Tomado del blog de Martín Krause.

Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

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Resumen

En el presente artículo se abordan dos autores Max Weber y Ludwig Von Mises, quienes asumen el mercado libre como un mecanismo de coordinación de las distintas valoraciones individuales. Si bien se ha insistido en una profunda separación entre ellos, a partir de sus concepciones de la acción humana, se puede rastrear, en la forma como los autores estudian los fenómenos sociales, la existencia de una conciencia para cooperar por parte de los individuos.

Palabras clave

Cooperación social; valor; mercado; guerra; división del trabajo; cálculo económico

Referencias

Eshelman, L. (1993). Ludwig von Mises on Principle. The Review of Austrian Economics, 6(2), 3-41.

Hayek, F.A.V. (1931/67). Prices and production. (2th ed.). New York: Augustus M. Kelly, Publishers New York.

Hayek, F.A.V. (1959/98). Los fundamentos de la libertad. (6a. ed.). Madrid, España: Unión Editorial.

Hayek, F.A.V. (1988/90). La fatal arrogancia. Los errores del socialismo. Madrid: Unión Editorial.

Hobbes, T. (1642/2000). De Cive. Elementos filosóficos sobre el ciudadano. Madrid: Alianza Editorial.

Hobbes, T. (1651/1928). Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil. Oxford, London: Basil Blackwell.

Hobbes, T. (1651/2004). Leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. Madrid: Alianza Editorial.

Kirzner, I. (2001). Ludwig von Mises: The man and his economics. USA: ISI Books.

Mises, L.V. (1919/83). Nation, State and economy: Contributions to the politics and history of our time. California, USA: Institute for Humane Studies. Series in economic theory.

Mises, L.V. (1922/62). Socialism: An economic and sociological analysis. New Haven, USA: Yale University Press.

Mises, L V. (1927/2002). Liberalism: In the classical tradition. (3th ed.). Auburn: The Ludwig von Mises Institute.

Mises, L V. (1938/2000). The equations of mathematical economics and the problem of economic calculation in a socialist state. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 3(1), 27-32.

Mises, L V. (1949/2007). La acción humana. Tratado de economía. (8th ed.). Madrid: Unión Editorial.

Mises, L V. (1957/2003). Teoría e historia: una interpretación de la evolución social y económica. Madrid: Unión Editorial.

Roth, G. & Schluchter, W. (1979). Max Weberʼs vision of history: Ethics and methods. Berkeley and Los Ángeles, California, USA: University of California Press.

Weber, K.E.M. (1905/2011). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. (2a. ed.). Ciudad de México D. F., México: Fondo de Cultura Económica.

Weber, K.E.M. (1909/78). Economy and society. An outline of interpretative sociology (pp. xxxiiii-cx). Berkeley and Los Angeles, California, USA: University of California Press.

Weber, K.E.M. (1920/98). Ensayos sobre sociología de la religión. Tomo I. Madrid: Taurus.

Weber, K.E.M. (1922/73). Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Weber, K.E.M. (1922/2014). Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. (3a. ed.). México: Fondo de Cultura Económica.

Weber, K.E.M. (1923/2001). Historia económica general. (8a. Reimpresión). México: Fondo de Cultura Económica.

Zanotti, G.J. (2010). La filosofía política de Ludwig von Mises. Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, VII(2), 109-145.

«[M]uchos profesores enseñan cómo el Estado puede intervenir en los mercados para mejorar los excedentes y generar beneficios sociales, pero la política no funciona como dice el pizarrón» y agregó: «El aporte que nos hacen nuestros profesores es enseñarnos que la política juega y que hay que entender cómo funciona la política en la práctica; con lobby y todo lo demás, se generan resultados opuestos a los que se buscan«.

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«Con motivo de una de las visitas de James M. Buchanan para disertar en ESEADE en mayo de 1987 (quien luego de la muerte de Friedrich Hayek, ocurrida en 1992, fue Presidente del Consejo Consultivo en su reemplazo), de acuerdo con el entonces Consejo Directivo, nos reunimos los dos en mi oficina -almuerzo de por medio- oportunidad en la que le mostré los distintos programas de las maestrías y los proyectos de doctorados. Buchanan hizo observaciones y comentarios de gran fertilidad, pero lo realmente atractivo fue cuando en esa oportunidad sugirió el establecimiento de una maestría en economía y ciencias políticas. Expresó que ese programa tendría de original que abarcaría mucho más que Law & Economics ya que no se limitaría al análisis económico del derecho e incluso cubriendo territorios más extensos que el «public choice» para incursionar en aspectos clave de la teoría política y los marcos institucionales. Señaló que este programa se dirigiría a muy diferentes profesiones e intereses pero muy especialmente a dos campos: a empresarios puesto que quienes cuentan con olfatos especialmente eficientes para detectar oportunidades de arbitrajes, les falta completar su formación respecto al conocimiento del medio en que actúan, concretamente los fundamentos de la ciencia económica y la teoría política al efecto de preservar y fortalecer su empresa y desenvolverse en un clima adecuado para sus operaciones. En segundo lugar, dirigida a los funcionarios públicos que en la mayoría de los casos no tienen idea sobre temas cruciales del proceso de mercado y de las bases jurídicas del sistema político de una sociedad abierta. En esa ocasión Buchanan se tomó el trabajo de delinear un borrador de programa. Luego de consultar con varios de los profesores potenciales en esas ramas del conocimiento, esta sugerencia fue adoptada por ESEADE durante el semestre siguiente a esa visita de Buchanan y es aun la única maestría en nuestro medio que la imparte en economía y ciencias políticas.

Es de interés anotar al margen que lo había invitado a Buchanan para mayo de 1987 antes deser galardonado con el premio Nobel en economía en 1986 pero, a pesar de proponerle cambios dado el referido galardón, insistió en mantener las condiciones pactadas previamente, es decir, sin cobrar honorarios y viajando en turista.”

Alberto Benegas Lynch (h), Buenos Aires, diciembre de 2018.

Acceda aquí  a una descripción general del programa, con su plan de estudios, cuerpo docente, modalidades y requisitos.

