Este ensayo fue publicado originalmente en inglés en la edición de Enero/Febrero de 2013 del Cato Policy Report. Está basado en el libro de los mismos autores How China Became Capitalist (Palgrave, 2013).

Nadie predijo que la “modernización socialista” que el gobierno chino post-Mao lanzó en 30 años resultaría ser lo que los académicos denominan hoy la gran transformación económica de China. Cómo las acciones de los campesinos, trabajadores, académicos, y legisladores chinos se combinaron y derivaron en esta consecuencia no intencionada es la historia que intentamos contar. Hoy, no necesitamos presentar datos estadísticos para convencerlo del auge de la economía china, aún cuando China todavía se enfrenta a retos enormes. Muchos chinos todavía son pobres, muchos menos chinos tienen acceso a agua pura que a los teléfonos celulares, y todavía se enfrentan a muchos obstáculos cuando se trata de proteger sus derechos y ejercer su libertad. No obstante, China ha sido transformado desde adentro a lo largo de los últimos 35 años. Esta transformación es la principal historia de nuestra época. La lucha de China, en otras palabras, es la lucha del mundo.

En contra de la sabiduría convencional, tomamos el fin de 1976 como el inicio de la reforma post-Mao y argumentamos que China básicamente se convirtió en una economía de mercado para fines de los noventa y antes de que se uniese a la Organización Mundial de Comercio en 2001. En el nuevo milenio, la economía china ha mantenido su ímpetu de crecimiento y se ha vuelto más integrada con la economía global. Siendo un relato de cómo China se volvió capitalista, nuestro libro se enfoca principalmente en las dos primeras décadas de reformas. Dentro de este periodo, nuestro relato está dividido en dos partes por un suceso divisorio, el Movimiento Estudiantil de 1989.

La primera parte del relato se trata acerca de dos reformas. Una fue diseñada por Pekín; su objetivo era revitalizar el sector estatal y salvar al socialismo. La otra resultó de iniciativas que vinieron desde abajo. La reforma liderada por el Estado se dio en dos partes. La primera empezó en 1976 bajo Hua Gofeng. Hua era el sucesor designado por Mao, quien consolidó su base de poder luego de arrestar a “ La Pandilla de los Cuatro” y poniéndole fin a la Revolución Cultural. Aunque era leal a Mao, Hua era un reformador económico.

Con el respaldo total de Deng Xiaoping y otros líderes chinos, Hua lanzó su programa económico modernización, que luego sería criticado desdeñado como “El Salto al Exterior”. Esencialmente, era un programa liderado por el Estado y por las inversiones, con un enfoque en la industria pesada; es un buen ejemplo de lo que los economistas denominaron “la industrialización del gran empuje”. Pero el programa duró poco más de dos años. Se canceló a principios de 1979, en parte debido a sus propios defectos y en parte debido al cambio de liderazgo: a fines de 1978 el Comité Central tuvo una reunión, en la cual Deng Xiaoping y Chen Yun volvieron al poder y Hua ya no estaba al mando.

Deng Xiaoping es ampliamente conocido en Occidente. La biografía reciente de Ezra Vogel ha documentado en detalle el papel que jugó Deng en las reformas de China. En comparación, Chen Yun es una figura obscura. Pero Chen era la principal autoridad de China a cargo de los asuntos económicos. Él fue el arquitecto del primer Plan Quinquenal de China en 1953 y un ferviente partidario de la planificación central. Desde que creció y estudió en Shanghái, antes de convertirse en un revolucionario, Chen también percibió un papel limitado pero crítico para el sector y el mercado privados bajo el socialismo. Chen perdió su posición cuando Mao inició el Gran Salto Adelante en 1958, política a la que Chen se oponía. Él volvió al poder junto con Deng a fines de 1978 y recibió el trabajo de diseñar una programa de reforma económica.

Chen creía que la economía china desde hace mucho había sufrido de un desbalance estructural: demasiada inversión en industria pesada en relación a la industria ligera y la agricultura, y los sectores y la planificación estatales eran ensalzados excluyéndose a los sectores y mercados privados. En su opinión, el programa económico de Hua, que se enfocaba en la industria pesada, empeoró la economía china. Por eso Chen acabó de manera forzada con “El Gran Salto Afuera”, enfrentándose a una fuerte oposición del Consejo de Estado e impuso su política económica. Esto marcó la segunda ronda de reformas lideradas por Pekín. Esta ronda de reformas lideradas por el Estado tuvo dos elementos: ajustes a nivel macro y reformas en las empresas estatales al nivel micro. Los ajustes estructurales fueron impuestos a través de toda la economía. Por ejemplo, más inversiones fueron canalizadas desde los bienes capitales hacia la producción de bienes de consumo. Más dinero se asignó a la agricultura. El gobierno elevó los precios de compra para los productos agrícolas en mas de un 20 por ciento en 1979 y aumentó significativamente las importaciones de granos. Pekín también tomó medidas para descentralizar el comercio extranjero y le dio más autonomía fiscal a los gobiernos provinciales. Al nivel micro, el énfasis se puso en lo que era visto como la base económica del socialismo, las empresas propiedad del Estado. La estrategia era devolverle algunos derechos a las empresas estatales y permitirles quedarse con algo de las ganancias. Desde 1979 y durante toda la década de los ochenta, el gobierno chino estuvo preocupado con fomentar las empresas estatales.

La reforma desde los márgenes

No hay duda de que el gobierno post-Mao realizó una serie de reformas. Pero hoy, con el beneficio de la retrospectiva, sabemos que las fuerzas económicas que realmente estaban transformando la economía china durante la primera década de reforma fueron la agricultura privada, las empresas municipales y de las aldeas, los negocios privados en las ciudades, y las Zonas Económicas Especiales. Ninguna de estas fue iniciada por Pekín. Fueron jugadores marginales operando fuera de los límites impuestos por el socialismo. A estas fuerzas marginales, el gobierno chino estaba contento de ignorarlos siempre y cuando no amenazaran al sector estatal o al poder político del Partido. Esto creó espacio para lo que denominamos “revoluciones marginales”, las cuales trajeron de vuelta a China las fuerzas del emprendimiento y del mercado durante la primera década de la reforma.

