Los números que explican los beneficios del libre comercio

Hay frases que dicen muchas cosas. El canciller Felipe Solá dijo una de esas: “Los que piden tratados de libre comercio del Mercosur con otros países no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino. Su posición es ideológica: el libre comercio siempre será mejor por definición”.

Vamos por partes. Al demandar que se presente, aunque sea, un beneficio del libre comercio el canciller manifiesta que evalúa el tema en relación a sus consecuencias, al resultado. El libre comercio puede defenderse desde otra perspectiva: que se trata de un derecho. Tomemos a esos trabajadores argentinos que menciona en la frase. ¿Tienen derecho a disponer de su ingreso como les parezca apropiado? ¿Pueden decidir si lo van a gastar comprando a alguien del barrio, o de otra provincia, o del Uruguay, o de México, o de Noruega y Finlandia, que tanto le gustan al Presidente?

No es esa la visión del canciller, pero es la que defienden en otros ámbitos. ¿Acaso no plantean también que las personas tienen “derecho” a un cierto ingreso sin tomar en cuenta las consecuencias? Que tienen un derecho a la ayuda del Estado aunque este no tenga recursos, aunque emita para pagarlos, aunque genere más inflación que deteriora esos mismos recursos, aunque desafíe la hiperinflación. Esas parecen ser cuestiones de “derechos”, y no de consecuencias. Entonces, ¿cuándo tomamos en cuenta derechos y cuándo resultados?

Respecto a si el libre comercio siempre será mejor por definición, eso es correcto, pero no es una posición “ideológica”, que implica “sesgada”, sino una posición “científica”. Es lo que señala la ciencia económica desde que David Ricardo desarrollara la teoría de las ventajas comparativas en su famoso texto de 1817. No es una teoría que se haya mantenido inalterada, sin embargo. La “revolución” que implicó considerar al valor como algo subjetivo llevó a la reformulación de esta teoría en base al costo de oportunidad por Gottfried Haberler en 1930 y en las décadas recientes ha avanzado desde analizar las ventajas comparativas de países, a las de industrias y a las de empresas, con aportes, entre otros, de Paul Krugman, que le valieran el premio Nobel, no sus artículos en el New York Times.

Es que esa “ley” económica no es más que parte de la llamada Ley de Asociación, según la cual a cada uno de nosotros nos conviene dedicarnos a algo y luego comprar lo que necesitemos de los demás. Ya Adam Smith señalaba que no nos parecería lógico que un padre de familia intentara producir desde el alimento que le va a dar a sus hijos, pasando por su ropa, sus libros y cuadernos para el colegio hasta sus vacunas o tratamiento dental. Y lo que es razonable para una familia no deja de serlo para un “reino”.

Supongo que el Canciller querrá seguir a quienes han desafiado estas teorías, aceptadas por el 95% de los economistas según encuestas entre ellos. No hace mucho, George Mankiw, director del Departamento de Economía de Harvard, volvía a hacer referencia a esto señalando que “pocas proposiciones logran tanto consenso entre los economistas profesionales como que el comercio global abierto incrementa el crecimiento económico y los estándares de vida”.

Los países que se han abierto al comercio internacional han mejorado consistentemente su nivel de ingresos y diversificado su comercio internacional. Así, por ejemplo, los dos países con menores barreras al comercio son Singapur y Hong Kong. En el primer caso el ingreso per cápita era de 3.503 dólares en 1960, según el Banco Mundial, y ahora es $ 58.247; para Hong Kong de $3.380 a $38.781 en el mismo lapso.

Son muy distintos a Argentina, se dirá. Veamos uno un poco más parecido en cuanto a recursos, Nueva Zelanda, que está en el tercer lugar como economía más abierta. Pasó de $20.973 en 1970, cuando decidió abrir su economía, a $37.797 ahora. Australia es mucho más parecido a nosotros en cuanto a recursos disponibles, se encuentra en el puesto 17° y su ingreso per cápita pasó de $19.378 en 1960 a $ 56.842 ahora. Canadá también tiene recursos parecidos, y está en el puesto 10° de apertura comercial y con un cambio de $16.449 en 1960 a $51.391 ahora. Mientras tanto Argentina está en el puesto 71° de apertura comercial y nuestro ingreso ha crecido de $5.642 en 1960 a $10.043 en 2018.

