Uno de los sucesos más llamativos del presente siglo fue la declinación de la influencia de las ideas postuladas por el liberalismo clásico. El hecho es sugestivo porque ese cuerpo de ideas había hecho posible el surgimiento del sistema económico y social –el capitalismo- responsable del progreso espectacular registrado durante el siglo XIX. A esta paradoja se le han dado diferentes respuestas, entre ellas la muy conocida del economista austríaco Joseph Schumpeter. Según este autor fue el éxito mismo del siste- ma el responsable de su posterior pérdida de prestigio.1

En las páginas que siguen no discutiré la validez de esta propuesta. Me parece, sin embargo, que un fenómeno de la magnitud del analizado no podía haber ocurrido sin cambios significativos en las ideas vigentes durante el periodo precedente. Estos cambios no se produjeron exclusivamente por la aparición de propuestas alternativas (el socialismo o el nacionalismo, por ejemplo), sino también porque el liberalismo clásico intentó acomodar dentro de su doctrina principios que provenían de esas otras vertientes ideológicas. Esas incorporaciones, en mi opinión, terminaron debilitando la propuesta liberal clásica, haciéndole perder consistencia y sistematicidad, mientras que, al mismo tiempo, prestigiaron los principios que provenían de las corrientes alternativas. Una de las características centrales del renacimiento actual del pensamiento liberal es que la mayoría de los autores ha optado; en líneas generales, por el camino opuesto, por lo menos en el terreno del debate intelectual.’

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La historia económica ha vivido, vive aún, la ambigüedad de tratar con dos disciplinas bastante disímiles. Mientras que la economía utiliza un método hipotético deductivo, suponiendo la reiteración de ciertos comportamientos, la historia –se dice- trata de casos únicos, irrepetibles, y por ello no puede formular predicciones.

Esta antinómia, repetida tantas veces, olvida que la economía no predice comportamientos individuales y que los hechos del pasado no son esencialmente distintos a los del presente.

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En las economías primitivas donde las transacciones eran reducidas y el aislamiento con otras sociedades era grande debido a las dificultades en la comunicación y el transporte y también debido a estados beligerantes, los intercambios se llevaban a cabo a través del trueque, esto es el cambio directo. Esta modalidad tenía sus bemoles puesto que el que tenía la mercancía A y quería la B debía recorrer tres etapas ineludibles: primero encontrar alguien que necesitara A, luego que tuviera a su disposición B y por último que estuviera dispuesto a llevar a cabo el intercambio a cierta ratio, por ejemplo, de un A por un B y no diez A por un B. Esto a veces no solo se tornaba dificultoso sino que, a veces, resultaba imposible, como por ejemplo frente a un especialista en tocar el tambor que necesita pan es poco probable que el tenedor de pan aceptara recibir una lección de tambor a cambio de su pan y así sucesivamente.

A medida que las transacciones se fueron multiplicando se percibió que resultaba más expeditivo y más fluido el cambio indirecto, este es, el realizar los intercambios a través de una mercancía de valor generalizado y luego con ella adquirir lo que se requería. Así es que se recurrió como medio común de intercambio o dinero el cacao en Centroamérica, las sedas en Persia, el ganado en Grecia (de allí la expresión medios pecuniarios), el té en Turquía, el cobre en Egipto, el hierro en África, el azúcar en la India, el tabaco en la Virginia colonial, etc. Como queda dicho, se ofrecían bienes y servicios a cambio de dinero y, a su vez, con ese dinero se compraba lo que se deseaba.

A través del tiempo se fue produciendo naturalmente un proceso de selección y reselección de medios comunes de intercambio según su durabilidad, homogeneidad y fraccionabilidad. Cuando se percibían ventajas en la utilización de cierta moneda-mercancía simplemente se la remplazaba sin que a esa altura a nadie se le ocurriera esgrimir el argumento de la “soberanía monetaria”, un disfraz para que gobernantes pudieran explotar a sus súbditos a través del denominado curso forzoso.

En  esta especie de competencia entre monedas surgieron como mejores para los propósitos monetarios el oro y la plata, el primero para transacciones de mayor valor y el segundo para intercambios de menor cuantía, por lo que era común la adopción del bimetalismo. Esto explica lo que después se bautizó como el teorema de la regresión  monetaria con la intención de mostrar el fundamento no monetario (usos industriales, comestibles y otras aplicaciones) de los usos propiamente monetarios (hago un a digresión para apuntar que esto está hoy en entredicho debido a las denominadas monedas virtuales a través de las cuales se atribuye valor especulativo al efecto de concretar arbitrajes vía los cambios en las cotizaciones).

