DOS COMENTARIOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y CONICET

La Argentina presenta hoy un sistema educativo superior mixto donde conviven universidades públicas y privadas. Privadas estas últimas que en realidad son públicas, considerando que no pueden decidir sobre su oferta académica sin un previo control o aval del Ministerio de Educación y Coneau. Se suele escuchar entre los especialistas en la materia que lo único sobre lo que deciden las universidades privadas es sobre la infraestructura, esto es, el color de las paredes, si alfombran o no las aulas, o si usan un poco más de tecnología que el que es accesible en las universidades públicas, pero poco pueden hacer frente a los controles administrativos de los reguladores, que muchas veces son injustificados, además de burocráticos.
Se dice a veces que cualquiera puede dictar un curso, pero se prohíbe que esos cursos entreguen títulos oficiales, que en muchos casos luego son exigidos en el mercado laboral. Las restricciones para crear nuevas universidades o institutos universitarios privados pienso que son conocidos por todos. Desafío al lector a que investigue cuántas nuevas universidades privadas se han creado en la última década. Me pregunto: ¿Por qué no nos llama la atención esta realidad?
En mi opinión la Argentina debe relajar estas regulaciones y permitir la competencia. En definitiva, la educación también es un mercado, con su oferta y demanda, con precios, y la competencia puede contribuir a crear incentivos que afecten positivamente a la calidad del servicio educativo. Que las universidades creen programas alternativos, y que sean los clientes o consumidores los que en definitiva elijan cursar esos programas. Lógicamente habría mucho más que decir sobre esta temática.
La investigación es parte del sistema educativo. Son los docentes quienes deben capacitarse, actualizarse e intentar conocer y aprehender las contribuciones que se van incorporando en la frontera del conocimiento de cada campo de estudio. Hoy el sistema público que supimos conseguir tiene pocos incentivos para ello, y la bajísima calidad educativa que presentan nuestras universidades –según cualquier ranking internacional- son una consecuencia lógica del sistema vigente.
Las becas de Conicet, en mi opinión, son un parche de un sistema defectuoso. Es como intentar tapar el sol con la mano. Ayudan, por supuesto, a que ciertos investigadores desarrollen una carrera científica, pero el esfuerzo queda condicionado a los vaivenes del ciclo económico argentino, que siempre impacta en el presupuesto. En etapas de auge, con buena recaudación, se repatrían investigadores y se multiplican las becas, pero en etapas de crisis esos mismos investigadores u otros abandonan el país, buscando la estabilidad económica que cualquier investigador necesita. Que hoy tengamos a los científicos argentinos jugando el rol de piqueteros es una triste realidad que sólo lo explica el defectuoso sistema educativo existente.
Al analizar los recortes al presupuesto se hace evidente la mala información que manejan los críticos. Pero aquí sólo quiero ofrecer dos comentarios, en dos niveles de discusión distintos.
En primer lugar, y sobre la base de lo expresado más arriba, me parece que el gobierno debe buscar una reforma del sistema educativo que multiplique los esfuerzos privados. Hay mucho más que el sector privado puede hacer en esta área, en comparación con lo que hoy se le permite hacer. Abrir el mercado, permitir la apertura de nuevas universidades privadas sólo pueden fortalecer el sistema educativo e incentivar la investigación. La competencia crea incentivos para que el docente se actualice y especialice, de tal manera de acceder a nuevos cargos, o incluso recibir algún incentivo adicional para la investigación.
En este sentido, es cierto que la investigación tiene algo de bien público, pero no puede negarse también su condición de bien privado. Quien se beneficia con la investigación es el propio investigador, que luego accede a cargos de mayor jerarquía y mejores remuneraciones justamente por su esfuerzo en el área. Subsidiar completamente los esfuerzos en investigación me parece un error, incluso para la lógica de la teoría de los bienes públicos.
En segundo lugar, y ahora en otro nivel, da la sensación que el gobierno de Macri no se está planteando una reforma en el sistema educativo. En este sentido, el recorte en cuestión es una mala decisión política. La medida sólo contribuye marginalmente a resolver el problema fiscal, y genera un mar de críticas desde el sector.
Si bien apoyo la baja del gasto público (sin querer negar con esto que la investigación es una inversión), la medida debe fijarse un objetivo (¿quizás 10 % del presupuesto?) y recortar a todos los sectores por igual. Cualquier intento de ser selectivo o parcial tiene la probabilidad de fracasar debido a las posibles manipulaciones de cada repartición por lograr que la reducción presupuestaria afecte a otros.
Resumiendo, tal como fue planteado el recorte, Macri sólo recibirá críticas del sector y ayudará muy poco a resolver la cuestión fiscal.