Nótese que en el caso del país más abierto, Singapur, el ingreso per cápita se multiplicó 16,6 veces; en Hong Kong 11,4 veces; en Australia 2,93 veces; en Canadá 3,12 veces, mientras que en Argentina creció 1,78 veces en el mismo período.

Si queremos tomar algunos ejemplos más cercanos, Chile pasó de un ingreso per cápita de $4.465 en 1983 cuando comenzó a abrir su economía, a $15.130 en 2018, unas 3,38 veces. Como siempre se dirá que fue una dictadura aunque el proceso continuó y se aceleró en gobiernos posteriores. Si no es ese podemos ver el caso de Perú, que inició sus reformas en los 90s, es el primero en la región en cuanto a apertura comercial y vio crecer su ingreso de $2.589 en 1992 a $6.453 en 2018, 2,49 veces en 25 años.

¿Podrán destacarse estos resultados como los “beneficios” que el Canciller dice nadie puede mostrar? No hay ninguna ideología acá, lo que hay es teoría confirmada por los hechos. Ideología puede ser la del Canciller, que le impide ver los resultados.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Publicado en Infobae, 7 de mayo de 2020.

El dilema moral del virus corona

Supongamos que usted tiene escondida a Ana Frank y su familia en el fondo de su casa y, de pronto, golpea la puerta un oficial de la Gestapo preguntando si hay judíos allí, ya que entienden que se han escondido en algunas casas de Amsterdam. ¿Usted qué hace?­

Éste es un ejercicio típico de cursos introductorios de ética en el cual se confrontan dos de las principales escuelas desde fines del siglo XVIII: por un lado la deontológica, asociada con Immanuel Kant, según la cual uno debe regirse por el principio que quisiera fuera una ley universal, es decir, que todos cumplieran, sin importar las consecuencias; por otro, la consecuencialista, asociada con Jeremy Bentham (aunque éste también usaba el término deontología), que precisamente señala que hay que tenerlas en cuenta, y en la que encontramos dos tipos, el consecuencialismo, o utilitarismo, de actos, y el de reglas. En el primer caso, una acción es buena si los beneficios superan a los costos; según el segundo no hay que tomar en cuenta acción por acción sino aquella norma o regla de conducta que genere más beneficios que costos.­

En el caso de Ana Frank, si usted es consecuencialista va a evaluar la situación, pero no es sencillo definir beneficios y costos: ¿para quién? ¿sólo para mí o para los Frank también? ¿para todos los judíos escondidos en Amsterdam? Y si usted es deontológico se encuentra con el difícil problema de evaluar dos principios valiosos. Por ejemplo, en este caso el valor más importante parece ser el de proteger la vida; pero también hay otro en juego que es la verdad, no mentir.­

¿Cómo elijo entre uno u otro? ¿Acaso no estaré tomando en cuenta las consecuencias de elegir proteger la vida o proteger la verdad? Entonces resulta que el deontológico termina arrinconado en las consecuencias, que inicialmente dejaba de lado. Y puede que el consecuencialista se guíe por un principio universal para evaluar cuáles son las a tener en cuenta.­

En fin, no se trata de resolver una discusión que lleva más de doscientos años y varias bibliotecas enteras, pero algo de esto parece que nos está pasando en estos tiempos de pandemia. Una gran mayoría parece estar pensando en términos deontológicos: el primer deber es proteger la vida. Por esa razón acepta todo tipo de medidas que restringen su libertad: cuarentena, aislamiento, prohibición de traslados, de viajes, de concurrir a trabajar, a eventos, etc. Todos muy kantianos, cumpliendo con el deber.­