En todo caso, para seguir con esta línea argumental debe consignarse que la gente percibió que en lugar de tener que recurrir a pesas y balanzas para cada transacción y verse obligados a analizar la pureza del metal en cada oportunidad, resultaba mejor acuñar el oro y la plata y acreditar el peso y la pureza. Las monedas prestaron un servicio adicional en este proceso.

También por razones de seguridad se comprobó que resultaba un servicio adicional en ofrecer casas de depósito (generalmente provistas por los mismos orfebres) donde se emitía un recibo por el metálico depositado. Con el tiempo esas casas se denominaron bancos y los recibos billetes bancarios (el dólar deriva de la expresión thaler acuñada por el Conde Shlik en el siglo xvi). Muchas denominaciones aluden al peso metálico como el propio peso, la libra y otras, aun en la parla convencional se habla de “plata” para hacer referencia a la moneda.

En muchos casos los gobiernos monopolizaron primero la acuñación con lo que comenzaron los primeros fraudes al recortar la cantidad de metálico y otorgarle curso forzoso a la moneda y luego monopolizaron la convertibilidad con lo que se sucedían períodos de “cierres temporarios en la conversión” que más adelante fueron definitivos con la irrupción de la banca central.

A través de los Acuerdos de Génova de 1922 la resolución ix oficializó la liquidación del patrón oro clásico (abandonado de jure durante la Primera Guerra Mundial) y se decretó el mal llamado patrón cambio oro, es decir un sistema de pseudo patrón oro que se tradujo en que las reservas de los ya constituidos bancos centrales estarían formadas por dólares y libras (esta última divisa se dejó de lado a poco andar) y estas denominaciones a su vez estarían relacionadas con el oro a una razón fija concretada en la Reserva Federal estadounidense y en el Banco de Inglaterra a requerimiento de la banca central extranjera, con un acuerdo tácito de no producir esos reclamos (solo Jacques Rueff como ministro de De Gaulle pidieron el oro para mostrar la bancarrota del sistema), lo cual produjo emisiones sin respaldo del dólar que condujo al boom de los años veinte y al crack de los años treinta.

Finalmente para reseñar muy telegráficamente la columna vertebral de la moneda, tuvo lugar Breton Woods en 1945, el doble precio del oro en 1968 y finalmente las medidas de agosto de 1971 con la consiguiente crisis de 1973 debido a los tipos de cambio fijos.

Reiteramos que la inflación es uno de los problemas económicos y sociales más graves. Es siempre producida por los aparatos estatales que con el curso forzoso y la banca central no dan salida a la gente para defenderse de ese flagelo. Es realmente llamativo que a esta altura del partido, con toda la bibliografía moderna disponible, no se haya decidido cortar amarras con los gobiernos en materia monetaria y no se haya percibido que la única razón por la cual el Leviatán administre la moneda es para succionar poder adquisitivo de la gente al efecto de financiar sus propios desbordes.

Se ha dicho que la inflación es el aumento general de precios, lo cual revela dos errores garrafales de concepto. En primer lugar, pretende aludir a la causa de la inflación la cual consiste en la expansión exógena del mercado y, en segundo término, el efecto estriba en la alteración de los precios relativos y no en un aumento general. Si produjera un incremento generalizado, no se produciría el problema central de la inflación cual es la angustia por el desequilibrio entre precios e ingresos. Si mi salario (uno de los precios) se incrementara en un 50% mensual y el resto de los precios lo hace en la misma forma, no hay problema. Eventualmente habrá que modificar las columnas en los libros de contabilidad, habrá que expandir los dígitos en las máquinas de calcular y, tal vez, acarrear el dinero en carretillas pero no hay el problema central señalado.

La alteración en los precios relativos reviste la mayor de las importancias ya que se distorsionan todas las señales en el mercado, que son las únicas que muestran donde conviene invertir y donde desinvertir en los diversos sectores con lo que se consume capital y, por ende, bajan los salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización son la únicas causas del nivel de vida.

Como hemos dicho en tantas ocasiones, la banca central solo puede decidir entre uno de tres caminos posibles: a que tasa contraer, a que tasa expandir o dejar inalterada la base monetaria. Pues bien, cualquiera de los tres caminos deterioran los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber intervenido (incluso, como decimos, si los banqueros centrales deciden no modificar la base monetaria habrán desfigurado los precios relativos en relación al mayor o menor volumen de moneda que se hubiera decidido en el mercado…y si se hace lo mismo que hubiera hecho la gente en el mercado no hay razón alguna para la irrupción de la banca central ahorrándose todos los gastos administrativos correspondientes).

Más aun, una banca central independiente del secretario del tesoro o de hacienda o del Parlamento inexorablemente errará el camino debido a las razones antes apuntadas que no cambian por el hecho de recibir instrucciones o proceder autónomamente, esto no modifica la naturaleza del problema. Sin duda, que si a la existencia de la banca central se agrega el curso forzoso la situación se agrava exponencialmente ya que no deja salida a la gente para sus transacciones diarias y deben absorber quitas permanentes en su poder adquisitivo.

