Último video de las tres conferencias sobre la cooperación voluntaria en la sociedad. La teoría de los juegos repetidos y evolutivos, la economía experimental y la psicología evolutiva proveen argumentos para considerar que una sociedad anarco capitalista sería, al menos teóricamente, posible. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir, pero tampoco podemos descartar una evolución hacia tal destino. Aquí entonces la última:
anarco
En el mercado de las ideas, algunos debates están resueltos antes de que comiencen a presentarse los argumentos, tan sólo con la definición de las palabras que se van a utilizar. Esto ya es bien conocido, y el próximo caso que tenemos a la vista tiene que ver con la próxima reforma impositiva.
Algunos comentarios señalan que la misma incluirá algún impuesto a la renta financiera. Planteada de esa forma se asegura la aprobación de todo el arco populista y de la izquierda, ya que…¿puede haber algo peor que la renta financiera? Incluso parece peor que el mismo populismo.
La palabra financiera parece desatar en los votantes imágenes de banqueros gordos, fumando habanos, responsables del corralito y el corralón, veraneando en Miami con nuestro dinero. La palabra renta sugiere una ganancia para la cual no se ha hecho nada. Una combinación letal.
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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf
“EL CRECIMIENTO DE LA REGULACIÓN FEDERAL
La visión común de la regulación en los Estados Unidos es que, para su primer siglo o así, el país aceptó el laissez faire; Hubo poca intervención del gobierno en las decisiones privadas del libre mercado. Esto no es completamente cierto; Los gobiernos estatales eran reguladores activos en algunos sectores, especialmente en la banca. Sin embargo, es generalmente correcto decir que la regulación federal fue limitada hasta los años que siguieron a la guerra civil, y se amplió grandemente durante y después del New Deal.
Los responsables de la formulación de políticas normalmente justifican estas intervenciones como necesarias para combatir las “fallas del mercado”, situaciones en las que, a su juicio, las interacciones del mercado no producen resultados aceptablemente “eficientes”. Estos fracasos incluyen el poder de mercado (un comprador o vendedor, o una colección de compradores o vendedores, domina un mercado y manipula la oferta y los precios, como los monopolios y los cárteles), externalidades negativas (situaciones en que algunos de los costos de una transacción son involuntariamente soportados por no participantes En la transacción, un ejemplo es la contaminación), fallas de información (una parte en una transacción tiene una ventaja informativa sobre otras partes que distorsiona el mercado) y problemas de bienes públicos (un proveedor no puede excluir a los que no pagan, Equitación “sobre los pagos de otros y el bien que se presta como resultado, ejemplos incluyen algunos aspectos de los servicios de bomberos y policía y defensa nacional). Cada uno de estos casos resulta en menos transacciones que en un mercado sin tales fallas, lo que significa ineficiencia y pérdida de bienestar.
Una serie de regulaciones federales y políticas domésticas relacionadas a principios de la era post-Guerra Civil involucraron ferrocarriles. Los encargados de formular políticas creían que la amenaza de la competencia futura en rutas específicas disuadiría a las empresas ferroviarias de hacer costosas inversiones de capital necesarias para atender a las zonas menos pobladas. También les preocupa que los ferrocarriles no puedan reunir suficientes derechos de paso para sus redes ferroviarias. Para ayudar con este último problema, los legisladores ampliaron los poderes federales y estatales del dominio eminente para asegurar esos derechos de tierras para el uso de los ferrocarriles. Posteriormente, los responsables políticos adoptaron una regulación de tarifas para evitar que los ferrocarriles abusaran de su poder de mercado sobre rutas específicas de baja densidad y también requirieran la aprobación federal para que los ferrocarriles abandonaran líneas en estas áreas que ya no querían operar.
Las décadas siguientes vieron intervenciones gubernamentales similares en otras industrias que incluían tecnología madura, incluyendo telefonía, energía, radiodifusión, camiones y aviación de pasajeros, así como esfuerzos generales para combatir el poder de mercado (es decir, “rebajar la confianza”). Finalmente, a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 se observaron más intervenciones federales en los precios minoristas, la mano de obra y la seguridad en las carreteras, así como un amplio impulso a la salud, la seguridad y la regulación ambiental.”
