En junio pasado, antes de las elecciones en las que Cristina Kichner resultó victoriosa con más de un 50 % de los votos, hicimos un análisis de la economía argentina bajo el kirchnerismo concluyendo que el gobierno argentino debía encarar tres desafíos si quería evitar una nueva crisis económica en los próximos años:

Cualquiera sea el resultado de la próxima elección presidencial, los desafíos centrales de la política económica post-elecciones son 1) el crecimiento de la economía, 2) el control del gasto público y 3) evitar que se dispare la inflación.

El kirchnerismo amagó con ajustes sobre los subsidios, pero los conflictos sociales no tardaron en llegar. Es por ello que cambió el rumbo, y se volvió sobre la profundización del modelo. A la estatización de las pensiones, se sumaron la apropiación de las reservas del BCRA y ahora la expropiación de YPF, aspecto que temíamos hace unos días.

Nestor Kichner –como muestra el video- había apoyado la iniciativa menemista de privatizar YPF, pero las necesidades fiscales del gobierno pudieron más. De hecho, si no se recortan los subsidios, ni se reduce al gasto público, la alternativa para financiarlo sería le emisión de moneda, pero eso aceleraría la inflación.

El gobierno tiene ahora -para el corto plazo- un recurso adicional para evitar el descalabro financiero de la nación (YPF en números), pero estimo que el daño «institucional» no tendrá reparos al menos en una década.

Mi pregunta a los lectores es si este daño institucional impactará en la economía en el cortísimo plazo a través de caída de la inversión, lo cual acelerará la llegada de la crisis, o si esta política le dará aire al gobierno, y el daño institucional será un legado más para lo que vendrá después.