Para una evaluación que responda al interrogante que plantea el título de esta nota periodística, es indispensable remitirnos al significado de la ley. Para ello nada mejor que aludir al texto del decimonónico Frederic Bastiat titulado precisamente La Ley, publicado originalmente en 1850 y traducido por vez primera al castellano de la versión francesa en 1959 por el Centro de Estudios sobre la Libertad de Buenos Aires, antes incluso que la versión inglesa de 1964. Desde entonces se han publicado varias ediciones en distintos idiomas, la última en 2005 en castellano por Alianza Editorial de Madrid.

Bastiat fue un prolífico escritor, fundador de la célebre Asociación Francesa de Libre Comercio, frecuente colaborador del Journal des Economistes, diputado en las cortes francesas, gran amigo del notable polemista inglés Richard Cobden y ferviente estudioso de los clásicos del liberalismo. Sus abultados textos están recopilados en tres obras: Armonías económicas, Sofismas económicos y Ensayos de política económica. En el prólogo que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek escribe para este último libro, concluye que Bastiat “tenía un don especial para ir al corazón de los problemas” y Joseph Schumpeter en su Historia del análisis económico lo considera “el periodista económico más brillante de la historia”. Se han publicado numerosas tesis doctorales sobre este eminente pensador, tal vez la más difundida sea la de Dean Russell presentada y aprobada en el Instituto de Estudios Internacionales para Graduados de la Universidad de Ginebra, en 1959, titulada Frederic Bastiat. Ideas and Influences.

Vamos entonces a un introito sobre significado de la ley que desafortunadamente pocos graduados de abogacía entienden hoy, puesto que la gran mayoría no son abogado -que significa defensores del derecho- y son en cambio estudiantes de legislaciones que pueden recitar sus números, incisos y párrafos pero se desentienden de los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. En este sentido, salvo honrosas excepciones, en nuestra época el positivismo legal ha hecho estragos lo cual, entre otras cosas, no permite ver que la igualdad ante la ley está indisolublemente atada a la noción de Justicia en el contexto clásico de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada que a su vez está anclada a los procesos de mercado abierto y el consecuente respeto recíproco.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

La institución de la propiedad privada existe no solo referida a la personalidad de cada cual y a su vida sino a lo adquirido de modo legítimo. Tal como se ha consignado en otras oportunidades, la asignación de derechos de propiedad se torna indispensable a los efectos de darle el mejor empleo posible a los siempre escasos factores de producción: los que aciertan en las necesidades del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos.

En esta línea argumental, el mayor aprovechamiento de esos recursos se traduce en incrementos en los salarios e ingresos en términos reales. En la visión opuesta Marx y Engels en el Manifiesto Comunista sostienen que “todo el programa comunista puede resumirse en la abolición de la propiedad privada”. Ludwig von Mises, al contrario, en Liberalismo explica que “todo el programa del liberalismo se traduce en el respeto a la propiedad privada”. Es del caso recordar que este último autor demostró que como la abolición de la propiedad significa la eliminación de los precios de mercado, en un sistema socialista coherente no hay forma de evaluar proyectos, calcular y llevar contabilidad. Las consideraciones técnicas carecen de sentido sin precios, como explica Mises: puede fabricarse agua sintética desde el punto de vista técnico con dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno pero se necesitan precios para saber si es viable.

Pasado este introito, veamos el análisis magistral de Bastiat en torno al corazón de la ley como sinónimo de derecho y no mera legislación (de paso recordemos que Juan Bautista Alberdi -el autor intelectual de la Constitución fundadora en tierras argentinas- resume la idea al escribir que “saber leyes, pues, no es saber derecho”). Bastiat se pregunta y responde: “¿Qué es la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa”. A continuación escribe: “Tal como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos”.