Pero, a medida que pasan los días, las consecuencias comienzan a crecer en la consideración de muchos: no se produce, no se factura, no se pueden pagar sueldos, comenzarán a reducirse los stocks y a originarse faltantes. Y esto que empieza de a poco crecerá, tal vez no tan rápido como la misma pandemia, pero todos sabemos que lo hará. Pasa que inicialmente pensamos que no era lo importante. Y a medida que crezca nos planteará el dilema: ¿debemos seguir cumpliendo con el principio, sin importar las consecuencias? Cuidado, si no producimos nada puede haber otras muertes. ¿Qué pasaría con el apoyo a la cuarentena si las muertes, digamos, por hambre, o por la falta de otros insumos médicos, porque una enfermera no puede ir a cuidar a una señora mayor a la noche o por tantas otras cosas, superan en algún punto a las muertes por la enfermedad?­

Tal vez en ese punto, el kantiano podrá decir que proteger la vida es producir, es evitar todas esas muertes; y el consecuencialista, con otros fundamentos, podrá decir lo mismo, son mayores los beneficios de producir que sus costos.­

Por uno u otro lado, el sentido común será el consenso que se vaya generando para relajar la cuarentena y volver a trabajar. Pero volver a trabajar en serio. Sin barreras para los que quieren producir, y sin dádivas para los que no quieren. Lo cierto es que en ambos casos nos encontramos con una difícil decisión: entre un principio u otro; entre una consecuencia u otra. No tengo una respuesta. Simplemente un consejo para quien es deontológico: que mire las consecuencias: y para quien es consecuencialista: que ordene sus costos y beneficios según algún principio. Es como saltar la brecha: ¿le suena conocido?

Publicado originalmente en La Prensa, 14 de abril de 2020.

Por qué somos tan débiles frente al coronavirus

Hay una grieta conceptual por la que, en cada tema nuevo que aparece ante la opinión pública, se desata el debate acerca del papel del Estado y el del mercado, tanto sea en su origen como en su posible solución. Eso ocurre también con el coronavirus. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Puede el mercado resolver semejante problema?

Desde el punto de vista teórico eso ha sido discutido muchas veces, pero dado el dramatismo del tema, veamos ahora el problema desde una perspectiva práctica. Lo cierto es que existe una estructura de “salud pública” y en tal caso es mejor que haga algo, y que lo haga bien. Por cierto que no es mucho lo que puede hacer al respecto antes de caer en medidas drásticas y compulsivas, que es lo que distingue a toda acción estatal.

Puede aconsejar, sugerir ciertas conductas, pero esto es algo que el mercado ya está haciendo en forma relativamente efectiva. Y cuando hablo del “mercado” en verdad me refiero a todo tipo de acciones voluntarias, tanto sea de personas como de organizaciones. Esta división se sigue de la tradicional definición que la ciencia política da sobre el Estado: es aquella agencia que detenta el monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Ningún otro que no sea el Estado puede usarla y si lo hace es un criminal o delincuente y el Estado lo perseguirá.

Esas acciones voluntarias se han generalizado: las personas cancelan viajes y reuniones, se vacunan contra la gripe por las dudas, compran más alcohol en gel o barbijos; las empresas cancelan viajes de su personal, aumentan el número y las horas de sus empleados que trabajan en casa, se preparan para que muchos más lo hagan; las universidades postergan sus clases o las dictan online, y muchos casos más. Los medios informan (a veces asustan) y se transmite información al instante de la situación que permite saber dónde ir o no o cómo prepararse.

Las empresas más vinculadas con la salud hacen más cosas todavía: se preparan para un aumento exponencial de la demanda de ciertos productos, los seguros de salud para una avalancha de pacientes (recordemos que cada paciente es un costo para ellas así que harán todo lo posible para que haya menos afectados por el virus) y los laboratorios se lanzan en una carrera veloz para ver quién desarrolla una vacuna o algo para hacer frente al virus. Todas están invirtiendo para lo que se viene.