Con los alumnos de la materia Proceso Económico II vemos la propuesta de Hayek sobre la banca libre y la competencia de monedas y luego el desarrollo del Bitcoin que parece conformarse a tales ideas. Aunque vemos otros textos, en su libro “Desnacionalización del dinero” Hayek trata el tema de la política monetaria y realiza una propuesta de “competencia de monedas”, cuya discusión es apropiada en todo país, como Argentina, que tiene dos monedas al menos, el peso y el dólar, o en Europa cuando se plantea la potencial salida de Grecia del Euro. El libro fue publicado en inglés por el Institute of Economic Affairs de Londres.
“Si vamos a considerar seriamente la utilización de diversas valutas concurrentes para su aplicación inmediata en un área limitada, es evidentemente deseable investigar las consecuencias de la aplicación general del principio sobre el que se basa esta propuesta. En el caso de que se aboliera —dentro del territorio de un país— el uso exclusivo de una sola moneda nacional emitida por el gobierno, hallándose permitida la circulación de monedas emitidas por otros gobiernos, se plantearía la cuestión de si no sería más conveniente suprimir el monopolio gubernamental de emisión monetaria, permitiendo que la empresa privada ofreciera al público otros medios de cambio que éste pudiera preferir.
Actualmente, los problemas que plantea esta reforma tienen un carácter más teórico que los planteados por mi anterior propuesta [que las monedas de los distintos países europeos fueran aceptadas en los otros, en lugar de tener una moneda única como el euro], toda vez que esta sugerencia más extrema resulta todavía demasiado extraña al público para poder ponerse en práctica. Ni siquiera los expertos conocen suficientemente la problemática que surgiría La generalización del principio subyacente para poder hacer predicciones seguras sobre las consecuencias de dicho plan. Es evidente, sin embargo, que no es necesaria ni ventajosa la incuestionable y universalmente aceptada prerrogativa del gobierno de producir el dinero. De hecho, puede resultar perjudicial y su eliminación constituiría un gran avance, dando paso a repercusiones altamente beneficiosas. No es demasiado pronto, por tanto, para comenzar el debate. Aunque el plan no pueda ponerse en práctica mientras el público no esté mentalmente preparado y continúe aceptando sin críticas el dogma de la necesidad del privilegio gubernamental, tal circunstancia no debe ser un obstáculo para el estudio de los fascinantes problemas teóricos que plantea este proyecto.
Los economistas no han discutido la competencia entre monedas
Increíblemente, la competencia entre distintas valutas no ha sido examinada en serio hasta hace muy poco. En las publicaciones relativas al tema no se cuestiona la creencia universal de que el monopolio del gobierno en orden a la emisión monetaria es indispensable, ni tampoco se explica si esta creencia se deriva simplemente del postulado según el cual en un territorio dado sólo puede haber un tipo de moneda en circulación —lo que podía parecer una ventaja cuando se trataba de elegir entre el oro y la plata como posibles tipos de dinero—. Tampoco encontramos respuesta a la pregunta de qué sucedería si se suprimiera el monopolio y si el suministro de dinero se realizara mediante la competencia entre entidades privadas que proporcionaran distintas divisas. La mayoría de la gente piensa que la propuesta de que el dinero lo emitan empresas privadas significa que todas deben emitir el mismo (en dinero fiduciario, token money, esto equivaldría simplemente a una falsificación) en lugar de distintos tipos de dinero claramente diferenciabas por diversas denominaciones y entre los cuales el público pudiera elegir libremente.
Con los alumnos de la materia Public Choice, analizamos las similitudes y las diferencias entre las decisiones que tomamos en el mercado y en la política. Si bien, los autores fundacionales de esta escuela enfatizaron la existencia de “intercambios” tanto en un caso como en el otro, también comprendieron sus diferencias. Éstas las señala aquí Bruno Leoni, en un artículo titulado “El Proceso Electoral y el Proceso de Mercado”, (Libertas 27, Octubre 1997) publicado originalmente en Il Político, vol. XXV, N° 4 (1960). Reproducido como apéndice en Freedorn and The Law, Liberty Fund Inc., Indianapolis 1991:
“Si bien pueden existir muchas similitudes entre los votantes y los operadores de mercado, las acciones de ambos distan mucho de ser semejantes. Los votantes no parecen tener normas de procedimiento que les permitan actuar con la flexibilidad, independencia, coherencia y eficiencia que demuestran los operadores del mercado, que hacen elecciones individuales. Por cierto, en ambos casos las acciones que se llevan a cabo son individuales, pero se impone la conclusión de que el voto es un tipo de acción individual que, casi de modo inevitable, sufre cierto grado de distorsión al ser ejercida.