Una de estas reformas marginales es la agricultura privada. La agricultura privada ciertamente no era algo nuevo en China. Antes de 1949, había existido durante milenios. A principios de la década de los cincuenta, Mao trató de colectivizar despiadadamente la agricultura. Algunos campesinos creyeron en Mao y esperaban que la colectivización les ofrecería una nueva oportunidad para salir de la pobreza. Luego de 20 años de una agricultura colectivizada y de 40 millones de muertes por hambrunas, ellos sabían qué les convenía. Muchos volvieron a la agricultura privada luego de que muriese Mao, incluso cuando Pekín todavía estaba tratando de fortalecer el sistema de las comunas. En septiembre de 1980, Pekín fue obligado a permitir la agricultura privada en zonas donde “la gente había perdido su confianza en la colectividad”. Pero una vez que se le abrieron las puertas al agro privado, este ya no podía ser controlado. Para principios de 1982 esto se volvió una política nacional. La agricultura china fue des-colectivizada. Después en el recuento oficial de la reforma, Pekín se atribuiría el crédito de haber lanzado la reforma agrícola. Pero la reforma implementada por Pekín simplemente elevaba los precios de compra de los granos y aumentaba las importaciones de granos; el agro privado, que es lo que en realidad transformó la agricultura china y liberó a los campesinos, no vino de Pekín.

Las empresas municipales y de las aldeas fueron operaciones industriales ubicadas en áreas rurales. Durante las primeras dos décadas de reformas, estas fueron el sector más dinámico de la economía china. Como operaban fuera del plan estatal, no tenían acceso garantizado a materias primas controladas por el Estado pero tenían que comprarlas en el mercado negro a un precio más alto. También estaban excluidas del sistema de distribución controlado por el Estado para vender sus productos, pero tenían que contratar sus propios equipos de ventas para que viajen alrededor de China con el objetivo de encontrar mercados para sus productos. En otras palabras, tenían que operar como verdaderas empresas de negocios. Esto es lo que hicieron. Y no tardó mucho para que ellos superen con su desempeño a las empresas estatales, las cuales tenían todos los privilegios y protecciones del Estado y que simplemente dejaron de ser emprendedoras.

Los primeros negocios en las ciudades chinas fueron iniciados por personas que no tenían un trabajo en el sector estatal. Muchos fueron jóvenes citadinos que recientemente habían vuelto del campo. Durante la era de Mao, 20 millones de graduados de los primeros años de secundaria (jóvenes desde 15 a 18 años) en las ciudades fueron enviados al campo en parte porque el gobierno no podía crear suficientes empleos. Después de la muerte de Mao, ellos volvieron, pero no encontraron empleo alguno en el sector estatal. Jóvenes, desempleados, y ansiosos, se tomaron las calles y bloquearon el paso de los trenes. Esta creciente presión obligó al gobierno a abrir la puerta al auto-empleo. Las tiendas privadas empezaron a surgir en las ciudades chinas; rápidamente acabaron con el monopolio estatal de la economía urbana.

Entre las cuatro revoluciones marginales, las Zonas Económicas Especiales fueron las más controversiales. Fueron establecidas para cooptar el capitalismo y salvar al socialismo. La idea era permitirles experimentar con la economía de mercado, importando tecnología avanzada y conocimientos administrativos, vendiendo productos a los mercados globales, creando empleos y estimulando el crecimiento económico. Pero los experimentos estuvieron limitados a unas cuantas zonas para que no socavaran el socialismo en otras partes, y por si acaso los experimentos fracasaran, su daño al socialismo sería insignificante. 

La competencia regional

La presencia de dos reformas fue una característica determinante de la transición económica de China. No separar las dos es la principal fuente de confusión al momento de comprender las reformas en China. El gobierno chino, comprensiblemente, ha promulgado un relato de la reforma que gira alrededor del Estado, proyectándose así mismo como un diseñador omnisciente y como un instigador de la misma. El hecho de que el Partido Comunista de la China ha sobrevivido a la reforma de mercado, todavía monopoliza el poder político, y sigue activo en la economía ha ayudado a vender el relato estatista de la reforma. Pero fueron las revoluciones marginales las que trajeron el emprendimiento y las fuerzas de mercado de vuelta a China durante la primera década de la reforma, cuando el gobierno chino estaba ocupado rescatando al sector estatal.

La segunda parte de nuestro relato empieza en 1992 después de Deng Xiaoping realizara su tour por el sur del país. Mientras que las revoluciones marginales trajeron las fuerzas de mercado de vuelta a la China durante la década anterior, la competencia regional se volvió la principal fuerza transformadora durante la segunda década, convirtiendo a China en una economía de mercado para fines del siglo. La competencia regional no era nueva; había existido durante la primera década de la reforma. Pero luego creó barreras al comercio en las fronteras de las provincias y fragmentó la economía china. China implementó la reforma de precios en 1992, la reforma tributaria en 1994, y empezó a privatizar las empresas estatales para mediados de los noventa. Estas medidas reformadoras abrieron el camino para el auge de un mercado común nacional, que fue capaz de imponer la disciplina de mercado a todos los actores económicos, convirtiendo a la competencia regional en una fuerza transformadora.

Aquí, nuestro relato difiere de aquel presentado por Huang Yasheng en su libro, Capitalismo con características chinas. Un argumento controversial de Huang es que China fue más capitalista y empresarial en los ochenta que en los noventa. Si el argumento quiere decir que los emprendimientos privados prevalecieron en contra del Estado durante los ochenta, entonces está muy en sintonía con nuestro relato de las “revoluciones marginales”. Pero si este sugiere que China se apartó del libre mercado durante la segunda década de las reformas, está ignorando un cambio fundamental en la economía durante los noventa. Y esto es el florecimiento de un mercado nacional común, el cual era un requisito para que la competencia regional funcione.

Identificada con las inversiones repetitivas, la competencia regional es muchas veces culpada por distorsionar la ventaja comparativa y por socavar las economías de escala. Una imagen más matizada surgió en nuestro relato. Lo que la competencia regional hizo fue convertir la ventaja de China en espacio, siendo un país continental, en la alta velocidad de la industrialización. Cómo esto sucedió puede ser mejor apreciado desde una perspectiva Hayekiana, la cual resalta el crecimiento del conocimiento como la fuerza catalizadora que determina el cambio económico. En la época de Mao, la educación estaba siendo atacada y el conocimiento se volvió un riesgo político; China se aisló de Occidente y se apartó de sus propias tradiciones. La ideología radical de Mao empobreció la economía China y, peor aún, cerró las mentes de los chinos.