Nada de esto es coordinado por nadie en particular, un ejemplo más de aquella famosa metáfora de la “mano invisible”, un proceso de transmisión de información e incentivos que va enviando señales a todas las personas y organizaciones respecto a lo que hay que hacer y así coordinar las acciones de cada uno.

¿Y el Estado? Por un lado tiene un arma tan poderosa como peligrosa, esto es, el poder. Puede cancelar vuelos, o imponer cuarentenas o aislar zonas completas. No puedo decir si eso es necesario o no, pero sí que muchas veces los incentivos de la política terminan generando más problemas que soluciones. Ante una situación como esta, el político tiene que mostrar que hace algo. Dentro de todo, tuvimos suerte en que la epidemia llegó después de las elecciones; si hubiera llegado antes hubiéramos visto todo tipo de exageraciones y oportunismo político.

Como dicen quienes más saben, el principal problema que va a enfrentar el Estado es el posible colapso de la estructura de salud pública. Claro, como ocurre con el sector privado, no podemos exigirle que tenga una apropiada a la circunstancia de la noche a la mañana.

Pero esto debería hacernos pensar, hacia adelante, acerca de la estructura estatal que realmente queremos. Si ahora alguien planteara que el Estado debería tener una estructura de hospitales y servicios de salud preparada para estas circunstancias, digamos con stocks de productos y remedios para hacer frente a catástrofes, con equipamientos modernos, tal vez uno podría señalar que al Estado no le sobran recursos, que tiene un alto déficit y que está al borde del default de su deuda.

Precisamente, como los recursos son escasos, deberíamos preguntarnos si en lugar de dicho gasto queremos tener, por ejemplo, un astillero estatal que no produce barcos, una fábrica militar que provee casi nada a las fuerzas armadas, un canal de televisión que muy pocos ven, una mina de carbón o una aerolínea que pierden dinero todo el tiempo. Cantidad de empleados públicos y asesores de diputados o senadores, embajadas donde no hacen falta, maestros con todo tipo de licencias, estudiantes universitarios que deambulan por las aulas y nunca se reciben, subsidios por aquí y subsidios por allá.

Ahí están las razones de que la estructura de salud pública esté amenazada con colapsar y que muchos argentinos se puedan ver afectados, e incluso morir. Por eso somos “débiles” frente al coronavirus.

Publicado en diario El Argentino, Gualeguaychú, 19 de marzo de 2020.

El autor es profesor de Economía en la UBA y UCEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso

Economía del conocimiento: otra vez el juego de la perinola

¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si con cada cambio de gobierno (o de ministro) modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro; resultados que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.

Los gustos de los consumidores pueden cambiar (piense si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas) y pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculos económicos sobre la base de un valor relativamente previsible por varios años.

Por último, para invertir mínimamente hay que conocer cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución que tendrían los salarios, los costos de la mano de obra, la posibilidad de acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables.

Y también recursos. Pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza, sino con la capacidad, la educación, la iniciativa, la empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.

Nos hemos cansado de escuchar que la Argentina tiene muchos de esos recursos y, últimamente, que también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera (o se esperaba) que estas industrias alcanzaran a ser el segundo o el tercer rubro de exportación, detrás de los productos del agro.

Unanimidad y consenso

El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que fue votada por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente, eso refleja un elevado grado de consenso y puede ser tomado como una señal de estabilidad en las reglas de juego, para que los inversores se animen a desplegar todos sus proyectos.

En nuestro caso, sin embargo, eso no es así. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación. Y ya se anuncian importantes cambios que modificarán el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la “estabilidad” duró unos pocos meses.

¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso, o que se refiere a otra cosa. Ahora, el Congreso va a reformar la ley y probablemente también lo haga con unanimidad. ¿Quién se anima a votar “contra” la tecnología, el progreso, la innovación? Todo eso es “políticamente correcto” en estos tiempos.

Pero es una “unanimidad” que no genera seguridad. Refleja que el único consenso que existe es el que dice: yo ayer te apoyé cuando beneficiaste a A, B y C; ahora ustedes me apoyan cuando yo beneficio a X, Y y Z. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos (“entraban hasta cervecerías artesanales“); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego. El consenso es sobre la calesita.

