Eficiencia Economica versus Derechos de Propiedad

El domingo pasado fueron los partidos finales del campeonato de fútbol en Argentina. Además de coronarse al campeón, también se definía la situación de descenso de San Lorenzo. Todo esto llevó a que prenda la TV, pero no a que ponga volumen y efectivamente preste atención a lo que pasaba en los distintos partidos. Por algo se empieza…

¿A que viene todo esto? A que mi falta de atención futbolística me llevó a notar un interesante intercambio entre Lucas Llach y Eduardo Stordeur sobre eficiencia económica y derechos por Twitter.

En Argentina existe un programa del gobierno llamado Fútbol Para Todos a través del cual se financia (por supuesto, vía impuestos) la visualización gratuita de fútbol por TV sin tener que pagar un adicional especial. ¿Debe financiarse dicho programa, dado que el costo per cápita no supera los 3 pesos mensuales y parece ser que genera una gran utilidad a sus consumidores?

Lucas Llach argumentaba que si la valoración subjetiva de la población argentina de fútbol por TV supera los 3ARS por mes, entonces el programa de Futbol Para Todos es eficiente y debe mantenerse. (Entre paréntesis, este tipo de políticas se suele utilizar para casos de bienes públicos o externalidades, no estoy seguro de cuál sería la externalidad o bien público en el caso de fútbol, donde aquel que desea paga la suscripción al proveedor de TV y aquel que no se ahorra el costo).

Eduardo Stordeur respondía que la mayor cantidad de transacciones y fallas del estado podían hacer que éste cálculo sea demasiado optimista, y que el costo real puede ser superior a los 3ARS per cápita por mes. ¿Y qué hay de los que no valoran el fútbol por TV mas de 3ARS? Llach respondía que ese monto es compensable, pero el Fútbol Para Todos no es compensable.

Tres aclaraciones antes de pasar a mi breve comentario. En primer lugar esto fue un intercambio por Twitter, por lo que viene sólo a modo de ejemplo para ilustrar la cuestión que quiero comentar sobre este tipo de argumentos. Segundo, vamos a asumir que no existen otros problemas asociados con la provisión de Fútbol Para Todos, y que el cálculo de 3ARS per cápita por mes es correcto y no hay otros costos escondidos. Tercero, voy a asumir que podemos tener una medición de la utilidad individual y que la utilidad social es una suma simple de las utilidades individuales.

Supongamos que hay 10 personas, cuyas valoraciones de fútbol por TV, el precio máximo que se está dispuesto a pagar, es la siguiente:

  1. 10$
  2. 9$
  3. 8$
  4. 7$
  5. 6$
  6. 5$
  7. 4$
  8. 3$
  9. 2$
  10. 1$

Para mantenerlo de manera sencilla, supongamos que la utilidad social es una suma simple de las utilidades individuales. La utilidad social o total es entonces W = 55$. El costo del programa es de 30$ (3$ por cada una de las 10 personas). Es decir, hay un excedente agregado de 25$.

¿Justifica este excedente que se obligue a pagar a las personas 9 y 10 para que las personas 1 a 8 puedan disfrutar de Futbol Para Todos? ¿Permite un resultado Pareto superior llevar a cabo esta iniciativa? Después de todo, las personas que más valoran el fútbol por TV pueden compensar a las 9 y 10. Este es un problema moral/ético que implica nociones de justicia. En su paper sobre el Problema del Costo Social (1960), Coase da un ejemplo donde los conejos de una persona comen los cultivos de su vecino. Coase argumenta que el dueño de los cultivos es igual de responsable que el dueño de los conejos, y da a entender que la responsabilidad puede (debe?) resolverse siguiendo el principio de eficiencia.

¿Es una teoría moral basada en la eficiencia económica una buena propuesta? Más en abstracto, si el pago de “c” permite la producción de “X” de modo tal que W(con X) > W(sin X), ¿se puede justificar el pago de “c” por parte de todos? (W es la utilidad social).

