Extinción de dominio por DNU: La política del revanchismo

Hace unos días Mauricio Macri firmó un controversial decreto de necesidad y urgencia (DNU) al través del cual se acelera la extinción de dominio (la figura legal sería de confiscación) de bienes adquiridos aún bajo sospecha (sin condena firme) de corrupción (los documentos se encuentran aquí y aquí). El decreto es controversial por un número de motivos, principalmente por ser muy posiblemente inconstitucional. Varios constitucionalistas se han expresado sobre esta cuestión (abogados especialistas en el tema están invitados a comentar en este post). Lo curioso, por no decir preocupante, son las reacciones en defensa que se dieron desde el gobierno y desde varios defensores de Cambiemos. Se percibe un entusiasmo revanchista que no es sano para las instituciones.

Antes de hacer una mención sobre este revanchismo, qué dicen los constitucionalistas consultados por los medios sobre este DNU (aquí, aquí, y aquí)?

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Martín Krause, economista argentino: “Controlar el poder y limitarlo es clave para esclarecer los casos de corrupción en nuestros países” [El Libero]

El académico destaca la actuación de la justicia en Brasil y de la prensa argentina en los procesos Lava Jato y los “cuadernos de la corrupción”. Invitado a Chile por la Fundación para el Progreso, el defensor del liberalismo comenta, además, cómo la opción bolivariana debiera ir en retirada en la región.

Acceda aquí a la entrevista completa.

Una entrevista sobre liberalismo y corrupción

Bertha María Carrillo me entrevistó acerca de la corrupción y la propuesta que podemos hacer los liberales para combatirla. Aquí el acceso al sitio Visión Liberal, con la entrevista completa.

La corrupción parecería ser un mal endémico en Latinoamérica. En momentos en que uno de los mayores escándalos de corrupción de Brasil ha salpicado a la región, la investigación conocida como Operación Lava Jato reveló una trama de sobornos que alcanzó a decenas de políticos y ejecutivos privados.

Una de las empresas involucradas es la constructora Odebrecht, que admitió haber efectuado pagos irregulares en diez países de la región. Nada más y nada menos, parece ser que solo pocos se salvan, por ahora, de caer en el más grande contubernio corrupto generado en esta parte del mundo.

Lamentablemente, esta descomposición del sistema es un fenómeno global, que podemos definir como el abuso de una posición de autoridad en el gobierno, la política, la economía u otras instituciones socialmente relevantes, por intereses personales violando reglas establecidas. Para el economista Adrián Ravier “en nuestra región el extremo se observa en Cuba y Venezuela. Argentina tuvo una expansión del Estado con el kirchnerismo que contribuyó a altos niveles de corrupción, pero ahora el proceso se revierte. Chile posiblemente sea el país con mayor calidad institucional, lo que no resuelve, pero limita y reduce el problema”.

Consultado por Visión Liberal sobre el tema, Ravier expresó que lo importante para acabar con la corrupción es poner límites al poder. “Tanto el Premio Nobel James M. Buchanan, especialista en esta materia, junto con Gordon Tullock y la Escuela de la Elección Pública, sostienen que debemos dejar a un lado la ilusión de creer que los políticos se interesan por el bien común. Como cualquier persona siempre buscan maximizar su propio beneficio y el de aquellos a quienes representan, como empresarios que los acompañaron en campaña o el partido político sobre el que se sostienen. Lo que estos autores piden son límites al poder, el control de los custodios, lo que requiere de instituciones como la democracia y la división de poderes, pero también reglas fiscales y monetarias, y un federalismo real que descentralice el poder”.

La ecuación es sencilla: a más Estado, mayor es la corrupción.

En Latinoamérica, y todos los países corruptos, es una característica tener vigorosos Estados, que con sus largos y octópodos brazos lo alcanzan todo. Sin embargo, los límites del poder están fallando en las sociedades contemporáneas. La falta de instituciones independientes, la creciente decepción de la ciudadanía en sus líderes corruptos, facilitan el crecimiento de esta infección.

