¿Debe un gobierno tener un banco propio?

Explico el tema para los lectores que no conocen la situación particular. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al igual que el gobierno nacional, posee un banco propio. En algunas provincias estos fueron privatizados en los años 90, no así en este caso.

El Banco de la Ciudad recibe ahora todos los depósitos judiciales, es decir, todos los que alguna de las partes de un juicio debe hacer como parte de éste. Como el gobierno nacional está enfrentado políticamente con el gobierno de la ciudad, un legislador ha presentado un proyecto de ley para que quitarle esos fondos y que pasen el banco del estado nacional. El motivo político es obvio, pero ¿cuál es la defensa del gobierno de la ciudad?

En esta columna: http://www.lanacion.com.ar/1491275-los-cuatro-absurdos-de-la-ley-conti, el presidente del Banco, un impecable economista con profunda formación neoclásica defiende la situación actual

Bien, ¿cuáles son sus argumentos en defensa de un banco estatal? Uno esperaría argumentos tales como «fallas de mercado» pero, claro, estos son argumentos opacos para un artículo periodístico, pero podrían presentarse al lector común como «servicios que brinda un banco público que no brinda la banca privada», por ejemplo.

Sin embargo el artículo menciona dos fundamentales servicios que estaría brindando el banco con esos fondos: préstamos hipotecarios y préstamos a actividades productivas (!?!?!). Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Acaso los bancos privados no dan créditos hipotecarios y a las actividades productivas?

Si no dan los primeros se debe a la ausencia de moneda y, por ende, de ahorro a largo plazo. En Panamá, por ejemplo, los  bancos privados dan créditos inmobiliarios a 30 años de plazo. Y si no hay moneda es porque el estado la ha destruido. En cuanto a préstamos a la actividad productiva, ni hablar.

¿Cuáles podrían ser argumentos económicos «neoclásicos» para justificar este banco? Tal vez a los lectores se les ocurran algunos.

Si no los encuentran entonces tal vez podría lanzarse una propuesta osadamente «austriaca» y políticamente incorrecta que les haría perder gran cantidad de votos, por supuesto, pero que al menos sería clara: si no hay razones que lo justifiquen, aprovechen esta «agresión» del gobierno nacional y cierren el banco. Algo así: «si nos sacan los depósitos el banco va a tener que cerrar, es su culpa, etc».

O más posible políticamente: venderlo, o regalárselo a todos los ciudadanos que ahora recibirían una acción del banco y harían con ella lo que les plazca. ¿sería algo así tan «políticamente» difícil e incorrecto? El argumento es que si el banco pertenece a los ciudadanos de la ciudad, entonces lo mejor es que ellos reciban acciones, nombren en asamblea un directorio y hagan lo que quieran con su propiedad.

Va otro tema nuevo en el libro. Forma parte de un capítulo sobre el cambio institucional. Se me ocurrió que existe la inversa de la ley que planteara Mancur Olson de «beneficios concentrados, costos dispersos», que promueve y explica el éxito de las actividades de lobby. La contracara «costos concentrados, beneficios dispersos», ocurre cuando algún gobierno quiere tocar algún privilegio ya obtenido por algún interés sectorial.

«Resistencia al cambio

                 Cuando analizamos los problemas de incentivos e información que hacen posible el éxito de las iniciativas de los lobbies, señalamos que el problema se debe a que los beneficios están concentrados y los costos dispersos. Esto hace que aquellos que esperan recibir un privilegio estén, en primer lugar, muy bien informados del tema en cuestión y de los procedimientos para obtenerlo mientras que el votante en general está poco motivado para estarlo. El primero tiene un incentivo fuerte ya que el privilegio suele ser económicamente muy rentable, el segundo enfrenta un costo relativamente menor cuando se analiza un privilegio en forma separada, aunque, por supuesto, luego tenga que cargar con el alto costo del conjunto de privilegios que cada grupo de interés ha conseguido.

Esta “ley” económica se revierte en el caso de que se promueva un cambio para eliminar o reducir esos privilegios. En este caso los costos pasan a estar concentrados y los beneficios dispersos, lo que explica el alto grado de interés y movilización del sector afectado ante la posibilidad de que este cambio se produzca y una mayor pasividad del lado de los potenciales favorecidos.

