La teoría del Contrato Social como justificación de la existencia del estado: ¿el opio de los pueblos?

Con los alumnos de la materia “Public Choice” consideramos nada menos que la teoría que justifica la existencia del estado como resultado de un Contrato Social, teoría por todos conocida y, además, fundamento básico de autores centrales en esta escuela, como James Buchanan. Vemos para ello el artículo de Anthony de Jasay, “La antinomia del contractualismo”, donde analiza las nuevas justificaciones de esta teoría, basadas ahora en Teoría de los Juegos o de la decisión. Buchanan respetaba mucho a de Jasay, pero éste no ahorra críticas con la teoría. Algunos párrafos y conclusiones:

De Jasay

“¿Puede ser razonable querer que exista el estado? ¿O querer que no exista? Cada generación se ha preguntado, de manera siempre renovada y a menudo con cierto apasionamiento, por qué las sociedades necesitan el estado y, si lo necesitan, qué tipo de estado se ajusta a sus requerimientos. Tal vez es extraño que haya sido así, si se considera que las sociedades y los estados viven en gran manera como hermanos siameses, o por lo menos así los percibimos. Al respecto, es revelador el modo como usamos las dos palabras: una sociedad no podría ser plenamente madura y completa, ni merecería el nombre de sociedad, si no tuviera un estado propio. Probablemente es válido inferir que si, pese a todo, seguimos cuestionando la necesidad de la relación entre ambos y buscando justificaciones para ella, esto se debe a la incomodidad que sentimos ante dos de sus atributos que parecen ser antagónicos. Uno de ellos es el hecho de que nos obliga, a veces con mucha severidad, a hacer aquello que no haríamos por nuestra propia voluntad y a abstenernos de lo que sí haríamos gustosamente. Y no lo hace hasta un límite moral netamente demarcado, sino que no toma en cuenta la mayoría de nuestras posibles elecciones. Sobre todo, se queda con la mayor parte de los recursos que el individuo posee por haberlos ganado y los usa para fines que no son los que éste habría escogido por sí mismo; y lo hace así porque de otro modo la comunidad no estaría dispuesta a gastar su dinero de esa manera. El otro es que todo esto parece ser, aunque no sea demasiado claro el porqué, legítimo: el estado gravita sobre nosotros con nuestro consentimiento y no deberíamos desear, razonablemente, que fuese de otro modo.

Una y otra vez, las sucesivas versiones del contrato social han tratado de conciliar los términos de esta oposición, cuya aceptación en el caso del individuo equivale a una actitud masoquista y en lo que respecta a la coexistencia dentro del grupo es un dilema. Con todo, la incomodidad persiste y se renuevan permanentemente las explicaciones y justificaciones acerca del estado en formas cada vez más sofisticadas y elegantes; últimamente, la teoría del juego y de la decisión ha arrojado cierta luz sobre el tema.”

Y algo de sus conclusiones:

“Con todo lo dicho nos hemos referido a la mayor parte de lo que se necesita para reconocer nuestra propia capacidad, muy descuidada, desdeñada y desaprovechada, de evitar los dilemas sociales (no de “resolverlos”) mediante acuerdos obligatorios. Los arreglos racionales colectivos se pueden lograr, en el caso que valga la pena el esfuerzo, sin necesidad de estados ni de constituciones establecidas con la intención de obligarlos a que estén a nuestro servicio. Todo el orden social posee propiedades auto-correctivas que, como los músculos, se desarrollan con el uso y se atrofian con el desuso. En último análisis, le han sido impartidas por las propiedades auto-correctivas de la convención compleja que defiende la observancia de los contratos. Los estados son una imposición, a veces útil, a veces agobiante, siempre costosa, nunca legítima y nunca necesaria para la existencia de acuerdos obligatorios. Si lo fueran, resulta difícil concebir cómo podría ser creado el estado, “como si” fuera mediante un acuerdo, antes de que éste exista. Las teorías que al sostener su legitimidad quedan atrapadas con aparente facilidad en trampas lógicas de este tipo sólo pueden ser redimidas, si es posible que lo sean, por sus propiedades apaciguadoras, como si fuesen un opio secular para el pueblo.”