Luego de la muerte de Mao, China volvió a adherirse al pragmatismo. “Buscando verdad en los hechos” se volvió el nuevo lema del Partido; volverse rico se convirtió en algo glorificado. El obstáculo más limitante para el crecimiento económico era la falta de conocimiento. Esto incluía al conocimiento técnico, al conocimiento acerca de las instituciones —cómo varias instituciones que respaldan al mercado funcionan, y al conocimiento local —lo que Hayek describía como “el conocimiento de las circunstancias particulares del tiempo y el lugar”. La solución a este problema se encontró en la competencia regional. Cuando las 32 provincias de China, sus 282 municipalidades, 2.862 condados, 19.522 pueblos y 14.667 aldeas se lanzaron a una competencia abierta en busca de inversión y buenas indeas para desarrollar la economía local, China se volvió un laboratorio gigantesco donde muchos y diversos experimentos económicos fueron ensayados de manera simultánea. El conocimiento de todo tipo fue creado, descubierto y difundido rápidamente. Mediante el crecimiento del conocimiento, la escala enorme de la industrialización china hizo posible su rápida velocidad.

Conclusión

Considerando nuestro relato de cómo China se volvió capitalista, ¿qué podemos decir acerca de la forma en que el capitalismo surgió en China? Una característica persistente de la transición hacia el mercado de China es la falta de liberalización política. Esto no es para sugerir que el sistema político chino se ha mantenido intacto durante los últimos 35 años. El Partido se ha distanciado así mismo de la ideología radical; ya no es comunista, excepto en nombre. En los últimos años, el Internet ha empoderado cada vez más a los chinos para que hagan escuchar su voz en cuestiones políticas. No obstante, China sigue siendo gobernada por un solo partido político.

Esta continuidad esconde un cambio fundamental en la realidad política de la China. Con la muerte de Deng Xiaoping, la política del “caudillo” llegó a su fin. Bajo Jiang Zemin y Hu Jintao, China ya no fue gobernada por un líder carismático. En este sentido, la política China hoy es cualitativamente distinta a aquella de la época de Mao o de Deng. Pero el gobierno chino no ha reconocido el hecho de este cambio político en la realidad; ha habido pocos esfuerzos para construir instituciones que preparen a China para una nueva realidad política.

La combinación de una veloz liberalización económica y una política que parece no cambiar ha conducido a muchos a describir la economía de mercado de China como una economía liderada por el Estado, como un capitalismo autoritario, lo cual mucha gente ha reconocido correctamente como frágil e insostenible. Cuándo y cómo China se adherirá a la democracia, y si el Partido sobrevivirá su democratización, son las principales preguntas realizadas acerca del futuro político de China. En nuestro libro, ofrecemos una perspectiva distinta. Provee un diagnóstico distinto del principal defecto en la economía de mercado de China: China ha desarrollado un mercado sólido de productos, pero todavía carece de un mercado libre de ideas.

El mercado de ideas apunta a una manera alternativa de pensar acerca del futuro político de China. Nuestro razonamiento está principalmente basado en las siguientes dos consideraciones. Primero, la competencia entre múltiples partidos no funciona a menos que sea cultivada y disciplinada por un mercado libre de ideas, sin el cual la democracia fácilmente puede ser secuestrada por grupos de interés y socavada por la tiranía de la mayoría. El desempeño de la democracia depende de manera crítica del mercado de ideas, así como la privatización depende del mercado de activos capitales. Segundo, la competencia entre múltiples partidos prácticamente no tiene precedente en la historia china. De hecho, la palabra china para “partido” (党) tiene una fuerte connotación negativa en el pensamiento político chino tradicional. “Formar un partido y perseguir el interés propio” (结党营私) ha sido consistentemente denunciado como algo que socava el ideal político, que es que “lo que está debajo del cielo es para todos” (天下为公). En cambio, el mercado de ideas tiene una raíz profunda y venerada en el pensamiento chino tradicional: “dejen que cien escuelas de pensamiento compitan” ha sido respetado como un ideal político desde los tiempos de Confucio. Es nuestra opinión que el mercado de ideas promete una estrategia más gradual y viable para reconstruir la política china sobre los principios de la tolerancia, la justicia y la humildad.

A lo largo de los últimos 35 años, China se ha abierto capitalismo no solo en el ámbito económico. La teoría de los sentimientos morales tiene más de una docena de traducciones chinas; el libro se ha ganado el corazón y la mente del Premier Wen Jiabao. El mensaje de Adam Smith atrae mucho a los chinos, no en poca medida debido a su palpable similitud con el pensamiento chino tradicional acerca de la economía y la sociedad. Un resultado sorprendente de la transición de China hacia el capitalismo es que China encontró una forma de volver a sus raíces culturales. 

“Buscar la verdad en los hechos” es una enseñanza china tradicional, que Deng Xiaoping equivocadamente denominó “la esencia del Marxismo”. Pero muchos hechos están encubiertos en China porque un mercado libre de ideas todavía no existe. Somos optimistas, aunque de manera precavida, de que China puede que se adhiera a un mercado de ideas durante las próximas décadas, así como permitió un mercado de productos en el pasado reciente. Conforme nuestra economía moderna se vuelva más y más determinada por el conocimiento, las ganancias de un libre intercambio de ideas se volverán demasiado grandes; los costos de suprimirlo son demasiado altos.

La adopción de China tanto de su historia como de la globalización nos conduce a creer que el capitalismo chino, que recién inició su largo viaje, será distinto. Esto es deseable no solo para China, sino para Occidente y para todos los demás también. También es deseable para la economía de mercado a nivel mundial. Hoy, la biodiversidad es reconocida como algo vital para mantener nuestro ambiente natural. La diversidad institucional juega un papel similar cuando se trata de mantener a la sociedad humana resistente. El capitalismo será mucho más sólido si no es un monopolio de Occidente, pero florece en sociedades con distintas culturas, religiones, historias y sistemas políticos. Mientras que el comercio en el mercado global de productos hace que la guerra sea demasiado cara como para ser librada, un mercado global de ideas puede tolerar y prosperar sobre la colisión de ideas pero nos aleja de la colisión de civilizaciones.

El BCRA (así como la Fed y otros bancos centrales) ha anunciado políticas expansivas para paliar el efecto económico de la pandemia del coronavirus. ¿Es esta la respuesta adecuada? ¿Puede el BCRA, o cualquier banco central, hacer algo frente al «shock» del coronavirus? La respuesta depende del tipo de shock represente el coronavirus. Imagino que mucho se va a decir sobre este tema en los próximos meses. Aquí unas tempranas reflexiones.