En este ejemplo, X = Fútbol Para Todos. Pero también puede ser que:

  • X = Que se nos financie el tiempo dedicado a Punto de Vista Económico dado la gran utilidad que a los involucrados nos genera!
  • X = Encarcelar a los pelirrojos (perdón a los lectores pelirrojos -y pelirrojas-, entiendan que tienen que sacrificarse por la eficiencia económica, después los compensamos monetariamente).
  • X = Que la minoría pague autopistas para la minoría que las usa y las valora enormemente (problema similar a Fútbol Para Todos).
  • X = Esclavizar a los pelirrojos -y pelirrojas- (disculpas nuevamente a los lectores/as pelirrojos/as) dada la gran utilidad que genera tener esclavos pelirrojos.
  • etc… creo que ya se entiende el punto.

Este es el problema de fondo que no suele salir a la luz en estas discusiones, es decir, cuál es el fundamento moral detrás de los argumentos. Lo he encontrado en pocos lugares, como en O’Driscoll (1980), Rizzo (1980, 1985), Kennedy (1981) y Cordato (2000). Si la filosofía moral que soporta este argumento no se basa en la eficiencia económica, entonces el mismo no puede ser justificativo de transferencias o reasignación de derechos de propiedad sin importar qué tan grande sea la ganancia económica. El cálculo económico del derecho puede contribuir a calcular una compensación ex-post la asignación de responsabilidad, pero no debe utilizarse para asignar responsabilidad ni justificar transferencias.

Los derechos básicos, derechos de propiedad, filosofía moral, son anteriores al problema de maximizar la eficiencia económica. No se puede elegir el sistema moral en base a la eficiencia económica.

Nuevamente, esto no viene tanto como crítica al intercambio de Eduardo Stordeur y Lucas Llach por Twitter, para eso sería necesario un intercambio más profundo (seguramente ambos tendrían cosas para decir sobre este punto); pero sí sirve para dar contexto a este problema.

43 pensamientos en “Eficiencia Economica versus Derechos de Propiedad

  1. Nicolás ¿estás seguro de que la forma de calcular la “utilidad social” es correcto? A mí me parece que debería dar menos porque la utilidad marginal probablemente estaría situada por debajo del máximo que estarían dispuestos a pagar los que más valoran el producto. Entonces, en la práctica, la utilidad social daría un número más bajo (me parece, quizá me equivoco en el análisis, por eso lo pregunto).

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  2. Gracias Alejando, no preste mucha atención a los números, dado que era para dar contenido al ejemplo nomás.

    Los valores 1 a 10 respresentan cuánto se está dispuesto a pagar por el bien “fútbol por TV,” en ese sentido es una utilidad marginal, no de un partido, sino de los campeonatos anuales. Como si este “contrato” se renovase todos los años.

    De todas formas, podría corregirse aumentando los valores del ejemplo y listo!

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      • Perdón Nicolás! En el apuro, no fui claro.

        En el ejemplo numérico vos decías: “Para mantenerlo de manera sencilla, supongamos que la utilidad social es una suma simple de las utilidades individuales. La utilidad social o total es entonces W = 55$. El costo del programa es de 30$ (3$ por cada una de las 10 personas). Es decir, hay un excedente agregado de 25$. ¿Justifica este excedente que se obligue a pagar a las personas 9 y 10 para que las personas 1 a 8 puedan disfrutar de Futbol Para Todos?”

        Y la respuesta es NO. El cálculco económico que surge del análisis económico del derecho no justifica la transferencia, pues la eficiencia -en términos de Pareto- está disociada de la ética. No hay aquí un argumento ético para justificar el forzar a las personas 9 y 10 a pagar más de aquello que libremente deseaban.

        El caso analizado es el futbol para todos, pero podríamos extrapolarlo a otros gastos que realiza el gobierno, y nos quedaríamos con un Estado mínimo. Mi pregunta es qué gastos sí estarían justificados desde un punto de vista ético + eficiente. Quizás la justicia, la seguridad, un servicio de defensa, pero ¿quedaría algo más?