Bastiat conocía bien a los autores de la Escuela Escocesa, Adam Smith, Ferguson y Hume en cuanto a la trascendencia del orden espontáneo y la incipiente idea en cuanto a que el conocimiento está fraccionado y disperso entre millones de personas que se coordinan cada uno persiguiendo su interés personal sin lesionar derechos de terceros y, asimismo, la ignorancia se concentra cuando megalómanos intervienen en el mercado provocando desabastecimientos y desajustes varios que redundan en perjuicio de todos pero muy especialmente en el bolsillo de los más necesitados. Así nuestro autor, siempre en su trabajo sobre la ley, nos dice: “Puede afirmarse aún que gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural”. Pero afirma que desafortunadamente los gobiernos han “procedido en forma contraria a su propia finalidad, han destruido su propia meta: se han aplicado a aniquilar aquella justicia que debían hacer reinar, a borrar, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar, ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieren explotar” y concluye que se trata de la “completa perversión de la ley” ya que “no podía pues introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que esto: la ley convertida en instrumento de expoliación”. Y cómo reconocer el robo legal, se pregunta Bastiat y responde: “Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a alguno lo que le pertenece para dar a otros lo que no les pertenece”.

El pensador francés afirma que toda esta flagrante tergiversación y degradación de la ley coloca a las personas en una encrucijada: “Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o de perder el respeto a la ley”. Más adelante en su estudio sustancioso sobre la ley señala la fenomenal incomprensión que revela la equivocada noción que cuando se apuntan los desaguisados de los aparatos estatales metidos en áreas que exceden su misión específica de protección de los derechos de todos “que son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos” para nada quiere decir que se está en contra de tal o cual emprendimiento, solo se dice que no le compete al monopolio de la fuerza llevarlo a cabo ya que inexorablemente contradice lo que hubiera hecho o de que modo lo hubiera hecho la gente si hubiera podido utilizar libremente el fruto de su trabajo.

En este sentido, Bastiat subraya en una última cita que hacemos, también muy jugosa: “Hay que decirlo: hay en el mundo exceso de grandes hombres, hay demasiados legisladores, organizadores, instituyentes de sociedades, conductores de pueblos, padres de naciones etc. Demasiada gente que se coloca por encima de la humanidad para regentearla, demasiada gente que hace oficio de ocuparse de la humanidad. Se me dirá: usted que habla, bastante se ocupa de ella. Cierto es. Pero habrá de convenirse que lo hago en un sentido y desde un punto de vista muy diferentes y que si me entrometo con los reformadores, es únicamente con el propósito de que suelten el bocado”.

Recién después de haber marcado estas fundamentalísimas disquisiciones sobre la ley y los engendros que se provocan cuando se aparta del derecho, recién ahora entonces podemos responder y evaluar el interrogante con que titulamos esta nota. Nada cambia por el hecho de que una multitud apruebe un desatino, no por eso deja de ser desatino. Tal como ha escrito Benjamin Constant, que tanto inspiró a Bastiat: “La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”, por otra parte un concepto que viene desde Cicerón, quien destacó: “El imperio de la multitud no es menos tiránico que la de un hombre solo” y, entre nosotros, Juan González Calderón ha dicho que “los demócratas de los números ni de números entienden puesto que parten de dos ecuaciones falsas: 50% más 1%=100% y 50% menos 1%=0%”.

Entonces los gobiernos desbocados traicionan abiertamente el sentido de la ley y la convierten en robo legal, en usurpación y en expoliación al fruto del trabajo ajeno, es decir, le dan la espalda a la misión por la que existen los aparatos estatales de garantía y protección a los derechos. Este es el sentido del derecho a la resistencia a la opresión intolerable desde John Locke en adelante inscripta en muchos declaraciones de independencia comenzando por la estadounidense, es decir la legitimidad de un contragolpe para frenar los golpes extremadísimos y repetidos a las instituciones republicanas, lo cual se hizo en muchos casos, unos con suerte como la antedicha independencia norteamericana y otros con desvíos atroces como el contragolpe de Castro a los reiterados golpes perpetrados por Batista contra las instituciones republicanas en lo que hoy es la isla-cárcel cubana.

La usurpación con apoyo electoral no modifica la usurpación en todos los actos en los que el Leviatán da manotazos vía impuestos insoportables, inflaciones colosales y deudas astronómicas al efecto de financiar gastos gubernamentales elefantiásicos empleados para aplastar a súbitos indefensos.

