Los subsidios los pagan los pobres – Por Alberto Benegas Lynch (h)

Este es un tema sumamente delicado y desafortunadamente poco comprendido. Cuando se afirma que el aparato estatal subsidia tal o cual actividad o sector debe entenderse que es el vecino el que financia ya que ningún gobernante pone de su peculio.

Ahora bien, miremos de cerca el asunto. El contribuyente de jure al hacerse cargo del impuesto naturalmente deja de invertir en el presente o de consumir (lo cual repercute en la inversión futura). En cualquier caso, este proceso incide directamente de modo negativo sobre los salarios e ingresos en términos reales. En otras palabras, son los relativamente más pobres quienes con mayor fuerza se hacen cargo del tributo, son contribuyentes de facto aunque nunca hayan visto una planilla fiscal.

Sería interesante que estas ocurrencias no tuvieran lugar pero en ese caso deberíamos creer en la magia al suponer que nadie paga y que esos pagos no tienen consecuencias. En este sentido los aparatos estatales constituyen una ficción por la que aparece que financian sin lastimar a nadie como si sacaran recursos de la galera.

Otra cosa bien distinta es la decisión política en cuanto a la transformación de una situación a la otra pero desde el llano es de suma importancia no presentar el asunto como si se tratara de una prestidigitación o de un milagro laico de proporciones superlativas. La misión de quienes desean ayudar a los gobiernos a transitar el camino de la sensatez no es el aplauso sino la crítica.

Por supuesto que para que el mencionado tránsito suceda con eficiencia hay que tener el coraje y la decisión de colocar el gasto público en niveles compatibles con un sistema republicano y, en nuestro caso, eliminar los ministerios creados por el actual gobierno y dejar sin efecto medidas obscenas como la financiación de equipos de polo y demás sandeces. También es indispensable contar con un mercado libre en materia laboral para que la transición evite el desempleo, lo cual implica desprenderse de la legislación fascista de asociaciones profesionales y convenios colectivos que Perón copió de la Carta del Lavoro de Mussolini y abandonar la inmoralidad de los así llamados agentes de retención que se traducen en la manipulación del fruto del trabajo ajeno.

Sería muy atractivo que pudieran resolverse los horribles problemas de la pobreza con un decreto en cuyo caso no habría que andarse con timideces y promulgar uno bien jugoso para hacernos a todos millonarios, pero las cosas no son así. Se requiere la captación de ahorro interno y externo para que se eleven los salarios. Esa es la diferencia entre países pobres y ricos: marcos institucionales civilizados donde se respete lo que es de cada cual sin interferencias de políticos megalómanos que crean miseria al proponer subsidios por doquier con recursos de otros, todo lo que tocan lo empobrecen: son el rey Midas al revés.

Publicado originalmente en El Cronista, el 29 de noviembre de 2017.

Tres razones para desinflar la burbuja del Estado

impuestosCuando los historiadores económicos se refieren a las grandes crisis económicas del siglo XX -y lo que va del siglo XXI- identifican cada caso con una burbuja. En la crisis de los años 1930, por ejemplo, los historiadores observaron burbujas bursátiles e inmobiliarias. La crisis dot-com de 2001 en Estados Unidos fue la burbuja bursátil de las acciones relacionadas a internet. La gran recesión de 2008, también en Estados Unidos, fue el desenlace de la burbuja inmobiliaria gestada desde fines de 2001. La crisis europea actual fue la de una burbuja inmobiliaria, seguida de una burbuja del gasto público que se ha pinchado en varios países, pero queda aún una brecha importante por corregir. Vale aclarar que las economías solo lograron recuperarse de las distintas crisis mencionadas cuando las burbujas se terminaron de desinflar y emprendieron un proceso de formación de capital a través del ahorro y la inversión.

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

Reflexión de domingo: “La fantasía del efecto derrame” – Por Alberto Benegas Lynch (h)

derrameSi realmente se quiere ayudar a los más pobres de todas las sociedades, debe contarse con marcos institucionales de tales características que hagan atractiva la inversión. Solamente el crecimiento de las tasas de capitalización permite el incremento de salarios e ingresos en términos reales.

No se trata entonces de solo declamar sobre la necesidad de incrementar las inversiones puesto que la abstención de consumo, esto es, el ahorro, requiere de un ámbito en el que se ofrezcan garantías de su cuidado y respeto. El destino del ahorro es la inversión o su equivalente la tasa de capitalización que se concreta en equipos, herramientas de muy diverso tenor, maquinarias y conocimientos relevantes al objeto perseguido de optimizar el retorno.

Siempre el ahorro se traduce en inversión, incluso cuando se invierte en dinero. Se procede de esta manera porque, igual que toda inversión, se estima que el valor futuro será mayor que en el presente. En este caso, al guardar bajo el colchón la masa monetaria es menor y frente a los bienes disponibles hace que bajen los precios, es decir, sube el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Generalmente (no siempre) se procede de este modo cuando no hay suficientes garantías para invertir en otros sectores, a menos que la colocación sea en bancos debido a atractivas tasas de interés. De cualquier modo, hay un estrecho correlato entre el clima civilizado de respeto a la propiedad y el volumen de inversiones.

Sigue leyendo

¿Es el Interés un Fenómeno Monetario?

En temas de banca y dinero las cosas a veces parecen estar dadas vuelta. El monopolio, en cualquier otro caso considerado ineficiente y necesitado de regulación, no sólo se vuelve conveniente en la figura de un banco central, sino que además debe ser estatal (caso omiso al problema de Public Choice). Ante ciertos eventos, como las burbujas financieras, la explicación de agentes irracionales es aceptada sin pestañar, casi como si fuese algo normal, mientras que en otras ramas de la economía la racionalidad no se discute. Incluso problemas más complejos como las instituciones aceptan explicaciones racionales a través de juegos repetidos, pero cuando el dinero entra en escena los agentes se vuelven masivamente incapaces de razonar como el modelo le exige. Entre las diversas confusiones en torno al dinero está la idea de que el interés es un fenómeno monetario.

Sigue leyendo