Continuamos con la generación de emprendimientos y empleos como el mejor camino para superar la pobreza, y lo que ocurría en Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Más allá de la anécdota, algunos investigadores han analizado la situación del mercado laboral durante esos años:

“En la segunda mitad del siglo pasado, la mayor parte del mercado de trabajo argentino se integró con rapidez al régimen capitalista; a los trabajadores se los empleaba y despedía por meras razones económicas, pero la mano de obra a su vez podía desplazarse con libertad dentro del país y salir o entrar de él sin ninguna traba. Por otra parte, a pesar de alguna que otra desocupación cíclica, de 1860 a 1930 la Argentina en general se caracteriza por una economía con plena ocupación, en la que el desempleo temporal tenía fácil remedio: el regreso a la patria o el traslado a otros países escasos de mano de obra, como Estados Unidos” (Díaz Alejandro, 1970, p. 39).

Respecto de los niveles de remuneración de los trabajadores en un mercado desregulado, continúa Díaz Alejandro en la obra citada:

“Los datos sobre salarios de 1900 a 1930 son más abundantes. Los salarios reales en la pampa eran, al parecer, superiores a los de algunas ciudades europeas. Una comparación entre las tasas de salarios por hora correspondientes al lapso 1911-14 en Buenos Aires, París y Marsella respecto de siete categorías diferentes muestra que las tasas salariales de Buenos Aires eran superiores a las de Marsella en todas las categorías (alrededor de un 80%), y superiores a casi todas las de París (alrededor del 25%). Un informe de 1921 del Departamento Británico de Comercio de Ultramar afirmaba que los salarios argentinos antes de la Primera Guerra Mundial eran superiores a los de los países europeos, aunque no habían ido creciendo al mismo ritmo”. Y concluye el mismo autor que “para atraer a los inmigrantes, los salarios reales de la Argentina tenían que ser superiores, por lo menos en el margen, a los de Italia y España, y hasta competitivos con los de otros países de inmigración, por más que los factores culturales dieran a la Argentina una ventaja innegable en cuanto a los inmigrantes latinos. Los salarios, así como el tiempo libre y las condiciones de trabajo, también propendían a mejorar, según parece, a un ritmo más acelerado que el del producto interno per cápita”.

No había programas sociales, no había legislación laboral, pero eran numerosas las oportunidades de empleo y para desarrollar la capacidad creativa y productiva. Este proceso comenzó a revertirse a comienzos del siglo XX, y cien años después nos encontramos con una legislación laboral frondosa que llena varios tomos, un ministerio especial, un fuero específico en la justicia, largos períodos con elevado desempleo y un porcentaje de empleo informal que supera el 35%. La legislación laboral no solamente no ha servido para proteger el empleo sino que además ha obligado que un buen número de ellos se encuentre en la informalidad, el mercado los ha generado a pesar de todas las trabas y barreras.

Se insiste hoy en generar empleos por medio de políticas públicas, las que logran hacerlo a un alto costo y destruyendo empleos en otros lados; y no se permite que la libertad de contratación vuelva a generar las oportunidades de antaño.

En el caso argentino la legislación laboral a fines del siglo XIX consistía solamente en algunos artículos del Código Civil redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sársfield, sancionado el 25 de septiembre de 1869. En él se respetaba la libertad de contratación y se aludía tangencialmente al contrato de trabajo como una forma más de arreglo contractual libre y voluntario en el contexto de las normas generales tratadas en el Código. En el artículo 1.623 se trataba el asunto de esta manera: “La locación de servicios es un contrato consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las partes debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones de este código sobre las ‘Obligaciones de Hacer’”.

La terminología ‘locación de servicios’ era una tradición de origen románico que aún se mantenía para el tratamiento legal en materia laboral. Un reconocido tratadista argentino, partidario de la legislación laboral que luego sobrevino, comenta el Código de esta forma: “Hoy este contrato, al que Vélez dedicó tan sólo 6 de los 4.015 artículos del Código, está regulado por una legislación vasta y riquísima del derecho laboral. Más aun: en la gran mayoría de los casos el contrato directo e individual ha sido reemplazado por los contratos colectivos de trabajo, a los cuales deben ajustarse empleadores y trabajadores y en los que se fija minuciosamente los derechos y deberes de las partes, horario de trabajo, remuneraciones, ascensos, indemnizaciones, despido, etcétera. Ordinariamente la autonomía de los contratantes se limita a prestar el consentimiento para establecer la relación laboral; todo lo demás está regido por los contratos colectivos o las leyes especiales” (Borda, 1974, p. 11).