Pueden obtenerse descuentos por inscripción temprana hasta el 31 de diciembre de 2018. Para más información escribir a maestrias@eseade.edu.ar / eugenia.martinez@eseade.edu.ar

(La entrada a la sala está reservada para los registrados en la Cena de Navidad del IJM)

Juan Ramón Rallo defenderá varios elementos del pensamiento keynesiano e ilustrará cómo pueden integrarse dentro de la teoría austriaca del ciclo económico. La Escuela Autriaca suele criticar con dureza a las teorías keynesianas. Y, ciertamente, existen muchas y muy buenas razones para hacerlo. Pero, al mismo tiempo, también hay diversos aspectos de la teoría keynesiana que los economistas austriacos harían bien en incorporar a sus modelos para volverlos más realistas y explicativos. 

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, profesor en UFM Madrid, en el centro de Estudios Superiores OMMA y en IE University y escribe en El Confidencial y en La Razón.

Puedes seguir la conferencia en directo por internet en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/user/juandemarianavideos/live.

Nos condenamos en una parla machacona sobre la coyuntura y no nos damos espacio para el debate de ideas de fondo, lo que nos condena a repetir errores.

Para salir adelante y sortear obstáculos, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Venimos a los tumbos desde hace demasiadas décadas. Hay aquí un asunto clave. Muchas personas estiman que los entuertos los deben resolver otros. Consideran que están ubicados en una inmensa platea y que los actores son los que están en el escenario.

Ortega y Gasset ha sido muy claro: “Si usted quiereaprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted porsostener la civilización se ha fastidiado usted. En un dos por tres se quedasin civilización”. En esta misma línea argumental los Padres Fundadores enEstados Unidos insistían en que “el costo de la libertad es su eternavigilancia”.

El problema central que nos aqueja es la dimensión elefantiásica del aparato estatal que en lugar de preservar y garantizar derechos los conculca a manos de mandones de distintas características,  pero que consideran que sus semejantes son en la práctica infradotados para manejar sus vidas, haciendas y la educación de sus hijos por lo que, aun con las mejores intenciones, el Leviatán irrumpe en escena y todo lo engulle a su paso.

Saint Exuperyda en la tecla con la mirada típica del aludido mandamás: “¡Ah -exclamó el rey al divisar al principito- aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.” He aquí el problema.

No importa a que nos dediquemos, sea a la jardinería, a la música, al derecho, la economía, el comercio o la literatura, todos estamos interesados en que se nos respete, por tanto es obligación moral de cada cual el contribuir cotidianamente a que se comprendan los fundamentos de la libertad. La cátedra, el ensayo, el libro y el artículo son los medios más eficaces pero de ningún modo son los únicos. Por ejemplo, reuniones periódicas de muy pocas personas para estudiar y debatir temas clave producen un efecto multiplicador notable en medios laborales, sociales y familiares.

Y aquí viene un asunto de la mayor importancia: nos consumimos en una parla machacona sobre la coyuntura y no nos damos espacio para el debate de ideas de fondo, sin percatarnos que con esta rutina nos estamos condenando a repetir errores. Operamos como el can que se quiere morder la cola en círculos histéricos, en lugar de hacer un alto en el camino y centrar la atención en valores y principios de la sociedad abierta que harán que la coyuntura futura se modifique para bien.

No somos capaces de aceptar la respuesta al tan citado y poco comprendido interrogante que se plantea Alberdi “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”. Si no entendemos esto viviremos permanentemente en estados de emergencia y seguiremos repitiendo aquellas sandeces de podar gastos estatales en lugar de eliminar funciones, hacer el gasto gubernamental más eficiente en lugar de comprender que algo inconveniente cuanto más eficiente peor, enroques de funcionarios en un pesado y contraproducente organigrama, pactar con empresarios prebendarios y sindicalistas basados en legislaciones fascistas, en el contexto de deudas crecientes, impuestos asfixiantes y una economía cerrada para “vivir con lo nuestro”.

Y todavía cuando se presentan temas de fondo para salir del atolladero hay quienes tildan con sorna la propuesta como “principista, carente de tacto político y practicidad” sin anoticiarse que nada hay más práctico que una buena teoría y que todo lo que usamos desde la computadora, la medicina, la alimentación y el transporte ha sido la consecuencia de la elaboración de  teorías. Es curioso pero estos críticos son como el perro del hortelano, no dejan hacer y tampoco hacen. Se enfadan con lo que sucede y con lo que se sugiere para modificar los sucesos del momento.

En esta nota me circunscribo a un ejemplo de tantos susceptibles de ilustrar la tensión brutal entre la coyuntura y el debate de ideas de fondo. Sin duda que debe trasmitirse y conocerse el día a día pero, reiteramos, es indispensable dar espacio para analizar y discutir ideas de fondo que ayuden a dar un volantazo a nuestro estancamiento que ya va siendo crónico.

El ejemplo son las mal llamadas empresas estatales. Mal llamadas porque la característica medular de un emprendimiento empresario estriba en que se asume riesgos con recursos propios y no a la fuerza con el fruto del trabajo de los vecinos. Además, la misma constitución del emprendimiento político de marras inexorablemente significa que se han alterado las prioridades de la gente en cuanto a sus preferencias puesto que si se procede en la misma dirección de lo que el público prefiere no tiene sentido la intervención para duplicar esfuerzos con el consiguiente ahorro de gastos administrativos. Incluso si la “empresa estatal” arrojara ganancias (lo cual es muy poco probable) debe preguntarse si las tarifas no serán demasiado elevadas puesto que la única manera de saber acerca de la conveniencia de lo que se cobra es la competencia en le mercado abierto.

Nunca en la presencia estatal hay competencia puesto que para proceder en ese sentido hay que competir lo cual se traduce en la eliminación de todo privilegio que significa sacar la actividad de la órbita política.

Resultan tragicómicas las declaraciones sobre las faenas para que la empresa política resulte eficiente sin comprender que el asunto es de incentivos: la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en la empresa privada que en la pública. Los incentivos en las auditorías para evitar corrupciones no son los mismos en un sector que en otro. Es del caso recordar la figura tan demostrativa de Garret Hardin de “la tragedia de los comunes” en cuanto a que lo que es de todos no es de nadie, enseñanza que se remonta a los escritos de Aristóteles.

Por supuesto que si se traspasan las así denominadas empresas estatales a monopolios privados la situación empeora ya que en el sector privado sabrán sacar mayor tajada del privilegio, con lo que los ciudadanos se verán aun más explotados y vejados. De lo que se trata es de vender al mejor postor sin condición de ninguna naturaleza en un mercado abierto local e internacionalmente al efecto de que la gente pueda sacar la mejor partida posible de ofertas en competencia.