En cuanto al caso de empresarios prebendarios, las alianzas con el poder de turno para explotar a sus congéneres constituyen también un atraco. Y cuando los privilegios se esgrimen debido a la necesaria protección, debe señalarse que no hay derecho a que endosen sus costos sobre las espaldas del resto de los habitantes puesto que si no contaran con los suficientes recursos para hacer frente a los primeros períodos de sus proyectos deberán vender su idea a otros en el mercado local o internacional, pero si nadie le compra ese proyecto es porque está mal evaluado lo cual tampoco justifica recurrir coactivamente al bolsillo ajeno.

Finalmente, el ladrón de bancos o sus equivalentes siendo a todas luces repudiables por lo menos tienen la idea de que lo que hacen contradice los valores de los asaltados. Por eso se cubren la cara y generalmente operan en la oscuridad de la noche, mientras que los gobernantes desbocados y los empresarios prebendarios asaltan a cara descubierta, de día y con el apoyo del monopolio de la fuerza convertida de contrabando con apariencia de ley disfrazada de derecho. Por eso es que el antes referido Alberdi escribió: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”. A eso agrega su condena al proteccionismo empresario, que sostiene es “la protección a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios” (Obras Completas, tomo IV, pp.165 y 182 respectivamente).

El autor es Doctor en Economía y también Doctor en Ciencias de Dirección, preside la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Publicado originalmente como columna de opinión en Infobae, 12 de septiembre de 2020.

La pregunta formulada en el título de esta nota periodística se viene reiterando desde tiempo inmemorial en nuestra tierra argentina, aparentemente sin advertir que ya ha acontecido una secuencia ininterrumpida de explosiones que prometen seguir su curso si no cambian las políticas estatistas que nos vienen asfixiando.

Hay algunos distraídos que mantienen que debemos tocar fondo para reaccionar, sin advertir que la desgracia nunca toca fondo y que la situación no se revierte mientras se persista en el error. En tanto se atribuya la decadencia a nexos causales distintos a las verdaderas razones que conducen a la situación de permanente emergencia y zozobra, mientras esto ocurra no hay esperanzas. Solo podrá salirse del pozo con un buen diagnóstico y buenas medidas que apunten en dirección al respeto recíproco, es decir, a la necesaria garantía y protección de los derechos individuales, lo cual abre cauce a la energía creadora que no solo se basa en valores morales sino que permite el mayor bienestar material para todos pero muy especialmente para los más necesitados.

Quiero volver aquí a la pandemia que hoy asola al mundo, un asunto que he tratado antes pero estimo necesario explorar otras aristas que presenta este delicado tema. Personalmente no quisiera estar en los zapatos de gobernantes que apuntan al resguardo de la invasión que implica un virus que presenta riesgos mayúsculos. Ni los médicos especialistas de mayor prestigio en la materia saben como defenderse de este flagelo. En todo caso saben que la prudencia indica que deben evitarse aglomeraciones en teatros, estadios y equivalentes que fortalecen y aceleran la difusión del virus de marras.

Y en este caso no es cuestión de simplemente confiar en la responsabilidad de cada cual, del mismo modo que -salvando las distancias- si andan asesinos sueltos nadie en su sano juicio concluiría que es un tema que se limita a la responsabilidad individual sino que hay que detener a los probados asesinos. En el campo de lo que ahora comentamos, se trata de adoptar medidas de aislamiento y prevención al efecto de evitar la lesión de derechos de terceros. Sin duda que estas políticas no deben pasar de contrabando disposiciones arbitrarias que afecten innecesariamente el desenvolvimiento de las personas. Todos los gobiernos del mundo han dado marchas y contramarchas en esta materia sin dar en la tecla frente a este peligro manifiesto y presente que a todos tomó por sorpresa.

Como hemos dicho antes, cuando aparezca la vacuna todo cambia radicalmente pues en lugares privados y públicos si se considera hay riesgo de contagios se pedirá el certificado correspondiente de vacunación sin necesidad de otras medidas hasta que pase la pandemia (igual que hoy en países civilizados no se pide comprobantes de la vacuna contra la fiebre amarilla y similares).

Por supuesto que como también hemos puesto de manifiesto, bajo ningún concepto debe tolerarse que con el pretexto y escudados en la pandemia, hayan gobiernos que propinen manotazos a la Justicia, pretendan colonizar al Poder Legislativo, usen y abusen de decretos del Ejecutivo, se amenace a la prensa, se expanda el gasto público, se incrementen los impuestos, se aumente la deuda estatal, se emita sideralmente moneda, se intensifiquen absurdas regulaciones como precios máximos y otras sandeces, se invada la propiedad privada y se pretendan encubrir corrupciones varias.