Durante esos años de vigencia de “seis artículos” y de amplias libertades la Argentina protagonizó una epopeya pocas veces vista hasta entonces y pocas veces igualada después. La inmigración que recibió, la que era tomada como uno de los índices elocuentes de prosperidad, sucedió antes de “la legislación vasta y riquísima” a que alude Borda. Juan A. Alsina (1900) muestra cifras del período 1877-1897. En esos veinte años llegaron al país 1.356.130 inmigrantes, de los cuales más de la mitad de Italia y el resto en orden de importancia de España, Francia, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, Rusia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Estados Unidos y Suecia.

Estas son algunas de las cartas que enviaban a sus parientes los recién llegados describiendo su situación en la Argentina sin regulaciones laborales (Wolf y Patriarca, 1991, p.32):

“De Girolamo Bonesso, en Colonia Esperanza (1888):

Aquí, del más rico al más pobre, todos viven de carne, pan y ministra todos los días, y los días de fiesta todos beben alegremente y hasta el más pobre tiene cincuenta liras en el bolsillo. Nadie se descubre delante de los ricos y se puede hablar con cualquiera. Son muy afables y respetuosos, y tienen mejor corazón que ciertos canallas de Italia. A mi parecer es bueno emigrar”.

“De Vittorio Petrei, en Jesús María (1878):

Nosotros estamos seguros de ganar dinero y no hay que tener miedo a dejar la polenta, que aquí se come buena carne, buen pan y buenas palomas. Los señorones de allá decían que en América se encuentran bestias feroces; las bestias están en Italia y son esos señores”.

Anécdotas, tal vez, que no deben dejar olvidar los incontables sacrificios que debieron superar todos los que llegaron a esta tierra de oportunidad.

La generación de empleos

En relación al primero, pocas cosas son tan eficientes para combatir la pobreza como la existencia de oportunidades de empleo. Cuando Adam Smith publicaba el ahora famoso libro “Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones” en 1776, no solamente estaba realizando un aporte esencial a la “Economía Política”, como se denominara a partir de entonces a la ciencia económica, sino también a la comprensión de un fenómeno que era incipiente y se aceleraría mucho con posterioridad y hasta el presente. Este fenómeno es el de un crecimiento económico y de la calidad de vida sin precedentes, nunca antes visto en la historia de la humanidad y de una magnitud tal que no puedo sino asombrar[1]. Veamos esto en forma gráfica:

Esta tendencia se mantiene y hasta parece acelerarse[2].         Pese a la evidencia clara de esos datos suele argumentarse que al mismo tiempo han aumentado las diferencias sociales. Los datos muestran, sin embargo, que la bonanza económica también ha favorecido a los más pobres: en un reciente informe[3] de la revista The Economist se señala que “por primera vez, más de la mitad del mundo es clase media, gracias al rápido crecimiento económico de los países emergentes”. El total de población en ese rango de ingreso era de 1.428,1 millones de personas en 1990 y alcanzó los 2.644,3 millones en 2005. Más de mil doscientos millones de personas traspasaron esa línea de pobreza, un resultado que ningún programa de ayuda estatal ha podido ni remotamente alcanzar. De ese total, 632 millones corresponden a China. India, siguiendo un proceso similar aunque menos intenso, contribuyó con 117 millones de personas.

El proceso capitalista de ahorro/inversión/generación de empleo ha permitido aliviar la pobreza como ningún programa gubernamental que jamás haya existido en la historia de este planeta. Es más, mayor ha sido la generación de empleos cuanto menos trabas se han puesto para su contratación, o cuanto más se han removido éstas, cuanto mayor ha sido la libertad.

[1] Comenta Michael Shermer: “Se estima que el ingreso anual por persona de u$s 100 había subido hasta u$s 150 por persona en el año 1000 AC – el final de la edad de Bronce y el reinado del Rey David- y no superó los u$s 200 anuales por persona hasta después de 1750 y el comienzo de la Revolución Industrial. En otras palabras, tomó 97.000 años pasar de 100 a 150 dólares por año, y luego 2.750 años pasar a 200 dólares anuales por persona, y finalmente 250 años para llegar al nivel actual de u$s 6.600 anuales por persona. Si comprimimos esos 100.000 años en uno, entonces los 250 años de relativa prosperidad representan menos de un día. Si lo condensamos en un día, la era de la revolución industrial y los mercados serían sólo 3,6 minutos. (Shermer, 2008).