Las elecciones políticas determinan ganadores y perdedores: no ocurre lo mismo en el mercado

Con los alumnos de la materia Public Choice para el Master en Política Económica de SMC University, analizamos las similitudes y las diferencias entre las decisiones que tomamos en el mercado y en la política. Si bien, los autores fundacionales de esta escuela enfatizaron la existencia de “intercambios” tanto en un caso como en el otro, también comprendieron sus diferencias. Éstas las señala aquí Bruno Leoni, en un artículo titulado “El Proceso Electoral y el Proceso de Mercado”, (Libertas 27, Octubre 1997) publicado originalmente en Il Político, vol. XXV, N° 4 (1960). Reproducido como apéndice en Freedorn and The Law, Liberty Fund Inc., Indianapolis 1991:

“Si bien pueden existir muchas similitudes entre los votantes y los operadores de mercado, las acciones de ambos distan mucho de ser semejantes. Los votantes no parecen tener normas de procedimiento que les permitan actuar con la flexibilidad, independencia, coherencia y eficiencia que demuestran los operadores del mercado, que hacen elecciones individuales. Por cierto, en ambos casos las acciones que se llevan a cabo son individuales, pero se impone la conclusión de que el voto es un tipo de acción individual que, casi de modo inevitable, sufre cierto grado de distorsión al ser ejercida.

Elecciones

La legislación, considerada como resultado de la decisión colectiva de un grupo -sea la de todos los ciudadanos, como en las democracias directas de la antigüedad, o la de algunas pequeñas unidades democráticas en la edad media o en los tiempos modernos-, parece ser un proceso de creación de leyes que casi no puede ser identificado con el proceso de mercado. Únicamente los votantes que pertenecen a las mayorías triunfadoras (si, por ejemplo, se vota por la regla de la mayoría) son comparables a los operadores del mercado.

En cuanto a aquellos que integran las minorías perdedoras, ni siquiera pueden compararse con los que operan en el mercado en pequeña escala, porque debido a la divisibilidad de los bienes (que constituye el caso más frecuente) éstos al menos pueden encontrar algo que elegir y obtenerlo, siempre que paguen el precio correspondiente. La legislación es el resultado de una decisión de todo o nada. O se gana, y entonces se consigue exactamente lo que se desea, o se pierde y no se consigue nada en absoluto. Lo que es aun peor, se obtiene algo que no se quiere y se paga por ello lo mismo que si se lo hubiera deseado. En este sentido, los que ganan y los que pierden en una votación son como los vencedores y los vencidos en un campo de batalla. En efecto, la votación es más bien el símbolo de un combate que la reproducción de una operación de mercado.

Bien mirado, no hay nada de “racional” en el acto de votar que pueda compararse con la racionalidad imperante en el mercado. Obviamente, la votación puede estar precedida por argumentaciones y negociaciones, y en este sentido sería tan racional como una operación en el mercado; pero cuando llega el momento de emitir el voto, ya no se puede argumentar o negociar más. El individuo se encuentra en otro plano. Las boletas se acumulan como si se acumularan piedras o conchillas, lo que implica que uno no gana porque tenga más razón que otros, sino sólo porque cuenta con más boletas. En esta operación no se tienen socios ni interlocutores, sólo aliados o enemigos. Por supuesto que la acción de un individuo puede ser considerada tan racional como las de sus aliados y las de sus enemigos, pero el resultado final no es algo que pueda explicarse sencillamente como un escrutinio o una combinación de sus razones y las de aquellos que votaron en su contra. Este aspecto de la votación se refleja naturalmente en el lenguaje que emplean los políticos: éstos hablan de muy buena gana de campañas que se deben emprender, de batallas que es preciso ganar, de enemigos contra los cuales hay que luchar.

Ése no es el lenguaje del mercado, y la razón es obvia: en el mercado la oferta y la demanda no sólo son compatibles sino complementarias; en la arena política, a la que pertenece la legislación, la elección de los ganadores por un lado y la de los perdedores por otro no son complementarias, ni siquiera compatibles. Es sorprendente comprobar cómo los teóricos y el ciudadano común pasan por alto esta consideración tan simple -más bien diría tan evidente- sobre la naturaleza de las decisiones grupales (y en particular sobre la votación, que es el procedimiento usual para tomarlas).

