Lo primero viene primero. El diagnóstico es prioritario y consiste en que los sistemas de reparto no se sostienen desde la perspectiva del análisis actuarial, entre otras cosas debido a que modificaciones en la estructura demográfica lo ponen en jaque. Ilustra lo dicho que en Japón por primera vez en el ejercicio pasado las ventas de pañales para adultos superó a la de los bebés.
Por otra parte, las matemáticas financieras muestran que los sistemas de capitalización resultan más provechosos para los destinatarios puesto que mantienen una adecuada relación de los aportes efectuados con la pensión recibida en el contexto de la individualización de la cuenta.
Pero en todo caso hay un tema que antecede a lo dicho y es la necesaria libertad para que cada uno pueda disponer del fruto de su trabajo como estime pertinente y que no sea tratado como un objeto manipulable donde los aparatos estatales deciden acerca del destino de los ingresos de cada cual.
Se ha machacado que si el Gobierno no obliga a efectuar aportes, el candidato no preverá su vejez lo cual contradice lo ocurrido con inmigrantes que provenían de puertos lejanos y que adquirían terrenos, departamentos y otras valiosas colocaciones hasta que irrumpió el Leviatán, que los despojó de sus activos trabajosamente obtenidos.
Los mal llamados “sistemas de seguridad social” son en verdad grotescas imposiciones de sistemas de inseguridad antisocial, no solo por los mendrugos que entregan a los jubilados sino que los políticos en el poder echan mano a los aportes para otros menesteres y en lugar de esos recursos emiten títulos para reemplazar los ahorros ajenos.
En otros términos, una estafa colosal que debe ser enmendada a la brevedad. Y no se trata de mutar un sistema de reparto por uno de capitalización obligatorio. Como queda dicho, se trata de abrir las puertas y ventanas a un sistema libre donde cada cual se responsabiliza por sus colocaciones financieras. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda, lo cual se logra con el ejercicio cotidiano. Esto me remite a lo que alguien respondió cuando se le decía que no puede otorgarse libertad a quienes no están acostumbrados a usarla: “Es lo mismo que sostener que nadie puede ingresar a un natatorio antes de aprender a nadar”.
Nadie debe estar autorizado a usar a otro como medio para su satisfacción, cada uno es un fin en sí mismo. Todos los seres humanos merecen respeto y es un espectáculo realmente bochornoso el observar a personas que han aportado durante cuarenta años durante su período activo para luego recibir montos que no se condicen para nada con lo entregado (confiscado, más bien). Es triste constatar lo que sucede con los jubilados que mansamente se resignan a ser robados de una manera cruel.
Veamos entonces cuál podría ser la manera de resolver tamaña injusticia. Lo primero es repasar el sentido mismo de un gobierno republicano. Una vez percibido que su función debe limitarse a la protección de los derechos de todos y abstenerse de inmiscuirse con la vida y la hacienda de terceros, entonces podrá procederse a la eliminación drástica de funciones incompatibles con una sociedad abierta.
En otras oportunidades he dado ejemplos minuciosos sobre cuáles reparticiones gubernamentales deben ser eliminadas del organigrama (por ejemplo, véase mi “Decálogo fiscal para cualquier país civilizado” en este mismo medio), pero en esta ocasión a los efectos de nuestro análisis damos eso por sentado y suponemos que ya estamos en una fase civilizada en la que los aparatos estatales se circunscriben a sus funciones específicas. En este cuadro de situación puede procederse a una profunda reforma tributaria compatible con lo expresado.
Para no repetir lo escrito antes, como queda dicho, supongamos que esto último se ha comprendido y aceptado. Una vez ubicados en esta instancia, es imperioso percatarse de que todo el embrollo jubilatorio lo financian compulsivamente los contribuyentes pero de modo encubierto. Aparece la magia del Gobierno financiando las diferencias con los siempre insuficientes aportes, lo cual es un modo hipócrita de presentar en asunto ya que no hay la tal magia: lo que financia el gobierno es detraído de los bolsillos de los vecinos vía gravámenes, deuda estatal o por medio del impuesto inflacionario.
Entonces, reiteramos que en definitiva la financiación de todo este sistema morboso recae sobre los patrimonios de la comunidad puesto que en ningún caso los gobernantes se hacen cargo de las referidas erogaciones. Consecuentemente de lo que se trata nada más y nada menos- es de explicitar lo que está implícito, en convertir en directo, abierto y a la luz lo que se hace de modo indirecto y solapado.
Lo dicho se concretaría a través de la obligación de los contribuyentes que en lugar de pagar un impuesto propiamente dicho se hagan cargo del pago a jubilados con un organismo oficial encargado de velar por los cumplimientos y de sustituir a financiadores en caso de deceso y otros percances. Y a los aportantes en curso los contribuyentes les devolverían lo aportado hasta el momento en cuotas, en cualquier caso deducido del fondo existente de lo ya aportado hasta el momento del cambio de sistema.
