El cálculo es demasiado simple y puede ser cuestionado de muchas formas. No proviene de ningún estudio profundo sobre el tema sino de una simple mención en un artículo que poco tiene que ver con el asunto. Se trata de un dato que aparece en una nota publicada en La Nación, dirigida principalmente a explicar la visión que tienen algunos empresarios sobre el futuro de las inversiones y los negocios en Argentina: http://www.lanacion.com.ar/1925442-los-secretos-que-llegan-desde-el-hoyo-19

Pero allí, se menciona esto: “Es justamente en Tierra del Fuego donde el gobierno de Macri decidió continuar con los beneficios impositivos de unos $ 14.000 millones. Se trata de unos 13.000 puestos de trabajo que se generan allí a través de 13 plantas. Sin embargo, la matriz productiva está comenzando a cambiar. Si bien se mantienen los equipos de TV, acondicionadores de aire y celulares producidos localmente, hoy se dejaron de fabricar los decodificadores de TV (se liberó la importación) y los equipos de PC y notebooks van camino a la extinción.”

Uno podría interpretar esto como que el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos. Desde esa perspectiva, significa que cada trabajo le cuesta un millón anual aproximadamente (si usamos el resto para tomar en cuenta el sueldo anual complementario), o casi 90.000 pesos por mes por puesto de trabajo creado. Casi 6.000 dólares por mes. Está claro que si hubiera tales sueldos, están muy por encima del promedio del resto del país, donde el salario mínimo de un supervisor es de 7756 pesos, o sea unos 517 dólares, aunque no sea un buen referente del salario promedio en el país.

Además, esto da como resultado que los argentinos terminan pagando celulares u otros equipos electrónicos a precios varias veces superiores a los que se consiguen en el mercado internacional.  En tal sentido, parecería ser un negocio para todos, pagarles un sueldo, que tal vez no sería tan alto y que se queden en su casa. El estado gastaría menos, y los demás compraríamos celulares a precios internacionales.

Claro, se dirá que no hay que contar solamente esos puestos de trabajo, ya que se originan otros como resultado de esta actividad. Pero, veamos, los empleos que se generan a partir del consumo que realizan esos trabajadores serían los mismos: ellos van a gastar en supermercados o ir a peluquerías tanto sea que reciban su ingreso de su trabajo subsidiado o de un cheque por no hacer nada. Quedaría la actividad que las industrias generan por adquirir insumos y otros gastos. Estos no son muchos tampoco porque estas empresas simplemente lo que hacen es armar equipos que vienen de afuera, y en algunos casos arman equipos luego que fueron desarmados para ingresar como partes y piezas.

Pero el tema que quier tratar aquí es otro. Tiene que ver con la frase anterior de que “el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos”. Quiero cuestionar esta interpretación, porque el estado no está “poniendo” si se trata de exenciones impositivas, sino que se está absteniendo de “tomar”, como lo hace en el resto del país.

En tal sentido, el reclamo, tal vez, no debería ser que se acaben estas exenciones, sino que se extiendan a todo el resto del territorio.

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Esa estructura tampoco es flexible a la hora de reaccionar ante los acelerados cambios que se producen en la sociedad moderna: “En este sentido, el marco legal e institucional afecta la oferta de servicios de formación. Las reglas para la aprobación de nuevas carreras a nivel universitario hacen que el tiempo que transcurre entre la detección de una nueva necesidad y la graduación del primer egresado sea de aproximadamente 7 años ya que la aprobación de una nueva carrera toma de 2 a 4 años. Esta realidad limita significativamente la respuesta que puede darse a las demandas del mercado” (p. 102).

Este es un rasgo característico de la actividad emprendedora que se desarrolla en el ámbito del mercado: la capacidad que tiene el emprendedor de anticipar las necesidades del mañana y asumir el riesgo de llevarlo adelante. El mercado no está exento de “planificación”, ya que los emprendedores son quienes planifican la oferta futura, pero lo hacen en forma descentralizada, en forma de distintos planes que aprovechan el conocimiento disperso y verifican entonces su viabilidad. A diferencia de la política pública, el mercado no somete a toda la población a un ensayo en particular, llevando a todos al éxito o, la mayor parte de las veces, al fracaso; el mercado genera decenas de experimentos de los cuales se aprende y los consumidores seleccionan aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades. Esto es particularmente cierto en el ámbito de la educación actual, cuando la tecnología y los servicios en red están revolucionando las metodologías para la enseñanza.