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    • Quedaría lo que caiga dentro de los límites de la fórmula de Bastiat. El estado no puede hacer nada que hecho por un individuo sería considerado fuera de la ley. Si B no puedo obligar a que A le page el fútbol para todos, entonces B no puede transferir ese derecho al estado simplemente porque no lo tiene.

      De allí que el rol del estado para un liberalismo clásico sea tan acotado… seguridad y justicia. Por supuesto, puede haber grises en estos dos compartimientos, pero claramente no hace falta tener un “welfare state” para tener un “state.”

      Quizas me este perdiendo algun argumento central en esta literatura, pero este es un punto que siempre me llamo la atención de ciertas posturas del law and economics.

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      • Muy bueno: “Si B no puedo obligar a que A le page el fútbol para todos, entonces B no puede transferir ese derecho al estado simplemente porque no lo tiene.”
        Parece tan sencillo y lógico, pero en la sociedad es tan poco compartido o comprendido.

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      • Yes… esta es la fórmula que limita las actividades legítimas del estado. Esta fórmula, en sí, no dice nada de dónde surgen esos derechos; dudo que la “eficiencia económica” sea el origen de esos derechos… la eficiencia económica la veo más como algo ex-post a los derechos básicos.

        Por este motivo también veo el debate liberalismo clásico vs anarco-capitalismo como un problema con cuestiones éticas de fondo. No es el problema qué pasa cuando hay un desacuerdo sobre si se cumplió o no un contrato, sino que pasa cuando hay desacuerdo sobre que es justo y que es injusto.

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  3. No hay más probabilidades de que un privado preste el mismo servicio a $3?? Aún si el privado no puede bajar el costo de $30, no es acaso preferible que preste el servicio a $3,75 y que el único perjudicado frente al actual estado sea la persona 8?

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  4. Es un poco a lo que me refería al principio. Políticas como estas suelen llevarse a cabo para bienes públicos o externalidades. Es decir, cuando no precios.

    Pero en el caso del futbol, al menos hasta donde sé del sistema, se pasó del caso donde aquel que desea ver futbol por TV para un precio a otro donde todos financian el servicio. No estoy seguro de cual es la “falla de mercado” a corregir.

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  5. No había “falla del mercado” a corregir. El fútbol antes era un negocio privado que le daba ganancias a la empresa que prestaba el servicio. Cuando fue estatizado, dejó de dar ganancia. Los dirigentes de fútbol rescindieron sin costo (falta de seguridad jurídica) el contrato anterior y firmaron el nuevo con el estado porque les ofrecían más dinero.

    Pero el principal problema de la televisación del fútbol es que los derechos de emisión están socializados, ya que no pertenecen a los clubes (que podrían comercializarlos en forma individual) sino a la AFA, que los comercializa en forma global. Esto es así porque de ese modo los clubes más chicos, que tienen menos audiencia pero son más cantidad, pueden forzar a los clubes más populares a que los subsidien.

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  6. Con respecto a la utilidad marginal, que yo te señalaba al principio, lo que te quería decir es que el precio de mercado está por debajo de lo que paga el estado por la televisación del fútbol. Por eso la AFA rescindió el contrato con la empresa que emitía los partidos antes, ya que la empresa, midiendo la rentabilidad del negocio, no ofreció pagar más de lo que el mercado le permitía. El estado simplemente emite los partidos a pura pérdida. Por eso yo decía que la utilidad marginal probablemente estaría por debajo de los valores que vos fijaste como utilidad social. El punto donde se cruzan los valores máximos que están dispuestos a pagar los compradores que coinciden con los valores mínimos a que estarían dispuestos a cobrar los vendedores está más abajo de lo que vos pusiste como máximo en tu tabla de utilidad social… Es lo que Menger muestra en las tablitas de su tratado…

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    • También hay que tener en cuenta que al precio de mercado había que sumarle el abono mensual al cable. Lo que supongo, aumentaba lo que de verdad terminaba pagando el usuario por disfrutar de los partidos..