Conviene también precisar que la cantidad de dinero de mercado, es decir, de los activos financieros que la gente elija para sus transacciones una vez liquidada la banca central, no tienen porqué ser constantes. Esto dependerá de las respectivas valorizaciones, del mismo modo que ocurre con cualquier bien o servicio, lo cual, en nuestro caso, si se decide expandir, se trata de una expansión endógena, a diferencia de la exógena al mercado, esto es, la que ocurre debido a decisiones políticas que son el origen del problema inflacionario.

No hay tal cosa como “expectativas inflacionarias” como causas de la inflación. Se podrán tener todas las expectativas que se quieran pero si no están convalidadas por la expansión monetaria exógena, no hay inflación. Tampoco “inflación de costos” por idénticos motivos, ni inflaciones provocadas por el incremento en el precio de un bien considerado estratégico como, por ejemplo,  el petróleo ya que si aumenta el precio de este bien y no hay expansión monetaria habrá dos posibilidades: o se reduce el consumo de otros bienes si se decidiera mantener el nivel de consumo del petróleo o se debe contraer el consumo de este bien al efecto de permitir el mismo consumo de otros bienes y servicios. En todo caso, no resulta posible consumir todo lo que se venía consumiendo si el precio del petróleo se incrementó.

La errada definición que hemos comentado, además, conduce a otras dos equivocaciones técnicas. En primer lugar, el consejo para la banca central de emitir a una tasa constante similar al crecimiento económico para “permitir la previsibilidad de los actores  en el mercado”. Este consejo pasa por alto el hecho de que si la expansión “acompaña” el crecimiento económico, manteniendo los demás factores constantes, por ejemplo, se anulará el efecto de algunos precios a la baja que generan las importaciones y al alza de las exportaciones ya que la masa monetaria en un caso disminuye y en el otro aumenta y así sucesivamente.

La segunda equivocación, aun más gruesa, es que la expansión a tasa constante no trasmite previsibilidad puesto que, precisamente, los precios no se incrementan de modo uniforme, sino, como queda dicho, se alteran los precios relativos de modo que una tasa anunciada de expansión no trasmite información a determinado sector como afectará en sus precios.

Este análisis, a su vez, se traduce en el pensamiento que es posible recomponer el problema inflacionario a través de indexaciones lo cual no es correcto ya que pretendidos índices de corrección solo suben los valores absolutos en los rubros del balance, pero las distorsiones relativas se mantienen inalteradas.

A toda esta situación debe agregarse que para contar con un sistema monetario saneado debe eliminarse el sistema bancario de reserva fraccional que no solo genera producción secundaria de dinero, sino que permite que los bancos operen en un contexto de insolvencia permanente, con lo que se hace necesario implementar el free banking o el sistema de encaje total para los depósitos en cuenta corriente y equivalentes.

En este último sentido, hay un jugoso debate que viene de hace cincuenta años sobre si es mejor el free-banking (y no digo “banca libre” porque tiene otro significado ya que alude a la entrada y salida libre al sistema bancario) o la reserva total, pero en todo caso cualquiera de los dos es infinitamente mejor que la reserva fraccional que genera inflaciones y deflaciones con el apoyo de la banca central.

Resultan tragicómicos los esfuerzos y las acaloradas discusiones sobre “metas de inflación” y las correspondientes manipulaciones monetarias y cambiarias que impone la banca central, en lugar de comprender que el problema estriba en esa institución (en el medio argentino creada por el golpe fascista de los años treinta).

Como han expresado tantos economistas de gran calado, es de esperar entonces que no transcurra mucho tiempo antes de que se  perciban los inmensos daños de la banca central y el sistema bancario de reserva parcial con todas sus consecuentes políticas. Cual es el dinero que preferirá la gente dependerá de las circunstancias ya que si todo es dinero no hay dinero y preguntarse cual es la cantidad de dinero que habrá es lo mismo que interrogarse cual es la cantidad de cualquier otro bien en el mercado. No debe imponerse tal cosa como “curso forzoso” a ninguna divisa y, en esta instancia del proceso de evolución cultural, los gobiernos seleccionarán la moneda o monedas en las que cobrarán impuestos al efecto de proteger derechos. La denominada “dolarización” puede eventualmente servir solo como uno de los caminos para cerrar la banca central y entregar las reservas al público pero en ningún caso para otorgarle a esa divisa el curso forzoso. Ningún aparato estatal debe arrogarse la facultad de imponer cual es el activo monetario a que debe recurrir la gente. Esa es la manera con bancos independientes en la que se incentivan nuevas propuestas de solidez monetaria en el contexto de auditorias cruzadas y en competencia al efecto de proporcionar seguridad a los clientes, todos con la posibilidad de contratar sistemas de seguros contra posibles desvíos de lo pactado.