Un sistema que desde hace décadas hace profesión de fe de su misión en favor de los más pobres y necesitados, no llega a alcanzar esos objetivos después de haber destinado recursos millonarios. Se reconoce, por ejemplo, que estos sectores, particularmente los indígenas, reciben el peor servicio, y no es de extrañar que obtengan los peores resultados. Dice el Plan Estratégico (2014): “Las escuelas indígenas oficiales obtuvieron los resultados más bajos en todas las asignaturas evaluadas”.

Siempre he admirado, o al menos respetado, algunas de las reformas que realizaron en Chile y permitieron a ese país años de progreso. Reformas que, si bien comenzaron en épocas de un gobierno militar, fueron sostenidas y ampliadas en los gobiernos democráticos siguientes. Pero siempre pensé también, que esas reformas tenían bases débiles, en el fondo porque se sostenían en un análisis utilitarista acerca de su ‘eficiencia’ y nunca en una visión más general basada en la libertad de elección y los derechos individuales.

Ahora que se reabre el debate sobre las pensiones, encuentro este artículo de Francisco Belmar, de la Fundación para el Progreso de ese país, con una opinión similar, que comparto: http://fppchile.org/es/el-fracaso-ideologico-de-jose-pinera/

EL FRACASO IDEOLÓGICO DE JOSÉ PIÑERA

Causó furor —para bien o para mal— la reaparición de José Piñera en el debate público chileno. Esta llegada estuvo acompañada de una especie de campaña publicitaria, puesto que él mismo reconoció que jamás se ha ido de Chile. Aun así, se publicitó como un regreso, una especie de repatriación del creador del sistema de AFP. Una imagen que el mismo Juan Manuel Astorga intentó contraponer a la de Hernán Büchi viajando a Suiza.

Piñera llega en un momento complicado. Su llegada se debe también a eso: nuestra economía está lenta y no solo se puede culpar de eso al devenir de la economía internacional. Es conocida su oposición a las políticas del gobierno de Michelle Bachelet y es de esperar que tenga miedo de que el sistema que ayudó a crear caiga en el campo de influencia de la fiebre reformista (algunos dirían populista o revolucionaria) del gobierno. Esa amenaza ya se ha vuelto realidad, sobre todo porque los detractores del sistema han hecho un trabajo de relojería en términos ideológicos. Por lo mismo, la discusión hoy ya no está solo en el plano de las políticas públicas, sino eminentemente de la política. Esto también lo mencionó Astorga, y Piñera, como es esperable en nuestra derecha, lo negó rotundamente.

¿Cuál es el alcance de la aparición de Pepe Piñera? ¿Es útil? ¿Servirá para algo? ¿Logrará salvar la obra por la que se le conoce en todo el mundo? La verdad es que su panorama se ve bastante oscuro y el origen de esa oscuridad es, precisamente, cierta desidia intelectual y una tozudez política y discursiva tremenda. Esta porfía aporta, quién podría dudarlo, una polémica que eleva un debate público que se encuentra dominado por lo estratégico y políticamente correcto. Aun así, también aporta una pobreza argumental que más parece tapada de oídos que discusión racional.

Cuando los civiles del régimen de Pinochet lograron instalar una serie de reformas modernizadoras (entre ellas la capitalización individual), tuvieron que luchar con un poder militar que creía bastante en el poder del Estado. De ahí que, aunque la mayoría de las personas comenzaron a tener AFP para administrar sus ahorros, las Fuerzas Armadas continuaron con un sistema de reparto que les aseguraba buenas pensiones, pero que dilapidaban los recursos del fisco. Cuando la Concertación llegó al poder, quizás prudente al recordar los hechos de los años 60 y 70, se decidió a no tocar el sistema de las Fuerzas Armadas. Los economistas no hicieron nada, no dijeron nada y jamás se insistió en cuán relevante era traspasar a los uniformados al sistema privado. Fuera como fuera, era necesario mantener la igualdad de todos los ciudadanos. Bastó que el caso Andrade se hiciera público para hacer explotar la bomba. Ahora todos piden que se profundice un sistema que el mismo Andrade demostró que solo trae aparejado injusticia y corrupción.