La legislación, considerada como resultado de la decisión colectiva de un grupo -sea la de todos los ciudadanos, como en las democracias directas de la antigüedad, o la de algunas pequeñas unidades democráticas en la edad media o en los tiempos modernos-, parece ser un proceso de creación de leyes que casi no puede ser identificado con el proceso de mercado. Únicamente los votantes que pertenecen a las mayorías triunfadoras (si, por ejemplo, se vota por la regla de la mayoría) son comparables a los operadores del mercado.
En cuanto a aquellos que integran las minorías perdedoras, ni siquiera pueden compararse con los que operan en el mercado en pequeña escala, porque debido a la divisibilidad de los bienes (que constituye el caso más frecuente) éstos al menos pueden encontrar algo que elegir y obtenerlo, siempre que paguen el precio correspondiente. La legislación es el resultado de una decisión de todo o nada. O se gana, y entonces se consigue exactamente lo que se desea, o se pierde y no se consigue nada en absoluto. Lo que es aun peor, se obtiene algo que no se quiere y se paga por ello lo mismo que si se lo hubiera deseado. En este sentido, los que ganan y los que pierden en una votación son como los vencedores y los vencidos en un campo de batalla. En efecto, la votación es más bien el símbolo de un combate que la reproducción de una operación de mercado.
Bien mirado, no hay nada de “racional” en el acto de votar que pueda compararse con la racionalidad imperante en el mercado. Obviamente, la votación puede estar precedida por argumentaciones y negociaciones, y en este sentido sería tan racional como una operación en el mercado; pero cuando llega el momento de emitir el voto, ya no se puede argumentar o negociar más. El individuo se encuentra en otro plano. Las boletas se acumulan como si se acumularan piedras o conchillas, lo que implica que uno no gana porque tenga más razón que otros, sino sólo porque cuenta con más boletas. En esta operación no se tienen socios ni interlocutores, sólo aliados o enemigos. Por supuesto que la acción de un individuo puede ser considerada tan racional como las de sus aliados y las de sus enemigos, pero el resultado final no es algo que pueda explicarse sencillamente como un escrutinio o una combinación de sus razones y las de aquellos que votaron en su contra. Este aspecto de la votación se refleja naturalmente en el lenguaje que emplean los políticos: éstos hablan de muy buena gana de campañas que se deben emprender, de batallas que es preciso ganar, de enemigos contra los cuales hay que luchar.
Ése no es el lenguaje del mercado, y la razón es obvia: en el mercado la oferta y la demanda no sólo son compatibles sino complementarias; en la arena política, a la que pertenece la legislación, la elección de los ganadores por un lado y la de los perdedores por otro no son complementarias, ni siquiera compatibles. Es sorprendente comprobar cómo los teóricos y el ciudadano común pasan por alto esta consideración tan simple -más bien diría tan evidente- sobre la naturaleza de las decisiones grupales (y en particular sobre la votación, que es el procedimiento usual para tomarlas).
Con los alumnos de la materia Proceso Económico de la UFM, todos ellos nutricionistas o médicos, vemos ahora la teoría del valor. Para eso leen a Murray Rothbard, en el primer capítulo de El Hombre, el Estado y la Economía; y a Gabriel Zanotti en unas clases que brindara en la escuela del Almirante Sánchez Sañudo, donde dice sobre las teorías “objetivas” del valor:
Cuando digo valor, no me estoy refiriendo a los valores éticos ni estéticos. Me estoy refiriendo a la teoría del valor que explica el valor de los bienes en el mercado.
Todos sabemos intuitivamente que no es lo mismo una cosa que otra. La honestidad es un valor moral irrenunciable pero a veces no es rentable. Y puede ser que el primer cuadro que pintó Picasso no valiera nada en el mercado.
¿Cómo vamos a encarar, pues, la teoría del valor en el mercado? Vamos a hacer una primera y típica subdivisión: valor objetivo y valor subjetivo. Hablar de un valor objetivo no es un error, porque los valores éticos son objetivos. Pero la teoría del valor objetivo en economía es otra cosa. Esa teoría trata de encontrar un elemento que esté en las cosas de manera independiente de las valoraciones de las personas en el momento de comprar y vender. Ese elemento puede ser la escasez, el costo, el trabajo, la utilidad, etc.