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  7. Parte de los partidos -la mitad de los de Primera y todos los del ascenso- formaban parte del abono básico. Sólo cinco partidos -aunque eran los de mayor audiencia- iban codificados.

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  8. Interesante Nico ! Tenes razon, en mi breve intercambio con Lucas solo queria discutir si “futbol” para todos era eficiente (en mi opinion no lo es, aunque entiendo el punto de vista de Lucas), pero no discutir algo tan complejo como el lugar que tiene la eficiencia en la asignacion de derechos de propiedad. Solo una reflexion sobre tu excelente post: no hay acuerdo sobre que es moral, ni siquiera si hay “derechos” en un sentido sustantivo, y menos aun cuales seria la extension de esos derechos. Otro asunto: buena parte de la tradicion etica anglosajona funda los derechos (en un plano descrptivo pero muchas veces con implicancias normativas) en argumentos basados en la mayor utilidad. Pero admito que es un tema enorme y que los partidarios de los “derechos de propiedad” tiene mucho y muy bueno para decir (como por ejemplo, en este post !)

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  9. Hola Eduardo,

    Gracias por visitarnos. Por supuesto, solo tomé los “tweets” como motivador del post; se muy bien que tenes mucho por decir sobre este tema (y asumo que posiblemente Lucas también). Mi mayor interés era recalcar que es un tema ineludible para un tema tan interesante (ciertamente el intercambio de los tweets apuntaban al tema de eficiencia como bien decis).

    De paso, para los que leen estos comentarios, aparte de los citados en el post recomiendo el paper de Eduardo en Libertas (2005) sobre una lectura Hayekiana de Coase.

    Abz.
    NC

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  10. Pingback: Eficiencia Economica versus Derechos de Propiedad « ESEADE

  11. Como estas Eduardo?
    Asi planteado, “Futbol para todos” parece ser eficiente, si no en sentido de Pareto (pues a 1 y 2 los deja peor que antes), por lo menos en sentido de Kaldor Hicks Scitovsky tme entra la duda si se escriben asi, pero se entiende). El problema, ciertamente no menor, es que parece poco probable que 1 y 2 se hagan con su condigna compensaciòn…saludos.

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  12. No quiero hablar por Lucas, pero si el costo marginal igual a cero, entonces, fubal “gratuito” es eficiente…..

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  13. Estamos confundiendo equidad con eficiencia. En la alternativa del fútbol pago con monopolio, hay gente que valora más el fútbol que lo que cuesta proveerlo y no lo ve. Ineficiente.

    El argumento aquí esbozado es de equidad: ¿tiene sentido que todos paguen por algo que no beneficia a todos, pero que en total trae un beneficio social? Si la respuesta es no, quedan sin efecto también la mayoría de infraestructura de un país, la defensa, la policía, etcétera. ¿Estamos seguro de que los pobres quieren policía? ¿Por qué los forzamos a pagarla?

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  14. Lucas, gracias por la visita.

    No estoy seguro de entender la confusión. En el post no digo que el fútbol para todos, o el caso de fútbol gratis, sea ineficiente y que por ello no debe llevarse a cabo, bien puede serlo como mencionas en el último post de La Ciencia Maldita. De hecho implícitamente estoy asumiendo eficiencia.

    El punto es que no creo que la línea de argumentación “eficiente -> es bueno = hay que hacerlo” sea tan sencilla. No se sigue de que algo sea bueno haya que hacerlo sin un argumento intermedio cuando hay terceros involucrados. Y ese argumento ético intermedio, muchas veces implícito, me parece bastante importante.

    No estoy seguro que el ejemplo de la policía y fútbol gratis sean equiparables. La policía provee seguridad pública, no seguridad privada. El rol de la policía, defensa, etc, no es proteger a individuos particulares, sino al sistema o instituciones que permiten que haya una sociedad de mercado. El policía de la esquina no trabaja para mi, pero el guardia de Prosegur sí. Si uno desea seguridad particular contrata un servicio de seguridad privada. Pero mi vecino no puede obligarme a contratar para compensar un problema de externalidades por la presencia de guardas en la vecindad.

