Néstor Kirchner inició su gestión en 2003 con un superávit fiscal del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Rápidamente decidió enfrentar la crisis económica de 2002 con un gasto publico creciente, lo que dio resultado en fomentar la demanda agregada y recuperar la actividad económica. Para 2007, cuando termina su mandato, la economía argentina se encontraba recuperada de la crisis, aunque el superávit fiscal había desaparecido.

Primer error: se pudo salir de esta crisis por otros medios de mercado y sostener el superávit fiscal, especialmente en un contexto de precios de commodities elevadísimos que contribuyeron a fomentar el crecimiento de la región.

Cristina Kirchner fue elegida en 2007 y mantuvo a su marido como un virtual ministro de Economía. La tendencia fue la misma. El gasto público siguió creciendo, aunque con él crecía también el deficit fiscal. Como los recursos tributarios ya no eran suficientes y el proceso de monetización ya generaba altas tasas de inflación, se decidió estatizar las pensiones, lo que permitió el resurgimiento de Anses con unos 40.000 millones de dólares provistos por las AFJP desmanteladas. Este dinero se volcó al mercado para enfrentar la crisis económica de 2008-09, lo que permitió la reelección en 2011. En estos otros cuatro años, el gasto público se exacerbó y el déficit fiscal consolidado llegó a 8% del PIB, un valor superior incluso al que hizo explotar la convertibilidad.

En estos doce años hasta 2015, en materia de gasto público, Argentina puede mostrar un extenso listado de programas y planes sociales. El problema es que este gasto público genera de algún modo “derechos adquiridos” que no se pueden sostener con recursos genuinos.

Segundo error: en finanzas públicas se dice que el gasto puede financiarse de tres maneras, con impuestos, los que ya no pueden crecer porque la presión tributaria es extremadamente elevada; con emisión monetaria, lo que ya genera una inflación alta que perjudica a los más pobres; o con endeudamiento, lo que termina encareciendo el crédito al que pueden acceder las familias y las empresas privadas, reduciendo el potencial de inversión y de generación de empleo.

Si se quiere reducir la inflación a un dígito y evitar un proceso destructivo de endeudamiento, Argentina tiene que balancear el gasto público con la recaudación tributaria, la que además debería reducirse prácticamente a la mitad si se desea ser competitiva con nuestros países vecinos.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo se puede reducir el gasto público antes que la misma deuda explote y volvamos a sufrir las consecuencias del default y el aislamiento?

El modelo de Texas Instrument que usó Carter

No está de más señalar que el mayor gasto público no es necesariamente un sinónimo de mejores servicios públicos. Los argentinos no perciben que luego de expandir el gasto tengan mayor seguridad, mejor educación o mejores servicios sanitarios. Por el contrario, y aunque parezca paradójico, la calidad de los servicios público cayó a medida que los recursos económicos aumentaban en todas las áreas.

Lo que proponemos aquí, en definitiva, es aprender de aquellos que enfrentaron situaciones semejantes, no sólo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Las empresas a menudo deben enfrentar una reestructuración de sus partidas de gasto para reorientar al Estado a un gasto más bajo, pero además, más eficiente.

Es por ello que algunos economistas proponemos estudiar una herramienta bastante desconocida en la Argentina, pero que ha mostrado éxito en sus aplicaciones. Se trata del “Presupuesto Base Cero” o “Zero Based Budgeting” (ZBB).

El presupuesto base cero tiene su origen en el mundo de la empresa, específicamente en 1970, cuando Peter Pyhrr, su creador, lo introdujo en la empresa americana Texas Instruments. El caso fue exitoso, y poco a poco se extrapoló a otras empresas, hasta que, en 1971, Jimmy Carter contrató a su creador para aplicar la herramienta a la administración estatal. Primero como gobernador del Estado de Georgia, luego como presidente de los Estados Unidos, Carter utilizó esta herramienta para enfrentar el proceso inflacionario de los años 1970.

Con el tiempo la práctica se extendió exitosamente al Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda y algunos otros estados de Norteamérica.

La mayor ventaja de este sistema es que ignora la práctica habitual de considerar el gasto del año anterior y sumar algo más de dinero a cada partida. En este caso, se ignora la historia presupuestaria del gobierno municipal, provincial o nacional, y se reconsidera, o reevalúa, la necesidad de cada partida, tanto histórica como nueva. En otras palabras, se busca que se vuelva a justificar cada una de las partidas del nuevo presupuesto.

Algunos analistas insisten en que esta propuesta requiere de mucho tiempo, puesto que se debe reelaborar todo el presupuesto, o más bien, volver a discutir cada función del estado.

Mi impresión es que esta herramienta deberían utilizarla todos los gobiernos, al menos una vez cada década, justamente para mejorar la calidad del Estado, pero especialmente en casos de crisis fiscales como la que hoy presenta nuestro país. El Ministerio de Modernización debe tomar el organigrama del Estado y replantearse qué funciones queremos que ejerza con un nivel adecuado de presión tributaria, lo que no sólo permitirá reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal sino que además permitirá generar un Estado más eficiente.

Publicado en El Cronista, viernes 9 de marzo de 2017.