O sea que las teorías objetivas del valor afirman que el valor está en las cosas y no en las personas que valoran. Estas teorías se encuentran con algunos problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que, basándonos en lo que ya vimos, afirmamos que la escasez es el origen del valor. Parece razonable. Sin embargo, cuando decimos que algo es escaso, ¿lo es en relación a qué? Por ejemplo, los sombreros como los que usa el Almirante (perdón!!) son muy escasos hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez son muy poco demandados. O sea que si algo es escaso (en relación a lo que fuere) pero su demanda es cero, no vale nada. Con el tema del costo pasa lo mismo. Es muy comprensible que si a uno le ha “costado” mucho hacer o fabricar tal o cual cosa (en tiempo, en capital, en trabajo, en recursos naturales, etc.) entonces uno mismo lo valora mucho. Pero, de vuelta, si el producto no es demandado en el mercado, no vale nada. Todo el que haya sido empresario y haya trabajado sin protecciones sabe que por más altos que sean sus costos, puede ser que su precio de venta esté por debajo del costo o que no valga nada.
Lo mismo sucede con respecto al trabajo. Si yo quisiera fabricar un avión, el trabajo que eso me puede tomar puede demandar toda una vida, pero el resultado va a ser un completo desastre. No va a ser valorado en el mercado de ningún modo.
Con respecto al tema de la utilidad, pasa lo mismo que con la escasez. Es razonable que se piense que si un bien es útil va a tener valor, pero en ese caso se confunde su utilidad técnica con la demanda.
Por ejemplo, se puede decir que este grabador es objetivamente útil para grabar la conferencia. Pero si hacemos un túnel del tiempo y vamos a la antigua Grecia a vender grabadores, nadie lo va a comprar. Por más que sea objetivamente útil para grabar las charlas de los grandes filósofos. Algo puede ser objetivamente útil pero eso no quiere decir que sea demandado en el mercado.
https://www.nytimes.com/2017/04/07/us/school-vouchers-arizona.html?_r=0
El Gobernador Doug Ducey de Arizona ha firmado en ley cambios radicales en cómo el dinero estatal se puede usar para educar a los estudiantes, facilitando a los padres inscribir a sus hijos en la escuela privada a expensas públicas.
El proyecto de ley aprobado el jueves por la Legislatura estatal hace que todos los 1,1 millones de estudiantes de escuelas públicas de Arizona tengan derecho a recibir dinero de un programa que hasta ahora sólo estaba disponible para algunos estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades y aquellos en escuelas de bajo rendimiento.
Bajo la ley, los padres que retiran a sus hijos de la escuela pública pueden usar la parte de su hijo de la financiación de la educación estatal para pagar la matrícula de la escuela privada, costos de educación en el hogar, tutoría y educación en línea, así como terapias para discapacitados.
Los demócratas y los sindicatos de maestros se opusieron enérgicamente a la expansión, que, según ellos, agotaría el dinero de las escuelas públicas que ya estaban subfinanciadas. Pero la intervención de detrás del escenario del Sr. Ducey, un republicano, ayudó a la legislación a superar la oposición de ambos lados del pasillo.
El plan de Arizona es una de las expansiones más ambiciosas de un concepto de financiamiento de educación pública portátil que Donald J. Trump aprobó en la campaña presidencial el año pasado y que su secretaria de educación, Betsy DeVos, filántropo.
La Sra. DeVos, que pasó parte de la semana pasada en Florida promoviendo los programas de elección de escuelas privadas de ese estado, elogió a Arizona por su acción. “Una gran victoria para los estudiantes y padres en Arizona esta noche con el paso de ahorros ahorros”, dijo en Twitter. “Aplaudo a Gov. @DougDucey por poner a los niños primero.”
La senadora estatal Debbie Lesko, patrocinadora del proyecto de ley, dijo que el apoyo de la administración Trump al concepto había contribuido a que su legislación fuera más aceptable para los legisladores. “Desde el nivel nacional abajo, los vientos han cambiado”, dijo. “Todos los niños son diferentes, y aprenden en diferentes entornos educativos. No debemos forzarlos a estar en el mismo modelo educativo que hemos usado durante los últimos 150 años “.
