De hecho la legislatura porteña acaba de introducir en nuestro medio una modificación a la ley de alquileres con el decidido apoyo del partido gobernante, lo cual muestra una vez más la manía del poder político de interferir en arreglos contractuales libres y voluntarios.

Los legisladores no pueden contener su inclinación a usar la fuerza para administrar el fruto del trabajo ajeno al efecto de justificar sus dietas, en lugar de comprender que la función medular del aparato político en funciones consiste en proteger -no vulnerar- derechos.

Esta vez es que los titulares y no los inquilinos deben hacerse cargo de las comisiones correspondientes a las empresas inmobiliarias para propiedades destinadas a la vivienda y, además, fija un tope para dichas comisiones. Una modificación en el corretaje que contradice el Código Civil y Comercial vigente. Por supuesto que inmediatamente aparecen las quejas de los afectados y todo tipo de especulaciones en el mercado.

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