de las caídas, pero, ¿qué explica la tendencia general de esos casi setenta años? En ese sentido, el déficit fiscal, los años en default y el crecimiento de los agregados monetarios y los precios son mucho más constantes que los precios de nuestras commodities o los vaivenes de la economía global (Todo eso puede verse en los excelentes gráficos de Nicolás: en el sitio Hub Económico).

No voy a hacer un balance de este 2020, porque ha sido horrible, tanto sea por los daños de la pandemia como los de la cuarentena, creo que es necesario hacer un balance de la tendencia que llevamos en los años que el gráfico muestra y repasar históricamente que fue lo que nos permitió, antes de esa fecha, alcanzar una posición que nos ubicaba entre los primeros, una posición que a fines del siglo XIX era mejor aún.Es hora de revisar nuestras ideas para cambiar de rumbo, uno que vuelva a ofrecer oportunidades y progreso no promesas que no se cumplen

Si no cambian las ideas y valores que predominan en la sociedad y volvemos, digamos para simplificar, al espíritu emprendedor del inmigrante, seguiremos por el tobogán. Me refiero, en términos generales, a ideas populistas, al culto del pobrismo, de la prebenda, del privilegio. Ese cambio había comenzado a producirse mucho antes que se iniciara la pendiente en caída, había cambiado la visión de la historia, donde pasamos de ser un país de oportunidades y progreso a uno de agravios y agresiones.

Así lo comenta Borges: “Hacia 1922 nadie presentía el revisionismo. Este pasatiempo consiste en ‘revisar’ la historia argentina, no para indagar la verdad sino para arribar a una conclusión de antemano resuelta: la justificación de Rosas o de cualquier otro déspota disponible” (Jorge Luis Borges, “Notas”, Fervor de Buenos Aires, Obras Completas I Emecé Editores; Barcelona, 1996, p. 52).

Es hora de “revisar” nuestras ideas para cambiar de rumbo, uno que vuelva a ofrecer oportunidades y progreso no promesas que no se cumplen.

Publicado originalmente en Infobae, el 30 de diciembre de 2020.

Un impuesto a las propuestas de impuestos dañinos

En 1789 Benjamin Franklin escribía en una carta a Jean-Baptiste Leroy una frase que luego pasaría a la historia: “En este mundo nada es seguro salvo la muerte y los impuestos”.

Suele decirse que son el medio “genuino” de financiar los gastos del Estado. Y es así, porque tarde o temprano buena parte de los otros métodos terminan siendo impuestos o son impuestos disfrazados. Además, ocurre que incluso cuando los impuestos están dirigidos a un determinado grupo o sector, también los terminamos pagando todos. Eso también ocurre con el llamado impuesto a la riqueza. Es un impuesto “políticamente correcto” porque parece castigar a los ricos y favorecer a los pobres; y sin costo político, ya que los que pagan suman muy pocos votos y les podemos decir a todos los demás que no pagan y tal vez se beneficien en algo con ese impuesto. Este segundo es un supuesto más que fantasioso, desde ya. De ahí a que ese dinero que paguen los superricos llegue a los superpobres tiene que pasar por la política, que cobra un peaje muchas veces superior a la recaudación.

Por otro lado, hay que conocer un principio básico de todo impuesto: es como el glifosato, sobre lo que caiga, lo mata. A menos que sea una semilla genéticamente modificada (como por ejemplo los sueldos de los funcionarios públicos). Es decir, si se establece un impuesto a la riqueza, habrá menos riqueza…, y si no se genera más riqueza, habrá más pobreza, el estado natural del ser humano. Así es como el impuesto a los ricos terminará afectando a los pobres.

El principio de que el impuesto mata lo que encuentra donde cae es tan viejo que no extraña encontrarlo en trabajo clásicos, incluso en textos que no son de economía. Tal es el caso de el clásico de Jonathan Swift, Los Viajes de Gulliver (1726). El autor ya tenía esto muy claro y lo muestra con los profesores que encuentra Gulliver en su viaje, al visitar la Academia en la isla de Lagado, donde hay discusiones sobre este tema:

“Asistí a un debate muy acalorado entre dos profesores acerca del modo más cómodo y efectivo de recaudar dinero sin oprimir a los contribuyentes. El primero sostenía que el método más justo sería poner un tributo sobre los vicios e idioteces de cada individuo; un jurado de vecinos sería el encargado de fijar la cantidad del modo más objetivo posible. El segundo sostenía la opinión enteramente opuesta; quería que cada persona tributase por las cualidades físicas y espirituales de las que se enorgullecía; cuanto más alta estima uno se tuviese, más elevado sería el impuesto; el importe sería fijado por cada uno. El impuesto más elevado recaería sobre los hombres de mayor éxito con las mujeres y variaría según el numero y naturaleza de los favores recibidos. El cómputo se fijaría por las declaraciones da propio interesado. La inteligencia, el valor, y la cortesía estaban también sujetas a severo tributo; se recaudaba del mismo modo: la cantidad dependía de las declaraciones del propio contribuyente. El honor, justicia, prudencia y saber estarían totalmente exentos de impuestos, porque son calificaciones tan singulares que nadie las valora ni en uno mismo ni en el prójimo.

Las mujeres tributarían por su belleza y elegancia en el vestir, otorgándoles el mismo privilegio masculino: el de fijar ellas mismas la cantidad. Pero la constancia, castidad, el sentido común y la bondad no estaban en baremo, porque no cubrirían los costes recaudatorios”.

El debate es aleccionador en dos aspectos. En primer lugar, los profesores tratan de encontrar un impuesto que no oprima a los contribuyentes. En verdad, esto no es posible, ya que se trata de una exacción forzada, necesaria para mantener los gastos del Estado. Por ello, no puede haber discusión de los impuestos sin que lo haya de los gastos.

En segundo lugar, ambos profesores se guían por un criterio correcto, esto es, cuando se aplica un impuesto sobre algo, se obtiene menos de eso. Uno de ellos quiere establecer impuestos sobre los vicios, con el objetivo de que haya menos. El otro, en realidad, no tiene una opinión diferente ya que intenta colocar un impuesto sobre las cualidades que cada uno estima tener, con el objetivo de reducir la pedantería y el engreimiento.

En nuestra dura realidad, los impuestos se aplican muchas veces sobre las actividades productivas y, por lo tanto, obtenemos menos de ello. Incluso se llega a niveles de impuestos tan altos que ciertas actividades se ven forzadas a cesar.

¿Qué tal si ponemos un impuesto, muy alto, a las dañinas propuestas de aumentar impuestos?

*Profesor de Economía, UBA; Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso

Los números que explican los beneficios del libre comercio

Hay frases que dicen muchas cosas. El canciller Felipe Solá dijo una de esas: “Los que piden tratados de libre comercio del Mercosur con otros países no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino. Su posición es ideológica: el libre comercio siempre será mejor por definición”.

Vamos por partes. Al demandar que se presente, aunque sea, un beneficio del libre comercio el canciller manifiesta que evalúa el tema en relación a sus consecuencias, al resultado. El libre comercio puede defenderse desde otra perspectiva: que se trata de un derecho. Tomemos a esos trabajadores argentinos que menciona en la frase. ¿Tienen derecho a disponer de su ingreso como les parezca apropiado? ¿Pueden decidir si lo van a gastar comprando a alguien del barrio, o de otra provincia, o del Uruguay, o de México, o de Noruega y Finlandia, que tanto le gustan al Presidente?

No es esa la visión del canciller, pero es la que defienden en otros ámbitos. ¿Acaso no plantean también que las personas tienen “derecho” a un cierto ingreso sin tomar en cuenta las consecuencias? Que tienen un derecho a la ayuda del Estado aunque este no tenga recursos, aunque emita para pagarlos, aunque genere más inflación que deteriora esos mismos recursos, aunque desafíe la hiperinflación. Esas parecen ser cuestiones de “derechos”, y no de consecuencias. Entonces, ¿cuándo tomamos en cuenta derechos y cuándo resultados?

Respecto a si el libre comercio siempre será mejor por definición, eso es correcto, pero no es una posición “ideológica”, que implica “sesgada”, sino una posición “científica”. Es lo que señala la ciencia económica desde que David Ricardo desarrollara la teoría de las ventajas comparativas en su famoso texto de 1817. No es una teoría que se haya mantenido inalterada, sin embargo. La “revolución” que implicó considerar al valor como algo subjetivo llevó a la reformulación de esta teoría en base al costo de oportunidad por Gottfried Haberler en 1930 y en las décadas recientes ha avanzado desde analizar las ventajas comparativas de países, a las de industrias y a las de empresas, con aportes, entre otros, de Paul Krugman, que le valieran el premio Nobel, no sus artículos en el New York Times.