El Gobierno y la oposición son responsables, porque disfrazan de “políticas de Estado” la delegación de funciones al Poder Ejecutivo, y el acuerdo por el cual ayer repartí yo, hoy te toca a vos. En medio de todo eso, la confianza para las inversiones cae, o más bien se acorta a invertir en lo que se espera que dure el presente “consenso”, hasta que llegue el próximo.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Argentina) el 17 de febrero de 2020.

¿Después del Brexit, el Argxit?

El presidente Alberto Fernández realizó una serie de visitas en Europa en las que el principal tema económico considerado fue el apoyo de esos países en el proceso de renegociación de la deuda con el FMI. No hubo mención al tema del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, pero antes del viaje se había dicho que estaría en la agenda, en particular en la reunión entre Fernández y Macron, ya que ambos estarían descontentos con el acuerdo alcanzado el año pasado y favorecerían una renegociación.

La palabra “renegociación” suena a postergación indefinida, ya que, si tomamos en cuenta los 20 años requeridos para llegar al acuerdo y los que tomaría su aprobación por todos los parlamentos de los países firmantes, si además le agregamos una nueva negociación más vale que nos olvidemos del asunto.

Si no avanza una renegociación, Argentina puede quedar aislada, ya que el año pasado se aprobó que los países del Mercosur podrían aprobar el acuerdo bilateralmente, y Brasil, Paraguay y Uruguay han manifestado su voluntad de hacerlo. Si eso ocurriera sería como si Argentina se fuera del Mercosur, una especie de Argxit, pero, a diferencia de la salida de Reino Unido de la UE, no por voluntad del que se va, sino porque los que se van son los otros.

Una situación como esa, en la que el Mercosur pasara a ser un adorno para Argentina, no sería para lamentar si el país avanzara en el camino que parece seguir el Reino Unido con Boris Johnson. En una reciente conferencia en Greenwich, Johnson celebró las ideas de Adam Smith, señalando que el país debía ahora abrirse a todo el mundo. Si quedarse sola llevara a la Argentina a una posición similar sería un gran avance, ya que somos uno de los países más cerrados del planeta.

En estos días se ha dado a conocer la primera edición del Índice Internacional sobre Barreras al Comercio, producido por la Property Rights Alliance, que también elabora un índice internacional sobre la protección de los derechos de propiedad.

Este índice evalúa las restricciones al comercio en 86 países, que representan el 83% de la población mundial, el 91% de todos los bienes y servicios intercambiados y el 94% del PBI global. Toma en cuenta las barreras arancelarias, no arancelarias y a los servicios. Tiene un cuarto componente, la “facilitación” del comercio, que incluye aspectos tales como la protección de la propiedad. Argentina se encuentra en el puesto 71° de 86 países. Singapur y Hong Kong ocupan los dos primeros, y Suecia está 5°. Pese a que todos somos parte del Mercosur, Paraguay está 53°, Uruguay 56° y Brasil, peor que nosotros, 77°. Claro que si estos países firman el acuerdo con la UE avanzarán varias posiciones y probablemente nos dejen al final de la lista.

El tratado con la UE no iba a garantizar el libre comercio para los argentinos. Lo importante del tratado eran las limitaciones institucionales que podía introducir. En un país donde los límites al poder son débiles o inexistentes, un acuerdo como éste podía introducir límites a la discriminación económica desde el poder, que no somos capaces de darnos nosotros. Los lobbies dictan la política comercial y muchas de las políticas sectoriales, pero con el tratado esto podría haberse reducido. No va a ser una apertura el comercio internacional, pero sería una excelente forma de empoderar a los argentinos y dejarlos usar su bien ganado dinero en aquello que estimen más conveniente y de poner límites al uso del poder en favor de los privilegiados.

Este artículo fue publicado originalmente en Clarín (Argentina) el 21 de febrero de 2020.