Por eso José Piñera, creo, llegó atrasado. La encuesta Cadem lo demostró hace poco. Que un altísimo porcentaje de la población crea que los fondos de pensiones le pertenecen o a la AFP o al Estado solo nos dice que vivimos en un país que cree que no hay diferencia entre el sistema de reparto y el actual, excepto porque “la caja” sería privada. Lo que Piñera nunca entendió es que nuestra mentalidad sobre las pensiones está anclada en el antiguo sistema y que nunca se adaptó a las características y beneficios de uno de capitalización individual. El cosismo, esa enfermedad que tiene a la derecha con cáncer terminal en las universidades y en la política nacional, está desbaratando todas las reformas que ellos mismos llevaron a cabo. Su ingenuo pensamiento tecnocrático y despolitizador está llevando a término su época de influencia. Algún día tendrán que entender que las batallas no son solo por las políticas públicas, sino también por ideas y que los relatos alrededor de ellas —las ideologías— no son necesariamente sinónimos de totalitarismo y represión. Mal que mal, sus propias reformas fueron posibles gracias al contexto autoritario de la época.

Lo anterior es especialmente notorio cuando vemos el contexto en que las AFP aparecieron. Inicialmente, el modelo estaba pensado para personas que tenían trabajos estables y podían trabajar 40 años. El problema es que, al mismo tiempo, se trataba de instalar un discurso de flexibilidad laboral. En Chile nunca se pudo avanzar en esa línea, así que la adaptación surgió de forma espontánea. El mismo Estado fomentó la contratación a honorarios, muchas veces de forma irregular, para evitar los altos costos de los trabajadores. Los empleados, por su parte, comenzaron a trabajar en este contexto que les impedía cotizar de forma individual. ¿Cuándo se discutió esto? ¿Cómo se podía hacer converger el discurso de la capitalización individual con el de una flexibilidad informal creciente y con el del riesgo que implica el emprendimiento? La posibilidad de las lagunas jamás fue tema, pues siempre se les consideró fruto de la irresponsabilidad. Quienes idearon sistemas como el que tenemos actualmente, no consideraron fundamental crear relatos y discursos unificadores que los explicaran y dieran sentido. La mirada de Piñera, entonces, por correcta que sea, es sumamente esquemática.

Si de verdad se quiere un país de emprendedores, será necesario pensar en el sistema de pensiones desde esa perspectiva. Querámoslo o no, lo que tenemos hoy está pensado más bien para el trabajador asalariado. He ahí el error de discurso, pues, en la sociedad del riesgo, emprender no necesariamente es sinónimo de éxito. No basta ahora con hablar de la perfectibilidad del sistema, sino que es necesario pensar bien en su actualización. Esto porque, hasta ahora, lo único que se ha visto es que se busca convertir a la sociedad chilena en una aún más pasiva, algo que cualquier liberal criticaría sin dudar.

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Si hay problemas, sigamos haciendo lo mismo

Se reconocen los problemas pero se vuelve a insistir en la esperanza de una mejor gestión de un sistema que es, en su naturaleza, ineficiente. Así, por ejemplo, se hace mención a la necesidad de lograr una mejor gestión, moderna. Los objetivos que el Plan Estratégico plantea para el sector son:

•             “En primer lugar, mantener los logros actuales de cobertura y profundizar su alcance. Especialmente se focalizarán acciones sobre los grupos de población que presentan problemas de acceso por razón de su localización geográfica, su identidad étnica o su estrato socioeconómico.

•             En segundo lugar, mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte, asegurando la elevación del nivel académico a todos los ámbitos mediante la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación permanente de docentes y el establecimiento de un sistema de evaluación y supervisión que permita conocer donde se encuentran los déficits en la transmisión y acumulación de conocimiento.

