10 propositions of the Science of Economics by Peter Boettke

The Austrian school of economics was founded in 1871 with the publication of Carl Menger’s Principles of Economicsmenger, along with william stanley jevons and leon walras, developed the marginalist revolution in economic analysis. Menger dedicated Principles of Economics to his German colleague William Roscher, the leading figure in the German historical school, which dominated economic thinking in German-language countries. In his book, Menger argued that economic analysis is universally applicable and that the appropriate unit of analysis is man and his choices. These choices, he wrote, are determined by individual subjective preferences and the margin on which decisions are made (see marginalism). The logic of choice, he believed, is the essential building block to the development of a universally valid economic theory.

The historical school, on the other hand, had argued that economic science is incapable of generating universal principles and that scientific research should instead be focused on detailed historical examination. The historical school thought the English classical economists mistaken in believing in economic laws that transcended time and national boundaries. Menger’s Principles of Economics restated the classical political economy view of universal laws and did so using marginal analysis. Roscher’s students, especially Gustav Schmoller, took great exception to Menger’s defense of “theory” and gave the work of Menger and his followers, eugen böhm-bawerk and Friedrich Wieser, the derogatory name “Austrian school” because of their faculty positions at the University of Vienna. The term stuck.

Since the 1930s, no economists from the University of Vienna or any other Austrian university have become leading figures in the so-called Austrian school of economics. In the 1930s and 1940s, the Austrian school moved to Britain and the United States, and scholars associated with this approach to economic science were located primarily at the London School of Economics (1931–1950), New York University (1944–), Auburn University (1983–), and George Mason University (1981–). Many of the ideas of the leading mid-twentieth-century Austrian economists, such as ludwig von mises and f. a. hayek, are rooted in the ideas of classical economists such as adam smith and david hume, or early-twentieth-century figures such as knut wicksell, as well as Menger, Böhm-Bawerk, and Friedrich von Wieser. This diverse mix of intellectual traditions in economic science is even more obvious in contemporary Austrian school economists, who have been influenced by modern figures in economics. These include armen alchian, james buchanan, ronald coase, Harold Demsetz, Axel Leijonhufvud, douglass north, Mancur Olson, vernon smith, Gordon Tullock, Leland Yeager, and Oliver Williamson, as well as Israel Kirzner and Murray Rothbard. While one could argue that a unique Austrian school of economics operates within the economic profession today, one could also sensibly argue that the label “Austrian” no longer possesses any substantive meaning. In this article I concentrate on the main propositions about economics that so-called Austrians believe.

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¿El Iphone y Google son el fruto de políticas estatales? Informe del Instituto Juan de Mariana (II)

El Instituto Juan de Mariana de Madrid ha publicado un informe sobre el mito de que es el Estado la fuente de la innovación y el progreso tecnológico en el mundo. Muy interesante. El informe completo aquí: https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-el-estado-emprendedor

Aquí va la segunda parte de un resumen:

Mito 1. El Estado es el motor fundamental de la innovación y el progreso científico-técnico. Realidad: El proceso de desarrollo de nuevas innovaciones es evolutivo, descentralizado, cooperativo y competitivo. No hay actores fundamentales en el mismo. Históricamente, el sector privado ha liderado el avance del progreso técnico. Y el único momento en la Historia que supone un cambio en la tendencia de crecimiento económico a largo plazo, la Revolución Industrial, se gesta y desarrolla por completo sin apenas apoyo estatal.

Mito 2. Existe un esfuerzo emprendedor unificado detrás de las políticas tecnológicas de los Estados. Realidad: Los Estados son entidades compuestas por diversas agencias, no cabe hablar de una voluntad unificada: lo que investigue una universidad pública en concreto no viene dado por el mismo plan que determina lo que investiga un laboratorio estatal. En particular, el gasto estatal en innovación en Estados Unidos se halla fuertemente descentralizado.

