Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de UBA, Derecho, continuamos viendo a Juan Bautista Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico, cuando trata sobre la generación y distribución de las riquezas. En este caso, sobre el papel del capital:

“Los capitales no son el dinero precisamente; son los valores aplicados a la producción, sea cual fuere el objeto en que consistan. Para pasar de una mano a otra, se con vierten ordinariamente en dinero, en cuyo caso el dinero sólo hace de instrumento del cambio o traslación de los capitales, pero no constituye el capital propiamente dicho.
Los capitales pueden trasformarse y convertirse en muelles, en buques de vapor, en ferrocarriles, puentes, pozos artesianos, canales, fábricas, máquinas de vapor y de todo género para beneficiar metales y acelerar la producción agrícola, así como pueden consistir en dinero y mantenerse ocupados en hacer circular otros capitales por su intermedio.
Bajo cualquiera de estas formas o trasformaciones que se consideren los capitales en la Confederación Argentina, ellos constituyen la vida, el progreso y la civilización material de ese país.
La Constitución federal argentina es la primera en Sud-América que, habiendo comprendido el rol económico de ese agente de prosperidad en la civilización de estos países, ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros.
Esa mira alta y sabia está expresada por el art. 64, inciso 16 de la Constitución Federal, que atribuye al Congreso el poder obligatorio en cierto modo de: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración del país, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
El art. 104 de la Constitución, comprendiendo que los capitales son una necesidad de cada provincia, al paso que de toda la Confederación, atribuye aquellas mismas facultades a los gobiernos de provincia, sirviéndose de las mismas expresiones.
Se ve que la Constitución considera como cosas conducentes a la prosperidad del país la industria, la inmigración, los ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales. Y como todas estas cosas conducentes a la prosperidad no son más que trasformaciones del capital, la Constitución cuida de colocar a la cabeza de esas cosas y al frente de los medios de promover las la importación de capitales extranjeros.”

En un interesante informe publicado por Cato, Chris Edwards plantea el tema de porqué fracasa el gobierno. Viejo tema, por supuesto, donde analiza los problemas básicos de falta de conocimiento y de débiles o desviados incentivos para alcanzar la eficiencia, por lo que el gobierno norteamericano, como otros, se destaca por ser incompetente y despilfarrador. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa777.pdf

Pero, al margen del análisis específico que trae el trabajo, quisiera presentar aquí los simples argumentos del análisis acerca de esa eficiencia, tanto sea de los impuestos que el estado cobra, como de los subsidios que otorga. Así, dice Edwards:

“Los mercados permiten a millones de personas y empresas que coordinar sus actividades. Los precios son la clave para que los mercados realicen dos funciones. En primer lugar, los precios agregan y comunican información en constante cambio acerca de los recursos, los gustos y la tecnología. En segundo lugar, los precios crean incentivos para producir y consumir de manera eficiente. Si un recurso se espera que sea escaso, por ejemplo, el precio sube y la gente comienza la reducción de su uso de ella mientras se cambia a otros productos.

Grandes cantidades de dichos ajustes se hacen de forma continua, dirigiendo la economía hacia niveles más altos de producción e ingresos. Los inversores y los empresarios dirigen sus recursos para las industrias más prometedoras. Los trabajadores descubren dónde utilizar mejor sus habilidades y añadir valor. Las empresas se esfuerzan por mantener su producción y a sus clientes felices. Hay un montón de errores, pero los precios continuamente ajustan para mantener todo en camino y en movimiento.

Consecuencias no deseadas

Cuando el gobierno federal interviene en la economía con subsidios y regulaciones, arroja una traba en el mecanismo de los precios. Si apoya los precios de la agricultura, por ejemplo, ayuda a los agricultores, pero también los motiva a la sobreproducción de cultivos subvencionados y a producir una cantidad insuficiente de otros, más valiosos. Las leyes de salario mínimo están destinadas a ayudar a los trabajadores, pero elevan el costo de la contratación de los trabajadores de baja calificación las empresas contratan a menos de ellos.

Al igual que con los impuestos, subsidios y regulaciones hacen que las personas cambien sus esfuerzos productivos, lo que impone pérdidas de eficiencia en la economía. Considere la posibilidad de un programa social. Los aumentos de los impuestos necesarios para financiar el programa inducen a los contribuyentes a trabajar menos, mientras que el gasto inducirá a los receptores de asistencia social a trabajar menos. El difunto senador Daniel Patrick Moynihan de Nueva York, dijo: “No puede afirmarse con demasiada frecuencia que la cuestión del bienestar no es lo que cuesta a aquellos que la proporcionan, sino lo que le cuesta a los que la reciben.” En realidad, son ambos efectos a la vez.

La Figura 3 ilustra las pérdidas de eficiencia creadas por un programa de subsidios agrícolas. Se plantea la hipótesis de un mercado donde las personas sin subsidio compran 100 millones de mazorcas de maíz por 50 centavos cada una. Dado que los mercados son voluntarios, sabemos que los clientes valoran las mazorcas a 50 centavos la pieza o más, y sabemos que el costo de producir la mazorca es de 50 centavos la pieza o menos. Supongamos ahora que el gobierno subvenciona a los agricultores 10 centavos por mazorca. Los agricultores cultivarán más maíz y reducirán sus inversiones en otras actividades.