Es que esa “ley” económica no es más que parte de la llamada Ley de Asociación, según la cual a cada uno de nosotros nos conviene dedicarnos a algo y luego comprar lo que necesitemos de los demás. Ya Adam Smith señalaba que no nos parecería lógico que un padre de familia intentara producir desde el alimento que le va a dar a sus hijos, pasando por su ropa, sus libros y cuadernos para el colegio hasta sus vacunas o tratamiento dental. Y lo que es razonable para una familia no deja de serlo para un “reino”.

Supongo que el Canciller querrá seguir a quienes han desafiado estas teorías, aceptadas por el 95% de los economistas según encuestas entre ellos. No hace mucho, George Mankiw, director del Departamento de Economía de Harvard, volvía a hacer referencia a esto señalando que “pocas proposiciones logran tanto consenso entre los economistas profesionales como que el comercio global abierto incrementa el crecimiento económico y los estándares de vida”.

Los países que se han abierto al comercio internacional han mejorado consistentemente su nivel de ingresos y diversificado su comercio internacional. Así, por ejemplo, los dos países con menores barreras al comercio son Singapur y Hong Kong. En el primer caso el ingreso per cápita era de 3.503 dólares en 1960, según el Banco Mundial, y ahora es $ 58.247; para Hong Kong de $3.380 a $38.781 en el mismo lapso.

Son muy distintos a Argentina, se dirá. Veamos uno un poco más parecido en cuanto a recursos, Nueva Zelanda, que está en el tercer lugar como economía más abierta. Pasó de $20.973 en 1970, cuando decidió abrir su economía, a $37.797 ahora. Australia es mucho más parecido a nosotros en cuanto a recursos disponibles, se encuentra en el puesto 17° y su ingreso per cápita pasó de $19.378 en 1960 a $ 56.842 ahora. Canadá también tiene recursos parecidos, y está en el puesto 10° de apertura comercial y con un cambio de $16.449 en 1960 a $51.391 ahora. Mientras tanto Argentina está en el puesto 71° de apertura comercial y nuestro ingreso ha crecido de $5.642 en 1960 a $10.043 en 2018.

Nótese que en el caso del país más abierto, Singapur, el ingreso per cápita se multiplicó 16,6 veces; en Hong Kong 11,4 veces; en Australia 2,93 veces; en Canadá 3,12 veces, mientras que en Argentina creció 1,78 veces en el mismo período.

Si queremos tomar algunos ejemplos más cercanos, Chile pasó de un ingreso per cápita de $4.465 en 1983 cuando comenzó a abrir su economía, a $15.130 en 2018, unas 3,38 veces. Como siempre se dirá que fue una dictadura aunque el proceso continuó y se aceleró en gobiernos posteriores. Si no es ese podemos ver el caso de Perú, que inició sus reformas en los 90s, es el primero en la región en cuanto a apertura comercial y vio crecer su ingreso de $2.589 en 1992 a $6.453 en 2018, 2,49 veces en 25 años.

¿Podrán destacarse estos resultados como los “beneficios” que el Canciller dice nadie puede mostrar? No hay ninguna ideología acá, lo que hay es teoría confirmada por los hechos. Ideología puede ser la del Canciller, que le impide ver los resultados.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Publicado en Infobae, 7 de mayo de 2020.

El dilema moral del virus corona

Supongamos que usted tiene escondida a Ana Frank y su familia en el fondo de su casa y, de pronto, golpea la puerta un oficial de la Gestapo preguntando si hay judíos allí, ya que entienden que se han escondido en algunas casas de Amsterdam. ¿Usted qué hace?­

Éste es un ejercicio típico de cursos introductorios de ética en el cual se confrontan dos de las principales escuelas desde fines del siglo XVIII: por un lado la deontológica, asociada con Immanuel Kant, según la cual uno debe regirse por el principio que quisiera fuera una ley universal, es decir, que todos cumplieran, sin importar las consecuencias; por otro, la consecuencialista, asociada con Jeremy Bentham (aunque éste también usaba el término deontología), que precisamente señala que hay que tenerlas en cuenta, y en la que encontramos dos tipos, el consecuencialismo, o utilitarismo, de actos, y el de reglas. En el primer caso, una acción es buena si los beneficios superan a los costos; según el segundo no hay que tomar en cuenta acción por acción sino aquella norma o regla de conducta que genere más beneficios que costos.­