En un año electoral (Argentina, Guatemala, España), no está mal ver algo de “Elección Pública”

Con los alumnos de la materia “Public Choice”, de la Maestría en Política Económica del SMC comenzamos el análisis de esta disciplina con una presentación de su más importante autor, James Buchanan, quien explica el contenido de este “programa de investigación” en un artículo titulado “Elección Pública: Génesis y Desarrollo de un Programa de Investigación”, publicado en castellano en la Revista Asturiana de Economía RAE Nº 33, 2005. El tema vale la pena, no solamente para los alumnos sino en momentos de plena campaña electoral y proximidad de elecciones en varios países de habla hispana (Argentina, Guatemala, España, por ejemplo). Algunos párrafos:

Buchanan

“Mi subtítulo caracteriza a la elección pública como un programa de investigación en vez de como una disciplina o incluso como una subdisciplina (la definición lakatosiana parece que cuadra muy bien). Un programa de investigación exige aceptar un centro firme de supuestos que imponen límites al dominio de la investigación científica, a la vez que, simultáneamente, la protegen de críticas en esencia irrelevantes. El centro firme de la elección pública se puede resumir en tres supuestos: (1) individualismo metodológico, (2) elección racional, y (3) política-como-intercambio. Los dos primeros bloques de esta construcción científica son los que le dan forma a la economía más básica y generan pocas críticas desde el frente de los economistas, aunque sean centrales en los ataques de los no economistas a esta empresa en su conjunto. El tercer elemento del centro firme es menos familiar y lo trataré de una forma más completa posteriormente.

Desde una perspectiva cronológica, este programa de investigación se vincula a medio siglo, durante el cual se ha creado, desarrollado y madurado. Aunque hubo precursores, algunos de los cuales se incluirán en el relato que sigue, podemos fechar los orígenes de la elección pública a mediados del siglo XX. Y, en sí mismo, este hecho es de gran interés.

Visto retrospectivamente, desde la ventajosa posición de 2003, el “hueco” existente en la explicación científica para el que surgió la elección pública parecía ser tan grande que el desarrollo del programa da la impresión de haber sido inevitable.

Al salir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, incluso en las democracias occidentales, estaban asignando entre un tercio y un medio de su producto total a través de instituciones políticas de tipo colectivo en vez de a través de los mercados. A pesar de ello, los economistas estaban dedicando sus esfuerzos de manera casi exclusiva a explicaciones-interpretaciones del sector de mercado. No se le dedicaba atención a la toma de decisiones políticas de tipo colectivo. Los profesionales de la ciencia política no lo hacían mejor. No habían desarrollado bases explicativas, no contaban con teoría, por así decirlo, de las que se pudieran deducir hipótesis falsables en términos operativos.

Así pues, el sector politizado de las interacciones sociales estaba, en su conjunto, “pidiendo a gritos” modelos explicativos diseñados para contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observaba. Mi propia e insignificante primera aportación al tema (Buchanan, 1949) fue poco más que un llamamiento dirigido a aquellos economistas que estudiaban los impuestos y los gastos en el sentido de que prestaran alguna atención a los modelos de políticas que se suponía estaban vigentes. Y, con la excepción del importante, pero olvidado, trabajo de Howard Bowen (1943), incluso aquéllos que habían realizado las contribuciones seminales reconocidas no parecían apreciar el hecho de que estaban entrando en territorio desconocido.”

Captura regulatoria: la licencia de un taxi en Nueva York se vende por más de un millón de dólares

En el Cato Journal, Randall Holcombe, De Voe Moore Professor of Economics at Florida State University, analiza el concepto de captura regulatoria en lo que llama ‘capitalismo político’: http://www.cato.org/cato-journal/winter-2015

Así es como lo explica:

“Los buscadores de rentas son capaces de obtener políticas gubernamentales que transfieran rentas hacia ellos pero con el tiempo esas rentas se disipan porque se capitalizan en los activos requeridos para obtener dichas rentas. Un claro ejemplo son los ‘medallones’ o permisos requeridos para conducir un taxi en la ciudad de Nueva York. El número de ‘medallones’ es limitado, se ha creado una barrera de ingreso, generando ganancias por sobre lo normal. Los medallones pueden venderse, y quienquiera ingresar en el mercado debe comprarlo; se han vendido por más de un millón de dólares. Las ganancias transitorias se han capitalizado en el valor de los medallones, por lo que el precio de mercado de un medallón es igual al valor esperado presente de todas las futuras rentas que obtendrá el dueño del taxi porque la entrada se ha restringido. La trampa es que si se fuera a desarmar esta política y permitir el ingreso libre en el mercado, los propietarios actuales de medallones sufrirían una pérdida temporal de más de un millón de dólares por medallón, ya que ahora no tendrían ningún valor. El valor de las rentas futuras se capitaliza en el precio del medallón, por lo que los propietarios actuales no obtienen retornos mayores a los normales de la restricción al ingreso.