Mito 3. La intervención estatal en I+D+i es siempre beneficiosa. Realidad: Toda acción económica conlleva costes de oportunidad y puede dar lugar a consecuencias no previstas. La inversión estatal en innovación puede sesgar el avance de su desarrollo hacia campos menos conectados con las demandas de los consumidores, con la retirada de recursos de proyectos orientados hacia ellos y la ralentización de estas innovaciones. Además, el gasto público en I+D+i puede no generar más progreso tecnológico, sino suponer tan sólo una redistribución de la renta hacia científicos e ingenieros.

Mito 4. Es necesario que el Estado lidere el sistema de innovación nacional para que funcione adecuadamente. Realidad: Las funciones de coordinación que el Estado puede llevar a cabo son también realizables por la propia sociedad, de forma mucho más adecuada a sus necesidades. En general, allí donde el Estado trata de liderar el cambio tecnológico, tiende más bien a fracasar.

Mito 5. El iPhone, Google y otras empresas e invenciones son fruto de la inversión pública en I+D+i. Realidad: El iPhone y Google son atribuibles a sus respectivos creadores. Un estudio detenido de la historia del desarrollo de las tecnologías que constituyen el iPhone y los motores de búsqueda muestran que el progreso en esos sectores ocurría antes de la intervención estatal y que muchos agentes contribuyeron a él, sin ningún plan a priori.

Iphone

Reflexión de domingo: MÁS SOBRE KEYNES – Por Alberto Benegas Lynch (h)

ABLMucho se ha escrito sobre John Maynard Keynes a favor y en contra, pero es de interés intentar una vez más indagar en aspectos centrales de su tesis al efecto de comprender el cometido con la mayor claridad posible.

En el capítulo 22 de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero Keynes resume su idea al escribir que “En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de inversión no puede dejarse con garantías en manos de los particulares”.

En el capítulo 2 del segundo volumen de su Ensayos de persuasión afirma que “Estamos siendo castigados con una nueva enfermedad, cuyo nombre quizás aun no han oído algunos de los que me lean, pero de la que oirán mucho en los años venideros, es decir el paro tecnológico”. Este comentario sobre “la nueva enfermedad” pone de relieve la incomprensión de Keynes sobre el tema del desempleo.

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¿El Iphone o Google son el resultado de políticas estatales? Informe del Instituto Juan de Mariana (I)

El Instituto Juan de Mariana de Madrid ha publicado un informe sobre el mito de que es el Estado la fuente de la innovación y el progreso tecnológico en el mundo. Muy interesante. El informe completo aquí.

Aquí va la primera parte de un resumen:

EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN ES EL LIBRE MERCADO

Las políticas estatales de I+D+i restringen las oportunidades de los emprendedores y fomentan la creación de fuertes grupos de presión

  • El motor fundamental del progreso tecnológico es el libre mercado y no los programas estatales
  • Las políticas públicas de I+D+i conducen normalmente a resultados desastrosos
  • Invenciones como el iPhone o Google son fruto del mercado, no de la inversión pública

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El Instituto Juan de Mariana publica el informe Mitos y Realidades del Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?, en el que se pone en tela de juicio las tesis de la economista italiana Mariana Mazzucato, quien otorga al Estado un papel capital en la innovación y el emprendimiento y aboga, en consecuencia, por una planificación estatal en este capítulo.

El sistema económico capitalista históricamente se ha asociado con la destrucción creativa y con la innovación disruptiva. Si alguna cualidad suele reconocérsele al capitalismo, incluso por sus más feroces críticos, es la de promover el desarrollo tecnológico: ejemplos recientes como el iPhone de Apple, el motor de búsqueda de Google o el agregador de contenido audiovisual de Netflix parecen ilustrar en el día a día cómo el capitalismo revoluciona nuestra calidad de vida.

Existen paralelismos entre Mariana Mazzucato y el “economista de la desigualdad”, el francés Thomas Piketty, quienes han alcanzado prestigio y popularidad tras acompañar sendas investigaciones críticas con el capitalismo de exitosas campañas divulgativas.