En el caso de Ana Frank, si usted es consecuencialista va a evaluar la situación, pero no es sencillo definir beneficios y costos: ¿para quién? ¿sólo para mí o para los Frank también? ¿para todos los judíos escondidos en Amsterdam? Y si usted es deontológico se encuentra con el difícil problema de evaluar dos principios valiosos. Por ejemplo, en este caso el valor más importante parece ser el de proteger la vida; pero también hay otro en juego que es la verdad, no mentir.­

¿Cómo elijo entre uno u otro? ¿Acaso no estaré tomando en cuenta las consecuencias de elegir proteger la vida o proteger la verdad? Entonces resulta que el deontológico termina arrinconado en las consecuencias, que inicialmente dejaba de lado. Y puede que el consecuencialista se guíe por un principio universal para evaluar cuáles son las a tener en cuenta.­

En fin, no se trata de resolver una discusión que lleva más de doscientos años y varias bibliotecas enteras, pero algo de esto parece que nos está pasando en estos tiempos de pandemia. Una gran mayoría parece estar pensando en términos deontológicos: el primer deber es proteger la vida. Por esa razón acepta todo tipo de medidas que restringen su libertad: cuarentena, aislamiento, prohibición de traslados, de viajes, de concurrir a trabajar, a eventos, etc. Todos muy kantianos, cumpliendo con el deber.­

Pero, a medida que pasan los días, las consecuencias comienzan a crecer en la consideración de muchos: no se produce, no se factura, no se pueden pagar sueldos, comenzarán a reducirse los stocks y a originarse faltantes. Y esto que empieza de a poco crecerá, tal vez no tan rápido como la misma pandemia, pero todos sabemos que lo hará. Pasa que inicialmente pensamos que no era lo importante. Y a medida que crezca nos planteará el dilema: ¿debemos seguir cumpliendo con el principio, sin importar las consecuencias? Cuidado, si no producimos nada puede haber otras muertes. ¿Qué pasaría con el apoyo a la cuarentena si las muertes, digamos, por hambre, o por la falta de otros insumos médicos, porque una enfermera no puede ir a cuidar a una señora mayor a la noche o por tantas otras cosas, superan en algún punto a las muertes por la enfermedad?­

Tal vez en ese punto, el kantiano podrá decir que proteger la vida es producir, es evitar todas esas muertes; y el consecuencialista, con otros fundamentos, podrá decir lo mismo, son mayores los beneficios de producir que sus costos.­

Por uno u otro lado, el sentido común será el consenso que se vaya generando para relajar la cuarentena y volver a trabajar. Pero volver a trabajar en serio. Sin barreras para los que quieren producir, y sin dádivas para los que no quieren. Lo cierto es que en ambos casos nos encontramos con una difícil decisión: entre un principio u otro; entre una consecuencia u otra. No tengo una respuesta. Simplemente un consejo para quien es deontológico: que mire las consecuencias: y para quien es consecuencialista: que ordene sus costos y beneficios según algún principio. Es como saltar la brecha: ¿le suena conocido?

Publicado originalmente en La Prensa, 14 de abril de 2020.

Por qué somos tan débiles frente al coronavirus

Hay una grieta conceptual por la que, en cada tema nuevo que aparece ante la opinión pública, se desata el debate acerca del papel del Estado y el del mercado, tanto sea en su origen como en su posible solución. Eso ocurre también con el coronavirus. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Puede el mercado resolver semejante problema?

Desde el punto de vista teórico eso ha sido discutido muchas veces, pero dado el dramatismo del tema, veamos ahora el problema desde una perspectiva práctica. Lo cierto es que existe una estructura de “salud pública” y en tal caso es mejor que haga algo, y que lo haga bien. Por cierto que no es mucho lo que puede hacer al respecto antes de caer en medidas drásticas y compulsivas, que es lo que distingue a toda acción estatal.

Puede aconsejar, sugerir ciertas conductas, pero esto es algo que el mercado ya está haciendo en forma relativamente efectiva. Y cuando hablo del “mercado” en verdad me refiero a todo tipo de acciones voluntarias, tanto sea de personas como de organizaciones. Esta división se sigue de la tradicional definición que la ciencia política da sobre el Estado: es aquella agencia que detenta el monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Ningún otro que no sea el Estado puede usarla y si lo hace es un criminal o delincuente y el Estado lo perseguirá.