Un egresado de una universidad pública cuesta 60.000 dólares. Es más barato en la privada más cara

Amo a la UBA. Me gradué y soy profesor en esa universidad. Es mi casa. Pero que un egresado cueste 45.000 dólares es un escándalo. El promedio nacional es de 60.000 dólares, peor aún. En la Universidad Patagonia Austral el costo llega a los 424.408 dólares !!!. Sería más barato para los contribuyentes mandarlos a la Universidad de San Andrés, que tal vez sea la universidad privada más cara del país.

Esto aparece en este artículo que comenta un estudio de Alieto Guadagni para el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA),donde se señala además que el 44% de los alumnos en universidades públicas aprueba una materia por año. Y esto no por el tremendo grado de exigencia. Además, si hay algo en los que han insistido y logrado los centros de estudiantes en los últimos años es en tener más fechas de exámenes y más oportunidades para promocionar o aprobar una materia como alumno regular.

Es cierto que generar egresados no es la única tarea que las universidades cumplen pero también que se esa función se lleva casi todo el presupuesto.

Dice la nota:

Si sumamos los estudiantes que después de un año no aprobaron ninguna materia y los que apenas aprobaron una materia, llegamos a la conclusión de que 44 de cada 100 estudiantes universitarios nacionales no llegaron siquiera a aprobar dos materias después de un año”, resume Guadagni.

En los albores del cepo al dólar, impuesto por la presidencia de Cristina Kirchner en 2011, cuando la moneda norteamericana se cotizaba a $ 4,14 promedio, el presupuesto total ejecutado por las 40 universidades nacionales fue de $ 18.829 millones o US$ 4548 millones.

En ese mismo año, entre las 40 universidades nacionales se graduaron 70.370 estudiantes. “Si se divide este presupuesto de US$ 4548 millones por la cantidad de graduados de las 40 universidades nacionales, tenemos un valor de US$ 64.633 por graduado”, señala Guadagni.

En la Universidad Patagonia Austral se graduaron 103 alumnos en 2011, con un costo de US$ 424.408,63 por estudiante. Le siguen San Juan (US$ 228.064,78) y Tres de Febrero (US$ 221.175).

La mejor relación costo-egresado se vislumbra en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (US$ 24.480), Rosario (US$ 32.220), Nordeste y la UBA (US$ 45.000, aproximadamente).

“La Universidad Patagonia Austral tiene un presupuesto por graduado que es 17 veces mayor que el de la Universidad de Lomas de Zamora”, puntualiza Guadagni, al advertir que en la primera casa de estudios “el 56,9% de los estudiantes no aprobó más de una materia tras un año de estudios, mientras que en el establecimiento del conurbano la cifra es de apenas 23,7%”.

Un artículo de Agustín Etchebarne que acompaña la nota señala que, en todas las universidades nacionales, hay más de 483.029 alumnos en esa condición. Sostiene:

Ya es momento de recuperar un mínimo de sentido común en este debate. Se deben restablecer los exámenes de ingreso, otorgando un curso de nivelación para quienes no logren aprobarlo, pero sin permitir el ingreso a quienes no lleguen a superar un nivel determinado.

Dado que las universidades nacionales son pagadas por todos los contribuyentes, es razonable exigir a los alumnos que aprueben un mínimo de cinco a seis materias por año con un promedio superior a 7 (siete).

Este tipo de requisitos son comunes en casi todos los países donde las universidades son gratuitas.

EPT: Arancelar la UBA?

Nota en EPT sobre la recurrente propuesta de arancelamiento de la UBA. El problema actual es el de un precio fuera de equilibrio. Sin arancelar la UBA (poner un precio de equilibrio) entonces quedan dos caminos posibles: (1) disminuir la demanda o (2) aumentar la oferta. Cambiar la estructura de subsidio actual (a la oferta) por un tipo de “voucher” (a la Friedman) puede contribuir a solucionar los problemas de las universidades públicas en Argentina si el arancelamiento no es una opción.

También dejo un link al program A Las Ocho donde discutimos este tema junto a Jose Benegas y Roberto Cachanosky.

Yamil Santoro y Martín Tetaz tienen dos interesantes columnas de opinión (aquí y aquí) sobre si es o no conveniente arancelar la UBA. Ambas columnas ofrecen interesantes reflexiones sobre los problemas actuales. El problema educativo en Argentina es serio, y ambas columnas hacen bien en tocar de manera racional un tema difícil por su sensibilidad en la opinión pública. En esta columna me sumo a sus esfuerzo intentando aclarar el problema de fondo y poner sobre la mesa una respuesta distinta a la de ambos autores.