Pero la referida cadena de explosiones en los que los estallidos van en aumento no irrumpieron con la pandemia, en el caso argentino vienen de la friolera de hace siete décadas y se deben a la machacona persistencia de lo que en ciencia política y economía se conoce como “la tragedia de los comunes”, esto es la manía de acrecentar la propiedad estatal lo cual modifica de raíz los incentivos tan bien explicados, entre muchos otros, por Ronald Coase, Harold Demsetz y Douglass North: lo que es de todos no es de nadie, hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es lo mismo en lo que es privado que cuando se dice es de todos.

La colectivización se traduce en la apología de lo abstracto y el ataque a lo  concreto. Borges lo ilustraba muy bien cuando se despedía de sus audiencias: “me despido de cada uno y no digo todos que es una abstracción mientras que cada uno es una realidad.” Pues la extensión de lo colectivo es el grave problema de las naciones empobrecidas, mientras que la asignación de derechos de propiedad es atributo central del progreso. Es como escribió el padre de la Constitución estadounidense, James Madison: “el gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad”, lo cual también suscribe con énfasis entre nosotros Alberdi,  y por las razones opuestas es que Marx propone “la abolición de la propiedad”.

El Economista, martes 8 de septiembre de 2020.

En 1789 Benjamin Franklin escribía en una carta a Jean-Baptiste Leroy una frase que luego pasaría a la historia: “En este mundo nada es seguro salvo la muerte y los impuestos”.

Suele decirse que son el medio “genuino” de financiar los gastos del Estado. Y es así, porque tarde o temprano buena parte de los otros métodos terminan siendo impuestos o son impuestos disfrazados. Además, ocurre que incluso cuando los impuestos están dirigidos a un determinado grupo o sector, también los terminamos pagando todos. Eso también ocurre con el llamado impuesto a la riqueza. Es un impuesto “políticamente correcto” porque parece castigar a los ricos y favorecer a los pobres; y sin costo político, ya que los que pagan suman muy pocos votos y les podemos decir a todos los demás que no pagan y tal vez se beneficien en algo con ese impuesto. Este segundo es un supuesto más que fantasioso, desde ya. De ahí a que ese dinero que paguen los superricos llegue a los superpobres tiene que pasar por la política, que cobra un peaje muchas veces superior a la recaudación.

Por otro lado, hay que conocer un principio básico de todo impuesto: es como el glifosato, sobre lo que caiga, lo mata. A menos que sea una semilla genéticamente modificada (como por ejemplo los sueldos de los funcionarios públicos). Es decir, si se establece un impuesto a la riqueza, habrá menos riqueza…, y si no se genera más riqueza, habrá más pobreza, el estado natural del ser humano. Así es como el impuesto a los ricos terminará afectando a los pobres.

El principio de que el impuesto mata lo que encuentra donde cae es tan viejo que no extraña encontrarlo en trabajo clásicos, incluso en textos que no son de economía. Tal es el caso de el clásico de Jonathan Swift, Los Viajes de Gulliver (1726). El autor ya tenía esto muy claro y lo muestra con los profesores que encuentra Gulliver en su viaje, al visitar la Academia en la isla de Lagado, donde hay discusiones sobre este tema:

“Asistí a un debate muy acalorado entre dos profesores acerca del modo más cómodo y efectivo de recaudar dinero sin oprimir a los contribuyentes. El primero sostenía que el método más justo sería poner un tributo sobre los vicios e idioteces de cada individuo; un jurado de vecinos sería el encargado de fijar la cantidad del modo más objetivo posible. El segundo sostenía la opinión enteramente opuesta; quería que cada persona tributase por las cualidades físicas y espirituales de las que se enorgullecía; cuanto más alta estima uno se tuviese, más elevado sería el impuesto; el importe sería fijado por cada uno. El impuesto más elevado recaería sobre los hombres de mayor éxito con las mujeres y variaría según el numero y naturaleza de los favores recibidos. El cómputo se fijaría por las declaraciones da propio interesado. La inteligencia, el valor, y la cortesía estaban también sujetas a severo tributo; se recaudaba del mismo modo: la cantidad dependía de las declaraciones del propio contribuyente. El honor, justicia, prudencia y saber estarían totalmente exentos de impuestos, porque son calificaciones tan singulares que nadie las valora ni en uno mismo ni en el prójimo.