Hay todavía un mito adicional  en este capítulo y es el de la tan vapuleada y poco comprendida noción de soberanía. Envolver la telefonía o cualquier otro bien o servicio en la soberanía constituye una sandez superlativa: en última instancia en una sociedad libre la soberanía reside en los individuos no en las cosas ni en abstracciones. Hablar de la soberanía de una línea de bandera es tan ridículo como hablar de la soberanía de la lechuga.

Por último, es del caso enfatizar, por una parte, que no resulta pertinente hacer referencia a los capitales del sector público ya que los capitales son siempre privados solo que en este caso no se asignan voluntariamente  y, por otra, cuando se hace referencia al mercado se está aludiendo a millones de arreglos contractuales que diariamente la gente lleva a cabo, desde la vianda del desayuno hasta la cama en que duerme. El mercado somos todos.

Miembro del Consejo Asesor del Institute of  Economic Affairs de Londres.

Publicado en la edición impresa del diario LA NACIÓN, el lunes 3 de diciembre de 2018.

En 2014 ofrecimos, junto a Erwin Rosen, una regla monetaria para que la Reserva Federal (Fed, de aquí en más) evite seguir generando burbujas bursátiles e inmobiliarias de impacto global, como las de 1930, 2001 y 2008, entre otras. El trabajo se publicó en el Quarterly Journal of Austrian Economics, y se puede ver aquí. Lo interesante del caso es que hoy la Fed parece seguir esta regla.

¿Qué es la tasa de interés natural y qué ocurre cuando la Fed se aleja de ella?

El economista sueco Knut Wicksell escribió un trabajo en 1898 donde diferenciaba entre la tasa de interés natural que surge por la dinámica del mercado, y la tasa de interés «de mercado», que es la que se ve influenciada por las políticas monetarias de la Reserva Federal. Explicó con claridad que cuando la tasa de mercado está por debajo de su nivel «natural», la economía se sobre-expande. Por el contrario, cuando está por encima, se frena.

Fue Ludwig von Mises quien tomó la posta de aquella contribución y elaboró la teoría austriaca del ciclo económico, combinando la distinción de Wicksell sobre la tasa de interés con la política monetaria de David Ricardo y la teoría del capital de su maestro Eugen von Böhm Bawerk. Cabe resaltar que en el marco de esta teoría Mises prefirió hablar de mala inversión en lugar de sobreinversión, evidenciando que la tasa de interés es un precio que transmite información acerca de aquello que ocurre en el mercado de créditos, y que un nivel inferior al natural significaría enviar información falsa a los empresarios, quienes podrían entender que hay más recursos financieros disponibles para la inversión que aquello que los ahorristas están dispuestos a ofrecer. Con una tasa menor a su nivel natural, proyectos de inversión que no eran rentables ahora se vuelven rentables y sobreviene un «auge insostenible» que más tarde se sigue de fases de crisis y depresión. La teoría austriaca del capital logra mostrar «detalles microeconómicos» del impacto de estas políticas dentro de la estructura intemporal de la producción.

En el ya famoso y clásico debate entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes (resumido en estos dos entretenidos videos de rap) se pueden observar dos posturas frente a esta regla. Mientras Hayek sugería seguir la regla para evitar generar ciclos económicos, Keynes advertía que era una posibilidad para estimular la economía de acuerdo con el ciclo político, desconociendo los efectos de largo plazo, hoy ya reconocidos en la literatura.

¿Pero puede medirse la tasa natural? Si bien conceptualmente seguir la tasa de interés natural evitaría seguir generando ciclos económicos, la dificultad de conocer su nivel ha generado dudas sobre la posibilidad concreta de seguir una regla como la de Wicksell. Respondiendo concretamente a la pregunta, no, no se puede medir con precisión su nivel.

Pero si al menos la Fed intentara estimar y seguir esa tasa natural, en lugar de intentar estimular y frenar la economía a discreción para buscar el objetivo del pleno empleo, entonces el aporte ya sería significativo.

Con Erwin Rosen estudiamos aquellas estimaciones hoy disponibles de la tasa natural y encontramos que el trabajo de Laubach y Williams, dos economistas que ya ofrecen estimaciones para la Fed y el Banco Central Europeo, medían esta posible tasa natural de interés. Su nivel surge de tomar en cuenta, entre otros factores, la brecha que existe entre el PBI real y potencial.

En nuestra investigación descubrimos que la medición de la tasa natural en el período 2001 y 2005 estaba en torno al 5%, lo que manifiesta el «too low too long» (o «demasiado bajo por demasiado tiempo») que hoy es moneda corriente en la explicación de los economistas sobre las causas de la burbuja inmobiliaria que terminó en la gran recesión de 2008.

¿Qué relevancia tiene esta regla después de 2008? La regla de la tasa de interés natural es importante porque deja entrever que, tras la crisis de 2008, la Fed podría estar generando nuevas burbujas con su tasa de interés cero, la que de hecho mantuvo en niveles muy bajos por casi una década.

Lo interesante del caso es que la baja de tasas de 2008 se justificaría de acuerdo con el nivel que adquirió la medición de Laubach y Williams en los años siguientes, justificado quizás por el «saving glut» o acumulación de ahorros que proviene de Asia.

La corrección hacia arriba del nivel de tasas de interés también parece responder a esta regla, subiendo lentamente desde 2016 hasta llegar al 2,25% actual.

Si bien el mercado ya descontaba una nueva suba de un cuarto de punto en diciembre de 2018 y al menos otras dos para 2019, el nuevo presidente de la Reserva Federal Jerome Powell abrió dudas sobre una eventual pausa argumentando precisamente que «están justo por debajo de su nivel de equilibrio».

Lo cierto es que la tasa de interés actual en 2,25% ya estaría superando el nivel medido por Laubach y Williams, lo que significa que seguir incrementando su nivel impone a la economía un innecesario freno.