•             En tercer lugar, conseguir la articulación de todo el sistema educativo, de forma que se complementen los distintos ciclos formativos. En este caso, es especialmente importante la relación que debe existir entre la educación básica, la educación superior y la formación técnica-vocacional” (p. 100)

La mención a las mejoras de calidad, la gestión y la articulación son una constante en los análisis sobre la educación estatal, no solamente en Panamá. La calidad es un elemento esencial de este servicio y la capacitación de los docentes es su componente básico, pero el sector público, enfrentado muchas veces con organizaciones sindicales que privilegian el status quo, no logra una gestión eficiente:

“Es necesario lograr una gestión moderna, descentralizada y eficiente. Para ello es indispensable la modernización de los sistemas de administración de recursos humanos, de administración del mantenimiento, de recolección, manejo y seguimiento de la información general y de las estadísticas e indicadores del sistema educativo”.

El problema es, por supuesto, de alta complejidad, ya que nunca es sencillo gestionar una organización con cientos de unidades de servicio y miles de empleados. No lo es tampoco para ninguna empresa privada de magnitud, las cuales se enfrentan incluso al problema de tener su organización dispersa por distintos países, con distintos sistemas jurídicos, monetarios, con distintas culturas y tradiciones. Pero esas grandes organizaciones han comprendido la necesidad de la descentralización, de la delegación de funciones y capacidad de decisión, de la concentración en los objetivos esenciales y la contratación de aquellos que son, en definitiva, auxiliares, para alcanzar ciertos objetivos. Poco o nada de eso se encuentra en un sistema estatal centralizado, jerárquico, cerrado a la competencia y bloqueado a la innovación y el cambio.

Esa estructura centralizada, creada con el objetivo de generar economías de escala y mejorar la organización de la educación a nivel nacional, curiosamente, o tal vez no tanto,  termina sin lograr coordinación entre sus partes: “Cada entidad funciona de manera aislada sin la adecuada coordinación, articulación y vinculación, resultando en duplicidad de acciones, pérdida de recursos, y esfuerzos diluidos” (p. 102).

No es una estructura pequeña: el Ministerio de Educación (MEDUCA) es la agencia estatal con mayor número de empleados, 56.418, una cuarta parte de todos los empleados Públicos.

Con los alumnos de UCEMA vemos a Adam Smith y su famoso texto “La Riqueza de las Naciones”: Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book IV, Chapter 1 y 2, “On the Principle of the Commercial or Mercantile System” y “Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home”. Disponible aquí.

Si tuviera que elegir las dos páginas más memorables y relevantes que se hayan escrito en toda la historia del pensamiento económico creo que elegiría las del Libro IV, Capítulo II.

Hay tantas cosas en esas páginas que tal vez ningún otro texto haya podido aportar tantos temas como los que allí aparecen en algunos pocos párrafos. Para empezar, la famosa frase sobre la “mano invisible”, explicando que existe allí un “orden espontáneo” que lleva a que las acciones individuales motivadas aunque sea por el interés personal, terminan contribuyendo a un fin que no era parte de su intención. Persiguiendo su propio interés (que puede incluir la preocupación por el bienestar de otros), promueve más el bien de la sociedad que si se lo hubiera propuesto. Ya con eso sólo, por supuesto, ha pasado a la historia.

El tema va más allá que una mera metáfora sobre una “mano invisible”. Carlos Rodriguez Braun señala con muy buen criterio que en verdad es engañosa porque no hay allí ninguna mano, ni siquiera invisible, sino que son los incentivos de cada uno por los que para obtener lo que queremos tenemos que ofrecer a los demás algo que ellos necesiten y valoren. Pero es la magia de que allí, en el mercado, se ordenan las acciones de todos de una forma que termina beneficiándonos como no lo podríamos hacer si actuáramos con esa intención (por ejemplo, planificando la economía hacia un supuesto bienestar general).

Esta es una de las contribuciones más importantes que se hayan realizado a las ciencias sociales: la existencia de ciertos órdenes espontáneos donde las partes componentes se acomodan a sí mismas y no hay nadie que las acomode en un cierto lugar. Esos órdenes espontáneos incluyen además de los mercados, al lenguaje, la moral, la moneda y otros.

En el párrafo siguiente plantea la cuestión del conocimiento local, algo que luego Hayek profundizaría en su artículo “El uso del conocimiento en la sociedad”. Allí dice, precisamente, que cada individuo “en su situación local” juzgará mucho mejor cómo invertir su capital que cualquier “político o legislador”.