[2] Comenta Matt Ridley (2010, p. 14): “Desde 1800 la población del planeta se ha multiplicado por seis, la expectativa de vida promedio se ha más que duplicado y el ingreso real ha crecido más de nueve veces. Tomando una perspectiva más corta, en 2005, comparado con 1955, la persona promedio en el Planeta Tierra ganaba casi tres veces más (ajustado por inflación), comía un tercio más de calorías en alimentos, enterraba a sólo un tercio de sus hijos y podía esperar vivir un tercio más de su vida. Era menos probable que  muriera como resultado de guerras, asesinatos, partos, accidentes, tornados, inundaciones, hambrunas, tos convulsa, tuberculosis, malaria, difteria, tifus, fiebre tifoidea, sarampión, viruela, escorbuto o polio. Era menos probable que tuviera, a determinada edad, cáncer, angina de pecho o infarto. Era más probable que fuera alfabetizada y hubiera terminado la escuela. Era más probable que tuviera teléfono, inodoro, heladera y una bicicleta. Todo esto en medio siglo durante el cual la población mundial se ha más que duplicado por lo que, lejos de haber sido racionados por el crecimiento poblacional, los bienes y servicios disponibles para las personas de este mundo  han crecido. Es, bajo cualquier estándar, un asombroso logro humano”.

[3] The Economist, “Burgeoning Bourgeoisie: A special report on the new middle classes in emerging markets”, February 14th, 2009.

El anuncio reciente sobre las modificaciones a los objetivos de inflación que busca alcanzar el Banco Central dio pie a un intenso debate sobre la política monetaria que lleva adelante el Gobierno. La conferencia en la cual esas medidas fueron anunciadas mostró también claramente el funcionamiento del marco institucional de esta política.

Desde hace décadas que en este último campo predominan dos temas, usualmente relacionados: reglas versus discrecionalidad, y la independencia del Banco Central. ¿Qué es lo que mostraron estos últimos anuncios? Que supuestamente existe una regla (objetivos de inflación), pero que esta se modifica a discreción; y que la independencia del BCRA es limitada a los instrumentos para alcanzar metas que le fija el Ejecutivo.

Los temas están interrelacionados porque una regla tiene que ser creíble, y buena parte de esa credibilidad se basa en la independencia de quien la va a intentar cumplir sin recibir presiones políticas. Por supuesto que esas presiones son ahora mejores de lo que eran hace un par de años, ya que todos parecen entender el origen del problema (el déficit fiscal y su financiamiento); mientras que antes no solamente no había independencia ni reglas sino que las autoridades económicas y monetarias creían que la inflación no era un fenómeno monetario, y demostraban lo opuesto con los resultados de sus políticas.

En un trabajo muy reciente, uno de los más reconocidos autores en esta materia, John B. Taylor, autor de la ahora famosa «Taylor rule», analiza las ventajas de ambas cosas, reglas e independencia («Rules versus discretion: Assessing the debate over the conduct of monetary policy»; NBER Working Paper 24149, Diciembre 2017): «Al otorgar independencia a una agencia gubernamental en una democracia, se necesita asegurar que la agencia tenga un propósito bien definido y clara rendición de cuentas. Cuando los bancos centrales se alejan de ser instituciones con fines limitados y se convierten en instituciones independientes de múltiple propósito, escapan los controles necesarios de un sistema democrático. Esto puede llevar a intervenciones inapropiadas que no hayan sido aprobadas por el proceso legislativo o el voto de la gente. También puede llevar a un pobre desempeño económico. La investigación muestra que la independencia del banco central es necesaria para una buena política monetaria y, por ende, un buen desempeño económico, pero no es suficiente».

En nuestro caso, no tenemos independencia y hacemos de las reglas discreción. La institucionalidad es débil, incluso pese a que estas reglas discrecionales sean mejores que las anteriores.

Tal vez la salida de este atolladero sea, no ya discutir que regla no vamos a cumplir, o que independencia no vamos a tener, sino una regla que imponga la gente, los usuarios, no la política. Me refiero a la libre competencia de monedas. Es lo que existía antes de que los bancos centrales reclamaran su monopolio y resurgió como propuesta luego de los trabajos del premio Nobel F. A. Hayek y otros economistas; y avanza en la práctica con las criptomonedas y la globalización financiera.

Sería ampliar lo que ya somos, un país bimonetario, con pesos y dólares, y bien podría adaptarse al gradualismo actual. La creciente competencia (para lo cual habría que ampliar la elección de moneda en todo tipo de pagos, aun de y al Estado) significaría una regla de la cual el Central no podría escapar y lo forzaría a hacer buena letra.

Somos una sociedad que no cumple muchas reglas. Cada cual quiere tener la propia. Curiosamente, en este campo eso podría hacerse. El peso cumple (o no) una regla, el dólar cumple otra, el Bitcoin también.

Comenta Hayek en la obra donde presenta el tema (Desnacionalización del dinero, 1978): «No hace tanto tiempo, en 1960, yo mismo argumentaba que privar a los gobiernos de su control sobre la política monetaria no sólo sería impracticable, sino que, aun en el caso de que fuera posible, sería indeseable. Esta opinión se basaba en la tácita presunción común de que debe existir en cada país un solo y uniforme tipo de dinero. Ni siquiera consideraba la posibilidad de una verdadera competencia entre monedas dentro de un determinado país o territorio. Si sólo se permite una clase de dinero, es probable que el monopolio de su emisión deba estar bajo el control del gobierno. La circulación concurrente de diversas monedas puede resultar a veces inconveniente, pero un detenido análisis de sus efectos indica que las ventajas superan de tal forma a los inconvenientes, que, comparativamente, éstos apenas cuentan, aunque la falta de familiaridad con la nueva situación los haga parecer mayores de lo que serían en realidad».