Desde 2013, Mazzucato ha pretendido refutar la idea de que el capitalismo es el motor esencial de las innovaciones más importantes que hemos disfrutado en las últimas décadas. Así, en su conocido libro El Estado emprendedor, la economista trata de argumentar que todos esos avances tecnológicos son, en realidad, producto de los programas estatales de investigación: es al Estado y a su política de I+D+i a quienes les debemos el progreso presente. El iPhone o el buscador de Google son, de acuerdo con la italiana, subproductos de la planificación estatal.

La obra de la economista transalpina ha tenido una amplísima repercusión a nivel mundial y ha contribuido a que muchos políticos, economistas y periodistas modifiquen su perspectiva sobre el proceso innovador: Mazzucato, por ejemplo, defiende la creación de una banca pública que financie el proceso de investigación, así como la participación estatal en el control de empresas beneficiadas por las ayudas públicas a la I+D+i. Sobre todo, con su abierta retórica estatista, sienta las bases para legitimar subidas de impuestos y el aumento del intervencionismo siempre con la excusa de que la sociedad acaba recibiendo un retorno.

Tras décadas en las que el Estado ha venido apropiándose de la mitad de la riqueza que las economías capitalistas generan y regulando la otra mitad, es imposible no encontrar algún vestigio de emprendimiento tecnológico originado por la acción estatal. Faltaría más que el Estado, después de invertir ingentes cantidades de dinero en sus faraónicos programas de investigación, no hubiera contribuido a sacar adelante nada valioso. Con todo, cabe plantearse qué habría sucedido si el Estado no hubiese detraído esos recursos a la sociedad. Resultan innumerables las posibilidades que habrían surgido en un ambiente en el que el genio empresarial de millones de seres humanos se hubiera podido explayar sin las trabas y dificultades que ha padecido desde el surgimiento del Estado emprendedor tras la II Guerra Mundial.

Conviene, en fin, tener muy presente que el Estado emprendedor no sale gratis a la población:

• Coste de oportunidad: Los contribuyentes se ven obligados a sufragar proyectos de resultado muy incierto, sobre los que no se dispone de la información que aportan los precios de mercado de cara a determinar si los medios utilizados están generando o destruyendo valor. Se produce asimismo un efecto expulsión (crowding-out) al detraer recursos de la economía por vía impositiva, de forma que el sector privado ve mermadas sus rentas para llevar a cabo sus propios proyectos de emprendimiento.

  • Apuestas de alto riesgo: se anula la experimentación descentralizada e incremental (prueba y error) propia del mercado cuando se concentran recursos de I+D+i en una vía de investigación única y concreta. El riesgo es muy elevado. Si esta línea de trabajo no es la correcta, la sociedad no sólo ha destinado recursos a algo vacío (ineficiente), sino que queda desprovista de soluciones competitivamente más idóneas, por lo que sufre un importante menoscabo.
  • Incentivos perversos en los agentes: inevitablemente, surgen buscadores de rentas estatales. Es el caso de los nuevos cuerpos de burócratas que buscan proteger su statu quo a toda costa, tratando de desprestigiar o boicotear a quienes, desde fuera del sistema, se lanzan a competir con ellos en la provisión de ideas e investigaciones novedosas. O espurios empresarios que, en lugar de dedicarse a ofrecer cada vez más y mejores bienes y servicios a la sociedad por mor de la innovación a la que les empuja el entorno competitivo, invierten sus fuerzas en hacer lobbying para aprovecharse de las regulaciones y las subvenciones públicas en un marco que les asegure la ausencia de competencia y una posición de monopolio. Con todo ello se pone freno a la innovación disruptiva, que no busca otra cosa que romper con viejos moldes productivos (energía, medios de transporte, medicina personalizada, nuevos materiales, autonomía personal y de trabajo, etc.). Al contrario, se favorece a unos pocos privilegiados mientras se limitan las oportunidades de emprendimiento a los innovadores y se cercenan al público los resultados que estas disrupciones habrían podido arrojar para su creciente bienestar.