    No, no creo que una respuesta negativa a la pregunta elimine al estado, sus funciones básicas seguirían presentes, pero sí creo que puede llevar a limitar sus intervenciones en el mercado.

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  15. Lucas dice: “En la alternativa del fútbol pago con monopolio, hay gente que valora más el fútbol que lo que cuesta proveerlo y no lo ve. Ineficiente.”

    Esto es engañoso. Primero porque es discutible que sea un monopolio (lo es en términos de la definición clásica de un sólo oferente, pero no lo es en términos de monopolio legal, pues se construye sobre acuerdos voluntarios). Si la gente quiere salir del futbol televisado, debería hacerse socia de los clubes y presionar a sus dirigentes para que eviten acuerdos que encarezcan la televisación.

    Segundo porque el costo individual está estimado bajo el supuesto de que todos quieran contribuir al pago. Si realmente hay gente que quiere pagar el fútbol, bajo el sistema privado debe hacerlo. Pero no podemos obligar a nadie a participar del pago.

    La otra pregunta de Lucas: ¿tiene sentido que todos paguen por algo que no beneficia a todos, pero que en total trae un beneficio social?

    La respuesta lógicamente es no. Si así fuera, caeríamos en la democracia ilimitada en la que basta que el beneficio social sea mayor al costo social, para expoliar a las minorías. Este es el riesgo contra el que ha luchado todo el liberalismo clásico y hoy en día el public choice.

    Que los contribuyentes financien la defensa, la seguridad, etc. no se justifican por su “beneficio social”, sino por la necesidad de encontrar cierto “consenso por unanimidad” en términos de Buchanan, y que se plasmen en una constitución. Sin un mínimo de orden público, no habría protección a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sin futbol para todos, la vida, la libertad y la propiedad no corren riesgos.

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  16. Una cosa es “futbol para todos” y otra acceso “gratuito”. Mis twits con Lucas discutian lo primero (que creo ineficiente), pero ahora me refiero espeficamente a lo segundo. Dejemos de lado la discusion sobre justicia, porque es never ending: para algunos puede consistir en procedimientos que respeten derechos y para otros maximizar el bienestar (etc), pero no existe un criterio no controvertido para elegir entre estos. En el campo menos controvertido de la economia (neoclasica), si hay monopolio y el costo de provision es igual a cero el acceso gratuito maximiza el excedente de los consumidores. Es la solucion correcta en terminos de bienestar (asi interpretado). En cuanto al argumento de Adrian, no entiendo demasiado por que introduce “derechos” en el modeo de Buchanan, donde la racionalidad del estado esta basada, integramente, en consideraciones de bienestar (internalizar externalidades)

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  17. Tanto tiempo Eduardo! Qué valioso es para el blog contar con tus reflexiones!

    A ver si puedo responder. La regla de la unanimidad se presenta en la literatura como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto. Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado de decisiones colectivas. Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el costo esperado en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor importancia. Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.

    Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más elevada sea la regla.”

    El acceso gratuito a “futbol para todos” genera externalidades negativas sobre los contribuyentes que no desean ver el fútbol. ¿No es esto argumento suficiente para desestimar el gasto?

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  18. No seamos tan iusnaturalistas. La cuestión sobre los derechos no es necesariamente previa a consideraciones de bienestar, eficiencia o equidad. Los derechos de propiedad no son más que una institución social que reivindicamos por las consecuencias beneficiosas que trae. Si otros arreglos institucionales resultan más beneficiosos, es dogmático rechazarlos apelando al carácter previo o natural de los derechos de propiedad.

    Dicho esto, estoy de acuerdo con que hay consideraciones normativas que no se agotan en la cuestión de la eficiencia. Son precisamente esas consideraciones las que nos prohíben esclavizar minorías aun si eso maximiza la utilidad agregada. Y son esas consideraciones las que nos permiten distinguir entre el gasto en rampas para discapacitados y los subsidios a bienes de lujo. En ambos casos el conjunto de los contribuyentes financia a una minoría, pero el primero nos parece un gasto normativamente justificable, porque entendemos que forma parte de las condiciones necesarias para una vida digna.
    En el caso del Fútbol para Todos, la cuestión ética es decidir a cuál de esos dos gastos se parece más.