La ley amplía el uso del dinero del programa estatal de cuentas de becas de empoderamiento, conocido como E.S.A. Florida, Mississippi y Tennessee tienen programas similares, pero todos restringen la elegibilidad a los niños discapacitados. Eso hace que la expansión de Arizona sea la más amplia hasta la fecha.
A diferencia de los vales tradicionales, en los que los estados pagan directamente a las escuelas privadas, los E.S.A.s permiten a los padres distribuir dinero público para gastos educativos.
En 2015, Nevada aprobó un proyecto de ley de becas de empoderamiento que permitiría a cualquier estudiante de escuelas públicas acceder a una cuenta, pero el año pasado la Corte Suprema del Estado detuvo el programa, diciendo que su mecanismo de financiamiento dañaría a las escuelas públicas. El programa está en un terreno legal mucho más firme en Arizona, donde el tribunal superior del estado declaró las cuentas constitucionales en 2014.
Este año, alrededor de 3.500 estudiantes de Arizona, la mayoría de los cuales tienen necesidades especiales, están participando en el programa. El tamaño promedio de una cuenta es $ 5,700 por año para niños sin discapacidades y $ 19,000 para niños con ellos. Los fondos se distribuyen a través de tarjetas de débito.
Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de Derecho, UBA, vemos El Sistema Económico y Rentístico, de Juan Bautista Alberdi. Al autor le preocupaba que los principios de libertad de la Constitución fueran alterados por las leyes que reglamentaran su ejercicio (lo que efectivamente sucedió). Esto dice al respecto:
“La libertad declarada no es la libertad puesta en obra.
Consignar la libertad económica en la Constitución es apenas escribirla, es declararla como principio y nada más; trasladarla de allí a las leyes orgánicas, a los decretos, reglamentos y ordenanzas de la administración práctica, es ponerla en ejecución: y no hay más medio de convertir la libertad escrita en libertad de hecho.
Ninguna Constitución se basta a sí misma, ninguna se ejecuta por sí sola. Generalmente es un simple código de los principios que deben ser bases de otras leyes destinadas a poner en ejecución esos principios. A este propósito ha dicho Rossi, con su profunda razón habitual, que las disposiciones de una Constitución son otras tantas cabezas de capítulos del derecho administrativo.
Nuestra Constitución misma reconoce esta distinción. Los principios, garantías y derechos reconocidos (dice el art. 28) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. – El artículo 64, inciso 28, da al Congreso el poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.
Según esto, poseer la libertad económica escrita en la Constitución, es adquisición preciosa sin la menor duda: pero es tener la idea, no el hecho; la semilla, no el árbol de la libertad. La libertad adquiere cuerpo y vida desde que entra en el terreno de las leyes orgánicas, es decir, de las leyes de acción y de ejecución; de las leyes que hacen lo que la Constitución dice o declara solamente.
A los tiranos se imputa de ordinario la causa de que la libertad escrita en la Constitución no descienda a los hechos. Mucha parte tendrán en ello: pero conviene no olvidar que la peor tiranía es la que reside en nuestros hábitos de opresión económica, robustecidos por tres siglos de existencia; en los errores económicos, que nos vienen por herencia de ocho generaciones consecutivas; y, sobre todo en nuestras leyes políticas, administrativas y civiles, anteriores a la revolución de América, que son simples medios orgánicos de poner en ejercicio los principios de nuestro antiguo sistema de gobierno colonial, calificado por la ciencia actual como la expresión más completa del sistema prohibitivo y restrictivo en economía política. Somos la obra de esos antecedentes reales, no de las proclamas escritas de la revolución.
Esas costumbres, esas nociones, esas leyes, son armas de opresión que todavía existen y que harán renacer la tiranía económica porque han sido hechas justamente para consolidarla y sostenerla.
Es necesario destruirlas y reemplazarlas por hábitos, nociones y leyes, que sean otros tantos medios de poner en ejecución la libertad proclamada en materias económicas. Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de principios.
Mientras dejéis que nuestros gobernadores y presidentes republicanos administren los intereses económicos de la República según las leyes y ordenanzas que debemos a aquellos furibundos enemigos de la libertad de comercio y de industria, ¿qué resultará en la verdad de los hechos? – Que tendremos el sistema colonial en materias económicas, viviendo de hecho al lado de la libertad escrita en la Constitución republicana.
En efecto, todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo dejar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nuevos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos y fiscales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.”
Punto de Vista Economico 