Ahora que Antonio Escohotado ha visitado Montevideo gracias a los auspicios del Centro de Estudios para el Desarrollo, es el momento de volver sobre el tema de los estupefacientes en vista de lo escrito y dicho por el mencionado autor, además de sus otras obras como la notable trilogía sobre los enemigos del comercio.

Antes que nada hay que mencionar lo que en estadística se conoce como error de inclusión. Del hecho de que muchos actos criminales hayan sido cometidos por drogados, no se sigue el nexo drogas-crimen. No todos los que se drogan son criminales y una minoría del universo de crímenes se comete por drogados. No se puede atender solo un segmento y extrapolar.

Una cosa es un correlato y otra bien distinta es una relación causal: hace una década había correlación perfecta entre el largo de las polleras en Inglaterra y la crianza de cerdos en Australia, de lo cual no si desprende nexo causal alguno. Otro asunto bien diferente son las disposiciones en algunos códigos penales en los que se considera un atenuante cuando un delito es cometido por un drogado en lugar de constituir un agravante.

Dicho esto, tal como lo señalé en mí libro La tragedia de la drogadicción. Una propuesta con prólogo de Carlos Alberto Montaner, el uso de drogas alucinógenas para fines no medicinales constituye un drama y su empleo reiterado produce lesiones cerebrales irreversibles. Pero desde 2000 años antes de Cristo -salvo la Guerra del Opio en China debido a la prohibición- no hubieron problemas con las drogas hasta que en 1971 Nixon declaró la guerra a los narcóticos, una idea alimentada por los mismos mafiosos del alcohol, a través de sofisticados estudios de mercado, quienes antes se habían visto perjudicados por la abrogación de la Ley Seca.

De todos modos, como ha escrito el premio Nobel Milton Friedman “Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que la usan como para los que no la usan”.

Hoy personas inocentes son tratadas como delincuentes si, por ejemplo, llevan consigo más de diez mil dólares, en gran medida los bancos se han convertido en informantes de los aparatos estatales con lo que el secreto bancario ha desaparecido, las escuchas telefónicas y acciones policiales contrarias al debido proceso están a la orden del día.

En no pocas oportunidades se piensa que si  se liberan las drogas, todo el mundo se drogará. Pero consideremos los incentivos para no aceptar en los lugares de trabajo, en los transportes, en los comercios, en las carreteras a seres que no son capaces de controlarse a si mismos.

La penalización por la producción y/o consumo de drogas eleva la prima por el riesgo de operar en esos mercados y, por ende, los antedichos márgenes operativos se elevan enormemente. Debido a esto se hace posible la producción de drogas sintéticas con efectos mucho más devastadores de las naturales. El mercado negro no permite la verificación de la pureza de la droga con lo que las sobredosis y las intoxicaciones son muy frecuentes. También debido a la ilegalidad se inhibe a quienes denunciarían fraudes y estafas puesto que si recurrieran a los tribunales se estarían autoinculpando. Lo mismo sucede con los médicos y centros hospitalarios: se bloquea la posibilidad de pedir ayuda.

Las legislaciones anti-drogas obligan a los consumidores a involucrarse con la mafia. Los antes mencionado márgenes operativos descomunales hacen posible la figura del pusher , con ingresos exorbitantes al efecto de colocar la droga en todos los mercados posibles, muy especialmente en colegios y lugares bailables.

Esta así  denominada guerra está sufragada coactivamente por los impuestos y mezclan negocios lícitos con el “lavado” de dinero proveniente de las drogas, con lo que oscurecen las contabilidades y se contaminan comercios de distinta índole. Todo esto sin contar a los gobernantes que reciben cuantiosos recursos para “combatir” la droga, mientras se descubren sus propios negocios suculentos en el ramo  y las corrupciones de jueces y policías alimentan cotidianamente los noticieros de todas partes del mundo.

Ex presidentes que han padecido sobradas experiencias durante sus mandatos con las drogas, proponen la liberación como son los casos de Vicente Fox,  Oscar Gaviria o Henrique Cardoso. Incluso el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar y el ex Secretario de Estado del gobierno estadounidense George Shultz se han pronunciado en la misma dirección.

Por último, para cerrar esta nota periodística, cuando se dice que al bajar el precio se incrementa la demanda, es central agregar que esto ocurre si los demás factores se mantienen constantes. Y esto no es así con el mercado de drogas puesto que una vez liberado desaparecen los antedichos pagos colosales a los pushers y sus socios lo cual modifica la situación.  Por supuesto que las limitaciones a menores deben ser similares a como se procede con el registro automotor, la pornografía, la venta de alcohol y equivalentes.