Ambas columnas coinciden en la necesidad de mejoras en la UBA (entiendo que lo mismo aplica a otras universidades públicas). Por ejemplo, Santoro llama la atención sobre el hecho de que el 53% de los docentes de la UBA hacen su trabajo ad honorem. Obviamente esto atenta contra la eficiencia del sistema educativo. ¿Se imagina el desempeño de su empresa o negocio si el 53% de sus empleados trabajasen ad honorem? Si bien Santoro sostiene que no sabe si debe o no arancelarse la UBA, concluye que no le parece descabellado “que aquellos que pueden contribuir un poco más de lo que ya lo hacen indirectamente mediante sus impuestos ayuden a garantizar el éxito de la educación pública con sus aportes y demanden el servicio de calidad que todos nos merecemos.” ¿Qué es “contribuir un poco más de lo que ya lo hacen”? ¿Pagar un “poco más de impuestos”? Es bueno recordar que la presión tributaria en Argentina (consolidada más impuesto inflacionario) se encuentra entre el 40% y el 50%. Más que pedirle un esfuerzo extra al ya asfixiado contribuyente, el reclamo debería caer en los funcionarios públicos que parecen ser expertos en malgastar fondos públicos. Ciertamente el problema de la UBA no es falta de recursos. Si los problemas se solucionasen subiendo impuestos Argentina estaría más cerca de Suiza que de Venezuela y la UBA sería Harvard.

Seguir leyendo en EPT.

Comparando la Educación Superior Pública y Privada

En estos días se está generando un intenso debate en Argentina y fundamentalmente en Chile respecto a quién debe pagar la universidad. En Argentina existe un sistema de educación pública y gratuita para el estudiante, financiado por todos los contribuyentes a través de impuestos. En Chile el sistema es privado, lo que significa que paga el que estudia.

Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación, ofrece algunas estadísticas que ayudan en la comparación. Pienso que vale la pena tomar algunos extractos y abrir el debate:

La población estudiantil

Comencemos por señalar que nuestra población estudiantil triplica a la chilena (1.700.000 versus 550.000), diferencia que se viene acortando en la última década, porque la matrícula chilena trepó casi un 90% y la nuestra apenas el 33%.

En Argentina, la matrícula privada crece más que la pública

[D]estaquemos que la que aumenta fuertemente en la Argentina es la matrícula privada (83%). La estatal apenas creció un 24%, aunque en la Universidad de Buenos Aires declinó.

La diferencia está en la graduación de los estudiantes

Pero la gran diferencia entre ambas naciones se encuentra en la capacidad de graduar profesionales. Nosotros estamos graduando alrededor de 100.000 jóvenes por año y los chilenos, 70.000. Pero hay que tener en cuenta que en la Argentina sólo se gradúan 2,5 estudiantes cada 1000 habitantes, mientras que en Chile se gradúan cuatro profesionales cada 1000 habitantes (con una población total de 17 millones). Es decir, un 60% más.

En el período 1999-2009, Chile aumentó su graduación anual de universitarios en un 205%, mientras que nosotros lo hicimos en un 78%. ¿Cuál es la razón de esta gran diferencia en la evolución de la graduación? La respuesta es que en Chile se gradúan 66 profesionales cada 100 ingresantes, mientras que en nuestro país este promedio cae a apenas 26.

% de graduación en universidades argentinas

Señalemos que hay universidades públicas en la Argentina con buenos niveles de graduación, superiores al 40%, como las de Córdoba y Rosario. La Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo están por encima del 30; la UBA se ubica en un 24%. Sin embargo, hay muchas universidades argentinas con bajo nivel de graduación, como por ejemplo las de La Rioja, Misiones, Jujuy y Comahue. El nivel más bajo le corresponde a la Universidad de Salta, que gradúa apenas tres profesionales cada 100 ingresantes, lo que implica un costo de graduación superior a los 300.000 dólares por graduado.

Nuestro sistema es muy costoso porque se caracteriza por tener muchos estudiantes y pocos graduados, ya que tenemos, por cada graduado anual, 17 estudiantes matriculados en el mismo año, mientras que en Chile esta proporción es de apenas ocho. Por esta razón, en proporción a la población total, Chile gradúa un 60% más de profesionales que nosotros. Pero ésta es una diferencia meramente cuantitativa.

Diferencia cualitativa. El tipo de graduados

[E]l caso es que en las áreas científicas y tecnológicas nuestro país gradúa a apenas 14 profesionales por cada 100 graduados; en Chile, en cambio, esta proporción asciende a 24. Una sola cifra sintetiza esta enorme disparidad: por cada 1000 abogados, Chile gradúa a 207 ingenieros; la Argentina, a apenas 37.

En Argentina, ¿acceden a la educación pública las clases menos favorecidas?

En la Argentina asiste a la universidad el 43% de los jóvenes del quintil superior en la distribución del ingreso, pero apenas son alumnos universitarios el 12% de los jóvenes de los hogares pobres. En cambio, en Chile asiste a la Universidad el 17% de los jóvenes de los hogares pobres. Esto significa que nuestra organización universitaria, a pesar de la gratuidad general, no es más inclusiva que la chilena.