“El político que se asignara esa tarea no solamente se estaría cargando a sí mismo con algo innecesario y cuya decisión no podría confiarse …, sino que además sería muy arriesgado otorgar esa decisión a alguno que fuera tan loco o presuntuoso que pensara que puede tomarla.”

“Si podemos proveernos algo de afuera más barato pagando con el producto de nuestra propia actividad, sería ridículo no hacerlo. El trabajo no se aplica a la mejor ventaja cuando se dirige a algo que es más barato comprarlo que producirlo.”

La idea de que la lógica de la familia no es distinta de la lógica del “reino” es fundamental, sobre todo en estos tiempos donde aplicamos un razonamiento y un accionar a nivel individual pero se nos dice que a nivel agregado es todo lo contrario.

En fin, el capítulo da para más, pero tan solo estas dos páginas traen todos estos temas. Con uno sólo de ellos hubiera sido suficiente como para hacer historia. Es como un álbum de música que pone cuatro o cinco temas en el número uno. Si hay algún caso de esos, ya está en la historia grande.

El Instituto Juan de Mariana de Madrid ha publicado un informe sobre el mito de que es el Estado la fuente de la innovación y el progreso tecnológico en el mundo. Muy interesante. El informe completo aquí: https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-el-estado-emprendedor

Aquí va la segunda parte de un resumen:

Mito 1. El Estado es el motor fundamental de la innovación y el progreso científico-técnico. Realidad: El proceso de desarrollo de nuevas innovaciones es evolutivo, descentralizado, cooperativo y competitivo. No hay actores fundamentales en el mismo. Históricamente, el sector privado ha liderado el avance del progreso técnico. Y el único momento en la Historia que supone un cambio en la tendencia de crecimiento económico a largo plazo, la Revolución Industrial, se gesta y desarrolla por completo sin apenas apoyo estatal.

Mito 2. Existe un esfuerzo emprendedor unificado detrás de las políticas tecnológicas de los Estados. Realidad: Los Estados son entidades compuestas por diversas agencias, no cabe hablar de una voluntad unificada: lo que investigue una universidad pública en concreto no viene dado por el mismo plan que determina lo que investiga un laboratorio estatal. En particular, el gasto estatal en innovación en Estados Unidos se halla fuertemente descentralizado.

Mito 3. La intervención estatal en I+D+i es siempre beneficiosa. Realidad: Toda acción económica conlleva costes de oportunidad y puede dar lugar a consecuencias no previstas. La inversión estatal en innovación puede sesgar el avance de su desarrollo hacia campos menos conectados con las demandas de los consumidores, con la retirada de recursos de proyectos orientados hacia ellos y la ralentización de estas innovaciones. Además, el gasto público en I+D+i puede no generar más progreso tecnológico, sino suponer tan sólo una redistribución de la renta hacia científicos e ingenieros.

Mito 4. Es necesario que el Estado lidere el sistema de innovación nacional para que funcione adecuadamente. Realidad: Las funciones de coordinación que el Estado puede llevar a cabo son también realizables por la propia sociedad, de forma mucho más adecuada a sus necesidades. En general, allí donde el Estado trata de liderar el cambio tecnológico, tiende más bien a fracasar.

Mito 5. El iPhone, Google y otras empresas e invenciones son fruto de la inversión pública en I+D+i. Realidad: El iPhone y Google son atribuibles a sus respectivos creadores. Un estudio detenido de la historia del desarrollo de las tecnologías que constituyen el iPhone y los motores de búsqueda muestran que el progreso en esos sectores ocurría antes de la intervención estatal y que muchos agentes contribuyeron a él, sin ningún plan a priori.

El Instituto Juan de Mariana de Madrid ha publicado un informe sobre el mito de que es el Estado la fuente de la innovación y el progreso tecnológico en el mundo. Muy interesante. El informe completo aquí.