Pongamos un ejemplo. En muchos países los maestros del sector público han obtenido una serie de privilegios entre los cuales se encuentra la posibilidad de solicitar distinto tipo de licencias lo que lleva en muchos casos que muchos de ellos no estén trabajando sino haciendo uso de alguna de ellas por lo que terminan siendo necesarios varios maestros para un mismo cargo. Si un gobierno quiere reducir o eliminar estos privilegios que no existen en otros empleos se enfrentará con la fuerte resistencia de los maestros quienes, por ser afectados directamente, estarán muy informados del tema y dispuestos a resistir toda reforma. Los votantes en general, quienes se verían favorecidos por un sistema educativo más eficiente y menos costoso, lo que redundaría en mejor educación para sus hijos y menor carga impositiva en general, tienen una motivación más débil para estar informados y, al mismo tiempo, un menor incentivo como para salir en apoyo del cambio propuesto.

Esto explica por qué los “intereses creados” suelen estar muy activos impidiendo muchos cambios. El ejemplo es, además, uno entre muchos, y tal vez no el más simpático, pero lo mismo ocurre con empresarios que ven amenazada la protección contra las importaciones, los legisladores que resisten perder o reducir sus jubilaciones de privilegio y tantos otros. Como el estado se ha convertido en la gran piñata de la cual todos han buscado obtener su propio privilegio, entonces siempre hay grupos de interés dispuestos a resistir un cambio que los afecte. Como se mencionar antes en relación al papel de las crisis, solamente en una situación de crisis esta resistencia se reduce porque en tales circunstancias ya no hay ni con qué pagar esos privilegios y queda, entonces, poco por defender.»

Estimados,

Finalmente voy a estar participando mucho más de este blog. La U. Marroquín me va a publicar un libro como e-book, que iré ampliando y modificando en forma permamente. Aquí iré poniendo los agregados y trataré de explicar porqué.

Empiezo con uno. La semana pasada me plantearon una pregunta sobre el poll tax. Decidí incorporar unos párrafos en la sección sobre «Limitaciones al poder», porque me interesa desde esa perspectiva, no ya la de cuál sería un mejor impuesto.

Van los párrafos y agradezco comentarios y sugerencias:

«Algunos autores proponen un impuesto per cápita, conocido como “poll tax”, con el argumento que al recaer la carga fiscal en todos los ciudadanos, entonces estarán estos más atentos a los gastos que  asume el estado, y estarían más dispuestos a limitarlo. La lógica detrás de este tipo de impuesto es que todos recibimos algo del estado y tenemos que contribuir a su sostén, pero como en los sistemas impositivos modernos los impuestos son progresivos (más alta tasa a medida que los ingresos son mayores) con exenciones por debajo de cierto límite, esto hace que los sectores más pobres no paguen impuestos y promuevan con su voto un gasto público más elevado, del cual no se van a tener que hacer cargo.

El impuesto de “capitación” tiene una larga historia y fue aplicado durante mucho tiempo por muy distintos gobiernos. El último intento fue el “Impuesto Comunitario” implementado por el gobierno liderado por Margaret Thatcher en el Reino Unido, un impuesto aplicado a nivel local, que generó masivas protestas y fue dejado de lado por el gobierno sucesor.

Si bien es probable que al pagar el impuesto quienes ahora no lo hacen puedan prestar más atención al volumen del gasto y del gobierno, por cierto que aún quienes están por debajo de los mínimos no imponibles establecidos, así y todo pagan impuestos indirectos, y como los más pobres consumen una proporción mayor de su ingreso terminan pagando proporcionalmente más. Pero claro, ya hemos señalado que este pago es tan “indirecto” que resulta poco visible como para generar en el consumidor un incentivo a estar informado sobre el destino del gasto y su volumen.

Por otra parte, si bien todos tenemos una carga para sostener al estado, podría argumentarse también que quienes tienen más “propiedades”, por ejemplo, terminan consumiendo más servicios públicos, seguridad por ejemplo, por lo que sería más razonable un impuesto proporcional al ingreso pero con la misma tasa para todos (flat tax). De todas formas, no queremos aquí señalar cuál sería el mejor sistema impositivo, si es que lo hay, sino considerar en qué medida un impuesto u otro actúa en forma tal que genera incentivos para controlar al poder.»