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  19. El problema de las instituciones sí puede ser previo al calculo de eficiencia/bienestar. Estos cálculos requieren de precios de mercado, pero no puede haber precios de mercado sin derechos de propiedad que permitan esos intercambios. Por lo tanto no se pueden utilizar los precios para determinar las instituciones básicas del mercado. Ciertas normas o derechos básicos no surgen de un cálculo de eficiencia, sino que le preceden para que el cálculo de eficiencia luego pueda hacerse. Distinto es el caso de derechos creados, o contratos, que suceden sobre un set de normas básicas ya dadas.

    De allí que para algunas posturas la eficiencia no pueda regular todo tipo de fallo o intervención en el mercado. No creo que esto sea dogmático. Hay razones, correctas o incorrectas, para esta postura; no es una cuestión de defender ciertas instituciones por que sí. Al menos no lo veo más dogmático que poner la eficiencia por encima de estos problemas que involucran a terceros.

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    • Bienestar y eficiencia son cosas distintas. Las consideraciones de bienestar no precisan de un sistema de precios, al menos no para una serie relevante de cuestiones. Un discapacitado con rampas tiene un bienestar (o utilidad) mayor que uno sin (ceteris paribus). Una persona que tiene acceso a alimentos de venta en supermercados tiene un bienestar (o utilidad) mayor a una que subsiste con desperdicios recogidos de la basura y así sucesivamente.
      Y no tenemos que confundir un concepto con su medición. Un sistema de precios nos permite agregar bienes dispares y medir un “ingreso” para cada persona, compararlos y determinar índices de igualdad, pero el concepto de igualdad permite hacer consideraciones normativas aun sin tener la posibilidad de medir la igualdad de hecho a través de ese ingreso.
      Por otro lado, incluso si no podemos prever el resultado de bienestar de un determinado orden institucional sino hasta haberlo aplicado, eso no es un argumento a favor de una precedencia normativa de algún orden institucional particular. En todo caso hay sólo una precedencia “experimental”. Una sociedad que haya pasado por toda una gama de órdenes institucionales y haya medido sus resultados en términos de bienestar puede plantearse darse desde cero un orden institucional que mayor satisfaga sus nociones de bienestar, de justicia distributiva, etc. Y el nivel de “propiedad privada” que surja de esa decisión colectiva no tiene por qué ser el que satisfaría a un libertarian.

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    • Es cierto, “un discapacitado con rampas tiene un bienestar (o utilidad) mayor que uno sin (ceteris paribus)”, pero ese no es el problema que discuto en el post. El problema al que me refiero es otro.

      En cuanto a la igualdad de hecho, no pude entender el punto.

      La precedencia normativa hace referencia a que hay ciertos derechos básicos que deben ser previos (analíticamente) al calculo económico de eficiencia. Me he referido a ciertos derechos básicos, no a todos los derechos que pueden existir en una sociedad o mercado. Ese tipo de derechos básicos, por lo tanto, no pueden estar sujetos al cálculo de eficiencia. El derecho de propiedad es uno de estos derechos básicos, y este es al que hago referencia en el post. Eso no quita que otro tipo de normas (por ejemplo contratos o “derechos creados”) sí puedan ser elegidos por las parte siguiendo cálculos de bienestar. No todas las instituciones o derechos son “iguales.”

      El post apunta a un problema ético que no puede evitarse en cierto tipo de políticas públicas que involucran a terceros, ¿se puede imponer un curso de acción, o cambiar derechos de propiedad, a un tercero argumentando una mayor eficiencia? Algunas corrientes responden que sí. Otras corrientes responden que no. No es un problema sencillo. Este problema puede tratarse o ignorarse, pero no pude evitarse. Si hay terceros involucrados, ir de “mayor eficiencia” a “llevar adelante la política pública” requiere tomar una postura ética/moral que puede tener implicancias relevantes.