Aquí va la primera parte de un resumen:

EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN ES EL LIBRE MERCADO

Las políticas estatales de I+D+i restringen las oportunidades de los emprendedores y fomentan la creación de fuertes grupos de presión

• El motor fundamental del progreso tecnológico es el libre mercado y no los programas estatales
• Las políticas públicas de I+D+i conducen normalmente a resultados desastrosos
• Invenciones como el iPhone o Google son fruto del mercado, no de la inversión pública

El Instituto Juan de Mariana publica el informe Mitos y Realidades del Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?, en el que se pone en tela de juicio las tesis de la economista italiana Mariana Mazzucato, quien otorga al Estado un papel capital en la innovación y el emprendimiento y aboga, en consecuencia, por una planificación estatal en este capítulo.

El sistema económico capitalista históricamente se ha asociado con la destrucción creativa y con la innovación disruptiva. Si alguna cualidad suele reconocérsele al capitalismo, incluso por sus más feroces críticos, es la de promover el desarrollo tecnológico: ejemplos recientes como el iPhone de Apple, el motor de búsqueda de Google o el agregador de contenido audiovisual de Netflix parecen ilustrar en el día a día cómo el capitalismo revoluciona nuestra calidad de vida.

Existen paralelismos entre Mariana Mazzucato y el “economista de la desigualdad”, el francés Thomas Piketty, quienes han alcanzado prestigio y popularidad tras acompañar sendas investigaciones críticas con el capitalismo de exitosas campañas divulgativas.

Desde 2013, Mazzucato ha pretendido refutar la idea de que el capitalismo es el motor esencial de las innovaciones más importantes que hemos disfrutado en las últimas décadas. Así, en su conocido libro El Estado emprendedor, la economista trata de argumentar que todos esos avances tecnológicos son, en realidad, producto de los programas estatales de investigación: es al Estado y a su política de I+D+i a quienes les debemos el progreso presente. El iPhone o el buscador de Google son, de acuerdo con la italiana, subproductos de la planificación estatal.

La obra de la economista transalpina ha tenido una amplísima repercusión a nivel mundial y ha contribuido a que muchos políticos, economistas y periodistas modifiquen su perspectiva sobre el proceso innovador: Mazzucato, por ejemplo, defiende la creación de una banca pública que financie el proceso de investigación, así como la participación estatal en el control de empresas beneficiadas por las ayudas públicas a la I+D+i. Sobre todo, con su abierta retórica estatista, sienta las bases para legitimar subidas de impuestos y el aumento del intervencionismo siempre con la excusa de que la sociedad acaba recibiendo un retorno.

Tras décadas en las que el Estado ha venido apropiándose de la mitad de la riqueza que las economías capitalistas generan y regulando la otra mitad, es imposible no encontrar algún vestigio de emprendimiento tecnológico originado por la acción estatal. Faltaría más que el Estado, después de invertir ingentes cantidades de dinero en sus faraónicos programas de investigación, no hubiera contribuido a sacar adelante nada valioso. Con todo, cabe plantearse qué habría sucedido si el Estado no hubiese detraído esos recursos a la sociedad. Resultan innumerables las posibilidades que habrían surgido en un ambiente en el que el genio empresarial de millones de seres humanos se hubiera podido explayar sin las trabas y dificultades que ha padecido desde el surgimiento del Estado emprendedor tras la II Guerra Mundial.

Conviene, en fin, tener muy presente que el Estado emprendedor no sale gratis a la población:

• Coste de oportunidad: Los contribuyentes se ven obligados a sufragar proyectos de resultado muy incierto, sobre los que no se dispone de la información que aportan los precios de mercado de cara a determinar si los medios utilizados están generando o destruyendo valor. Se produce asimismo un efecto expulsión (crowding-out) al detraer recursos de la economía por vía impositiva, de forma que el sector privado ve mermadas sus rentas para llevar a cabo sus propios proyectos de emprendimiento.