Esas acciones voluntarias se han generalizado: las personas cancelan viajes y reuniones, se vacunan contra la gripe por las dudas, compran más alcohol en gel o barbijos; las empresas cancelan viajes de su personal, aumentan el número y las horas de sus empleados que trabajan en casa, se preparan para que muchos más lo hagan; las universidades postergan sus clases o las dictan online, y muchos casos más. Los medios informan (a veces asustan) y se transmite información al instante de la situación que permite saber dónde ir o no o cómo prepararse.

Las empresas más vinculadas con la salud hacen más cosas todavía: se preparan para un aumento exponencial de la demanda de ciertos productos, los seguros de salud para una avalancha de pacientes (recordemos que cada paciente es un costo para ellas así que harán todo lo posible para que haya menos afectados por el virus) y los laboratorios se lanzan en una carrera veloz para ver quién desarrolla una vacuna o algo para hacer frente al virus. Todas están invirtiendo para lo que se viene.

Nada de esto es coordinado por nadie en particular, un ejemplo más de aquella famosa metáfora de la “mano invisible”, un proceso de transmisión de información e incentivos que va enviando señales a todas las personas y organizaciones respecto a lo que hay que hacer y así coordinar las acciones de cada uno.

¿Y el Estado? Por un lado tiene un arma tan poderosa como peligrosa, esto es, el poder. Puede cancelar vuelos, o imponer cuarentenas o aislar zonas completas. No puedo decir si eso es necesario o no, pero sí que muchas veces los incentivos de la política terminan generando más problemas que soluciones. Ante una situación como esta, el político tiene que mostrar que hace algo. Dentro de todo, tuvimos suerte en que la epidemia llegó después de las elecciones; si hubiera llegado antes hubiéramos visto todo tipo de exageraciones y oportunismo político.

Como dicen quienes más saben, el principal problema que va a enfrentar el Estado es el posible colapso de la estructura de salud pública. Claro, como ocurre con el sector privado, no podemos exigirle que tenga una apropiada a la circunstancia de la noche a la mañana.

Pero esto debería hacernos pensar, hacia adelante, acerca de la estructura estatal que realmente queremos. Si ahora alguien planteara que el Estado debería tener una estructura de hospitales y servicios de salud preparada para estas circunstancias, digamos con stocks de productos y remedios para hacer frente a catástrofes, con equipamientos modernos, tal vez uno podría señalar que al Estado no le sobran recursos, que tiene un alto déficit y que está al borde del default de su deuda.

Precisamente, como los recursos son escasos, deberíamos preguntarnos si en lugar de dicho gasto queremos tener, por ejemplo, un astillero estatal que no produce barcos, una fábrica militar que provee casi nada a las fuerzas armadas, un canal de televisión que muy pocos ven, una mina de carbón o una aerolínea que pierden dinero todo el tiempo. Cantidad de empleados públicos y asesores de diputados o senadores, embajadas donde no hacen falta, maestros con todo tipo de licencias, estudiantes universitarios que deambulan por las aulas y nunca se reciben, subsidios por aquí y subsidios por allá.

Ahí están las razones de que la estructura de salud pública esté amenazada con colapsar y que muchos argentinos se puedan ver afectados, e incluso morir. Por eso somos “débiles” frente al coronavirus.

Publicado en diario El Argentino, Gualeguaychú, 19 de marzo de 2020.

El autor es profesor de Economía en la UBA y UCEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso

Economía del conocimiento: otra vez el juego de la perinola

¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si con cada cambio de gobierno (o de ministro) modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro; resultados que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.

Los gustos de los consumidores pueden cambiar (piense si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas) y pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculos económicos sobre la base de un valor relativamente previsible por varios años.

Por último, para invertir mínimamente hay que conocer cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución que tendrían los salarios, los costos de la mano de obra, la posibilidad de acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables.

Y también recursos. Pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza, sino con la capacidad, la educación, la iniciativa, la empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.

Nos hemos cansado de escuchar que la Argentina tiene muchos de esos recursos y, últimamente, que también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera (o se esperaba) que estas industrias alcanzaran a ser el segundo o el tercer rubro de exportación, detrás de los productos del agro.

Unanimidad y consenso

El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que fue votada por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente, eso refleja un elevado grado de consenso y puede ser tomado como una señal de estabilidad en las reglas de juego, para que los inversores se animen a desplegar todos sus proyectos.

En nuestro caso, sin embargo, eso no es así. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación. Y ya se anuncian importantes cambios que modificarán el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la “estabilidad” duró unos pocos meses.

¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso, o que se refiere a otra cosa. Ahora, el Congreso va a reformar la ley y probablemente también lo haga con unanimidad. ¿Quién se anima a votar “contra” la tecnología, el progreso, la innovación? Todo eso es “políticamente correcto” en estos tiempos.

Pero es una “unanimidad” que no genera seguridad. Refleja que el único consenso que existe es el que dice: yo ayer te apoyé cuando beneficiaste a A, B y C; ahora ustedes me apoyan cuando yo beneficio a X, Y y Z. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos (“entraban hasta cervecerías artesanales“); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego. El consenso es sobre la calesita.

El Gobierno y la oposición son responsables, porque disfrazan de “políticas de Estado” la delegación de funciones al Poder Ejecutivo, y el acuerdo por el cual ayer repartí yo, hoy te toca a vos. En medio de todo eso, la confianza para las inversiones cae, o más bien se acorta a invertir en lo que se espera que dure el presente “consenso”, hasta que llegue el próximo.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Argentina) el 17 de febrero de 2020.

¿Después del Brexit, el Argxit?

El presidente Alberto Fernández realizó una serie de visitas en Europa en las que el principal tema económico considerado fue el apoyo de esos países en el proceso de renegociación de la deuda con el FMI. No hubo mención al tema del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, pero antes del viaje se había dicho que estaría en la agenda, en particular en la reunión entre Fernández y Macron, ya que ambos estarían descontentos con el acuerdo alcanzado el año pasado y favorecerían una renegociación.

La palabra “renegociación” suena a postergación indefinida, ya que, si tomamos en cuenta los 20 años requeridos para llegar al acuerdo y los que tomaría su aprobación por todos los parlamentos de los países firmantes, si además le agregamos una nueva negociación más vale que nos olvidemos del asunto.

Si no avanza una renegociación, Argentina puede quedar aislada, ya que el año pasado se aprobó que los países del Mercosur podrían aprobar el acuerdo bilateralmente, y Brasil, Paraguay y Uruguay han manifestado su voluntad de hacerlo. Si eso ocurriera sería como si Argentina se fuera del Mercosur, una especie de Argxit, pero, a diferencia de la salida de Reino Unido de la UE, no por voluntad del que se va, sino porque los que se van son los otros.

Una situación como esa, en la que el Mercosur pasara a ser un adorno para Argentina, no sería para lamentar si el país avanzara en el camino que parece seguir el Reino Unido con Boris Johnson. En una reciente conferencia en Greenwich, Johnson celebró las ideas de Adam Smith, señalando que el país debía ahora abrirse a todo el mundo. Si quedarse sola llevara a la Argentina a una posición similar sería un gran avance, ya que somos uno de los países más cerrados del planeta.

En estos días se ha dado a conocer la primera edición del Índice Internacional sobre Barreras al Comercio, producido por la Property Rights Alliance, que también elabora un índice internacional sobre la protección de los derechos de propiedad.

Este índice evalúa las restricciones al comercio en 86 países, que representan el 83% de la población mundial, el 91% de todos los bienes y servicios intercambiados y el 94% del PBI global. Toma en cuenta las barreras arancelarias, no arancelarias y a los servicios. Tiene un cuarto componente, la “facilitación” del comercio, que incluye aspectos tales como la protección de la propiedad. Argentina se encuentra en el puesto 71° de 86 países. Singapur y Hong Kong ocupan los dos primeros, y Suecia está 5°. Pese a que todos somos parte del Mercosur, Paraguay está 53°, Uruguay 56° y Brasil, peor que nosotros, 77°. Claro que si estos países firman el acuerdo con la UE avanzarán varias posiciones y probablemente nos dejen al final de la lista.

El tratado con la UE no iba a garantizar el libre comercio para los argentinos. Lo importante del tratado eran las limitaciones institucionales que podía introducir. En un país donde los límites al poder son débiles o inexistentes, un acuerdo como éste podía introducir límites a la discriminación económica desde el poder, que no somos capaces de darnos nosotros. Los lobbies dictan la política comercial y muchas de las políticas sectoriales, pero con el tratado esto podría haberse reducido. No va a ser una apertura el comercio internacional, pero sería una excelente forma de empoderar a los argentinos y dejarlos usar su bien ganado dinero en aquello que estimen más conveniente y de poner límites al uso del poder en favor de los privilegiados.