En un contexto en el que España debe redefinir cuál será su modelo productivo para las próximas décadas y en el que muchos apuestan por que el Estado dirija esa transformación a través de la inversión y regulación pública de la I+D+i, desde el Instituto Juan de Mariana pretendemos mostrar los profusos errores de la tesis de Mariana Mazzucato para evitar que desoriente a nuestros políticos, periodistas e intelectuales.

¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁ LA ARGENTINA DEL MODELO ECONÓMICO CHILENO?

En numerosas oportunidades Mauricio Macri declaró su admiración hacia el modelo económico chileno. Alguna vez se lo reconoció a su par Michelle Bachelet, y otra vez exclamó que “sería bueno que los argentinos asimilaran la experiencia” trasandina. Es una hipótesis plausible que a nuestro Presidente le gustaría que Argentina convergiera en materia económica hacia el modelo chileno, alcanzando estabilidad monetaria, con un gobierno limitado a menos funciones y con una mayor apertura económica e inserción internacional. La convergencia, sin embargo, parece ser muy lejana, y los avances a lo largo de este 2016 parecen ser mínimos.

La admiración no sorprende cuando se analizan diversos indicadores. Existe cierta similitud al tomar el Producto Interno Bruto per cápita o el nivel de desempleo, pero las diferencias son notorias cuando se analiza el nivel de gasto público en relación al PIB (23 % Chile vs 45 % Argentina), déficit fiscal (2 % vs 7 %), el nivel de deuda sobre el PIB (17 % vs 60 %), Ranking Moodies (Aa3 vs B3), ubicación en el Ranking de competitividad (35 vs 106), lugar en el índice Doing business ó “hacer negocios” del Banco Mundial (48 vs 121), Indice de Precios al Consumidor  (4 % vs 40 %), nivel de exportaciones e importaciones en relación al PIB (30 % vs 12 %), además de mejores indicadores en las tasas de natalidad, mortalidad y esperanza de vida, por tomar una muestra.

Algunas de las medidas concretas que tomó este gobierno contribuyen en la convergencia de este modelo bajando la presión tributaria (se eliminaron y redujeron retenciones a las exportaciones y se incrementó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias), buscando reducir la tasa de inflación (bajando el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria) y tratando de incrementar la apertura económica y la inserción internacional (eliminando primero el cepo cambiario, restableciendo el diálogo con acreedores externos y devolviendo al país las relaciones internacionales que le fueron negadas por más de una década, incluyendo un acercamiento a la Alianza del Pacífico).

En donde no ha habido avances es en el frente fiscal. El siguiente recuadro puede ayudar a comprender el punto.

Argentina_Chile

La economía argentina presenta hoy un elevado nivel de gasto público. ¿Bajo qué criterio se puede sostener que es “elevado”? “Elevado”, si lo comparamos, por ejemplo con la recaudación tributaria, provocando un déficit fiscal que nos obliga a tener que acceder a otras fuentes de financiamiento. El kirchnerismo financió estos déficits emitiendo dinero, lo que generó un alto nivel de inflación, y también accediendo a tomar deuda interna a través de los fondos de pensiones existentes en ANSES, lo que complica el futuro previsional de la población económicamente activa.

El gobierno de Mauricio Macri ha negado una y otra vez que vaya a ocurrir un ajuste durante su gobierno, lo que se convalida al observar el tamaño del gasto público. En lo que sí hubo leves cambios, es en la forma de financiarlo. Como explicamos más arriba, eliminó retenciones y redujo el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, lo que permitió reducir levemente la presión tributaria; también redujo el ritmo de monetización del déficit fiscal para bajar la inflación el próximo año; pero continúa tomando fondos de ANSES en forma de deuda interna y ha buscado y sigue buscando cubrir la brecha que queda a través de deuda externa.