• Apuestas de alto riesgo: se anula la experimentación descentralizada e incremental (prueba y error) propia del mercado cuando se concentran recursos de I+D+i en una vía de investigación única y concreta. El riesgo es muy elevado. Si esta línea de trabajo no es la correcta, la sociedad no sólo ha destinado recursos a algo vacío (ineficiente), sino que queda desprovista de soluciones competitivamente más idóneas, por lo que sufre un importante menoscabo.
• Incentivos perversos en los agentes: inevitablemente, surgen buscadores de rentas estatales. Es el caso de los nuevos cuerpos de burócratas que buscan proteger su statu quo a toda costa, tratando de desprestigiar o boicotear a quienes, desde fuera del sistema, se lanzan a competir con ellos en la provisión de ideas e investigaciones novedosas. O espurios empresarios que, en lugar de dedicarse a ofrecer cada vez más y mejores bienes y servicios a la sociedad por mor de la innovación a la que les empuja el entorno competitivo, invierten sus fuerzas en hacer lobbying para aprovecharse de las regulaciones y las subvenciones públicas en un marco que les asegure la ausencia de competencia y una posición de monopolio. Con todo ello se pone freno a la innovación disruptiva, que no busca otra cosa que romper con viejos moldes productivos (energía, medios de transporte, medicina personalizada, nuevos materiales, autonomía personal y de trabajo, etc.). Al contrario, se favorece a unos pocos privilegiados mientras se limitan las oportunidades de emprendimiento a los innovadores y se cercenan al público los resultados que estas disrupciones habrían podido arrojar para su creciente bienestar.

En un contexto en el que España debe redefinir cuál será su modelo productivo para las próximas décadas y en el que muchos apuestan por que el Estado dirija esa transformación a través de la inversión y regulación pública de la I+D+i, desde el Instituto Juan de Mariana pretendemos mostrar los profusos errores de la tesis de Mariana Mazzucato para evitar que desoriente a nuestros políticos, periodistas e intelectuales.

El diario La Nación publica una noticia con el título “Medio centenar de diputados no presentó ningún proyecto de ley”.

La noticia es presentada con un cierto tinte negativo, como si no trabajaran o no cumplieran con las promesas realizada. Esto último no sería de extrañar, pero es mucho más discutible que la falta de esa actividad sea algo negativo. Esto, además, trae a colación el tema más difícil de cómo evaluar las actividades de representantes electos.

“LLegaron a sus bancas de la Cámara de Diputados con una ristra de promesas y el compromiso de ser dignos representantes del pueblo que los votó. Sin embargo, transcurridos ya siete meses de tarea parlamentaria desde la renovación de ambas cámaras del Congreso, 51 diputados nacionales, tanto oficialistas como de la oposición -el 20% de un cuerpo de 257 integrantes-, no presentaron hasta ahora ningún proyecto de ley.”

En el Estado hiper-regulador actual, presentar más proyectos de ley no es ninguna contribución, todo lo contrario, estaría acumulando más normas y costos de transacción en la economía, a menos, por supuesto, que fueran proyectos de ley para derogar normas existentes. Pero esto ya lleva a una evaluación cualitativa, y no cuantitativa, de la labor de los legisladores. Un diputado podría presentar un solo proyecto de ley pero éste derogar cientos de normas que traban hoy nuestras acciones o les imponen costos y eso ser mucho más importante que cien proyectos de regular esto o aquello.

El artículo toma como ejemplo, nada menos que a Máximo Kirchner: “Al tope de la lista con cero proyectos de ley presentados aparece el diputado Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner y cabeza de la lista de candidatos por Santa Cruz el año pasado. Kirchner no sólo no propuso ninguna ley hasta ahora; tampoco presentó proyecto de resolución o de declaración alguno, que son iniciativas de tipo declamativo y de redacción más sencilla que una ley.”

Pero, ¿no es mucho mejor que esto sea así? Imaginemos qué hubieran sido sus proyectos: uno para dar marcha atrás con la eliminación del cepo cambiario porque quita al estado de una importante herramienta de política económica, una declaración contra la persecución judicial a su madre y a funcionarios de su gobierno, y así. Mucho mejor es que se quede todo el día jugando a la Play-Station.

Esto plantea el tema más general de cómo evaluar a los representantes electos, tema que ha sido desarrollado en la economía bajo el ámbito de la teoría del agente y el principal, es decir, uno que contrata y otro que es contratado. El contenido central de esta teoría es analizar esas relaciones y cómo alinear los incentivos para que el agente (el contratado, el representante), persiga los objetivo que se planteara el principal (el contratante).