Publicado originalmente en El País, domingo 31 de marzo de 2019.

In this issue (.pdf):

Are a Few Huge Outcomes Distorting Financial Misconduct Research? Emre Kuvvet confronts the extreme-values problem in firm penalties and other SEC enforcement outcomes against financial misconduct, and how outliers might affect research in finance, as well as policy judgment, focusing on an article in Journal of Accounting Research. Andrew Call, Nathan Sharp, and Jaron Wilde respond.

Both terrorist and public mass shooter? In 2016 Adam Lankford published a news-busting article purporting to show that during a 47-year period the United States represented 31% of worldwide public mass shooters, and claiming that the outsized U.S. percentage is a result of gun prevalence. John Lott and Carlisle Moody criticizeLankford’s terminology and methods. Lankford replies to Lott and Moody. Once the terminological disputes are clarified, the issue that emerges is: Why does the United States have an outsized number of lone-wolf mass shooters? Lott and Moody offer explanations different than Lankford’s.

Another round on right-to-carry and violent crime: Carlisle Moody and Thomas Marvell have another go at John Donohue, treating the weighting of fixed effects by population and synthetic controls. Donohue, Abhay Aneja, and Kyle Weber say Moody and Marvell are off-target.

Tennis and loss aversion: Michał Krawczyk challenges a set of authors who read loss aversion in tennis data. Nejat Anbarci, Peren Arin, and Christina Zenker return serve.

Why Did Milton Friedman Win the Nobel Prize? James Forder and Hugo Monnery appreciate Friedman’s underappreciated early work on the complexity of stabilization policy.

Edmund Burke, liberal:

• Thoughts and Details on Scarcity: Burke’s sage reflections on market forces and government intervention.
• Edmund Burke as an Economist, by Donal Barrington (1954), republished by permission of Economica.

EJW Audio:

James Forder on Milton Friedman’s Early Work on Stabilization Policy

Leo Krasnozhon on Liberalism in Ukraine

John Cairns on the 1758 Pamphlet about Hair-Cutting in Edinburgh

Call for papers

Who should get the Nobel prize in economics, and why?

EJW fosters open exchange. We welcome proposals and submissions of diverse viewpoints. EJW also welcomes ‘journal watch’ submissions beyond Econ.

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Table of contents (.pdf) with links to articles

*El autor es director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso, y autor de «La Hiperinflación de 1989»  