Cambió la frase de Alberdi: gobernar es desregular

Han pasado ya tres meses desde la inauguración de los mandatos de algunos gobernadores y de nuevas legislaturas provinciales. No parece que se caigan muchas ideas. Lo que hemos visto es lo de siempre: más impuestos, abandonar compromisos para reducir el aumento del gasto o impuestos, otro tipo de gasto social, nuevos programas. Para los sectores productivos y/o para los contribuyentes, poco o nada, o más cargas.

Por si no se les ocurre qué hacer, siempre es bueno mirar qué pasa en algún otro lado. Sugiero Idaho, ese estado perdido en las laderas de las montañas Rocallosas del que tal vez ni los norteamericanos hablan.

Resulta que tiene una legislación particular, que obliga a su legislatura a aprobar cada año todo el código regulatorio del estado, o cae automáticamente. Curiosamente, eso es lo que ocurrió el 11 de abril de 2019. Tal vez por rencillas políticas en la legislatura, lo cierto es que no se aprobó esa renovación y todas dejaban de estar vigentes el 1 de julio de ese año. Estamos hablando de 8.200 páginas de regulaciones.

El gobernador, Brad Little, tenía ya un proyecto para reducir las regulaciones pero, de pronto, se encontró con esto. Lo primero que hizo fue pedir a todas las agencias del estado que tenían que presentar ante la División de Administración Financiera todas las regulaciones que querían mantener vigentes, antes del 10 de mayo, para que, en todo caso, las aprobara temporalmente. En enero de ese año el gobernador había aprobado dos decretos estableciendo que toda agencia que aprobara una nueva norma, tenía que derogar otras dos, algo que también aplicó Trump a nivel nacional y Macron en Francia.

El 21 de mayo el gobernador Little presentó su propuesta, por la que se eliminaban 139 capítulos completos y 79 parcialmente, el 34% de las regulaciones vigentes. Se abrió al comentario público hasta el 11 de junio. Las regulaciones aprobadas se publicaron el 19 de junio tras lo cual había otros 21 días de comentarios. El 19 de julio, Little propuso simplificar el 60% de las regulaciones hacia fines del 2019, buscando eliminar más que reformar normas.

Ahora, el 16 de enero de 2020, firmó dos decretos más. Uno se titula “Regulación base cero”, que crea un proceso de revisión del 20% de las normas cada año. El segundo se llama “Transparencia en Documentos para la Guía”, por los cuales las agencias tienen que explicar las normas en un lenguaje que sea comprensible para todos. También se aprobó una moratoria de nuevas normas para todo 2020, es decir no se dictarán nuevas. Como resultado de este proceso, Idaho redujo y simplificó un 75% de sus normas, unas 1800 páginas de regulaciones menos. El senador Hill calificó al estado como un “acumulador compulsivo” de normas y regulaciones.

Nada de esto parece estar en la mente de ninguno de los gobernadores, ni de los legisladores provinciales, más bien lo contrario. De todas formas, la experiencia plantea una discusión interesante: ¿es una cuestión de la cantidad de normas?

A veces una sola es mucho más destructiva que cientos de páginas de otras. Una resolución del Banco Central genera mayor descalabro económico que cuarenta leyes aprobadas en el Congreso, y cuyas resoluciones suelen ser para aprobar el día de la inmortalidad del cangrejo o cosas por el estilo. De todas formas, parece que no es lo mismo mil páginas del Boletín Oficial que una o diez.

Al respecto, Julio H. G. Olivera, un economista respetado por muchos, escribió un artículo muy interesante sobre este tema “El principio de Gossen y la estabilidad jurídica” donde plantea que, si hay un “punto de equilibrio” entre la demanda y la oferta de regulaciones, el estado debería pecar, digamos, hacia abajo. Porque si la “oferta” de regulaciones excede a su demanda, lo que tenemos son mercados negros, tal como lo vemos hoy en el mercado laboral, cambiario y tantos otros. Pero si es la “demanda” de regulaciones la que excede a la oferta, el mercado cierra esa brecha a través de contratos entre las partes. Idaho va por ese camino, nosotros por el otro. Si se trata de atraer inversiones y reactivar la economía, el resultado estará muy pronto a la vista.