Si esta solución prevalece, lógicamente será temporal y estará condenada al fracaso. Ningún país puede lograr sostener estos niveles de déficit tomando deuda externa. Vale recordar el desenlace del menemismo por seguir esta receta.

Lo que la economía argentina necesita es un fuerte ajuste fiscal que le permita reducir el porcentaje de empleo público del 20 % actual al 10 % que caracteriza a la media de la región, reduciendo también la presión tributaria que recae sobre las empresas y los consumidores a la mitad, continuando con la eliminación de diversos tributos, especialmente los más distorsivos . Por supuesto que alcanzar los niveles chilenos es algo lejano, pero sería deseable planificar un plan integral de transición hacia ese objetivo.

IAA: Los Cachanosky, Entendiendo el Deterioro Economico K

El 16 de agosto junto a Iván Cachanosky dimos una charla sobre pobreza y desigualdad y el deterioro económico de Argentina durante la administración Kirchnerista. El evento fue organizaron por el Institituto Acton Argentina y tuvo lugar en la Universidad de San Isidro.

Aquí el video de nuestras presentaciones.

Aquí el video con preguntas y respuestas.

Aquí la presentación PowerPoint de la economía Argentina.

Los beneficios de la inmigración – Por Martín Krause [La Nación]

Publicado originalmente en La Nación, el lunes 15 de agosto de 2016.

El movimiento de personas a través de las fronteras genera debates en Europa y Estados Unidos; una mirada desapasionada a la luz de ciertos indicadores muestra que, pese a sus costos, se trata de un fenómeno en el que todos ganan.

Las migraciones se han convertido en un tema central de discusión en Europa. Más aún luego de los atentados terroristas ocurridos en Bélgica, Alemania y Francia, y del Brexit. También son motivo de debate en la campaña electoral en los Estados Unidos. Las imágenes de este fenómeno nos muestran situaciones dramáticas y esto ha ayudado a que se desaten todo tipo de pasiones sobre el asunto. Sin embargo, un análisis más profundo demuestra que el movimiento de personas, tal como el de bienes y capitales, trae beneficios muy superiores a los costos, aunque éstos puedan ser más visibles.

Los temas en discusión son muchos, y tienen que ver tanto con cuestiones de “derechos” como de los costos o beneficios que se generan y en quien recaen.

Lo primero es responder si existe un derecho a migrar. En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida” -aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba- y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico.

En principio, pareciera que una barrera a la inmigración violaría el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿No resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos “externos”, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas.

Existen otros efectos “externos” que suelen plantearse como originados por la inmigración. Uno de ellos es la cuestión de si la inmigración perjudica al empleo local.

Según una encuesta de Gallup, un 58% de los residentes de países de altos ingresos señalan que los inmigrantes ocupan empleos que esos mismos residentes no desean ocupar, y un 18% afirma lo opuesto. Esto mismo se repite en los diez principales países receptores de inmigrantes.

Un estudio de la OCDE (2014) informa que en los 10 años hasta 2012 los inmigrantes representaron un 47% del aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos y un 70% en Europa, y que representaron alrededor de un cuarto de todos los ingresos en las ocupaciones que más han declinado en los Estados Unidos (28%) y Europa (24%), básicamente operarios; ocuparon así funciones que, como lo confirma la encuesta, no son consideradas atractivos por los locales.

Un informe del Banco Mundial de 2005 encontró que si los 30 países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos US$ 300.000 millones. Esto es US$ 230.000 millones más que la ayuda internacional que estos países destinan a los países pobres. Si hubiera fronteras abiertas por completo se duplicaría el PIB mundial en pocas décadas, virtualmente eliminando la pobreza global.

Pero no terminan aquí los debates que genera este complejo problema.