La puja entre el tipo de cambio y el nivel de las tasas de interés caracteriza la actual política monetaria y cambiaria. Cualquier intento de reducir la tasa encuentra a un público que reacciona abandonando su preferencia por mantener sus ahorros en pesos y pasándose al dólar. Entonces su cotización aumenta. El gobierno teme esa circunstancia y el Banco Central impulsa un aumento de las tasas en la siguiente licitación de las Leliq. El círculo sigue funcionando en un sentido vicioso. El incremento de las tasas genera recesión, que es un efecto tan pernicioso e indeseable como la devaluación y la inflación.
En la demanda de dólares en la Argentina de hoy actúan no solo las importaciones y el pago de servicios.  Lo hace también y significativamente, la dolarización de carteras y la conversión de los ahorros. Según datos del Credit Suisse en lo que va de 2019 el sector privado compró 36.800 millones de dólares.  Este monto supera al de las importaciones. Esta corriente se ha acelerado, ya que la media anual de los tres años anteriores no alcanzó a 20.000 millones. La razón es la fuerte caída de la confianza en nuestra moneda, que no es un hecho novedoso para los argentinos. Es un fenómeno que debe analizarse sociológicamente ya que responde a mercados suficientemente grandes y dispersos. Estaríamos equivocándonos si imagináramos conspiraciones de grupos económicos o sabotajes políticos. Son miles de decisiones individuales de ahorristas, gerentes o administradores que sólo pueden corregirse mediante un golpe de confianza suficientemente convincente.
La velocidad de circulación del dinero permite monitorear el riesgo de una nueva corrida. La hiperinflación de 1989 demostró que aún conteniendo la emisión monetaria no se podía evitar un mismo efecto inflacionario si el dinero comenzaba a circular cada vez más rápidamente. En febrero de 1989 el M1 (billetes y monedas más depósitos en cuenta corriente) rotaba cada 7 días. En julio de aquel año, ya en plena hiperinflación, el M1 rotaba cada 3,3 días (ver “La Hiperinflación del 89”, Manuel A. Solanet).  Hace algo más de un año, en febrero de 2018 la rotación del M1 se producía en 20,8 días. Hace un mes, en febrero de 2019, bajó a 14,6 días. Todavía estamos distantes de aquellos momentos y el Banco Central dispone de más reservas que en 1989, pero se prende una luz amarilla.
¿Cómo se explica esta caída de la confianza? Hay dos tipos de motivos: los económicos y los políticos.  Dentro de los primeros debemos mencionar los que emergieron en abril de 2018 y produjeron una corrida sobre el dólar y una devaluación superior al 100%. Se requirió la ayuda del Fondo Monetario Internacional, aunque el programa acordado debió ser revisado al poco tiempo. Las expectativas se estabilizaron. El gobierno acordó reducir el déficit primario a cero en 2019 y lo está cumpliendo. Pero para los analistas más cuidadosos, hay flancos débiles. La contención del gasto se basa en una reducción difícilmente sostenible del nivel real de los salarios públicos, de las jubilaciones y de los planes sociales. Además, hay congelamiento de partidas sin una racionalización que acompañe y hay retrasos en los pagos de proveedores y obras. Si se consideran las provincias y municipios, la cantidad total de empleados públicos no ha disminuido. Tampoco se ha reducido el número de beneficiarios de planes sociales.  Por otro lado, aún si quedara resuelto el resultado primario, subsistirá un déficit financiero que aumenta por el crecimiento de la deuda pública y el nivel de los intereses que se pagan por ella.
No está de más recordar que esta complicada situación fiscal tiene un punto de partida heredado de la gestión kirchnerista. El error de este gobierno fue encararla con un gradualismo que lo llevó a endeudarse más allá de los límites y con un ritmo creciente, inaceptables para los mercados internacionales.
El riesgo de origen político está ligado a la probabilidad que las próximas elecciones den el triunfo a un gobierno populista. A pesar de su descarada corrupción, la sombra de la Sra. de Kirchner amenaza desde porcentajes crecientes en las encuestas. La hipótesis de su segura derrota en el ballotage comienza a ponerse en duda. También genera preocupación la alternativa que ella desista de ser candidata. En ese caso un candidato integrador del espectro peronista seguramente deberá incorporar legisladores y condiciones de quien le aportaría el mayor porcentaje de votos. Una coalición de ese sector político, aunque lleve un candidato como Roberto Lavagna, parece alejada de las ideas que sustentan las reformas requeridas para superar el desquicio fiscal y para lograr competitividad.
Una rápida recuperación de la confianza que disipe el riesgo de una huida incontrolable del peso puede imaginarse según dos alternativas. Una de ellas sería una fuerte recuperación de liderazgo de Mauricio Macri mediante medidas de reforma estructural sometidas al Congreso y anticipadas por decretos de necesidad y urgencia cuando fuera necesario. Entre ellas la reforma laboral, la puesta en marcha de la reestructuración y racionalización del gobierno nacional, la reforma impositiva y la depuración de los planes sociales.
Otra alternativa sería un acuerdo político amplio que comprenda al peronismo moderado, para llevar adelante esas reformas pero definidas por sus instrumentos de ejecución y no vagamente por objetivos. Esta alternativa parecería más promisoria, pero es escasamente probable en la cultura política argentina, formada y adherida a las formas e ideas que cimentaron nuestro estancamiento y el desequilibrio que actualmente padecemos.
La dolarización sería el atajo para evitar la aceleración de la inflación que acompañaría una eventual huida incontrolada del dinero local. Así sucedió en 1991 con la convertibilidad, que fue una dolarización vestida. El nivel actual de las reservas disponibles del Banco Central permitiría transformar a dólares la totalidad de la Base Monetaria. De esta forma se vencería la inflación, aunque no la posibilidad de un default, como ocurrió en 2001. La disminución del riesgo país estaría de todas formas sujeta a la reducción del gasto público y al saneamiento fiscal. En rigor esta es la madre del problema: si la Argentina hubiera logrado un sólido y permanente equilibrio fiscal, no estaríamos padeciendo los problemas que motivaron estas líneas.

Contactos de prensa:
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Mercedes Colombres (prensa) 1530450844, @mercolombres
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Para tener presente puntos de referencia ejemplares, conviene tener presente a hombres cuyas conductas han sido muestras de integridad y coraje moral. Este es el caso del magistral periodista argentino Emilio Hardoy (1911-1996) de la antigua La Prensa de Alberto Gainza Paz en Buenos Aires. Hardoy, una personalidad jovial provista de un gran sentido del humor y de una coherencia inclaudicable con sus ideas que siempre sostuvieron las bases de una sociedad abierta.

De entrada es pertinente citarlo en sus memorias No he vivido en vano las cuales ilustran el fondo de su filosofía: “Ante todo declaro que el poder es, en si mismo, maldito. ¿Por qué un hombre revestido de un inmenso poder puede imponer a otro su voluntad? […] ¿Por qué un hombre puede mandarme a mí que soy también un hombre libre por la voluntad de Dios? ¿Por qué un hombre provisto de autoridad, boato, riqueza, privilegios y honores puede obligarnos? Únicamente los vicios y debilidades de la naturaleza humana permiten esbozar una justificación moralmente insuficiente, pues su fundamento sería en todo caso la conveniencia y no la virtud”.