¿Qué relevancia tiene esta «eventual pausa» para el futuro? Que cambia el escenario de relativa iliquidez que el mercado ya había descontado, lo cual vuelve más optimista a los inversores para abandonar la idea de buscar una potencial mayor tasa de bonos americanos a 10 años y volver a la economía real. Reduce la posibilidad de una nueva crisis global, al tiempo que las subas previas evitan seguir inflando una posible burbuja bursátil. En otros términos, siguiendo a Wicksell, si la Fed sigue la regla de la tasa de interés natural, ni estimula ni frena a la economía, lo que en definitiva es lo que una medida ortodoxa debería buscar.Para Argentina, la noticia no puede ser mejor en el año electoral. Un escenario de menor iliquidez, sumado a la reciente reunión exitosa del G20 en Buenos Aires, que entre otras conclusiones parece poner pausa también a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, podría significar inversiones reales en el país que formen un motor adicional para la necesaria y esperada recuperación económica.

De tanta manifestación antiglobalización en las calles y tanta piedracontra los representantes del G20 en distintas partes del mundo, resulta quealgunos de los encumbrados miembros han comenzado a arrojar piedras ellosmismos, comenzando por el presidente estadounidense que se ha constituido enprincipal crítico de la globalización. También se esbozan imitadores en lamisma mesa del G20 (para no decir nada de las mafias rusas en el poder, ladictadura turca o el representante saudí…sobre el caso chino comentamos másabajo).

Globalización quiere decir intercambios abiertos de bienes y servicios como consecuencia de los notables progresos en las comunicaciones, en los transportes y en la tecnología en general. Esto en el contexto de un capitalismo donde el conocimiento cada vez ocupa una posición relativa mayor respecto al capital físico. Desde siempre cuando se parla de las tasas de capitalización se alude al conocimiento puesto que lo inerte no significa nada si no es primero pensado, construido y aplicado.

Es en verdad paradójico que en la era del conocimiento y el consecuente menor peso relativo de la materia se esté en pleno materialismo filosófico. George Gilder apunta en esa dirección en su obra titulada The Quantum Revolution in Microcosm: Economics and Technology en la que se alarma del materialismo filosófico imperante (o determinisno físico para recurrir a terminología popperiana), una “superstición” que se traduce en “la idea que la mente es materia”, sin embargo “la actividad del cerebro siempre ocurre bajo el dominio y la influencia de la mente autónoma”. Gilder reitera que “La idea de la computadora como una mente es el ídolo de la superstición materialista” puesto que “la computadora que es el cerebro tiene que ser programada y operada por una agencia capaz de entendimiento independiente”. Concluye que el determinismo físico “es parte de un pacto de Fausto: un trato con el diablo por el que incorporamos fabulosas máquinas a cambio de nuestras propias almas” ya que “Una teoría intelectual que materializa o mecaniza a los teóricos es autodestructiva. La psicología behavorista, la biología determinista y la física materialista son disparates incomprensibles porque eliminan al científico y su objetivo trascendental de la búsqueda de la verdad”.

El actual mandatario estadounidense toma a competidores internacionales como una amenaza en lugar de aceptar que se trata de un progreso conjunto, de allí los absurdos conflictos que desata. Es del caso insistir en que la China de hoy libera energías en algunas zonas con un resultado espectacular mientras conculca libertades civiles, lo cual constituye un trade off  nefasto para el oxígeno que requieren las autonomías individuales. Pero este no es el disgusto de Trump, se trata de la porción de éxito comercial de China (“depredadora” le mandó decir en Buenos Aires). El futuro no lo conocemos pero en el caso de China hay dos visiones contrapuestas. Por un lado Guy Sorman con su China, el imperio de las mentiras donde vaticina una intensificación del espíritu autoritario, mientras que Eugenio Bregolat en La segunda revolución china pronostica que las restricciones a las libertades individuales van a ceder frente a espacios crecientes de procesos abiertos de mercado.

El proceso evolutivo de la globalización incluye tecnologías de alta sofisticación como es la robotización que al igual que otros adelantos en la productividad liberan recursos humanos y materiales para atender otras necesidades y el empresaridado está especialmente interesado e incentivado en generar capacitaciones a los efecto de sacar partida de la novedad en cuanto a la antedicha liberación de los siempre escasos factores productivos.

La reunión del G20 en Buenos Aires con la ciudad blindada y con algunas filtraciones del bochornoso episodio Boca-River en las agendas, ofreció un excelente y en justicia muy ponderado espectáculo en el Teatro Colón pero nada sustancioso y distinto a las generalizaciones de rigor no exento de contradicciones resultó el espectáculo por el cual se reunieron. También hubieron algunos encuentros bilaterales, no siempre en dirección a eliminar las consabidas trabas impuestas por los gobiernos al efecto de permitir que los privados concreten negocios en paz sin  la mochila del Leviatán. En un sesudo y documentado artículo en Infobae  Ian Vásquezse pregunta “más allá del teatro político ¿para qué sirve el G20?”. Por su parte, en una demostración de notable capacidad de síntesis, Eduardo van der Kooy apuntó que, dados los sucesos argentinos, en la reunión de marras “la realidad se enredó con la ficción”.

Donald Trump, al igual que otros empresarios que ven oportunidades de arbitrajes, como se ha señalado desde Adam Smith, no tienen porqué conocer de economía y derecho. El gobernante estadounidense no comprende las ventajas del comercio libre. Como destaqué en otra oportunidad y ahora resumo, una de las falacias más recalcitrantes de nuestra época consiste en sostener que es muy bueno para un país exportar y es inconveniente importar, o dicho en otros términos el objetivo debiera ser exportar más de lo que se importa al efecto de contar con un “balance comercial favorable”.  Esta conclusión deriva del mercantilismo del siglo xvi que seguía el rastro de las sumas dinerarias, sin percatarse que una empresa puede tener alto índice de liquidez y estar quebrada. Lo importante para valorar la empresa o el estado económico de una persona es su patrimonio neto actual y no su grado de liquidez.

En última instancia, el mercantilismo se resumía en que en una transacción el que gana es el que se lleva el dinero a expensas de quien obtiene a cambio un bien o un servicio. Esto en economía se conoce como el Dogma Montaigne pues ese autor desarrolló lo dicho en el contexto de la suma cero: “la pobreza de los pobres es consecuencia de la riqueza de los ricos”, sin comprender que en toda transacción libre y voluntaria ambas partes ganan y que la riqueza es un concepto dinámico y no estático. El que obtiene un servicio o se lleva un bien a cambio de su dinero  es porque valora en más lo primero que lo segundo, lo cual también sucede en valorizaciones cruzadas con el vendedor que valora en más la suma dineraria recibida a cambio.