Este artículo fue publicado originalmente en Ámbito (Argentina) el 28 de febrero de 2020.

¿Científicos, CEOs o políticos?

Los discursos presidenciales para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso suelen ser considerados por las estrategias que se presenten, las medidas que se anuncien y también por los conceptos expresados. Estos pueden ser más importantes que los anteriores porque reflejan una visión de la realidad que, seguramente, influirá en el diseño de estrategias y en el anuncio de medidas. 

En realidad, los dos tienen conocimiento, aunque sea de diferente naturaleza, pero el problema respecto al conocimiento no es el que tenga un CEO a diferencia de un científico, sino el que tienen los políticos en relación a los votantes. 

Durante la segunda mitad del siglo XX autores como Anthony Downs, James Buchanan (Nobel 1986) y Gordon Tullock desarrollaron toda un área de la teoría económica que denominaron public choice, o elección pública, a diferencia de las elecciones que hacemos en el mercado, que solemos traducir como análisis económico de la política. Una de las primeras cosas que destacaron fue la diferencia de incentivos que tienen los políticos, los funcionarios y los votantes.

Bryan Caplan, autor del libro El mito del votante racional, ha señalado que en encuestas realizadas desde la década de 1940 una mayoría ha sido incapaz de nombrar uno de los poderes del Estado, definir los términos “liberal” o “conservador” o explicar qué es la Bill of Rights (Carta de Derechos). Más de dos tercios desconocen el contenido del fallo Roe vs. Wade, que permitió el aborto, y no saben lo que es la Food and Drug Administration, que regula tanto medicamentos como alimentos. Casi la mitad desconoce que allí cada estado tiene dos senadores y tres cuartos desconocen cuántos años de mandato tienen. Cuarenta porciento no puede nombrar a uno de sus senadores. Y estamos hablando de la democracia más antigua con más de 200 años ininterrumpidos de elecciones. 

¿Por qué los votantes son tan ignorantes? Según los primeros autores es racional que así sean, porque su voto no decide el resultado de una elección. Cuando uno va a un supermercado, lo que elige es lo que se lleva, pero cuando uno vota, puede llevarse todo lo contrario. Los que votaron a Macri recibieron en cambio a Fernández. Como el vínculo entre la decisión que se toma y el resultado que se obtiene es muy débil (mi voto a presidente es uno entre muchos millones), para qué dedicar mucho tiempo y esfuerzo a estar informado. 

A diferencia de los votantes, los políticos tienen un fuerte incentivo para estar informados, porque de ello bien depende su éxito o fracaso en la profesión. Tienen que saber muy bien el impacto de una determinada medida en sus votantes y, sobre todo, a quienes éstos pueden adjudicar tanto el éxito como el fracaso. Esa combinación de votantes desinformados y políticos informados no necesariamente da buenos resultados. 

Toda la existencia del lobby tiene que ver con eso. Pues, preguntémonos: ¿cómo es que, en una democracia, donde gobierna una mayoría, se aprueban medidas que benefician ostensiblemente a unos pocos, a costa de todos los demás? Pues la respuesta es que esos pocos tienen fuertes incentivos para estar informados mientras que el resto no. Supongamos que ahora la importación de un determinado producto requiere una licencia de importación muy restrictiva. El fabricante local de ese producto está muy al tanto de esa norma, la busca en el Boletín Oficial y festeja el día que se publica. El resto ni se entera, ya que incluso está redactada de forma tal que es muy difícil de entender. El político conoce esto y sabe que puede beneficiar a ese productor, o a ese sector, sin mayor costo político porque los votantes están, digamos, distraídos. El lobby florece.