Hardoy se desempeñó como editorialista en aquél gran diario de entonces y que sucedió a otro extraordinario periodista: Alfonso Laferrere. En 2008 Gastón Pérez Izquierdo y Alberto Allende Iriarte me convocaron para escribir en homenaje a Hardoy en un libro en el que también escribieron Gregorio Badeni, Carlos Ortiz de Rozas, Natalio Botana y Rosendo Fraga, obra titulada Hardoy: la lucha por la libertad patrocinada por la Fundación Hardoy, aparecida gracias a la generosidad de Carlos Pedro Blaquier.

En esta ocasión reitero lo que escribí en esa oportuidad al comentar algunos de los editoriales de Hardoy que aludían a la economía. Por razones de espacio, no puedo reproducir todo ese texto pero incorporo apenas una parte reducida al efecto de rendir nuevo homenaje al insigne periodista y hombre público que difundió sus valores y principios en su incursión en la política y como ensayista.

Procedo entonces en consecuencia, a continuación transcribo lo dicho al comentar editoriales de  La Prensa  de antaño, a los que encabezo con el título del mismo. En el libro de referencia comenté extensamente diez editoriales, en este caso, dado que ahora se trata de una nota periodística, reproduzco solo uno y una parte reducida del segundo, ambos con una vigencia preocupante.

 “El presupuesto para 1978”. En este editorial se destaca la relevancia de la ley de presupuesto como “ley de las leyes” en el sistema republicano de gobierno y formula certeras críticas a declaraciones de funcionarios del momento. La asignación de partidas y el modo de obtener los recursos correspondientes definen la política. A través del presupuesto se  constata la participación del Estado en la renta nacional, la presión tributaria, la evolución monetaria, el endeudamiento, el equilibrio (o desequilibrio) de las cuentas fiscales y las prioridades de la gestión gubernamental. En el contexto de la división horizontal de poderes, estas delicadas e importantes funciones están asignadas  al Poder Legislativo. En modo alguno resulta aceptable que el Ejecutivo se arrogue aquellas facultades o que el Congreso abdique de tales responsabilidades y las delegue al Presidente y sus colaboradores, puesto que éste comportamiento significaría la suma del poder público que se da de bruces con los principios mas elementales del sistema republicano. Lamentablemente esto es lo que en mayor o menor medida viene sucediendo en nuestro país en regímenes militares y bajo la fachada de la democracia que, procediendo de esta manera, se convierte en la antítesis de esta forma de gobierno ya que presupone también la división de poderes al efecto de contribuir a que se asegure y garantice el derecho de los gobernados.

En este mismo editorial se alude a la necesidad “de privatizar las empresas estatales, factor fundamental del desequilibrio que soportamos”. Resulta de interés detenernos en este punto. La razón central de la imperiosa necesidad de deshacerse de los activos en manos estatales para propósitos comerciales, estriba en el despilfarro de capital que significan las llamadas empresas estatales. Dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, resulta de gran trascendencia aprovechar los factores productivos disponibles. Si la gente con sus compras y abstenciones de comprar asigna recursos en ciertas proporciones es porque eso es lo que estima es acorde con sus preferencias. Cuando el aparato estatal constituye una empresa, lo hace necesariamente con recursos provenientes del contribuyente con lo que inexorablemente disminuye en forma coactiva la previamente mencionada asignación de factores productivos. En otros términos, si la gente decidió establecer los sectores a,b,c,d y e, ahora que se establece la empresa estatal f, habrá que detraer recursos de los antedichas áreas para reasignarlos a este último sector. A los efectos didácticos, supongamos que se eliminó e  para contar con f. Por tanto, en nuestro ejemplo, el cambio de e por f significa una reducción en el nivel de vida de la población que prefería e en lugar de f. En resumen, el problema de la empresa estatal comienza en el momento mismo de su parición, independientemente de que ocurra después. Si la empresa en cuestión es además deficitaria, monopólica y presta malos servicios, estos fenómenos serán agravantes pero el problema central radica en el desvío de recursos.

En otro orden de cosas, no cabe argüir que se salvan los antes aludidos agravantes si la empresa estatal  arrojara superávit, si se desenvuelve en “competencia” o si ofrece “buenos” servicios. En primer lugar, el superávit se politiza ya que al no operar en el mercado no se sabe si las tarifas están demasiado altas o demasiado bajas. En segundo término, no resulta posible jugar a la competencia. No se trata de un simulacro. O se opera con todos los rigores que implica la competencia o se opera en el sector político recurriendo a los resortes que brinda esa estructura. Para competir, hay que hacer eso, léase: competir. Por último, carece de sentido hacer referencia a los “buenos” servicios de una empresa estatal puesto que deben compararse con lo que se hubiera realizado con los recursos de no haber mediado la imposición fiscal que no permitió que se asignen del modo que la gente hubiera preferido de no haber mediado la intromisión estatal.