En la figura, las mazorcas adicionales costarán más para producir de 50 centavos de dólar, pero sería valorado por los consumidores en menos de 50 centavos. Por tanto, la subvención ha destruido valor porque la producción cuesta más de lo vale la pena. La cantidad de valor destruido es la pérdida de peso muerto, que se muestra en la figura como el triángulo gris.

Podríamos hacer diagramas similares para cientos de los programas de subsidios y regulaciones federales. los legisladores federales tienen la intención de ayudar a la gente, pero sus intervenciones inducen a la gente a cambiar su comportamiento en formas que socavan la economía.

En un interesante informe publicado por Cato, Chris Edwards plantea el tema de porqué fracasa el gobierno. Viejo tema, por supuesto, donde analiza los problemas básicos de falta de conocimiento y de débiles o desviados incentivos para alcanzar la eficiencia, por lo que el gobierno norteamericano, como otros, se destaca por ser incompetente y despilfarrador. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa777.pdf

Pero, al margen del análisis específico que trae el trabajo, quisiera presentar aquí los simples argumentos del análisis acerca de esa eficiencia, tanto sea de los impuestos que el estado cobra, como de los subsidios que otorga. Así, dice Edwards:

“Al evaluar los programas de gasto, los políticos debe tener en cuenta todos los costes de su financiación. El coste directo de cualquier programa son los ingresos fiscales que el gobierno tendrá que extraer desde el sector privado. Sin embargo, otro costo es creado por el proceso de extracción en sí mismo. Dado que los impuestos son obligatorios, inducen a la gente para tratar de evitarlos cambiando sus decisiones de trabajo, inversión y consumos. Tales respuestas dañan la economía, un daño llamado “pérdida de peso muerto” (deadweight loss).

Supongamos que el gobierno impone un nuevo impuesto sobre el vino. Los bebedores de vino se verían perjudicados porque parte de su dinero sería confiscada. Sin embargo, un costo adicional, la pérdida de peso muerto, se crearía cuando la gente hace recortes en su consumo de vino. Debido a los impuestos, la gente consumirá menos vino y se perderá una cierta cantidad de bienestar o felicidad.

La Figura 2 ilustra el daño causado por un impuesto sobre el vino de $ 1 por botella. Antes de imponer el impuesto, las personas consumieron 100 millones de botellas a $ 10 por botella. Con el impuesto, el precio se eleva y las personas van a reducir su consumo a 90 millones de botellas. El área rectangular muestra la cantidad de ingresos recaudados por el gobierno. El área triangular es la pérdida del peso muerto, que es causada por la reducción que la gente hace de su consumo en 10 millones de bottles.

Mientras que la cantidad de ingresos de impuestos representa una pérdida para el sector privado y una ganancia para el gobierno, la pérdida de peso muerto es una pérdida para la sociedad como un todo. El gobierno ha bloqueado el intercambio de 10 millones de botellas que hubieran beneficiado a ambas partes. Todo impuesto federal hace que este tipo de daños al obstaculizar intercambios en el mercado. Los impuestos sobre la renta, por ejemplo, reducen los esfuerzos de millones familias y empresas que trabajan y que invierten.

¿De qué tamaño son las pérdidas de eficiencia de los impuestos del gobierno federal? Varían en función de la tasa de impuestos, el tipo de impuesto, y otros factores. Pero para el caso de impuestos federales, los estudios han encontrado que, en promedio, la pérdida de eficiencia de un aumento de los impuestos de un dólar es más o menos 50 centavos. Sobre la base de su trabajo pionero, Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, piensa que la pérdida puede ser más alta, tal vez cercana o igual a “un dólar por cada dólar de ingresos fiscales, por lo que el costo de un mayor gasto gubernamental  sería más de dos dólares por cada dólar de los gastos del gobierno.  Otras estimaciones son, sin embargo, menores a la de Feldstein.

Supongamos que el Congreso está considerando un gasto de $ 10 millones de dólares en un programa de subsidio de energía. Dejando de lado si el programa es ético o constitucional, ¿tiene el  programa algún sentido económico? Los beneficios del programa tendrían tiene que ser mayores que el coste total de alrededor de $ 15 mil millones, que incluye los $ 10 mil millones de costo directo para los contribuyentes más otros $ 5 mil millones en pérdidas de peso muerto.

Actualmente, los legisladores federales no tienen en cuenta esas pérdidas de peso muerto cuando toman decisiones de gasto, pero deberían. El contador del Congreso, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), por lo general no incluye el peso muerto en sus análisis. Las agencias federales en general no tienen en cuenta las pérdidas de peso muerto, a pesar de que la Oficina de Administración y Presupuesto ha recomendado que sean incluidas en las evaluaciones sobre los programas.