Las mujeres tributarían por su belleza y elegancia en el vestir, otorgándoles el mismo privilegio masculino: el de fijar ellas mismas la cantidad. Pero la constancia, castidad, el sentido común y la bondad no estaban en baremo, porque no cubrirían los costes recaudatorios”.

El debate es aleccionador en dos aspectos. En primer lugar, los profesores tratan de encontrar un impuesto que no oprima a los contribuyentes. En verdad, esto no es posible, ya que se trata de una exacción forzada, necesaria para mantener los gastos del Estado. Por ello, no puede haber discusión de los impuestos sin que lo haya de los gastos.

En segundo lugar, ambos profesores se guían por un criterio correcto, esto es, cuando se aplica un impuesto sobre algo, se obtiene menos de eso. Uno de ellos quiere establecer impuestos sobre los vicios, con el objetivo de que haya menos. El otro, en realidad, no tiene una opinión diferente ya que intenta colocar un impuesto sobre las cualidades que cada uno estima tener, con el objetivo de reducir la pedantería y el engreimiento.

En nuestra dura realidad, los impuestos se aplican muchas veces sobre las actividades productivas y, por lo tanto, obtenemos menos de ello. Incluso se llega a niveles de impuestos tan altos que ciertas actividades se ven forzadas a cesar.

¿Qué tal si ponemos un impuesto, muy alto, a las dañinas propuestas de aumentar impuestos?

*Profesor de Economía, UBA; Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso

Hace pocos días, CTERA publicó un comunicado oponiéndose a la, mal llamada, apertura de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires: “Ante los anuncios de Horacio Rodríguez Larreta, de iniciar el 7 de septiembre en la Ciudad las clases en forma presencial, la CTERA expresa su enérgico rechazo a esta medida que pondrá en riesgo la vida de docentes, estudiantes y Comunidad Educativa”.

¿Es realmente significativo dicho riesgo? Esta columna presenta evidencia de otras latitudes, la cual refleja que probablemente lo estemos sobrestimando considerablemente.

A modo de ejemplo, en una nota del 26 de agosto pasado, Bob Spires, Profesor de Educación de la Universidad de Richmond, señala el resultado de la estrategia llevada adelante por Suecia, donde los alumnos menores de 16 años no dejaron de concurrir a las escuelas.

En palabras de Bob Spires: “El plan de Suecia parece haber sido lo suficientemente seguro. Su agencia de salud informó el 15 de julio que los brotes de COVID-19 entre el millón de escolares de Suecia no eran peores que los de la vecina Finlandia, donde se cerraron las escuelas. Y los pediatras han visto pocos casos graves de COVID-19 entre niños en edad escolar en Estocolmo”.

Por su parte, una nota del periódico madrileño El País, del mismo día, reporta que según las autoridades inglesas la reapertura de los colegios durante el mes de junio, hasta el receso estival, provocó muy pocos nuevos casos de coronavirus. Dicha conclusión surge de datos de 23.400 escuelas y guarderías, y 1.646.000 niños y jóvenes. En un mes, sólo se confirmaron 198 nuevos casos, de ellos 70 eran niños y los 128 restantes personal educativo. Ninguno de ellos tuvo que ser hospitalizado.

Durante ese mes de clases se utilizaron diversas medidas de seguridad como el lavado frecuente de manos, la creación de burbujas de niños que no se relacionaron con los demás y la reducción del tamaño de las clases, pero no se requirió el uso de barbijos.

El informe denominado: “Infección y transmisión del SARS-CoV-2 en entornos educativos: análisis transversal de grupos y brotes en Inglaterra”, publicado por la Agencia Inglesa de Salud Pública, concluye que “la reapertura de las escuelas se asoció con muy pocos brotes después de la relajación de la cuarentena en Inglaterra. La infección por SARS-CoV-2 y los brotes eran más propensos a involucrar a los miembros del personal, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar las medidas de educación y control de infecciones para este grupo”.