Este artículo fue publicado originalmente en Clarín (Argentina) el 21 de febrero de 2020.

Cambió la frase de Alberdi: gobernar es desregular

Han pasado ya tres meses desde la inauguración de los mandatos de algunos gobernadores y de nuevas legislaturas provinciales. No parece que se caigan muchas ideas. Lo que hemos visto es lo de siempre: más impuestos, abandonar compromisos para reducir el aumento del gasto o impuestos, otro tipo de gasto social, nuevos programas. Para los sectores productivos y/o para los contribuyentes, poco o nada, o más cargas.

Por si no se les ocurre qué hacer, siempre es bueno mirar qué pasa en algún otro lado. Sugiero Idaho, ese estado perdido en las laderas de las montañas Rocallosas del que tal vez ni los norteamericanos hablan.

Resulta que tiene una legislación particular, que obliga a su legislatura a aprobar cada año todo el código regulatorio del estado, o cae automáticamente. Curiosamente, eso es lo que ocurrió el 11 de abril de 2019. Tal vez por rencillas políticas en la legislatura, lo cierto es que no se aprobó esa renovación y todas dejaban de estar vigentes el 1 de julio de ese año. Estamos hablando de 8.200 páginas de regulaciones.

El gobernador, Brad Little, tenía ya un proyecto para reducir las regulaciones pero, de pronto, se encontró con esto. Lo primero que hizo fue pedir a todas las agencias del estado que tenían que presentar ante la División de Administración Financiera todas las regulaciones que querían mantener vigentes, antes del 10 de mayo, para que, en todo caso, las aprobara temporalmente. En enero de ese año el gobernador había aprobado dos decretos estableciendo que toda agencia que aprobara una nueva norma, tenía que derogar otras dos, algo que también aplicó Trump a nivel nacional y Macron en Francia.

El 21 de mayo el gobernador Little presentó su propuesta, por la que se eliminaban 139 capítulos completos y 79 parcialmente, el 34% de las regulaciones vigentes. Se abrió al comentario público hasta el 11 de junio. Las regulaciones aprobadas se publicaron el 19 de junio tras lo cual había otros 21 días de comentarios. El 19 de julio, Little propuso simplificar el 60% de las regulaciones hacia fines del 2019, buscando eliminar más que reformar normas.

Ahora, el 16 de enero de 2020, firmó dos decretos más. Uno se titula “Regulación base cero”, que crea un proceso de revisión del 20% de las normas cada año. El segundo se llama “Transparencia en Documentos para la Guía”, por los cuales las agencias tienen que explicar las normas en un lenguaje que sea comprensible para todos. También se aprobó una moratoria de nuevas normas para todo 2020, es decir no se dictarán nuevas. Como resultado de este proceso, Idaho redujo y simplificó un 75% de sus normas, unas 1800 páginas de regulaciones menos. El senador Hill calificó al estado como un “acumulador compulsivo” de normas y regulaciones.

Nada de esto parece estar en la mente de ninguno de los gobernadores, ni de los legisladores provinciales, más bien lo contrario. De todas formas, la experiencia plantea una discusión interesante: ¿es una cuestión de la cantidad de normas?

A veces una sola es mucho más destructiva que cientos de páginas de otras. Una resolución del Banco Central genera mayor descalabro económico que cuarenta leyes aprobadas en el Congreso, y cuyas resoluciones suelen ser para aprobar el día de la inmortalidad del cangrejo o cosas por el estilo. De todas formas, parece que no es lo mismo mil páginas del Boletín Oficial que una o diez.

Al respecto, Julio H. G. Olivera, un economista respetado por muchos, escribió un artículo muy interesante sobre este tema “El principio de Gossen y la estabilidad jurídica” donde plantea que, si hay un “punto de equilibrio” entre la demanda y la oferta de regulaciones, el estado debería pecar, digamos, hacia abajo. Porque si la “oferta” de regulaciones excede a su demanda, lo que tenemos son mercados negros, tal como lo vemos hoy en el mercado laboral, cambiario y tantos otros. Pero si es la “demanda” de regulaciones la que excede a la oferta, el mercado cierra esa brecha a través de contratos entre las partes. Idaho va por ese camino, nosotros por el otro. Si se trata de atraer inversiones y reactivar la economía, el resultado estará muy pronto a la vista.

Este artículo fue publicado originalmente en Ámbito (Argentina) el 28 de febrero de 2020.