Lo ideal para un país es que sus habitantes puedan comprar y comprar del exterior sin vender nada, pero lamentablemente esto se traduciría en que el resto del mundo le estaría regalando bienes y servicios al país en cuestión y en nuestras vidas apenas si podemos convencer a nuestros familiares que nos regalen para nuestros cumpleaños. Entonces, reiteramos, lo ideal es contar con el balance comercial más “desfavorable” posible pero las cosas no permiten proceder de esa manera por lo que no hay más remedio que exportar para poder importar o utilizar el balance neto de efectivo como veremos a continuación.  El objetivo de un país y el objetivo de cada persona es comprar no vender, la venta o la exportación es el costo de  comprar o importar.

Lo relevante no es el balance comercial sino el balance de pagos que siempre está equilibrado en un mercado abierto tanto en un país como en cada persona. Veamos el asunto más de cerca, el balance de pagos significa que los ingresos por ventas o exportaciones son iguales a los gastos por compras o importaciones más/menos el balance neto de efectivo o cuenta de capital. Por ejemplo si una persona o un grupo de ellas (país) recibe en un período determinado ingresos o exportaciones por valor de 100 y sus compras o importaciones en ese mismo período fueron 400 quiere decir que su balance de efectivo o el uso de los capitales asciende a 300: 100 = 400 – 300 o si al ingresar o exportar por 200 sus gastos o importaciones fueron 50 el balance de pagos será 200 = 50 + 150 y así sucesivamente. Nunca hay desequilibrios en el balance de pagos.

Si alguien dijera que conviene solo exportar y evitar importaciones haría que el valor de la divisa extranjera se desplome con lo cual se frenan las mismas exportaciones que se desean promover. El mercado cambiario regula los brazos exportadores e importadores. Claro que si los gobiernos manipulan el tipo de cambio y las deudas externas gubernamentales sustituyen las entradas genuinas de capital, todo se trastoca.

Si un país fuera absolutamente inepto para vender al exterior y no es capaz de atraer capitales, nada tiene que temer en cuanto a desajustes en sus cuentas externas puesto que nada podrá comprar del exterior.

Pero en el fondo subyace otra falacia de peso y es que los aranceles puede promover la economía local. Muy por el contrario, todo arancel significa mayor erogación por unidad de producto lo cual se traduce en un nivel de vida menor para los locales puesto que la lista de lo que pueden adquirir inexorablemente se contrae. En realidad el “proteccionismo” desprotege a los consumidores en beneficio de empresarios prebendarios que explotan a sus congéneres.

En no pocas evaluaciones de proyectos hay quebrantos durante los primeros períodos que naturalmente se estima serán más que compensados en períodos ulteriores. Entonces si en un emprendimiento se comprueban pérdidas proyectadas durante las primeras etapas, son los empresarios en cuestión los que deben absorber los quebrantos del caso y no pretender endosarlos sobre las espaldas de los contribuyentes vía los aranceles. Y si esos empresarios no cuentan con los recursos suficientes pueden vender el proyecto para participar con otros socios locales o internacionales. A su vez si nadie en el mundo se quiere asociar al proyecto es por uno de dos motivos: o el proyecto es un cuento chino (lo cual es bastante habitual en el contexto de “industrias incipientes” mantenidas en el tiempo) o estando el proyecto bien evaluado aparecen otros más urgentes y como todo no puede llevarse a cabo simultáneamente, deberá esperar su turno o dejarlo sin efecto.

Si se comienza a preguntar cuales cosas se podrían fabricar como si estuviéramos en Jauja y todos estuvieran satisfechos, quiere decir que no hemos entendido nada de nada sobre economía. En verdad la cuestión arancelaria no es diferente de los efectos que tendrían lugar si se impusieran aduanas interiores en un país o si un productor de cierto bien en el norte descubre un nuevo procedimiento para producirlo y consecuentemente lo puede vender más barato y mejor, pero en el sur lo bloquean debido a que los de la zona lo fabrican más caro y de peor calidad. Este es el mensaje de los funcionarios de las aduanas de todas partes: “no vaya usted a traer algo mejor y de menor precio porque perjudicará gravemente a sus congéneres”.

A juzgar por los voluminosos “tratados de libre comercio” aún no se comprendió que las cerrazones perjudican especialmente a los países más pobres puesto que el delta en productividad es mayor respecto a los más eficientes. Resulta tragicómico que se sostenga que los referidos tratados deben realizarse entre países iguales, cuando precisamente como en todo comercio la ventaja estriba en la desigualdad puesto que entre iguales no hay nada que comerciar.

Sin duda que si los gobiernos introducen dispersiones arancelarias se crea un embrollo que conduce a cuellos de botella insalvables entre las industrias finales y sus respectivos insumos.

Entre otros despropósitos se argumenta que el control arancelario debe establecerse para evitar el dumping, lo cual significa venta bajo el costo que se dice exterminaría la industria local sin percatarse que el empresario, si el bien en cuestión es apreciado y la situación no se debe a quebrantos impuestos por el mercado, saca partida de semejante arbitraje comprando a quien vende bajo el costo y revende al precio de mercado. Pero generalmente nadie se toma siquiera el trabajo de verificar la contabilidad del proveedor en cuestión, lo único que preocupa a comerciantes ineficientes es que se colocan productos y servicios a precios menores que lo que con capaces de hacer ellos. Lo peligroso es el dumping gubernamental puesto que se realiza forzosamente con los recursos del contribuyente (por ejemplo el déficit de las mal llamadas empresas estatales), de todos modos, en este caso, los perjudicados son los residentes en el país que impone esta medida pero son beneficiarios quienes reciben en el exterior regalos a través de bienes más baratos que los que se ofrecen en el mercado.

Es paradójico que se hayan destinado años de investigación para reducir costos de transporte y llegados los bienes a la adunada se anulan esos tremendos esfuerzos a través de la imposición de aranceles, tarifas y cuotas. Hay un dèjá vu en todo esto. Debemos realizar los esfuerzos intelectuales necesarios para que no se generalicen en el G20 los tirapiedras contra la globalización.

The New York Times Magazine, 13 de septiembre de 1970. Copyright © 1970 de The New York Times Company.