La economía, la administración de empresas y la gestión de recursos humanos ha avanzado mucho en esto, y seguramente hay algo que se puede aprender de eso. En general, los sistemas de incentivos en las organizaciones apuntan a evaluar más los resultados que el esfuerzo. Este artículo busca algún indicador y sugiere que la presentación de proyectos muestra cierto grado de “esfuerzo”, pero como se manifestara antes, lo que importa son los resultados, que son mucho más cualitativos que cuantitativos.

Y hay un punto adicional: ¿quién debería realizar esa evaluación? En las empresas los accionistas son los ‘principales’ y tienen que evaluar a los agentes ‘miembros de los directorios’ que los representan. Luego éstos, a su vez, deben evaluar a los ejecutivos, empleados, etc.

En el caso de la política es fundamental el sistema electoral, ya que son los votantes los que finalmente evalúan a los representantes, pero admitamos que el sistema de representación proporcional con listas no facilita la tarea ya que el votante elige una lista completa y no un representante en particular. En fin, el tema da para mucho y no es éste el ámbito para desarrollarlo. Tan sólo para plantear su importancia.

El diario La Nación trae un interesante artículo sobre el precio de los pantalones jeans en Argentina con el título “Por qué un jean en el exterior se consigue a u$s 20 y en la Argentina cuesta $ (pesos) 1500”:

Para aclarar el título a los lectores de otros países, el precio local en dólares sería de u$s 100.

Y el comentario final que quiero hacer al respecto es una visión inversa del problema a cómo lo trata el informe de la UADE que el artículo comenta: el precio local es así de alto porque la importación está cerrada.

Si ésta estuviera abierta el precio local no sería diferente del precio internacional, y los costos tenderían también a igualarse, o los recursos que se utilizan ahora para producirlos se dedicarían a otra cosa.

El informe, y el artículo, dan a entender que son los costos los que determinan los precios, por eso buscan estudiar cuánto corresponde a cada ítem. Por ejemplo, “el costo de producción de una prenda, que comprende la materia prima, la fabricación y el margen del confeccionista, suele representar entre el 20 y el 25% del precio final del producto”. Supuestamente esto incluye el costo de la mano de obra.

El ‘costo comercial’ incluiría el “costo del alquiler, la comisión inmobiliaria y las expensas, junto con cuestiones financieras (aranceles por utilización de tarjetas o los costos de las promociones bancarias) representan entre el 20 y el 25% del precio de venta al público. A su vez, otro 20% corresponde a los costos operativos y el desarrollo de la marca, con ítems como el diseño y desarrollo de producto, la publicidad y la implementación de acciones de marketing.”

Por último, “el esquema impositivo es otro rubro de peso. Según estimaciones de la UADE, un 27% del monto que paga el consumidor final por su prenda corresponde a impuestos, entre los que se incluye el 21% de alícuota del IVA (Impuesto al Valor Agregado)”.

Sin embargo es al revés, es porque el precio de un jean importado es superior a u$s 100, o infinito si es que está prohibido su ingreso, que el empresario hace su cálculo económico y contrata esos otros recursos ‘no transables’ que se benefician también de la protección, de estos productos y de todos los demás (o sea que son caros para todos los productos), a precios que son también diferentes a los precios internacionales. La competencia interna no logra reducir los precios porque todos se enfrentan a costos de servicios e impuestos similares. Y eso no va a cambiar con el arancel o la prohibición de por medio. Es decir, que la prohibición protege no solo a los fabricantes de jeans sino también, indirectamente, a todos los demás en la ‘cadena de valor’.

Todo, por supuesto, a costa del consumidor, quien paga todo eso. Y más a costas del consumidor pobre, quien podría comprar otras cosas si gastara tan solo $20 en un jean (le quedarían $80 disponibles).

La salida no llegará porque alguna vez se reducirán los costos y así bajará el precio de los jeans. Vendrá del otro lado, por la presión que ejerza la mayor competencia, que obligará a todos a ser más eficientes.

Tómese nota que no necesariamente estoy proponiendo la eutanasia de la producción y los servicios locales. Como bien propone Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, esa apertura puede ser gradual para permitirles acomodarse. Pero tiene que estar claro desde el principio que esquilmar a los consumidores dejará de ser una alternativa posible.