La conclusión normativa de autores como Buchanan y Tullock es que difícilmente haya un sistema perfecto. Por eso la recomendación es que el poder esté lo más descentralizado posible, pues es más fácil para un votante estar al tanto de lo que pasa en el barrio que lo que hace el Banco Central, o mudarse de un municipio a otro, y que el uso del poder se restrinja lo máximo posible, sea para CEOs o para científicos, y sobre todo para políticos.

Este artículo fue publicado originalmente en Infobae (Argentina) el 5 de marzo de 2020.

Soluciones “voluntarias”, o comunitarias a supuestas “fallas de mercado”. Provisión privada de bienes públicos

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la material Economía e Instituciones, vemos la provisión voluntaria de bienes públicos, del capítulo “Soluciones Institucionales”:

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .

Demsetz y Hayek sobre el origen de la propiedad: incentivos, evolución e historia de una institución fundamental

Con los alumnos de Economía e Instituciones en OMMA Madrid vemos dos artículos sobre la institución social más importante: el derecho de propiedad. El primero presenta una teoría económica para explicar el origen y la utilidad del DP, por Harold Demsetz. El segundo es de Hayek, un capítulo de su libro “La Arrogancia Fatal”. Algunos párrafos:

“Nadie que valore la sociedad civilizada osará recusar la propiedad plural. La historia de una y otra están íntimamente ligadas. Henry Sumner Maine

La propiedad…, por lo tanto, es intrínsecamente inseparable de la economía humana en su modalidad social. Carl Menger

El hombre está capacitado para disfrutar de las libertades civiles en la misma medida en que esté dispuesto a contener sus apetitos, sometiéndolos a algún condicionamiento moral; lo está en la medida en que su amor por la justicia prevalece sobre su rapacidad. Edmund Burke

Hayek

La libertad y el orden extenso

Establecido que, en definitiva, fueron la moral y la tradición —más que la inteligencia y la razón calculadora— las que permitieron al hombre superar su inicial estado de salvajismo, parece razonable también situar el punto de partida del proceso civilizador en las regiones costeras de Mediterráneo. Las posibilidades facilitadas por el comercio a larga distancia otorgaron ventaja relativa a aquellas comunidades que se avinieron a conceder a sus miembros la libertad de hacer uso de la información personal sobre aquellas otras en las que era el conocimiento disponible a nivel colectivo o, a lo sumo, el que se encontraba en poder de su gobernante de turno el que determinaba las actuaciones de todos. Fue, al parecer, en la región mediterránea donde por primera vez el ser humano se avino a respetar ciertos dominios privados cuya gestión se dejó a la responsabilidad del correspondiente propietario, lo que permitió establecer entre las diferentes comunidades una densa malla de relaciones comerciales. Surgió la misma al margen de los particulares criterios o veleidades de los jefes locales, al no resultar posible entonces controlar eficazmente el tráfico marítimo. Cabe recurrir a la autoridad de un respetado investigador (al que ciertamente no se puede tildar de proclive al mercado) que se ha expresado en los siguientes términos:

“El mundo greco-romano fue esencial y característicamente un mundo de propiedad privada, tratárase de unos pocos acres o del las inmensas posesiones de los emperadores y senadores romanos; era un mundo dedicado al comercio y a la manufactura privados” (Finley, 1973:29).

Tal orden, basado en la integración de muchos esfuerzos orientados al logro de una pluralidad de metas individuales, sólo devino posible sobre la base de eso que yo prefiero denominar propiedad plural, expresión acuñada por H. S. Maine y que considero más adecuada que la de “propiedad privada”. Si aquélla constituye la base de toda civilización desarrollada, correspondió en su día, al parecer, a la Grecia clásica el mérito de haber por vez primera advertido que es también intrínsecamente inseparable de la libertad individual. Los redactores de la Constitución de la antigua Creta “daban por sentado que la libertad es la más importante aportación que el Estado puede ofrecer; y precisamente por ello, y por ninguna otra razón, establecieron que las cosas perteneciesen indubitablemente a quienes las adquirieran. Por el contrario, en los regímenes en los que prevalece la esclavitud todo pertenece a los gobernantes” (Estrabón, 10, 4, 16).”