taxi NY

Este ejemplo puede generalizarse a cualquier programa de gobierno que cree rentas para un grupo a costa de otros. Los subsidios agrícolas, por ejemplo, transfieren dinero de contribuyentes a agricultores, aumentado su ingreso. Para obtener subsidios, los receptores tienen que poseer tierra, por lo que el valor del subsidio se capitaliza en el valor de la tierra agrícola. Si se quitaran los subsidios o cuotas, y otros programas bajaría el valor de la tierra, imponiendo en los propietarios una pérdida temporal.

El resultado es que aquellas firmas que han capturado a las agencias que las regulan, o que se benefician de programas gubernamentales que crean rentas, dependen de quienes controlan esos programas para su continua rentabilidad. Tullock da un ejemplo con la ahora inexistente Oficina de Aeronáutica Civil (CAB). La CAB, esencialmente cartelizó a la industria aérea asignando rutas y estableciendo las tarifas. Permitía a las aerolíneas expandir sus rutas solo si podían demostrar que necesitaban capacidad en esa ruta, y autorizaba a las aerolíneas a subir las tarifas, pero no a bajarlas. Esto es lo que un cartel hace: sube precios y restringe producción. EL sistema funcionaba bien para las aerolíneas que participaban.

Esta ganancia temporal se disipó en muchas formas: altos salarios para pilotos sindicalizados, buenos servicios (a un alto precio) para los clientes, y capacidad en exceso. Esto era beneficioso porque si una aerolínea competidora quería ingresar a una ruta ya ocupada por otra aerolínea, ésta podía señalar al exceso de capacidad diciendo que ‘estamos ocupando solamente el 50% de los asientos que tenemos en esa ruta, no hay necesidad de capacidad adicional’.

Cuando las aerolíneas fueron desreguladas a fines de los 1970s y la CAB disuelta, las aerolíneas existentes tuvieron pérdidas temporales y pocas sobrevivieron. Algunas tradicionales como TWA, Eastern y Braniff desparecieron, desplazadas por nuevas empresas como Southwest o USAir”.

La baja frecuencia con que se revelan las preferencias en la política ocasiona problemas como en Chile

Esto dice el libro sobre la baja frecuencia que tiene la política para que se “revelen” las preferencias de los votantes:

En general, el lapso que transcurre entre una instancia en la que se revelan las preferencias de los votantes y la siguiente es un período bastante largo: cuatro, cinco o seis años en el caso de las elecciones presidenciales; tal vez dos años para las elecciones legislativas. Entretanto esas preferencias pueden cambiar pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto, salvo esperar hasta la próxima instancia.

Esto ocurre sobre todo en los regímenes políticos presidencialistas, ya que en los parlamentarios si el gobierno pierde la mayoría parlamentaria cae, en general. Pero en los primeros eso no ocurre salvo situaciones excepcionales que originen un juicio político y la remoción del gobernante. En algunos casos existen instrumentos de democracia directa como la revocación de mandato. No obstante, son numerosas las situaciones en las que el votante se ve frustrado porque encuentra que el gobernante electo no cumple con sus expectativas.

Veamos ahora el caso de Chile y su presidente Bachelet. El informe “Temas Públicos” Nr. 1206, de; Instituto Libertad y Desarrollo de ese país (www.lyd.org) esto comenta:

“En medio de una agitada agenda política, durante la semana pasada, se hicieron públicas tres encuestas: CADEM, Adimark y la del Centro de Estudios Públicos (CEP). Independiente de los matices y alcances metodológicos de cada una de ellas, en todas es posible visualizar de manera clara, el nivel de deslegitimación social de las reformas que impulsa el actual gobierno.