El modelo AD-AS (demanda agregada y oferta agregada) ofrece un sencillo pero útil marco de referencia. En este modelo tenemos (demanda agregada), $lates SRAS$ (oferta agregada de corto plado), y (oferta agregada de largo plazo). En particular, sabemos lo siguiente respecto a y :

Hablar de periodismo independiente es una redundancia colosal pero, dadas las sumamente pastosas cuando no desfachatadas circunstancias que tienen lugar en no pocos países, el énfasis amerita puesto que desafortunadamente hay quienes se dicen periodistas pero se han degradado a la condición de apéndices cuando no esbirros del poder de turno, mutando en verdaderos asaltantes y descuartizadores de la decencia.

De todos modos es del caso destacar a quienes hacen honor a su oficio con creces corriendo todo tipo de riesgos y peripecias. A estos personajes todos les debemos mucho. Si no fuera por ellos en gran medida estaríamos en la penumbra para no decir en la total oscuridad. Quienes investigan e informan a la opinión pública son personas de una envergadura moral superlativa. No se francamente si se les debería llamar el cuarto poder o en homenaje a su ejemplo de integridad más bien debiera aludirse al primer poder.

El caso argentino es paradigmático: en los últimos largos años han sido la tabla de salvación para los espíritus libres. Rindo entonces este modesto tributo a estos periodistas de gran valía. Les agradezco muy sentidamente su coraje, constancia y perseverancia. La prensa oral y escrita en todas partes da batallas cotidianas para oponerse al abuso del poder. Estas mujeres y hombres del periodismo saben que su función es la crítica para mantener los aparatos estatales en brete cualquiera sea su color. Saben que ser condescendientes atenta contra su sagrada misión.

En otras oportunidades he escrito sobre la trascendencia de la libertad de prensa, pero en este caso es pertinente volver en parte sobre este aspecto crucial. Para incorporar algo de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos debatimos, se hace necesario recabar el máximo provecho del conocimiento existente, por su naturaleza disperso y fraccionado entre millones de personas. Con razón ha sentenciado Einstein que “todos somos ignorantes, sólo que en temas distintos”. Al efecto de sacar partida de esta valiosa descentralización, es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. Esto naturalmente requiere libertad de pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo, lo cual se inserta en el azaroso proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.

Esta libertad es respetada y cuidada como política de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no sólo por lo anteriormente expresado, sino también porque demanda información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos, para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitaciones y manotazos a las libertades.

Este es el sentido por el que los Padres Fundadores en Estados Unidos otorgaron tanta importancia a la libertad de prensa y es el motivo por el que se insertó con prioridad en la mención de los derechos de las personas en su carta constitucional, la cual, dicho sea de paso, fue tomada como punto de referencia en la sanción de la argentina.

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos Gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los “secretos de Estado”, alegando “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa. Debido a su trascendencia y repercusión pública internacional, constituyen ejemplos de acalorados debates sobre estos asuntos los referidos a los llamados Papeles del Pentágono (tema tan bien tratado por Hannah Arendt) y el célebre caso Watergate, que terminó derribando un Gobierno.

Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena libertad sin censura previa, que no es óbice para que se asuman con todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades ante la Justicia por lo expresado en caso de haber lesionado derechos de terceros.

Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente explorar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben el mismo trato que los que adhieren al Gobierno o que los que la juegan de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su disolución, de modo que cuando los Gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se han acostumbrado.

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo que en este campo se dé por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento, además de otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos, puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado: las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris con el que los Papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, intervienen en la producción y distribución de papel, pretenden reglamentar las versiones digitales, todo lo cual al decir del decimonónico Richard Cobden, significa el establecimiento de repugnantes “impuestos al conocimiento”.

La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se les han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud.

Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes, que sin vestigio alguno de modestia, y a diferencia de lo sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en verborragias imparables.

Dados los temas controvertidos aquí brevemente expuestos -que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa-, considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el porqué y el para qué de principios aceptados es considerado un elemento pernicioso”.

Por supuesto que se puede discrepar con lo dicho o escrito por periodistas independientes, pero eso no es para nada motivo para siquiera rozar la idea de la infame mordaza, abierta o encubierta. El debate es necesario en todos los ámbitos al efecto de ventilar todas las perspectivas y cada uno saca sus conclusiones en un proceso de constante aprendizaje.

En resumen, es indispensable oponerse con la necesaria energía a cualquier manifestación implícita o explícita que pretenda coartar de una u otra manera la faena de la prensa, tan vital para el oxígeno mismo de los derechos individuales consagrados en todas las constituciones republicanas. Como queda dicho, el centro de la tarea periodística se refiere a la defensa contra las tropelías de los aparatos estatales por lo que son desviados y alejados de esa misión específica aquellos que no solo operan bajo el paraguas del poder del momento sino cuando reclaman avances sobre las libertades por parte de posibles gobiernos venideros o hacen la apología de tiranos anteriores. Estos desconocimientos brutales del tronco principal de la libertad de prensa marcan la decadencia que es contrarrestada por los verdaderos periodistas. En este contexto y por todo esto es que resulta muy pertinente recordar un pensamiento de Thomas Jefferson: “Frente a la posibilidad de un gobierno sin libertad de prensa o libertad de prensa sin gobierno, me inclino por esto último”.

Cierro esta columna con un pensamiento de William Faulkner reflejado en un reportaje que le concedió a Jean Stein en 1956, una reflexión que no solo va para los siempre esmerados periodistas sino para todos los humanos: “Nunca hay que estar satisfecho con lo que se hace. Nunca es tan bueno como podría serlo. Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que es posible hacer. No hay que preocuparse simplemente por ser mejor que los contemporáneos o que los predecesores. Hay que tratar de ser mejor que uno mismo”. Esto es lo que pensaba con sabiduría el Nobel de literatura de 1949, el maestro de la narrativa con visos cinematográficos, de los diálogos interiores, de las frases largas y del manejo de los tiempos y los flash-backs.

El autor es Doctor en Economía y también Doctor en Ciencias de Dirección, preside la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Publicado originalmente en Infobae, 7 de marzo de 2020.

¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si con cada cambio de gobierno (o de ministro) modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro; resultados que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.

Los gustos de los consumidores pueden cambiar (piense si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas) y pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculos económicos sobre la base de un valor relativamente previsible por varios años.

Por último, para invertir mínimamente hay que conocer cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución que tendrían los salarios, los costos de la mano de obra, la posibilidad de acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables.

Y también recursos. Pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza, sino con la capacidad, la educación, la iniciativa, la empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.