¿Son los inmigrantes una carga fiscal? El estudio de la OCDE sugiere que el impacto de olas sucesivas de migración en los últimos 50 años hacia los países más desarrollados es en promedio cercano a cero, rara vez excediendo 0,5% del PIB, tanto sea en términos positivos como negativos. El impacto es mayor en Suiza y Luxemburgo, donde los inmigrantes proveen un beneficio neto estimado de cerca de 2% del PIB a las finanzas públicas. “Contrariamente a la percepción general -dice el estudio-, los inmigrantes con baja educación tienen una posición fiscal [la diferencia entre sus contribuciones y los beneficios que reciben] mejor que sus pares locales. Y cuando los inmigrantes tienen una posición fiscal menos favorable, no es por tener una mayor dependencia de los beneficios sociales sino porque tienen a menudo salarios más bajos y tienden, entonces, a pagar menos”.

¿Pueden los inmigrantes trastrocar la cultura local? La existencia de barrios enteros en algunas ciudades europeas y norteamericanas hace temer que esto ocurra, pero de ahí a afirmar que sea posible existe un largo trecho. La cultura occidental, la de los países que más inmigración reciben, es la que les permitió desarrollar las instituciones que permitieron su crecimiento y riqueza. Si han deteriorado sus instituciones ha sido más por modificaciones culturales propias que importadas a través de inmigrantes. Después de todo, las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, que causaron estragos y catástrofes en todo el mundo son de origen europeo, no importadas por los inmigrantes. Argumentos similares pueden desarrollarse en relación con el temor que ingresen inmigrantes que cometerán crímenes. La evidencia empírica muestra la tasa de criminalidad de los inmigrantes no es superior a la de los locales, y el argumento se puede extender a todo tipo de migración interna o a la existencia de criminales en los barrios informales, pese a que sean nacionales.

¿Los que se van perjudican a los que se quedan? Este no es, en realidad, un tema de debate, sino la consideración de un hecho que debe ser tenido en cuenta. La llegada de los migrantes, tanto refugiados como laborales, acerca a quienes provienen de sociedades con baja productividad debido a la escasez de capital invertido a otras donde su productividad es mucho mayor. Esto les genera ingresos muy superiores a los de los lugares de origen, siendo éste uno de los principales incentivos para emigrar. Y esos mayores ingresos se han convertido en el programa de ayuda más importante y con mayor sustento moral que pueda imaginarse: las remesas.

El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de US$ 588.199 millones, unas cuatro veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se han convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán y un 29,9% del de Nepal. En América latina, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% del de Honduras y 16,8% en el caso de El Salvador.

Lentamente, se produce en el mundo un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y retrocesos. Es un proceso impulsado por esa competencia. En el pasado, ésta tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes, de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia y crea un riesgo: el reemplazo de la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

Programa completo del VI Congreso Internacional «La Escuela Austríaca de Economía en el Siglo XXI»

Header AEEl 22, 23 y 24 de agosto, en Rosario, tendremos tres días llenos de actividades, presentaciones, conferencias, workshops, seminarios y mucho más. Hacé click aquí para descargar el Programa del VI Congreso Internacional “La Escuela Austríaca de Economía en el Siglo XXI”. ¡Va a ser el Evento del Año!

Ver el Programa.

ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO – Por Alberto Benegas Lynch (h)

ABLResulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer  no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

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SMP: Natural Rate of Interest: Is it that low?

Comparto mi último post en el Sound Money Project sobre si la tasa natural de interés efectivamente se encuentra en niveles tan bajos.

One of the open questions since the subprime crisis is whether or not the natural rate of interest is as low as the federal funds rate. The natural interest rate is the rate that equilibrates production over time. However, this concept is more subtle than output being equal to potential output– it also implies that production is distributed efficiently over time.

If it is the case that the natural rate of interest is, in effect, close to zero, then the Federal Reserve’s policy of maintaining a low federal funds rate target could be an adequate one. But, if this is not the case, then the Federal Reserve might be pushing interest rates below their equilibrium level and imposing costly imbalances on the economy.

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