Tengamos en cuenta que si la reducción de la presión fiscal es drástica en línea con la antedicha reducción en el gasto público, la carga sobre los nuevos financiadores no solo no se ampliaría sino que disminuiría en la medida en que se establezca un sistema consistente con una sociedad abierta. En la práctica el gobierno así borra de su pasivo todo el peso del sistema previsional y lo convierte en un pasivo contingente.
Reiteramos que de lo anterior debe seguirse que la carga neta no debe ser mayor sino que debe disminuir respecto a al cuadro de situación anterior debido a la antes referida reducción tajante en los gastos estatales. Ya que se parlotea tanto de una falsa solidaridad con los recursos ajenos, tal vez se quiera adoptar este sistema que se acerca más al objetivo.
El título de esta nota alude a los futuros jubilados o los retirados de sus empleos pues a ellos es que se tratará con la dignidad que corresponde por lo que podrán disponer de sus ingresos como les plazca. Para los jubilados actuales y los que están en proceso lo único que cambia es que se transparenta de donde provienen los fondos para financiarlos. No hay aquí promesa incumplida, los gobiernos se obligaron a pagar pero no necesariamente el conducto a través del cual lo harán (en todo caso la promesa incumplida es el atraco que sistemáticamente llevan a cabo hasta el momento del nuevo sistema sugerido).
El denominado “sistema de seguridad social” comenzó en Alemania con Otto von Bismark, siguió en Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, en Inglaterra con William Henry Beveridge, en Francia con Pierre Laroque, en los países nórdicos mientras fueron socialistas y luego copiado por todos los dictatorzuelos asiáticos y latinoamericanos. Salvando las distancias de la horrenda circunstancia que hizo calificar a Hannah Arendt como “la banalidad del mal”, puede aplicarse a nuestro caso dado el inmenso sufrimiento, canallesca explotación y la ruina en la vida de los jubilados por políticos inescrupulosos y malvados.
Una vez más es necesario repetir que el despido del sector público de funcionarios inútiles para los efectos señalados, en ningún caso se traduce en desempleo. Se trata de liberar recursos humanos y materiales para ser empleados para atender otras necesidades, lo cual no podía realizarse debido a que estaban esterilizados en actividades improductivas. A su vez el empresario está interesado en capacitar para sacar partida de los nuevos arbitrajes.
Allí donde el mercado laboral está abierto a contrataciones libres de regulaciones no hay tal cosa como desocupación involuntaria. Los salarios e ingresos en términos reales se establecen como consecuencia de las tasas de capitalización, a saber maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Las llamadas “conquistas sociales” por las que se impone una entrada superior a la establecida por la antedicha inversión per cápita conduce inexorablemente al desempleo. Y esto no solo va para el obrero, si se imponen condiciones salariales al gerente de una empresa superiores a las establecidas en el mercado, ese empleado quedará también sin empleo. Lo que pasa es que generalmente las intromisiones gubernamentales y sindicales se refieren a los trabajadores marginales por lo que son ellos los primeros en quedar sin trabajo.
Cuando se hace alusión a la reducción del gasto público se apunta a rellenar los bolsillos de la gente. Al disminuir las erogaciones el gobierno libera fondos que en todos los casos se emplean para ahorrar e invertir o para consumir, en cualquier caso necesariamente se reasignan los siempre escasos factores de producción desde áreas ineficientes hacia territorios productivos con lo que se eleva el nivel de vida de la población.
Resulta llamativo que se sugieran retoques en el sistema jubilatorio en lugar de modificaciones de fondo. Por ejemplo, se ha sugerido achatar la pirámide de la estructura jubilatoria vigente y así entregar a todos las mismas sumas independientemente de los aportes con lo que la estafa se acentúa de modo superlativo. Otra propuesta consiste en estirar la edad jubilatoria al efecto de aliviar el cuadro financiero estatal, lo cual también constituye un engaño. Como he consignado antes, en este último caso para eso es mejor terminar con la farsa y colocar la edad jubilatoria a los 200 años de edad con lo que el atraco se hace más transparente.
Lo que proponemos para el sistema jubilatorio es una muy saludable y recomendable gimnasia intelectual al efecto de un precalentamiento cuando se adopte una sociedad libre.
Sin duda que para poder proceder en consecuencia con la reforma jubilatoria sugerida en esta nota periodística es indispensable primero trabajar mucho más en la batalla cultural para abrir caminos y horizontes a los efectos de que se comprenda la razón de la existencia misma del Gobierno. Incluso, como ha apuntado Leonard Read, no deberíamos usar la expresión “Gobierno” ya que significa mandar y dirigir por lo que resulta más apropiado referirnos al monopolio de la fuerza como agencia de seguridad, de lo contrario como escribe Read “es lo mismo que denominar gerente general al guardián de una empresa”.
Sin duda que no hay solución si la batalla cultural no se da con éxito y no se comprende para qué son los aparatos estatales en una sociedad abierta y no se acepta transparentar lo que está implícito en los sistemas quebrados que explotan miserablemente a los jubilados.
El autor es Doctor en Economía y también Doctor en Ciencias de Dirección, preside la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
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