Nos hemos cansado de escuchar que la Argentina tiene muchos de esos recursos y, últimamente, que también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera (o se esperaba) que estas industrias alcanzaran a ser el segundo o el tercer rubro de exportación, detrás de los productos del agro.

Unanimidad y consenso

El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que fue votada por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente, eso refleja un elevado grado de consenso y puede ser tomado como una señal de estabilidad en las reglas de juego, para que los inversores se animen a desplegar todos sus proyectos.

En nuestro caso, sin embargo, eso no es así. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación. Y ya se anuncian importantes cambios que modificarán el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la «estabilidad» duró unos pocos meses.

¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso, o que se refiere a otra cosa. Ahora, el Congreso va a reformar la ley y probablemente también lo haga con unanimidad. ¿Quién se anima a votar «contra» la tecnología, el progreso, la innovación? Todo eso es «políticamente correcto» en estos tiempos.

Pero es una «unanimidad» que no genera seguridad. Refleja que el único consenso que existe es el que dice: yo ayer te apoyé cuando beneficiaste a A, B y C; ahora ustedes me apoyan cuando yo beneficio a X, Y y Z. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos («entraban hasta cervecerías artesanales«); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego. El consenso es sobre la calesita.

El Gobierno y la oposición son responsables, porque disfrazan de «políticas de Estado» la delegación de funciones al Poder Ejecutivo, y el acuerdo por el cual ayer repartí yo, hoy te toca a vos. En medio de todo eso, la confianza para las inversiones cae, o más bien se acorta a invertir en lo que se espera que dure el presente «consenso», hasta que llegue el próximo.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Argentina) el 17 de febrero de 2020.

El pensamiento de Murray Rothbard difiere fuertemente del de sus antecesores Carl Menger, Eugen von Böhm Bawerk, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. En este post, quiero identificar algunos elementos polémicos, los que dividen a la tradición austriaca. Mientras unos los ven como un progreso de la tradición, otros autores lo ven de manera crítica. En mi caso, si bien soy crítico, quiero aclarar que identificar estos elementos no implica ignorar sus aportes relevantes, como es el caso de su teoría de los monopolios, destacada en varios lugares.

• Historia del pensamiento económico. Rothbard ha desarrollado dos tomos cuya lectura recomiendo, pero contienen excesos que no se pueden ignorar. El primero es analizar los autores y las escuelas de pensamiento desde la visión que él tenía como austriaco en 1995. Aislar a los autores del contexto en que escribieron sus obras es injusto y una mala manera de proceder en este campo de estudio. El segundo fallo es ignorar la tradición del orden espontáneo en la que participaron Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson. Más al detalle noto que sobredimensiona los aportes de la escolástica y en particular la escuela de salamanca y subestima al pensamiento clásico. (Aquí argumento el punto).
• Epistemología de la economía. Rothbard elabora toda la teoría económica de manera deductiva, coherente, sistemática, pero cree que podemos prescindir de los elementos empíricos. Machlup, por el contrario, cree que al construir la teoría económica uno necesita apoyarse también en hipótesis auxiliares y empíricas (antropológicas, sociológicas y jurídicas), además de las condiciones iniciales. Gabriel Zanotti ha elaborado este tema en extenso (Ver aquí). Este artículo de Zanotti junto a Nicolás Cachanosky resulta central en el debate moderno (Ver aquí). Este debate entre Rothbard y Machlup resulta fundamental pues los rothbardianos han adoptado posiciones radicales basadas precisamente en su metodología.
• Rothbard tiene posiciones que considero sumamente polémicas en el área monetaria, lejanas a su maestro Ludwig von Mises, y también a Friedrich Hayek, y otros autores modernos especialistas en el área como Lawrence H. White, George Selgin, Steven Horwitz, Roger W. Garrison, Richard Ebeling, Nicolás Cachanosky, entre otros. Rothbard habla de “inflacionismo”, por ejemplo, cuando se da cualquier política que expande la oferta monetaria, pero Mises ha dejado claro que habrá “inflación” sólo en la medida que la oferta monetaria supere a la demanda de dinero. El debate más extendido dentro de la Escuela Austriaca se ha dado respecto de las reservas fraccionarias, pero Mises ha sido muy claro en el cap. 17, sección 11 de su tratado de economía bajo el subtítulo “Libertad monetaria” que bajo “banca libre” la competencia limitaría la expansión de medios fiduciarios sin necesidad de imponer controles a los bancos en el manejo del encaje. Rothbard, y a partir de él otros autores como Jesús Huerta de Soto han elaborado argumentos jurídicos, económicos, históricos e incluso morales para argumentar en favor de un encaje del 100 %, pero pienso que poco a poco la EA moderna tendió a abandonar esta posición que hoy es más reducida. Para tratar este tema sugiero el libro de George Selgin, Libertad de emisión del dinero bancario.
• Rothbard también es conocido por su ética de la libertad o anarcocapitalismo. Si bien valoro que el alumno en el aula se exponga a estas posiciones radicales por el desafío que implica repensar las funciones del estado en la economía (yo mismo me defino a veces como un anarquista hayekiano -ver la falsa dicotomía aquí-), también parecen ignorarse dentro de ciertos círculos austriacos que la EA fue principalmente liberal, al menos en los planteos de Mises y Hayek. Algunos rothbardianos abandonan entonces todo el debate sobre controlar al leviatán, mediante constituciones, república, reglas fiscales y monetarias, federalismo y descentralización, que se ha extendido con el public choice, por ejemplo, y que si bien continúan la tradición de Mises y Hayek, chocan con el pensamiento de Rothbard. Pienso que la EA moderna no puede ignorar el debate más institucional que ofrecían estos otros autores, y que también aportan otros compañeros de camino (Ronald Coase, James Buchanan, Gordon Tullock, Jeffrey Brennan, Douglas North, entre otros).
• Un aspecto microeconómico no menor en Rothbard es su posición contraria a la tradición del orden espontáneo. Este aspecto que señalé más arriba al tratar dos tomos de HPE no fue un olvido. Rothbard es crítico de la tradición del orden espontáneo, lo que genera una ruptura central con Hayek y los autores escoceses.
• Y cierro con un aspecto que se ha destacado en varios lugares. Rothbard tuvo dificultades para publicar sus aportes en las revistas especializadas en economía. Por eso fundó su propio Journal of Libertarian Studies, el que es sumamente interesante para los jóvenes que quieran acercarse a sus ideas. Pero al hacerlo, y al continuar los austriacos modernos con ese comportamiento sectario, se aisló a la EA. Debemos recordar que la EA se consolidó sobre la base de los debates que Mises mantuvo con los socialistas, y que luego se extendieron también a Hayek, quien mantuvo otros debates con Keynes y Cambridge, además de la discusión sobre la teoría del capital de Knight y Clark. La EA debe recuperar ese protagonismo con debates abiertos frente a autores destacados del mainstream economics. Seguir ofreciendo un trabajo que se publica con carácter exclusivo en revistas propias de la tradición sin dudas es cómodo, pero mantiene a la tradición del pensamiento en la marginalidad. Desde luego hay excepciones, con destacados austriacos que publican en revistas bien rankeadas, pero son precisamente quienes se han opuesto al trabajo de Rothbard y su comportamiento sectario. En Argentina, en particular, existe la Asociación Argentina de Economía Política, en cuyas reuniones anuales asisten unos 500 economistas de todo el país. Pienso que los austriacos deben asistir a esta reunión y promover el debate. Sólo de ese modo podemos recuperar protagonismo (mis últimos aportes aquí, aquí, aquí y aquí).