La ausencia de información de la pérdida de peso muerto sesga los políticos a favor de aprobar programas. Considere el debate sobre la a la Salud del 2010. El investigador en salud, Chris Conover estima que la ley generó impuestos crearían de cerca de $ 500 millones de dólares de pérdidas de eficiencia durante la pimera década, además del costo oficial de alrededor de $ 1 billón. Si dicha estimación se hubiera presentado al Congreso en 2010, podría haber cambiado el debate sobre la legislación.

Para ver por qué las pérdidas de eficiencia pueden resultar en el fracaso del gobierno, vamos a comparar un proyecto solidario privado a un programa de gobierno. Supongamos que un filántropo crea un proyecto de $ 10 millones para ayudar a personas desfavorecidas, y el programa genera $ 12 millones en beneficios. Sería un éxito. Supongamos ahora un programa similar dirigido por el gobierno. Sería un fracaso porque utilizaría financiación de impuestos y por lo tanto generan pérdidas de eficiencia. El programa de gobierno cuesta $ 10 millones de dólares directamente más otros $ 5 millones en pérdidas de eficiencia, con un coste total que supera los beneficios. Puesto que los proyectos del gobierno son financiados por contribuciones forzosas, son más costosos que los proyectos privados. La coerción no es gratuita.”

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, de Ciencias Económicas, UBA, vemos el libro más famoso de la economía: Adam Smith, La Riqueza de las Naciones. En este caso, el notable Libro IV, Capítulo II. Aquí algunos párrafos:

“La industria general de una sociedad nunca puede exceder de la que sea capaz de emplear el capital de la nación. Así como el número de operarios que de continúe emplea un particular, debe guardar cierta proporción con su capital, así el número de los que pueden ser empleados constantemente por todos los miembros de una gran sociedad debe guardar también una proporción correlativa con el capital total de la misma, y no puede exceder de esa proporción. No hay regulación comercial que sea capaz de aumentar la actividad económica de cualquier sociedad más allá de lo que su capital pueda mantener. Únicamente puede desplazar una parte en dirección distinta a la que de otra suerte se hubiera orientado; pero de ningún modo puede asegurarse que esta dirección artificial haya de ser más ventajosa a la sociedad, considerada en su conjunto, que la que hubiese sido en el caso de que las cosas discurriesen por sus naturales cauces.

Cada individuo en particular se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad; pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, de una manera natural, o más bien necesaria, el empleo más útil a la sociedad como tal.”

“El producto de la industria es lo que esta añade a los materiales que trabaja y, por lo tanto, los beneficios del fabricante serán mayores o menores, en proporción al valor mayor o menor de ese producto. Únicamente el afán de lucro inclina al hombre a emplear su capital en empresas industriales, y procurara invertirlo en sostener aquellas industrias cuyo producto considere que tiene el máximo valor, o que pueda cambiarse por mayor cantidad de dinero o de cualquier otra mercancía. Pero el ingreso anual de la sociedad es precisamente igual al valor en cambio del total producto anual de sus actividades económicas, o mejor dicho, se identifica con el mismo. Ahora bien, como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica, y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia; pero en este como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de servir s6lo el interés público. Pero esta es una afectación que no es muy común entre comerciantes, y bastan muy pocas palabras para disuadirlos de esa actitud.”

“Cual sea la especie de actividad doméstica en que pueda invertir su capital, y cuyo producto sea probablemente de más valor, es un asunto que juzgara mejor el individuo interesado en cada caso particular, que no el legislador o el hombre de Estado. El gobernante que intentase dirigir a los particulares respecto de la forma de emplear sus respectivos capitales, tomaría a su cargo una empresa imposible, y se arrogaría una autoridad que no puede confiarse prudentemente ni a una sola persona, ni a un senado o consejo, y nunca sería más peligroso ese empeño que en manos de una persona lo suficientemente presuntuosa e insensata como para considerarse capaz de realizar tal cometido.”

“Lo que es prudencia en el gobierno de una familia particular, raras veces deja de serlo en la conducta de un gran reino. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas que nosotros podemos hacerla, será mejor comprarla que producirla, dando por ella parte del producto de nuestra propia actividad económica, y dejando a esta emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero. Como la industria de un país guarda siempre proporción con el capital que la emplea, no por eso quedar disminuida, ni tampoco las conveniencias de los artesanos, a que nos referíamos antes, pues buscara por s£ misma el empleo más ventajoso. Pero no se emplea con la mayor ventaja si se destina a fabricar un objeto que se puede comprar más barato que si se produjese, pues disminuiría seguramente, en mayor o menor proporci6n, el producto anual, cuando por aquel camino se desplaza desde la producción de mercaderías de más valor hacia otras de menor importancia. De acuerdo con nuestro supuesto, esas mercancías se podrían comprar más baratas en el mercado extranjero que si se fabricasen en el propio. Se podrían adquirir solamente con una parte de otras mercaderías, o en otros términos, con solo una parte del precio de aquellos artículos que podría haber producido en el país con igual capital la actividad económica empleada en su elaboración, si se la hubiera abandonado a su natural impulse. En consecuencia, se separa la industria del país de un empleo más ventajoso y se aplica al que lo es menos, y en lugar de aumentarse el producto permutable de su producto anual, como sería la intención del legislador, no puede menos de disminuir considerablemente”.