Cuando oigo a empresarios hablando de manera elocuente sobre “las responsabilidades sociales de la empresa en un sistema de libre empresa” me viene a la cabeza el maravilloso planteamiento de aquel francés que a sus 70 años descubrió que había estado hablando en prosa durante toda su vida. Los empresarios creen que están defendiendo la libre empresa cuando declaman que a la empresa no le preocupan “simplemente” los beneficios, sino también promover unos fines “sociales” deseables; que la empresa tiene una “conciencia social” y se toma en serio sus responsabilidades para crear empleo, eliminar la discriminación, evitar la polución y cualquier otra cosa que sea el reclamo de la cosecha contemporánea de reformistas. De hecho están —o estarían si ellos o cualquier otro se les tomara en serio— predicando el más puro y genuino socialismo. Los empresarios que hablan en estos términos son títeres involuntarios de las fuerzas intelectuales que han estado socavando las bases de una sociedad libre durante las últimas décadas.

Las discusiones sobre “las responsabilidades sociales de la empresa” destacan por su imprecisión analítica y por su falta de rigor. ¿Qué significa decir que “la empresa” tiene responsabilidades? Sólo las personas pueden tener responsabilidades. Una corporación es una persona artificial, y en este sentido puede tener responsabilidades artificiales, pero no puede decirse que “la empresa” en su conjunto tiene responsabilidades, ni siquiera en este sentido vago. El primer paso hacia la claridad al examinar la doctrina de la responsabilidad social de la empresa es preguntar de manera precisa qué implica y para quién.

Supuestamente, los individuos que deben ser responsables son los empresarios, es decir, los propietarios individuales o los ejecutivos corporativos. La mayor parte del debate sobre la responsabilidad social va dirigido a las corporaciones, de modo que en adelante dejaré de ocuparme mayormente de los propietarios individuales y hablaré de los ejecutivos corporativos.

En un sistema de libre empresa y de propiedad privada, un ejecutivo corporativo es un empleado de los propietarios de la empresa, y tiene una responsabilidad directa para con sus empleadores. Esta responsabilidad es dirigir la empresa con arreglo a los deseos de los mismos, que por lo general serán ganar tanto dinero como sea posible ajustándose a las normas básicas de la sociedad, tanto las plasmadas en las leyes como las plasmadas en las costumbres éticas. Por supuesto, en algunos casos sus empleadores puede que tengan un objetivo distinto. Un grupo de personas podría crear una corporación con un objetivo caritativo, como por ejemplo un hospital o una escuela. El gerente de una corporación de este tipo no tendrá como objetivo obtener beneficios monetarios, sino prestar determinados servicios.

Tanto en un caso como en el otro, el punto clave es que, en su condición de ejecutivo corporativo, el gerente es el agente de los individuos que son los propietarios de la corporación o que crean la institución caritativa, y su responsabilidad básica es para con ellos.

Ni que decir tiene que ello no significa que sea fácil juzgar hasta qué punto el ejecutivo corporativo está desempeñando bien su cometido. Sin embargo, por lo menos el criterio del rendimiento está claro, y las personas entre las que existe un acuerdo contractual voluntario están claramente definidas.

Por supuesto, el ejecutivo corporativo es también una persona en su propio derecho; y, como tal, puede que tenga muchas otras responsabilidades que reconozca o asuma de manera voluntaria: para con su familia, su conciencia, sus sentimientos de caridad, su iglesia, sus clubes, su ciudad, su país. Puede que se sienta obligado por dichas responsabilidades a dedicar parte de sus ingresos a causas que considera respetables, a rechazar trabajar para ciertas corporaciones, e incluso a abandonar su trabajo, por ejemplo, para incorporarse al ejército de su país. Si lo deseamos, podemos referirnos a algunas de estas responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Sin embargo, en este sentido el ejecutivo corporativo está actuando como principal, y no como agente; está gastando su propio dinero o tiempo o energía, y no el dinero de sus empleadores o el tiempo o la energía que por contrato se ha comprometido a dedicar a los objetivos de los mismos. Si esto son “responsabilidades sociales”, son las responsabilidades sociales de los individuos, no de la empresa.

¿Qué significa decir que el ejecutivo corporativo tiene una “responsabilidad social” en su condición de empresario? Si esta afirmación no es pura retórica, entonces ello debe significar que el ejecutivo corporativo tiene que actuar de algún modo que no sea en interés de sus empleadores. Por ejemplo, que debe abstenerse de incrementar el precio del producto con el fin de contribuir al objetivo social de impedir la inflación, aunque un incremento de precio fuera en beneficio de los mejores intereses de la corporación. O que debe realizar una serie de gastos para reducir la polución por encima de la cantidad que constituye los mejores intereses de la corporación o de lo que exige la ley con el fin de contribuir al objetivo social de mejorar el medio ambiente. O que, a expensas de los beneficios corporativos, debe contratar a unos indeseables en paro en vez de a unos trabajadores disponibles más cualificados para contribuir al objetivo social de reducir la pobreza.

En cada uno de estos casos, el ejecutivo corporativo estaría gastando el dinero de otra persona en beneficio de un interés social general. En la medida en que sus acciones con arreglo a su “responsabilidad social” reducen las ganancias de los grupos de interés, se está gastando el dinero de los mismos. En la medida en que sus acciones incrementan el precio para los clientes, se está gastando el dinero de los clientes. En la medida en que sus acciones reducen los salarios de algunos empleados, se está gastando el dinero de los mismos.

Los grupos de interés o los clientes o los empleados podrían gastarse por separado su propio dinero en la acción particular si desearan hacerlo. El ejecutivo está ejerciendo una “responsabilidad social” distinta, en vez de servir como agente de los grupos de interés o de los clientes o de los empleados, sólo si se gasta el dinero de manera distinta a como éstos se lo hubieran gastado.

Sin embargo, si el ejecutivo lo hace en realidad está cobrando unos impuestos, por un lado, y decidiendo cómo se gastará el rendimiento de dichos impuestos, por otro lado.

Este proceso plantea cuestiones políticas a dos niveles: el principio y las consecuencias. A nivel del principio político, cobrar impuestos y gastarse el rendimiento de los mismos son funciones gubernamentales. Hemos establecido disposiciones constitucionales, parlamentarias y judiciales muy elaboradas para controlar dichas funciones, para garantizar que los impuestos se cobran en la medida de lo posible con arreglo a las preferencias y los deseos del público —al fin y al cabo, “la fiscalidad sin representación” fue uno de las consignas de la Revolución Americana. Tenemos un sistema de comprobaciones y de balanzas para separar la función legislativa de cobrar impuestos y promulgar gastos de la función ejecutiva de cobrar los impuestos y administrar los programas de inversión y de la función judicial de mediar en las disputas e interpretar la ley.