El presidente Alberto Fernández realizó una serie de visitas en Europa en las que el principal tema económico considerado fue el apoyo de esos países en el proceso de renegociación de la deuda con el FMI. No hubo mención al tema del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, pero antes del viaje se había dicho que estaría en la agenda, en particular en la reunión entre Fernández y Macron, ya que ambos estarían descontentos con el acuerdo alcanzado el año pasado y favorecerían una renegociación.

La palabra “renegociación” suena a postergación indefinida, ya que, si tomamos en cuenta los 20 años requeridos para llegar al acuerdo y los que tomaría su aprobación por todos los parlamentos de los países firmantes, si además le agregamos una nueva negociación más vale que nos olvidemos del asunto.

Si no avanza una renegociación, Argentina puede quedar aislada, ya que el año pasado se aprobó que los países del Mercosur podrían aprobar el acuerdo bilateralmente, y Brasil, Paraguay y Uruguay han manifestado su voluntad de hacerlo. Si eso ocurriera sería como si Argentina se fuera del Mercosur, una especie de Argxit, pero, a diferencia de la salida de Reino Unido de la UE, no por voluntad del que se va, sino porque los que se van son los otros.

Una situación como esa, en la que el Mercosur pasara a ser un adorno para Argentina, no sería para lamentar si el país avanzara en el camino que parece seguir el Reino Unido con Boris Johnson. En una reciente conferencia en Greenwich, Johnson celebró las ideas de Adam Smith, señalando que el país debía ahora abrirse a todo el mundo. Si quedarse sola llevara a la Argentina a una posición similar sería un gran avance, ya que somos uno de los países más cerrados del planeta.

En estos días se ha dado a conocer la primera edición del Índice Internacional sobre Barreras al Comercio, producido por la Property Rights Alliance, que también elabora un índice internacional sobre la protección de los derechos de propiedad.

Este índice evalúa las restricciones al comercio en 86 países, que representan el 83% de la población mundial, el 91% de todos los bienes y servicios intercambiados y el 94% del PBI global. Toma en cuenta las barreras arancelarias, no arancelarias y a los servicios. Tiene un cuarto componente, la “facilitación” del comercio, que incluye aspectos tales como la protección de la propiedad. Argentina se encuentra en el puesto 71° de 86 países. Singapur y Hong Kong ocupan los dos primeros, y Suecia está 5°. Pese a que todos somos parte del Mercosur, Paraguay está 53°, Uruguay 56° y Brasil, peor que nosotros, 77°. Claro que si estos países firman el acuerdo con la UE avanzarán varias posiciones y probablemente nos dejen al final de la lista.

El tratado con la UE no iba a garantizar el libre comercio para los argentinos. Lo importante del tratado eran las limitaciones institucionales que podía introducir. En un país donde los límites al poder son débiles o inexistentes, un acuerdo como éste podía introducir límites a la discriminación económica desde el poder, que no somos capaces de darnos nosotros. Los lobbies dictan la política comercial y muchas de las políticas sectoriales, pero con el tratado esto podría haberse reducido. No va a ser una apertura el comercio internacional, pero sería una excelente forma de empoderar a los argentinos y dejarlos usar su bien ganado dinero en aquello que estimen más conveniente y de poner límites al uso del poder en favor de los privilegiados.

Este artículo fue publicado originalmente en Clarín (Argentina) el 21 de febrero de 2020.

Uno dde los textos que más me atraen es el inscripto por un graffiti del mayo francés: “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Y las izquierdas son en verdad realistas pues de tanto empujar al fondo de los asuntos en gran medida marcan las agendas. Esto ocurre mientras muchos de los partidarios de la libertad son timoratos y en la práctica se adaptan a lo “políticamente correcto” con lo que ceden posiciones a grandes trancos.

En materia educativa,  es interesante el ejemplo reciente de Polonia que exhibe un éxito rotundo al haber ascendido al primer puesto de las pruebas PISA preparadas por  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) debido a que luego de décadas de pésimos resultados, finalmente abrió la competencia y dejó de imponer estructuras curriculares desde el vértice del poder político y dio lugar a que cada institución educativa decida acerca del contenido de sus asignaturas.

Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo. Y no se trata de sostener que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Además no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de las casas de estudio privadas si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente, puesto que  fui profesor titular en cinco carreras en la Universidad de Buenos Aires. También fui director del Departamento de Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata.

En primer lugar un asunto terminológico: no es pertinente aludir a la “educación pública” puesto que la educación privada es también para el público, se trata de educación estatal lo cual de entrada suena mal del mismo modo que lo es el periodismo estatal, el arte estatal y equivalentes.

En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares. Estos procedimientos ilustran la columna vertebral del fascismo: se permite que la propiedad quede registrada a nombre de privados pero el gobierno usa y dispone de ella. En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.

Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, contrae salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida. Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera “la tragedia de los comunes” ya que lo que es de todos no es de nadie.

Se ha sugerido el sistema de vouchers. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr : esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiere. En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes por las razones antes apuntadas.

Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.

Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.

Por último, es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del estado porque la hambruna es segura.

Publicado originalmente en la edición impresa de El País de Uruguay, el sábado 7 de marzo.

Han pasado ya tres meses desde la inauguración de los mandatos de algunos gobernadores y de nuevas legislaturas provinciales. No parece que se caigan muchas ideas. Lo que hemos visto es lo de siempre: más impuestos, abandonar compromisos para reducir el aumento del gasto o impuestos, otro tipo de gasto social, nuevos programas. Para los sectores productivos y/o para los contribuyentes, poco o nada, o más cargas.