Tampoco tiene sentido reiterar el lugar común de que, a diferencia de las empresas privadas, la empresa estatal puede instalarse allí donde las operaciones no resultan rentables. Las consecuentes pérdidas son absorbidas por la comunidad, muy especialmente por los que menos tienen ya que verán disminuidos sus salarios en términos reales debido a que las inversiones productivas no se realizan, precisamente como consecuencia de los gravámenes adicionales para financiar un proyecto antieconómico, con lo cual se expanden las zonas de pobreza.

En verdad, hoy día no es pertinente poner especial énfasis en las empresas estatales propiamente dichas, puesto que la técnica moderna de manipulación hace que los gobiernos simplemente expropien el flujo de fondos directamente o indirectamente a través de un enjambre de regulaciones, convirtiendo de facto a la empresa privada en estatal con los mismos resultados y las mismas consecuencias señaladas. Tristes han sido en verdad los casos en que se han “privatizado” empresas estatales transfiriendo monopolios del sector público al sector privado rodeados de todo tipo de corrupciones y corruptelas de naturaleza diversa, con lo que los servicios han resultado naturalmente deficientes al no estar expuestos a la competencia.

 “La situación económica mundial”. En esta columna Hardoy afirma que “El rápido crecimiento de las deudas internacionales, que afecta a algunas de las naciones mas ricas y también de las mas pobres de la Tierra, se está convirtiendo en un insoslayable problema político además de financiero”. Sabia advertencia. En los días que corren, las deudas estatales se han convertido en una dolorosa espina que tiene en jaque a mas de un gobierno, lo cual siempre significa que tiene en jaque a los integrantes de la comunidad que indefectiblemente deben hacerse cargo del endeudamiento con el fruto del trabajo de cada uno de sus integrantes. Y no solo eso, sino que se compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Por esto es que ese ha dicho acertadamente que la deuda pública no resulta compatible con la democracia. En esta misma línea argumental, se ha propuesto que constitucionalmente se excluya el endeudamiento estatal como método de obtener fondos, limitando los canales a la tributación, es decir, a los bienes presentes sin contar con la posibilidad de endosar coactivamente el problema sobre las espaldas de futuras generaciones.

Pero el asunto no se limita a este aspecto sino que se extiende a organismos internacionales que se financian con recursos coactivamente detraídos a través de impuestos. Muchos de estos organismos prestan a gobiernos a todas luces insolventes o hacen de paraguas protector para que la banca privada efectúe préstamos a países a los que nunca hubieran otorgado préstamos si no fuera por la mencionada garantía. Este es el caso de los llamados “países del tercer mundo” o “subdesarrollados”. Esta categoría de países aparece debido a las políticas desacertadas de sus gobernantes. Controles de cambios, manipulaciones del sector externo, precios máximos y mínimos, empresas estatales, reformas agrarias, constituciones que mas se parecen a una lista de aspiración de deseos que a las debidas limitaciones del poder, re-distribución de ingresos por métodos políticos que contradicen lo expresado por la gente en los mercados, corrupciones galopantes, inexistencia de organismos de contralor y división de poderes, aumentos astronómicos del gasto público, déficit fiscal y, por supuesto, elevados índices de endeudamiento. Todo esto hace que se fuguen los mejores cerebros y cantidades colosales de recursos que buscan horizontes mas seguros. En medio de este desorden y estas estampidas aparecen burócratas ofreciendo carradas de dólares con lo que se estimula a continuar con las políticas desatinadas, que a su vez prolongan e intensifican el problema. Como han señalado, entre otros, Anna Schwartz – coautora de una de las más completas historias monetarias de los Estados Unidos – y Peter Bauer – profesor en la London School of Economics hasta que murió- la receta para estos casos debería consistir en cortarles completamente el crédito de gobierno a gobierno. Supongamos que ello ocurra, los gobiernos receptores y responsables de tanta catástrofe estarían frente a dos posibilidades. O bien reforman sus marcos institucionales, convirtiéndose en un país civilizado con lo que repatriarán su gente y los capitales y recibirían préstamos privados sobre bases serias, o de lo contrario, si deciden continuar con las medidas desatinadas, deberán buscar préstamos en lugares como La Habana (si es que allí encuentran fondos), pero no en Washington.

Marzo de 2019

Imperio e igualdad de la ley como base de legitimidad. Marcelo F. Resico

En busca de un consenso para el servicio civil. Hugo Luis Dalbosco

Acceso a la OCDE: una oportunidad para fortalecer la institucionalidad. Pablo Souto

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