Frente a la tragedia educativa que estamos viviendo, una apertura controlada de escuelas, manteniendo estrictamente todas las medidas de seguridad recomendadas, no parece ser una opción descabellada. Es indudable que como toda decisión que se tome frente a la pandemia involucra un riesgo que debe ser cuidadosamente evaluado, pero probablemente un riesgo que está siendo sobrestimado, y que en virtud de ello muchos chicos están viendo afectadas sus posibilidades de acceder a una vida mejor en su adultez. Nada es gratis, mantener cerradas las escuelas tampoco, no debemos olvidarlo.

Fuente https://www.clarin.com/opinion/sobrestimemos-riesgo-abrir-escuelas_0_caGMgsNdI.html

Steven Horwitz disertara sobre la Historia de la Familia como Institucion Social y los Cambios.

Inscribirse aquí.

Un análisis sobre los graves inconvenientes de encajar en espacios comunes lo que por su naturaleza se administra con mucha mayor eficiencia y mejores resultados para las partes involucradas y para terceros si se asignan derechos de propiedad.

Desde Aristóteles la política alude a los espacios comunes y en todos los textos de teoría política se subraya que la acción en esa materia apunta a la administración de esos territorios que en esta instancia del proceso de evolución cultural se concreta a través de lo que Max Weber denominó el monopolio de la fuerza, es decir, el gobierno. Antes hemos recordado que, entre otros, Leonard Read ha objetado la expresión “gobierno” pues con razón señala que significa mandar y dirigir que es lo que cada persona debe hacer con su vida por lo que sugiere se utilice “agencia de seguridad” o equivalentes, de lo contrario, sigue diciendo, la confusión resultante es igual que llamar “gerente general” al guardián de la empresa.

De entrada declaramos que esta nota periodística no es apta para conservadores, es decir aquellos enredados en telarañas mentales que no conciben nada nuevo que se salga de lo rutinario. Lo que queremos estudiar brevemente en estas líneas son los graves inconvenientes de encajar en espacios comunes lo que por su naturaleza se administra con mucha mayor eficiencia y mejores resultados para las partes involucradas y para terceros si se asignan derechos de propiedad. Tengamos en cuenta que este derecho vital surge del hecho de no haber de todo para todos todo el tiempo, esto es, las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son limitados. De allí derivan los precios y la necesidad de economizar esos recursos escasos al efecto de darle el mejor destino posible. En este contexto, los que le dan buen uso atendiendo los reclamos de su prójimo obtienen ganancias lo cual naturalmente engrosa sus patrimonios y los que no aciertan incurren en quebrantos, una situación esta última que debilita patrimonios. Lo interesante de este proceso es que cada uno para mejorar su situación personal no tiene más remedio que mejorar la condición de sus semejantes. Así, las posiciones patrimoniales relativas no son irrevocables, van cambiando a medida que cambian los gustos y las preferencias de la gente. Desde luego, lo que no es admisible en una sociedad abierta es que se opere en base a privilegios de quienes se alían con los aparatos estatales para explotar a los demás recurriendo a mercados cautivos, exenciones impositivas, aranceles, subsidios y demás prebendas.

Ahora bien, desde 1968 Garret Hardin en la revista académica Science oficializó lo que se conoce como “la tragedia de los comunes”, un concepto de venia de tiempo inmemorial desde las críticas al comunismo de Platón pero su bautismo lo hizo más patente y cercano. Puesto de modo sobresimplificado apuna a señalar que lo que es de todos en definitiva no es de nadie por lo que su uso no es el mismo respecto a cuando el bien en cuestión es privado. Tal como han apuntado autores como Ronald Coase, Harlod Demsetz y Duglass North, es clave el asunto de los incentivos: no es el mismo trato cuando el bien es privado que cuando es estatal.

Es frecuente que el empecinamiento colectivista transforme todo en un antropomorfismo con lo que se machaca que el “pueblo dice” tal o cual cosa, “la nación se pregunta” sobre tal otro asunto, hasta hemos visto en algunos titulares de periódicos el dislate que Estados Unidos “medita” sobre cierta cuestión a lo que África “contesta” de tal o cual manera. En esta curiosa línea argumental, “la sociedad” piensa, se ríe, se enoja y hasta copula.