Por si no se les ocurre qué hacer, siempre es bueno mirar qué pasa en algún otro lado. Sugiero Idaho, ese estado perdido en las laderas de las montañas Rocallosas del que tal vez ni los norteamericanos hablan.

Resulta que tiene una legislación particular, que obliga a su legislatura a aprobar cada año todo el código regulatorio del estado, o cae automáticamente. Curiosamente, eso es lo que ocurrió el 11 de abril de 2019. Tal vez por rencillas políticas en la legislatura, lo cierto es que no se aprobó esa renovación y todas dejaban de estar vigentes el 1 de julio de ese año. Estamos hablando de 8.200 páginas de regulaciones.

El gobernador, Brad Little, tenía ya un proyecto para reducir las regulaciones pero, de pronto, se encontró con esto. Lo primero que hizo fue pedir a todas las agencias del estado que tenían que presentar ante la División de Administración Financiera todas las regulaciones que querían mantener vigentes, antes del 10 de mayo, para que, en todo caso, las aprobara temporalmente. En enero de ese año el gobernador había aprobado dos decretos estableciendo que toda agencia que aprobara una nueva norma, tenía que derogar otras dos, algo que también aplicó Trump a nivel nacional y Macron en Francia.

El 21 de mayo el gobernador Little presentó su propuesta, por la que se eliminaban 139 capítulos completos y 79 parcialmente, el 34% de las regulaciones vigentes. Se abrió al comentario público hasta el 11 de junio. Las regulaciones aprobadas se publicaron el 19 de junio tras lo cual había otros 21 días de comentarios. El 19 de julio, Little propuso simplificar el 60% de las regulaciones hacia fines del 2019, buscando eliminar más que reformar normas.

Ahora, el 16 de enero de 2020, firmó dos decretos más. Uno se titula “Regulación base cero”, que crea un proceso de revisión del 20% de las normas cada año. El segundo se llama “Transparencia en Documentos para la Guía”, por los cuales las agencias tienen que explicar las normas en un lenguaje que sea comprensible para todos. También se aprobó una moratoria de nuevas normas para todo 2020, es decir no se dictarán nuevas. Como resultado de este proceso, Idaho redujo y simplificó un 75% de sus normas, unas 1800 páginas de regulaciones menos. El senador Hill calificó al estado como un “acumulador compulsivo” de normas y regulaciones.

Nada de esto parece estar en la mente de ninguno de los gobernadores, ni de los legisladores provinciales, más bien lo contrario. De todas formas, la experiencia plantea una discusión interesante: ¿es una cuestión de la cantidad de normas?

A veces una sola es mucho más destructiva que cientos de páginas de otras. Una resolución del Banco Central genera mayor descalabro económico que cuarenta leyes aprobadas en el Congreso, y cuyas resoluciones suelen ser para aprobar el día de la inmortalidad del cangrejo o cosas por el estilo. De todas formas, parece que no es lo mismo mil páginas del Boletín Oficial que una o diez.

Al respecto, Julio H. G. Olivera, un economista respetado por muchos, escribió un artículo muy interesante sobre este tema “El principio de Gossen y la estabilidad jurídica” donde plantea que, si hay un “punto de equilibrio” entre la demanda y la oferta de regulaciones, el estado debería pecar, digamos, hacia abajo. Porque si la “oferta” de regulaciones excede a su demanda, lo que tenemos son mercados negros, tal como lo vemos hoy en el mercado laboral, cambiario y tantos otros. Pero si es la “demanda” de regulaciones la que excede a la oferta, el mercado cierra esa brecha a través de contratos entre las partes. Idaho va por ese camino, nosotros por el otro. Si se trata de atraer inversiones y reactivar la economía, el resultado estará muy pronto a la vista.

Este artículo fue publicado originalmente en Ámbito (Argentina) el 28 de febrero de 2020.

Puede suponerse que si la mayor parte de la población de un país valora los atributos de una economía de mercado votará por opciones políticas conducentes a marcos institucionales proclives a generar competencia, desarrollar la iniciativa privada y limitar a la acción gubernamental. La elaboración de un índice mundial de pensamiento pro mercado (FMMI) por parte de quien escribe estas líneas junto con Pal Czegledi, ha permitido ranquear a las naciones según el grado de apoyo popular al capitalismo. Gracias a esta métrica se ha podido constatar que una alta valoración del sistema de mercado ha generado usualmente instituciones económicas eficientes (según, por ejemplo, el Índice Fraser de Libertad Económica), como es el caso de la Anglósfera (USA, Australia, Nueva Zelanda, Canadá), las naciones de Europa del Norte, y aquellas de la Sinósfera (como Japón, Vietnam o Taiwán). Por otra parte, los países donde domina una mentalidad más afín al socialismo o a la intervención gubernamental han generado instituciones adversas a la eficiencia económica, y con ello han afectado su desarrollo, como es el caso de Argentina, Ucrania o Egipto.  Puede entonces postularse que existe una relación directa entre mentalidad, instituciones y desarrollo económico. Pero este no siempre es el caso: pueden existir situaciones en que la mentalidad popular no ha podido expresarse libremente: en esos casos una minoría ha podido imponer sus instituciones de preferencia por la fuerza y sin consentimiento popular. Tal parece ser el caso de lo que denominamos Chichi, China y Chile. En ambas naciones parece existir un contraste entre la mentalidad popular y las instituciones o marco dentro de la cual sus agentes económicos operan.

China sería el caso de una población que presenta un positivo y moderado apoyo al sistema de mercado medido por el FMMI, o un muy alto apoyo según encuestas del Pew Research Center. Pero esta nación ha sufrido en la segunda mitad del siglo XX la imposición de un muy duro y rígido sistema comunista. Los miembros del partido y su líder Mao lograron forzar una economía planificada y centralizada con resultados negativos de desempeño productivo. Esta situación comenzó a variar hacia 1978 cuando los integrantes de la jerarquía comunista fueron abandonando muchos postulados de su ideario, cambiando paulatinamente sus instituciones. Así, liberaron más y más su economía, permitiendo el funcionamiento de incentivos a la producción y a la eficiencia. Gracias a ello su crecimiento ha sido espectacular, transformándose hoy en día en una potencia mundial similar a los Estados Unidos. Se ha mencionado que un detonante del cambio en China fue la iniciativa de altísimo riesgo que tomaron algunos agricultores en 1979, de subdividir a los efectos prácticos la tierra comunal. Tan fue el éxito del experimento ilegal que las autoridades lo terminaron aceptando y promoviendo. En última instancia los gobernantes han ido aceptando la mentalidad de la población. Es altamente probable que, si China se transformara de una dictadura a una democracia, los partidos políticos proclives a la economía de mercado serían los dominantes y no lo contrario.