Aquí el empresario —ya sea autoseleccionado o nombrado directamente o indirectamente por los grupos de interés— debe actuar simultáneamente como legislador, ejecutivo y jurista. Debe decidir a quién cobrar un impuesto, en qué cuantía y con qué objetivo, y debe gastarse el rendimiento de dicho impuesto, todo ello guiándose únicamente por las exhortaciones generales para contener la inflación, mejorar el medioambiente, combatir la pobreza, etc., etc.

Toda la justificación para permitir que el ejecutivo corporativo sea seleccionado por los grupos de interés es que el ejecutivo es un agente que sirve los intereses de su principal. Esta justificación desaparece cuando el ejecutivo corporativo cobra impuestos y se gasta el rendimiento de los mismos para fines “sociales”. Se convierte entonces, en efecto, en un empleado público, en un funcionario, a pesar de que nominalmente siga siendo un empleado de una empresa privada. Por principio político, es intolerable que tales funcionarios públicos —en la medida en que sus acciones en nombre de la responsabilidad social sean reales y no sólo pura fachada— deban seleccionarse tal como se hace actualmente. Si deben ser funcionarios, entonces deben ser seleccionados mediante un proceso político. Si deben cobrar impuestos y realizar gastos para favorecer objetivos “sociales”, entonces debe crearse una maquinaria social para valorar los impuestos y determinar mediante un proceso político los objetivos que hay que servir.

Éste es el motivo básico por el cual la doctrina de la “responsabilidad social” implica la aceptación de la visión socialista según la cual son los mecanismos políticos, y no los mecanismos de mercado, la manera apropiada de determinar la asignación de recursos escasos a usos alternativos.

Debido a las consecuencias que de ello se derivan, ¿puede en realidad el ejecutivo corporativo cumplir sus supuestas “responsabilidades sociales”? Por otra parte, supongamos que se le permitiera gastarse el dinero de los grupos de interés o de los clientes o de los empleados. ¿Cómo puede saber cómo debe gastárselo? Se le dice que debe contribuir a combatir la inflación. ¿Cómo puede saber qué acción suya contribuirá a tal fin? Se supone que es un experto en dirigir su empresa, en producir o vender un producto o en financiarlo. Sin embargo, nada en su selección le convierte en un experto en inflación. ¿Comportará su reducción del precio de su producto una reducción de la presión inflacionista? ¿O, al dejar más poder de gasto en manos de sus clientes, simplemente la desviará hacia otra parte? ¿O, al forzarle a producir menos como consecuencia del precio más bajo, contribuirá simplemente a la escasez? Aunque el ejecutivo corporativo pudiera responder a estas preguntas, ¿hasta qué punto puede justificar la imposición de un coste a sus grupos de interés, clientes y empleados para este objetivo social? ¿Cuál es su proporción apropiada y cuál es la proporción apropiadade los demás?

Y, tanto si lo desea como si no, ¿se le puede consentir que se gaste el dinero de sus grupos de interés, de sus clientes o de sus empleados? ¿No van a despedirle los grupos de interés? (Ya sean los actuales o los que ocupen su lugar cuando las acciones del ejecutivo corporativo en nombre de la responsabilidad social hayan reducido los beneficios de la corporación y el precio de sus acciones). Sus clientes y sus empleados pueden abandonarle por otros productores y empleadores menos escrupulosos en el ejercicio de sus responsabilidades sociales.

Esta faceta de la doctrina de la “responsabilidad social” adquiere su mayor relieve cuando los sindicatos utilizan la doctrina para justificar la moderación salarial. El conflicto de intereses es evidente y claro cuando se pide a los dirigentes sindicales que subordinen los intereses de sus miembros a un objetivo algo más general. Si los dirigentes sindicales intentan cumplir con la moderación salarial, es probable que la consecuencia sean huelgas salvajes, revueltas de las bases y la emergencia de sólidos competidores por sus puestos. Se produce, por tanto, la ironía de que los líderes sindicales —por lo menos en los Estados Unidos— se han opuesto a la interferencia del Gobierno con el mercado de manera mucho más coherente y decidida a como lo han hecho los líderes empresariales.

La dificultad de ejercer la “responsabilidad social” ilustra, por supuesto, la gran virtud de la empresa competitiva privada, ya que fuerza a la gente a ser responsable de sus propias acciones y les dificulta que puedan “explotar” a otras personas, ya sea para fines egoístas o no egoístas. Pueden hacer el bien, pero sólo a expensas de ellos mismos.

Puede que un lector que haya seguido el argumento hasta este punto tenga la tentaciónde objetar que está muy bien hablar de que el Gobierno tiene la responsabilidad de cobrar impuestos y de determinar los gastos para objetivos “sociales” tales como controlar la polución o formar al indeseable que está en paro, pero que los problemas son demasiado urgentes para esperar al lento desarrollo de los procesos políticos, que el ejercicio de la responsabilidad social por parte de los empresarios es una manera más rápida y segura de resolver los acuciantes problemas actuales.

Aparte de la cuestión de hecho —comparto el escepticismo de Adam Smith sobre los beneficios que pueden esperarse de “aquellos que se inclinaron por los negocios por el bien público”—, este argumento debe ser rechazado por motivos de principio. A lo que equivale es a una afirmación en el sentido de que aquellos que son partidarios de los impuestos y de los gastos en cuestión no han conseguido convencer a la mayoría de sus conciudadanos para que piensen igual, y que lo que pretenden es alcanzar porprocedimientos antidemocráticos lo que no pueden alcanzar por procedimientos democráticos. En una sociedad libre, resulta difícil para la gente “mala” llevar a cabocosas “malas”, especialmente porque el bien de uno es el mal de otro.