El proceso a partir del cual las ideas de la Nueva Mayoría devinieron en minoría ante la opinión pública puede tener múltiples variables explicativas. Algunas endógenas, vinculadas a lo estrictamente programático, pero también a los modos de conducción de las “reformas estructurales”, donde en este “primer tiempo” del mandato presidencial, el estilo de la imposición primó respecto del dialogo y la negociación. Sin desconocer también, la incidencia de fenómenos exógenos, como la crisis de desconfianza que golpeó al centro de gobierno tras el episodio Caval, como bien se muestra en los mismos estudios de opinión.

Sin embargo, las encuestas muestran de manera nítida que el escepticismo ciudadano en relación a las reformas del gobierno, se instaló con antelación a la emergencia de los mencionados escándalos que han golpeado al arco político de manera transversal. El mejor ejemplo de lo anterior es que, ya en noviembre de 2014, la desaprobación de las reformas educacional y tributaria llegaba al 56% y 51% respectivamente conforme a datos de Adimark.

 En todas las encuestas es posible visualizar de manera clara, el nivel de deslegitimación social de las reformas que impulsa el actual gobierno. El descrédito de las reformas parece irrefutable. Según datos de la Encuesta CEP, un 65% considera que estas reformas han sido improvisadas y un 64% cree que no serán eficaces para alcanzar los objetivos propuestos.

 Este escepticismo con las reformas de gobierno se instaló con antelación a la emergencia de los escándalos que han golpeado al arco político de manera transversal.

 La decepción con el gobierno por parte de los encuestados puede fundarse en el escenario contradictorio que representa un gobierno con pretensiones de reformas maximalistas, pero que por contrapartida, no es capaz de satisfacer las demandas respecto de áreas básicas de toda gestión gubernamental.”

Concluyo en el libro:

Es cierto que las encuestas de alguna forma llenan ese vacío. Los políticos, como veremos en el próximo capítulo, están fuertemente motivados a tomar en cuenta todos los elementos que puedan tener impacto en su propia carrera y este es uno de ellos; pero también saben que, dada la ignoracia racional o irracionalidad antes comentada, pueden desviarse de las preferencias de los electores para volver a prestarle atención cuando una nueva instancia electoral se acerca. Es decir, la encuesta genera información pero no determina la continuidad de un gobierno por lo que su efecto es menor que el resultado de una elección. Nótese que no es solamente la muy comentada característica que una elección es como una encuesta con una muestra del cien por ciento del electorado; es que la encuesta no tiene fuerza legal para determinar el ejercicio del poder.

En el mercado, por el contrario, los cambios de preferencias tienen impacto en forma casi inmediata. El gerente de ventas de una empresa de bienes de consumo masivo, por ejemplo, recibe en forma diaria o semanal el informe de los supermercados o los pedidos de reposición de mercadería que le indican cuáles han sido las preferencias de los consumidores el día o la semana anterior. Si detecta cambios ha de reaccionar inmediatamente. Los consumidores votan todos los días.

Está claro que no podemos pretender tener elecciones cada semana, ni siquiera si eso sería razonable: las opiniones de los votantes, más que las que tienen como consumidores, están basadas en emociones que podrían determinar fuertes cambios institucionales que no nos dejarían muy tranquilos.

¿La democracia como proceso de descubrimiento? Una visión ‘austriaca’ de la política

Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”. Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

¿Hay alternativas a las democracias actuales? El aporte del profesor Eduardo Fernández Luiña

20141119_103011El profesor español Eduardo Fernández Luiña, ahora residendo en Guatemala para ejercer la investigación y la docencia en la UFM, también participó del Congreso de Economía Austriaca en Rosario y respondió a una de las más difíciles preguntas de la filosofía política monderna: ¿Hay alternativa a las actuales democracias?

Su respuesta combinó la tradición austriaca, enfatizando en particular el aporte de Friedrich Hayek sobre el conocimiento, con la la tradición de la economía de la elección pública, enfatizando en particular el aporte de James M. Buchanan sobre malevolencia. En sus propias palabras, “la fusión parece clara”:

Los autores del Public Choice podrían adoptar elementos austriacos para mejorar su comprensión del fenómeno y proceso político:

– Naturaleza descentralizada del conocimiento.

– Naturaleza subjetiva de las valoraciones y preferencias  de los individuos.

Los autores austriacos podrían abandonar su concepción benevolente y naive del estado.

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