      Es cierto, un orden espontáneo puede distar de ser un buen medio para el fin mayor bienestar. No conozco argumentos serios que digan que los órdenes espontáneos deben ser óptimos.

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      • Comparto la idea de que hay un problema normativo. Me limito a señalar que aquellos derechos que uno determine como básicos prejuzgan la solución. El derecho de propiedad perfectamente puede estar sujeto al cálculo de eficiencia. De hecho, muchos argumentos anarcocapitalistas tienen en la mayor eficiencia de la propiedad privada su punto de partida. Ahora bien, generalmente elegimos no someter el derecho de propiedad al cálculo de eficiencia porque creemos que hay otras cosas importantes. No quiere decir que no podamos hacerlo. Llamar “básico” a un derecho no es más que decir que generalmente nos sentimos inclinados a preservarlo. Pero perfectamente podrían darse circunstancias en las que optáramos por no hacerlo. Y la eficiencia o las preferencias agregadas podrían ser factores a tomar en cuenta.

        Claro que no se puede saltar de la evaluación de eficiencia a la aplicación de la política pública sin pasar por consideraciones normativas. 100% de acuerdo. El tema es que esas consideraciones bien podrían dar como resultado la conclusión de que en un caso particular corresponde privilegiar la eficiencia (o la equidad, o el bienestar, o lo que fuere) por encima de los derechos de propiedad. Y, según el caso, esa podría no ser una conclusión ilegítima.

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      • Ok. Entonces estamos diciendo, creo, lo mismo. El argumento de “eficiencia ergo llevar adelante X política pública” también prejuzga la solución. Y ese, justamente, es el punto del post. De hecho no estoy siendo explícito sobre qué se basan estas “otras normas.” Sino se explicita el argumento que legitimiza dar este paso se está tomando una decisión por default que no es menos arbitraria (ni dogmática) que cualquier otra.

        Por derechos basicos y derechos creados distingo entre “seguridad, propiedad privada y libertad” en los primeros y contratos en los segundos. En verdad sigo una distinción que viene desde la literatura clásica (es decir, no es que me la inventé) Ahora, ¿cómo hacer contratos sin los primeros? Más aún, ¿cómo puede haber precios sin derechos de propiedad? Y si no hay precios, ¿cómo hacer un cálculo de eficiencia? (así y todo, ¿qué tan confiables es un cálculo de eficiencia que se hace sobre precios en desequilibrio, cuando el resultado del cálculo de eficiencia puede ser distinto de conocer los verdaderos precios de equilibrio?)

        No se si entiendo la relación entre precios y derechos de propiedad. En casos tipo externalidades, por ejemplo, hoy podemos hacer un proxy porque ya hay derechos de propiedad y precios y por lo tanto extendemos esos precios a un problema puntual. Es decir, podemos hacer un cálculo de eficiencia sobre el problema ‘X’ usando precios del caso ‘Y’ el cual asumimos es representativo para ‘X’; pero precios de ‘X’ no tenemos.

        Pero el punto al que voy es más fundamental, ¿se originaron los derechos de propiedad, como institución, en base a eficiencia o tienen algún otro origen? Y si tienen otro origen, ¿es compatible ahora usar la eficiencia como guía para “administrar” derechos de propiedad o chocamos con problemas éticos/normativos?

        Seguramente podemos imaginar una situación donde desde el día 0 se establece que los derechos se van a asignar por eficiencia y distribuimos los derechos de propiedad el día 0 aleatoriamente. Después de todo, mientras los costos de transacción sean bajos la distribución inicial es indistinta. Pero no creo que ese sea el mundo que nos tocó vivir.

        Creo que coincidiríamos que el “derecho a la propiedad privada” está por encima, o es más privilegiado, que el “derecho a ver fútbol subsidiado por terceros.” No creo estar haciendo un supuesto muy exigente al diferenciarlos en este sentido. Quizás algún día las valoraciones cambien radicalmente y estos derechos se den vuelta, y ver fútbol subsidiado sea más importante que respetar los derechos de propiedad.