Cuando irrumpen distraídos que mantienen que “hay que priorizar lo colectivo frente al individualismo” están de hecho diciendo que debe darse prelación a lo abstracto antes que a lo concreto. Como solía decir Borges al despedirse de su audiencia, “saludo a cada uno y no digo a todos porque cada uno es una realidad mientras que todos es una abstracción”. El individualismo respeta y toma como sagrado al individuo en sus derechos y por ende en su dignidad. La caricatura grotesca del individualismo que lo dibuja como una especie de narcisista-aislacionista en verdad alude al colectivismo socialista que impone restricciones, cortapisas y supuestos proteccionismos y consecuentes fronteras alambradas a las relaciones entre las personas, muy al contrario de lo que pretenden los individualistas que maximizan y estimulan las relaciones abiertas entre las personas dentro y fuera del país.

Cuando concluimos que no es conveniente politizar lo no politizable no estamos diciendo que no es posible hacerlo, de hecho es lo que viene ocurriendo en distintas partes del mundo. El manotazo del Leviatán siempre es posible, no es necesario recurrir al chavismo con la sandez de su “exprópiese” para percatarse del problema agudo que esa política provoca, especialmente para los más necesitados. Lo que estamos señalando es su inconveniencia, no su imposibilidad.

Ilustremos este tema solo con un ejemplo: el caso de las mal llamadas empresas estatales. Mal llamadas porque el aspecto medular de la actividad empresaria propiamente dicha consiste en arriesgar recursos propios y no utilizar por la fuerza el fruto del trabajo ajeno. La denominada empresa estatal significa un problema desde el mismo instante en que se constituye puesto que inexorablemente se traduce en una alteración en las prioridades de la gente desde reglones más urgentes a ámbitos menos perentorios. Si el gobierno fuera a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente con sus siempre escasos recursos no tendría sentido su intromisión con el consiguiente ahorro de gastos administrativos. Por otra parte, cuando se sostiene que el aparato estatal encara actividades que el sector privado no cubre debido a que son antieconómicas pero, se sigue diciendo, son necesarias para, por ejemplo, atender a pueblitos aislados. Este razonamiento no percibe que ese emprendimiento compulsivo al ser antieconómico desperdicia o derrocha recursos con lo que la sociedad en su conjunto se empobrece por lo que la cantidad de pueblitos aislados se multiplica hasta que, si se insiste en estas políticas, todo el país queda como inviable y aislado económicamente.

De cualquier manera, el punto central en este análisis de las llamadas empresas estatales es nuevamente uno de incentivos: hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una empresa privada que en una estatal. Por este tema crucial de los incentivos es que se hace necesario extender al máximo la asignación de derechos de propiedad en todo lo que sea posible.

Es sumamente relevante percatarse que lo político está en la esfera de las burocracias que si van más allá de la protección de derechos significa la expropiación de lo privativo de cada cual y, por otro lado, lo privado se encuentra en el ámbito de lo que pertenece a la gente, en definitiva quienes deciden sobre lo que les concierne o de lo contrario, decide el político sobre la vida y hacienda de cada persona. No hay otra opción, del mismo modo que la mujer no puede estar semi-embarazada. Y tengamos en cuenta que nunca y bajo ningún concepto hay conflicto de intereses entre las autonomías individuales y el interés general mientras el gobierno se limite estrictamente a la protección de derechos. Como bien han definido Michael Novak y Jorge García Venturini, “el bien común es el bien que es común a cada uno” es decir el respeto recíproco, la preservación de los derechos de cada persona. Por supuesto que si hay parásitos que apuntan a vivir de lo ajeno, se amontonarán para expoliar al resto en manifestaciones permanentes. Pero si se da rienda suelta a la envidia y a las pasiones más bajas las relaciones sociales se convierten en conflictos irreconciliables. Es en este contexto donde se reclaman líderes en lugar de cada uno liderar sus propias vidas al efecto de así evitar que con mayor facilidad lo que pertenece al vecino se succione por la fuerza, un atraco encabezado con entusiasmo por el caudillo del momento.