“Me parece que el problema es el avance del estado sobre el sector privado. Más Estado es siempre menos mercado, y esto se presta a los excesos de burocracia y corrupción. Los autores que referencié antes estudiaron en profundidad las causas de la expansión del Estado moderno y detectaron varias razones históricas, económicas e ideológicas. Lo cierto es que la única forma de limitar la burocracia y la corrupción es deteniendo el avance del Estado e incluso, en gran parte, desmantelarlo. Es necesario atacar la raíz del problema, trabajando sobre las causas”, manifiesta Ravier.

Otra de las características de las sociedades corruptas es el sinfín de regulaciones estatales. Es sabido que mientras menos permisos haya que pedirle al Estado, habrá menos políticos que puedan vender favores, por tanto, tendremos menos ciudadanos defraudados no sólo de su gobierno, sino también de la clase política y del sector privado.

Para Ravier, “detrás de las regulaciones están precisamente los obstáculos a la competencia. Los pseudo-empresarios quieren sostener el entramado de regulaciones para evitar la competencia.

Los políticos son sus socios ideales. Cuando el liberal exige eliminar esas regulaciones está lejos de apoyar a estos mal llamados empresarios, y en su lugar pide por más competencia, que a su turno beneficia a los consumidores que pagarán precios inferiores por bienes y servicios de mejor calidad”.

En una sociedad libre, los límites al poder son necesarios y la lucha contra la corrupción es parte integral de la política de desarrollo que involucra a todos: gobierno, ciudadanía e instituciones. “La tradición liberal clásica busca justamente desarrollar estas instituciones, limitando en su momento el poder del Rey y en la actualidad a los gobiernos. Lamentablemente en la educación universitaria se ignora a esta tradición por razones equivocadas, y es nuestro trabajo recuperar estas ideas por el bien de nuestros pueblos”, finaliza el economista Adrián Ravier.

Políticos y empresarios, las dos caras de la corrupción

Según informa Infobae, Javier Gonzales Fraga (actual Presidente del Banco Nación) habría sostenido que el “arma más eficaz para combatir la corrupción es meter a algunos empresarios presos.” Disiento, lo que habría que hacer, en términos de “meter a alguien preso”, es encarcelar a algunos políticos. Posiblemente un número mayor a “algunos.”

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¿Sobreviven la Pymes a un plan liberal? [Infobae]

Pymes“Si se aplica un plan liberal, ninguna pyme va a sobrevivir”, dijo el ministro de Economía Axel Kicillof mientras anunciaba la creación de un consejo de defensa a las pequeñas y medianas empresas. Luego sentenció: “En el mercado, si no está el Estado, rige la ley de la selva”.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

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Combatir la corrupcion no es suficiente, hay que mejorar las instituciones

Dejo mi última nota en EPT, “Combatir la corrupción no es suficiente, hay que mejorar las instituciones.

En Argentina la sensación de corrupción por parte de la clase política no es nueva. El gobierno actual no se caracteriza por ser una excepción, sería interminable enumerar los casos de la época K sospechados de corrupción que aún carecen de explicación. Si bien es innegable que la corrupción es un mal y ciertamente no es deseable, el grado de corrupción que se percibe en los últimos años puede generar la errónea ilusión que lo único que hace falta para arreglar los males del país es combatir este problema cuando el problema es más profundo, es institucional.

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Reflexiones de Ghersi y Schenone sobre “La economía de la corrupción”

En este video, Osvaldo Schenone define a la corrupción como “una transacción voluntaria e ilegal entre un agente y su cliente en perjuicio de un principal a quien el agente se suponía que tenía que servir.”

Con esta definición, Schenone explica que el robo o el asesinato no son corrupción, pues no hay un tercero afectado, esto es, no existe traición del agente al principal.

Los ejemplos son muy claros: Pasar un semáforo en rojo no es corrupción. Pagarle a un policía un soborno para que no nos fijen la multa, sí lo es.

La corrupción puede tener lugar en el sector público o en el sector privado, por ejemplo cuando un gerente de compras se pone de acuerdo con un proveedor en perjuicio de la empresa.

Definido y analizados ciertos ejemplos, Schenone explica que la corrupción puede ser analizada desde un punto de vista moral, pero cuando aplicamos las herramientas económicas, alcanzamos algunas conclusiones novedosas relacionadas con la eficiencia y la equidad.

Schenone se ha preocupado en extenso por la corrupción de América Latina, y en particular con su relación en la evasión impositiva. Aquí uno de sus documentos: “Evasión impositiva y corrupción endógenas.”

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