Con repasar los resultados históricos del BCRA (Milei los describe en «El dinero y esa atroz locura llamada Banco Central») quedan claros los beneficios de una mayor competencia.

Publicado originalmente en El Cronista, el martes 16 de enero de 2018.

Artículo (anterior a las elecciones) en El Cronista: https://www.cronista.com/columnistas/Los-votantes-somos-estupidos-o-idiotas-20171016-0041.html

Martín Krause Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

15

Los mensajes de la política no apelan a la razón, sino a los sentimientos. Ningún político se para frente a una cámara o un micrófono y se pone a explicar su plataforma, en buena medida porque sabe que cambiamos de canal o de radio inmediatamente.

En épocas de campaña esto no mejora mucho, los candidatos evitan participar en debates, y no quieren decir mucho. Las consignas apelan a aspiraciones muy generales relacionadas, por ejemplo, con el cambio o con el futuro o a catástrofes más imprecisas aún, como la del terrible ajuste, cuando con sólo mirar superficialmente las cuentas fiscales cuesta encontrarlo. La racionalidad escasea.

Una de las propagandas (que el Estado nos hace escuchar aunque no nos interesen), presenta personas que van eligiendo entre distintas cosas para luego proponer la elección del candidato. Entre otras opciones tenemos: ¿más derechos o menos derechos?

Obvio, ¿quién estaría dispuesto a proponer menos? Y no hay ninguna referencia sobre qué estamos hablando. ¿Más derechos, pero cuáles? La apuesta es que muy pocos oyentes se harán esa pregunta. Pero hagámoslo por un momento. ¿Qué otros derechos quisiéramos tener?

Veamos el caso por el lado del absurdo. El artista pop Andy Warhol propuso una vez que todos deberíamos tener 15 minutos de fama. Tomemos esta propuesta como un derecho a la fama que, en mi caso, se cumpliría con menos minutos, pero con la posibilidad de cantar Gimme Shelter con los Rolling Stones en un concierto (por las dudas junto a Mike para no hacer papelones).

Pero un derecho, para ser tal, tiene que poder ser general, es decir, aplicarse a todos. Esto sería imposible en este caso ya que requeriría que estuviéramos los 40 millones de argentinos en el escenario (y no habría entonces nadie en la audiencia) o que los Stones nos invitaran de a uno en 40 millones de conciertos.

Las preferencias, sin embargo, son diferentes y algunos desearían jugar en la Bombonera, bailar con Tinelli, ganar el premio Nobel por unos minutos o hacer un gol con la Selección (y sólo Messi los hace). No hace falta explicar lo difícil o costoso que resulta cumplir estos derechos. Vivimos bajo la ilusión que este costo lo pagan otros y a veces es así, aunque tarde o temprano nos cae la cuenta de una forma u otra.

En otro de estos mensajes, el candidato propone un derecho específico, reducir la jornada laboral, pero manteniendo el mismo sueldo. No dice cuánto pero ya antes se ha propuesto que se reduzca de 8 a 6 horas. ¿Y por qué no a dos? El absurdo sería evidente, pero el principio es el mismo para seis o para dos. Es otra forma de aumentar el costo laboral. Una lección básica de economía muestra que si un precio aumenta se reduce la cantidad demandada. En este caso, si aumenta de esta forma se reduce la cantidad, más desempleo.

La propuesta, además, es que este mayor costo se cubra con las ganancias de las empresas. ¿Conocen acaso quienes proponen esto que las empresas no pueden hacer ajuste por inflación y que les cae una de las presiones impositivas más altas del planeta, más alta que la que se paga en Suecia? ¿Qué tasa de ganancias aceptarían quienes proponen esto? ¿Consideran alguna como razonable o, como parece, no aceptarían ninguna? En verdad, más que preocuparnos por las ganancias deberíamos hacerlo por las pérdidas, pero éstas nadie propone alentarlas ni tampoco castigarlas, suelen ser el resultado común de las políticas públicas que muchos candidatos proponen.

Otros desde la izquierda presentan sus propagandas con muñequitos de Playmobil, creados y fabricados por una empresa alemana que sería un ejemplo de lo que Marx llamaba capitalismo renano.

Todo se reduce a pares de opciones: ¿violentos o agresivos?, ¿corruptos o ladrones?, ¿inútiles o ineficientes? ¿soberbios o arrogantes? Nunca la tuvimos más fácil.