Si observamos la actitud de políticos desde la tribuna en campaña o los discursos parlamentarios y equivalentes veremos que siempre se trata de personas enojadas, más o menos a los alaridos, siempre apuntando con el dedo y generalmente mostrando los dientes puesto que en todos los casos hay enemigos que combatir, guerras que hay que librar, lo cual, como entre otros ha puesto de manifiesto Bruno Leoni, contrasta abiertamente con lo que ocurre en el mercado donde en las transacciones libres las partes siempre ganan y se agradecen entre si en un clima de paz y armonía, donde no hay escaramuzas campales, trifulcas horrendas, alaridos amenazantes ni conflictos dentro de un necesario respeto recíproco. Es a esto último por lo que debe velar el gobierno, es decir, la seguridad y la justicia para que no hayan lesiones al derecho, lo cual es generalmente lo que los gobiernos no ofrecen con el suficiente esmero pues se dedican a muchos otros menesteres que no les compete por lo que se apoderan en grados crecientes del fruto del trabajo ajeno a través de impuestos insoportables, deudas colosales, inflaciones varias al efecto de financiar gastos elefantiásicos para asegurar sus permanentes aventuras ilegítimas. Es cierto que los liberales recurrimos a la metafórica expresión “batalla cultural” para referirnos a las faenas en el aula y en la redacción de textos para argumentar a favor de la libertad, pero, como decimos, en el proceso de mercado -es decir en materia de arreglos contractuales entre partes- solo hay agradecimientos recíprocos y no luchas, discursos altaneros, amenazas y furiosos enojos en medio de gritos ensordecedores. En el calor de la política, la lucha no tiene nada de metafórica: los improperios, las denuncias, las chicanas, las acusaciones de traición y las exigencias de lealtades absolutas están a la orden del día. En cambio en la así denominada batalla cultural cuanto más refinado y sofisticado el argumento en clase, en una conferencia académica o en un libro, más apreciado resulta todo en el contexto de modales siempre considerados respecto de teorías rivales que son esenciales al efecto de las corroboraciones provisorias que se tornan más rigurosos en la medida que surgen refutaciones solventes.

A contracorriente de lo dicho se ubica el colectivismo, esto es la manía por ampliar el campo de lo colectivo, de extender la tragedia de los comunes en base al retorcido “darwinismo social”. Esto significa la extrapolación ilegítima del campo de la biología al campo de la cultura. Como es sabido, Darwin tomó la idea del evolucionismo de Mandeville, que lo concibió para el campo de las relaciones interindividuales para, como queda dicho, aplicarlo al reino de la biología. Así en este campo la especie apta descalifica a la inepta, pero en el contexto de las relaciones sociales el más fuerte trasmite su fortaleza a los más débiles a través de las tasas de capitalización que constituyen un único factor que permite aumentos en salarios e ingresos en términos reales, a saber, instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento.

La degradación de la noción original de la democracia se ha convertido en una carrera electoral para comprobar quién promete más desatinos, lo cual hace que los espacios públicos se ensanchen y se encojan los privados con los apuntados resultados respecto a la consecuente ampliación del grado de politización. En este sentido, se hace imperioso imaginar nuevos límites al abuso del poder, de lo contrario resultará imposible zafar del círculo vicioso en el que nos encontramos. Afortunadamente hay un debate en curso sobre esos límites, discusión que debe ser alentada para encontrar cauce a lo que planteamos en esta nota.

Es muy ilustrativo y apropiado cerrar este texto con un pensamiento de Ortega y Gasset en El espectador: “Ahora, por lo visto, vuelven muchos hombres a sentir nostalgia por el rebaño. Se entregan con pasión a lo que en ellos había aun de ovejas. Quieren marchar por la vida bien juntos, en ruta colectiva, lana contra lana y la cabeza caída. Por eso muchos pueblos andan buscando un pastor y un mastín. El odio al liberalismo no procede de otra fuente. Porque el liberalismo, antes que una cuestión de más o menos en política, es una idea radical sobre la vida: es creer que cada ser humano debe quedar franco para henchir su individual e intransferible destino”.

El autor es Doctor en Economía y también Doctor en Ciencias de Dirección, preside la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Publicado originalmente en Infobae como columna de opinión, 5 de septiembre de 2020.

On this episode of the Hayek Program Podcast, Hayek Program scholar Lawrence H. White discusses the history of the field of macroeconomics, Austrian business cycle theory, and illustrates how Austrian economics can be inserted into modern macroeconomic theory.

Click here.