Chile parece ser el caso opuesto a China. Allí el apoyo al sistema de mercado es bajísimo según la medición del FMMI, donde presenta valores similares a los de Argentina. Ello no nos puede sorprender mucho ya que en 1970 la población eligió como presidente al marxista Salvador Allende, quien intentó aplicar un modelo socialista, lo que incluía nacionalizaciones, control público de la banca y la reforma agraria. El marco institucional en Chile no cambiaría por un cambio en la ideología de los votantes sino por imposición de un gobierno militar. En 1973 el gobierno golpista del General Augusto Pinochet encomendó a un grupo de economistas pro mercado, denominados allí “Chicago Boys”, el diseño e implementación de una política económica que incluyo desregulación, privatizaciones y el logro de la estabilidad monetaria. Inclusive Milton Friedman visitó al país en 1975 dando apoyo a las reformas que se estaban implementando. Con el tiempo esta política resultó muy exitosa y Chile ingresó a un notable sendero de crecimiento y reducción del nivel de pobreza, superando recientemente al ingreso per cápita (y la esperanza de vida, junto con una menor mortalidad infantil) de su tradicionalmente más próspero vecino Argentina. Pero el nuevo estadio de desarrollo obtenido no parece haber afectado estructuralmente la ideología económica de sus habitantes. La mentalidad popular que fue el sustrato de la elección como presidente de Allende sigue en gran medida vigente: el FMMI del país es bajo, muy similar al presentado por la población de Argentina. Es de destacar que los diversos gobiernos de centro izquierda que ganaron las elecciones a partir de la vuelta a la democracia en 1990 (hasta 2010, y de nuevo en 2014) no se atrevieron a desmantelar (aunque si atemperaron) el marco institucional recibido. Sin embargo, el país claramente estaba en una situación de un equilibrio político inestable. Si hubiera aparecido en ese país -uno de los pocos donde todavía se encuentra muy activo el Partido Comunista- un personaje carismático populista de izquierda, Chile podría haber seguido el camino de Argentina o Venezuela. El reciente estallido social no es más que una manifestación popular de una ideología reprimida que ha encontrado en las calles un modo de expresarse.

Fuente: ESEADE

18 de diciembre de 2020

Los discursos presidenciales para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso suelen ser considerados por las estrategias que se presenten, las medidas que se anuncien y también por los conceptos expresados. Estos pueden ser más importantes que los anteriores porque reflejan una visión de la realidad que, seguramente, influirá en el diseño de estrategias y en el anuncio de medidas. 

En realidad, los dos tienen conocimiento, aunque sea de diferente naturaleza, pero el problema respecto al conocimiento no es el que tenga un CEO a diferencia de un científico, sino el que tienen los políticos en relación a los votantes. 

Durante la segunda mitad del siglo XX autores como Anthony Downs, James Buchanan (Nobel 1986) y Gordon Tullock desarrollaron toda un área de la teoría económica que denominaron public choice, o elección pública, a diferencia de las elecciones que hacemos en el mercado, que solemos traducir como análisis económico de la política. Una de las primeras cosas que destacaron fue la diferencia de incentivos que tienen los políticos, los funcionarios y los votantes.

Bryan Caplan, autor del libro El mito del votante racional, ha señalado que en encuestas realizadas desde la década de 1940 una mayoría ha sido incapaz de nombrar uno de los poderes del Estado, definir los términos “liberal” o “conservador” o explicar qué es la Bill of Rights (Carta de Derechos). Más de dos tercios desconocen el contenido del fallo Roe vs. Wade, que permitió el aborto, y no saben lo que es la Food and Drug Administration, que regula tanto medicamentos como alimentos. Casi la mitad desconoce que allí cada estado tiene dos senadores y tres cuartos desconocen cuántos años de mandato tienen. Cuarenta porciento no puede nombrar a uno de sus senadores. Y estamos hablando de la democracia más antigua con más de 200 años ininterrumpidos de elecciones. 

¿Por qué los votantes son tan ignorantes? Según los primeros autores es racional que así sean, porque su voto no decide el resultado de una elección. Cuando uno va a un supermercado, lo que elige es lo que se lleva, pero cuando uno vota, puede llevarse todo lo contrario. Los que votaron a Macri recibieron en cambio a Fernández. Como el vínculo entre la decisión que se toma y el resultado que se obtiene es muy débil (mi voto a presidente es uno entre muchos millones), para qué dedicar mucho tiempo y esfuerzo a estar informado. 

A diferencia de los votantes, los políticos tienen un fuerte incentivo para estar informados, porque de ello bien depende su éxito o fracaso en la profesión. Tienen que saber muy bien el impacto de una determinada medida en sus votantes y, sobre todo, a quienes éstos pueden adjudicar tanto el éxito como el fracaso. Esa combinación de votantes desinformados y políticos informados no necesariamente da buenos resultados. 

Toda la existencia del lobby tiene que ver con eso. Pues, preguntémonos: ¿cómo es que, en una democracia, donde gobierna una mayoría, se aprueban medidas que benefician ostensiblemente a unos pocos, a costa de todos los demás? Pues la respuesta es que esos pocos tienen fuertes incentivos para estar informados mientras que el resto no. Supongamos que ahora la importación de un determinado producto requiere una licencia de importación muy restrictiva. El fabricante local de ese producto está muy al tanto de esa norma, la busca en el Boletín Oficial y festeja el día que se publica. El resto ni se entera, ya que incluso está redactada de forma tal que es muy difícil de entender. El político conoce esto y sabe que puede beneficiar a ese productor, o a ese sector, sin mayor costo político porque los votantes están, digamos, distraídos. El lobby florece.

La conclusión normativa de autores como Buchanan y Tullock es que difícilmente haya un sistema perfecto. Por eso la recomendación es que el poder esté lo más descentralizado posible, pues es más fácil para un votante estar al tanto de lo que pasa en el barrio que lo que hace el Banco Central, o mudarse de un municipio a otro, y que el uso del poder se restrinja lo máximo posible, sea para CEOs o para científicos, y sobre todo para políticos.

Este artículo fue publicado originalmente en Infobae (Argentina) el 5 de marzo de 2020.