Para simplificar, me he concentrado en el caso especial del ejecutivo corporativo, excepto en la breve digresión sobre los sindicatos. Sin embargo, precisamente el mismo argumento es aplicable al fenómeno más reciente de apelar a los grupos de interés para exigir a las corporaciones que ejerzan la responsabilidad social (como, por ejemplo, la reciente cruzada de General Motors). En la mayoría de estos casos, lo que en realidad ocurre es que algunos grupos de interés intentan que otros grupos de interés (o clientes o empleados) contribuyan contra su voluntad a causas “sociales” impulsadas por los activistas. En la medida en que tengan éxito, están volviendo a cobrar impuestos y gastándose el rendimiento de los mismos.

La situación del propietario individual es algo distinta. Si actúa para reducir los ingresos de su empresa con el fin de ejercer su “responsabilidad social”, se está gastando su propio dinero, no el de otro. Si desea gastarse su dinero para tales fines, está en su derecho, y no alcanzo a ver que pueda hacerse objeción alguna a que lo haga. En este proceso el propietario individual también puede imponer costes sobre los empleados y los clientes. Sin embargo, dado que es mucho menos probable que el propietario individual tenga el poder monopolístico de una gran corporación o sindicato, cualquier efecto colateral en este sentido tenderá a ser menor.

Por supuesto, en la práctica la doctrina de la responsabilidad social sirve a menudo para encubrir acciones que se justifican por motivos distintos que el motivo para llevar a cabo dichas acciones.

Para ilustrar dicha afirmación, puede muy bien que resulte beneficioso a largo plazo para una corporación que es un empleador de primer orden en una pequeña comunidad dedicar recursos a proporcionar comodidades para aquella comunidad o para mejorar el gobierno de la misma. Ello puede facilitar la atracción de empleados deseables, puede reducir la factura salarial o reducir las pérdidas causadas por hurtos y sabotajes o tener otros efectos positivos. O puede ser que, dadas las leyes sobre la desgravación de las contribuciones benéficas de las empresas, los grupos de interés puedan contribuir a promover más actos benéficos haciendo que sea la empresa y no ellos mismos quien haga el regalo, ya que de este modo pueden contribuir con una cantidad que de lo contrario se habría pagado como impuestos corporativos.

En cada uno de estos casos, y en otros muy similares, existe una tentación muy fuerte de racionalizar estas acciones como un ejercicio de “responsabilidad social”. En el presente clima de opinión, con su aversión generalizada al “capitalismo”, a los “beneficios”, a la “corporación desalmada” y demás, para una corporación ésta es una manera de generar clientela y renombre comercial como producto de unos gastos que están completamente justificados en el propio interés de la empresa.

Sería incoherente por mi parte pedir a los ejecutivos corporativos que se abstuvieran de recurrir a esta pura fachada hipócrita porque perjudica los fundamentos de una sociedad libre. ¡Ello sería pedirles que ejercieran una “responsabilidad social”! Si nuestras instituciones, y las actitudes del público, encubren así las acciones que realizan en su propio interés, yo no puedo llamar a una gran indignación para denunciarlos. Al mismo tiempo, puedo expresar admiración por aquellos propietarios individuales de corporaciones cerradas o por los grupos de interés de corporaciones más abiertas que menosprecian dichas tácticas porque se acercan al fraude.

Sea o no reprobable, la utilización del encubrimiento de responsabilidad social, y los disparates que dicen en su nombre influyentes y prestigiosos empresarios, perjudican claramente los fundamentos de una sociedad libre. Me ha impresionado una y otra vez el carácter esquizofrénico de muchos empresarios. Son capaces de tener una gran visión de futuro y una gran lucidez en cuestiones internas de sus empresas. Sin embargo, son increíblemente miopes y confusos en cuestiones que son externas a sus empresas peroque afectan a la posible supervivencia de la empresa en general. Dicha miopía queda sorprendentemente ejemplificada en los llamamientos que muchos empresarios realizan con respecto a las pautas salariales o de precios o a las políticas de control o de ingresos. No hay nada que pueda hacer más en un breve espacio de tiempo para destruir unsistema de mercado y sustituirlo por un sistema de control centralizado que el control gubernamental efectivo de los precios y salarios.

Dicha miopía también queda ejemplificada en los discursos de los empresarios sobre la responsabilidad social. Puede que ello les reporte prestigio a corto plazo, pero contribuye a reforzar la ya demasiado extendida visión según la cual la búsqueda de beneficios es malvada e inmoral y debe ser refrenada y controlada por fuerzas externas. Una vez adoptada esta visión, las fuerzas externas que refrenan el mercado no serán las conciencias sociales, por muy desarrolladas que estén, de los ejecutivos pontificantes; será el puño de acero de los burócratas gubernamentales. Aquí, como en el caso de los controles sobre los precios y los salarios, a mí me parece que los empresarios hacen gala de un impulso suicida.

El principio político subyacente al mecanismo de mercado es la unanimidad. En un mercado libre ideal basado en la propiedad privada, ningún individuo puede coaccionar a ningún otro, toda cooperación es voluntaria, todas las partes de dicha cooperación se benefician de ella o no necesitan participar en la misma. No existen valores ni responsabilidades “sociales” en ningún sentido que no sean los valores y las responsabilidades compartidos por los individuos. La sociedad es una suma de individuos y de los distintos grupos que éstos constituyen voluntariamente.

El principio político subyacente al mecanismo político es la conformidad. El individuo debe servir a un interés social más general, ya sea determinado por una iglesia, un dictador o una mayoría. El individuo puede tener un voto y decir en qué debe hacerse, pero si es desestimado, debe conformarse. Para algunos es apropiado exigir a los demás que contribuyan a un objetivo social general tanto si lo desean como si no.

Por desgracia, la unanimidad no siempre es posible. Existen algunos aspectos en los que la conformidad parece inevitable, de modo que no veo cómo puede uno evitar la utilización del mecanismo político totalmente.

Sin embargo, la doctrina de la “responsabilidad social” tomada seriamente ampliaría el alcance del mecanismo político a toda actividad humana. Filosóficamente no difiere de la doctrina colectivista más explícita. Difiere únicamente al profesar que cree que los fines colectivistas pueden alcanzarse sin medios colectivistas. Por ello, en mi libro Capitalism and Freedom la he calificado de “doctrina fundamentalmente subversiva” en una sociedad libre, y he afirmado que en tal tipo de sociedad “existe una y sólo una responsabilidad social de la empresa: utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios en la medida en que permanezca dentro de las reglas del juego; es decir, comprometerse en una competencia abierta y libre sin engaño o fraude”.