Al contrario de lo que desafortunadamente muchos sostienen, es de desear que nuestro país retome la senda del liberalismo iniciada por el padre de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi. La aplicación de estas recetas nobles permitieron que la Argentina se ubicara entre las naciones más prósperas del planeta.
Desde la Constitución de 1853 hasta los golpes fascistas, primero del 30 y luego del 43, nuestros salarios e ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Los inmigrantes a estas costas competían con los ámbitos atractivos estadounidenses. Las exportaciones se encontraban a la altura de las de Canadá y Australia. En el Centenario, miembros de la Academia de Francia comparaban los debates de esa entidad con los que tenían lugar en nuestro Parlamento dada la versación y elocuencia de sus integrantes.
Luego vino el derrumbe estatista, provocado por gastos públicos siderales, déficit fiscales monumentales, regulaciones asfixiantes, impuestos exorbitantes y deudas gubernamentales galopantes. Y las crisis se sucedieron sin solución de continuidad.
A pesar de este cuadro de situación lamentable hay quienes critican un liberalismo inexistente al que pretenden sustituir por el adefesio de un denominado «neoliberalismo» con el que ningún intelectual serio acepta identificarse. Bajo tamaña etiqueta fantasiosa, irrumpen en escena timoratos que aconsejan no prestar atención a las pocas voces liberales y machacan con la mediocridad del estatismo. El liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Por su lado, todos formamos parte del mercado cuando en libertad llevamos a cabo nuestras transacciones diarias.
Veamos el tema medular de los derechos de propiedad. Lo primero es entender que la preservación de la vida es una condición indispensable para subsistir. Es una verdad de Perogrullo, es una tautología. Para alimentar y desarrollar la vida en plenitud se hace necesario proteger lo que cada cual produce y lo que recibe legítimamente, es decir, el uso y la disposición de lo propio.
Como no vivimos en Jauja y no hay de todo para todos todo el tiempo, se hace necesario, por una parte, respetar el derecho de propiedad para evitar invasiones y usurpaciones y, por otra, para que los usos y disposiciones sean los más eficientes posibles. Esto último es así en una sociedad abierta, por definición ausente de privilegios, puesto que cada uno para progresar y mejorar su estado patrimonial inexorablemente debe atender las necesidades de su prójimo. En este contexto el que acierta en las demandas de sus congéneres obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos.
El que vende naturalmente lo hará al precio más alto que pueda, no el que quiera puesto que si excede lo que resulta posible la demanda decaerá o será nula. Del mismo modo, el que percibe una retribución por su trabajo intentará que sea la mayor posible. Esto último depende exclusivamente del volumen de inversiones que, a su turno, proceden de ahorros internos y externos al país en cuestión y no de la voluntad de las partes contratantes. Y este proceso tiene lugar allí donde los marcos institucionales son confiables y predecibles, no donde el derecho se confunde con el pseudoderecho, a saber, la facultad de asaltar el fruto del trabajo ajeno.
Cuando se producen quejas respecto a tal o cual precio de tal o cual producto o servicio no se contemplan dos aspectos cruciales. En primer lugar, el respeto a la propiedad, lo cual significa que el titular puede sugerir el precio que le venga en gana de lo que le pertenece, lo cual, como queda dicho, no quiere decir que logre concretar una venta. De lo que se trata en este contexto es de subrayar la libre disposición de lo propio y no dejarse atropellar por manifestaciones de quienes simplemente se quejan pero que son incapaces de producir lo que estiman es caro.
El mismo razonamiento debe aplicarse a las relaciones laborales. Quienes se emplean en no pocas ocasiones suponen que el lugar de trabajo les pertenece y actúan con la pretensión de disponer de lo que es de otros como si fueran los dueños del lugar, en lo que fuera una relación contractual mutuamente beneficiosa. Esto revela una tergiversación de valores, lo cual perjudica especialmente a los más necesitados. Derroches y ataques a la propiedad generan daños a todos pero sobre los más débiles la carga es más contundente y recae con mayor fuerza debido a la sensibilidad y repercusión en las franjas de ingresos bajos.
Por otra parte, como se ha señalado reiteradamente, a medida que las intromisiones de los aparatos estatales se intensifican se van deteriorando y desfigurando las únicas señales que tiene el mercado para operar. Esas señales indican dónde es más atractivo invertir y dónde no conviene hacerlo. Al fin y al cabo los precios no son más que transacciones de derechos de propiedad. Si se elimina la propiedad como reclaman los marxistas se derrumba el sistema de señales. En este sentido, como he ejemplificado otras veces, no se sabe si conviene construir caminos con oro o con asfalto cuando desaparecen las referidas señales. Y sin llegar a ese extremo, cuando los gobiernos intervienen en el sistema de precios se va deteriorando y desdibujando la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general.
En buena parte del llamado mundo libre, hoy observamos legislaciones que van a contracorriente de lo dicho y, por ende, ponen palos en las ruedas a la productividad y, consecuentemente, al progreso de las personas que se encuentran atrapadas en un laberinto infame. Es interesante detenerse a repasar conceptos vertidos por Alberdi, quien escribió en 1854, en Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853: «La propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública».
Por eso es que también James Madison, el padre de la Constitución estadounidense (en la que se inspiró Alberdi junto a la Constitución de Cádiz de 1812), ha consignado en 1792 en «Property» (compilado en James Madison: Writings): «El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad de todo tipo […] Este ha sido el fin del gobierno, solo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo». La misma Justicia es inseparable de la propiedad ya que como bien reza la definición clásica de Ulpiano se trata de «dar a cada uno lo suyo» y lo suyo remite a la propiedad de cada cual.
Mientras sigamos con la cantinela de la redistribución de ingresos no progresaremos puesto que la distribución cotidiana que todos hacemos de modo pacífico en el supermercado y afines contradice las antedichas asignaciones políticas que se llevan a cabo coactivamente. Recordemos una vez más a Alberdi en la obra ya citada: «¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra».
Publicado originalmente en La Nación, lunes 30 de julio de 2018
Punto de Vista Economico 