        Mientras el fin de la humanidad sea ver fútbol gratis, pues bien, en ese caso no tengo objeciones. Pero si el fin es maximizar el bienestar, dudo que este sea un buen medio y por lo tanto me parece más prudente proteger el esqueleto del sistema que afectarlo por análisis parciales de eficiencia (¿cuál es el DWL en otros mercados de financiar el futbol para todos? Al lado del gráfico del fútbol para todos habría que poner el efecto del impuesto 3ARS per cápita en todos los otros mercados).

        Eso sí, también estoy abierto a que cada caso merece su análisis por parte de las cortes de justicia si así lo amerita. Los derechos son generales, pero los casos son puntuales.

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  20. Nicolás, no dije que haya una “igualdad de hecho”, el “de hecho” no modifica a igualdad sino a “medir” (puedo reformular mejor mi frase como “medir de hecho la igualdad”). Creo que está bastante claro que entre una persona que tiene acceso a una casa en la montaña, a un departamento y a una casa en la playa y una que sólo tiene un departamento hay una desigualdad, aun cuando esa distribución de bienes se dé bajo un sistema donde no haya ni precios ni ingresos ni moneda y sólo asignaciones por un planificador central.
    Ex ante no hay nada de “básico” en el derecho de propiedad, ni siquiera en el de seguridad. No me queda claro a qué “literatura clásica” apela Nicolás, para Rawls el derecho de la propiedad no es básico en ningún sentido y es “literatura clásica”. Si se refiere a literatura clásica liberal libertaria, hay un petitio principii. Al dar la etiqueta de “básico” está asumiendo lo que él en tanto liberal libertario debería demostrar: que el derecho de propiedad (o, mejor dicho, algún tipo de derecho de propiedad, porque “derecho de propiedad” es apenas una etiqueta para resumir una serie de disposiciones legales bastante compleja y usualmente muy dispar entre países distintos) precede normativamente a cualquier consideración de bienestar, igualdad, etc. Hasta ahora sólo argumentó en favor de una precedencia “de cálculo”.
    Creo que Nicolás confunde el concepto de eficiencia con el de bienestar y con el de equilibrio de mercado. Si entendemos eficiencia en el sentido de Pareto, definitivamente no se precisa de un sistema de precios para saber que determinadas distribuciones de recursos son Pareto eficientes. Basta considerar el caso en que se da todo a un agente y no hay por ende intercambios (ni precios). Por supuesto, esa sería una distribución eficiente pero poco acorde a nuestras intuiciones normativas sobre lo que es el bienestar general. Hay, empero, muchas otras distribuciones de recursos que siguen siendo Pareto eficientes y que sin embargo maximizan nociones de bienestar razonables. Toda persona que hizo una materia de Micro sabe que todas esas distribuciones son alcanzables con un sistema de intercambio libre redistribuyendo sólo las dotaciones iniciales (segundo Teorema de Bienestar). Ahora, si uno hiciera el experimento mental de considerar una sociedad ideal que cada día redistribuyera esas dotaciones de manera de alcanzar óptimos de Pareto distintos por un mecanismo de precios, vería que cada día el vector de precios de equilibrio resultante sería distinto. Es decir, los precios de equilibrio, que para Nicolás parecen ser una especie de absoluto inmaculado, dependen de las dotaciones iniciales y un “cálculo de bienestar” (repito, en este caso lo que importa comparar para los fundadores del orden institucional que deliberan bajo un velo de ignorancia es el bienestar, o, más precisamente, el modo de agregar preferencias dispares, donde la eficiencia se descuenta por el mecanismo utilizado) que dependa de esos precios no será constante sino variable.
    Pero nuestro concepto de bienestar, o mejor dicho, el concepto de bienestar que acuerden esos constituyentes no va a mostrar esa variabilidad porque no depende de ningún precio. En términos de micro nuestro concepto bienestar sería la función W(x_1,…,x_n) que depende de los bundles que consume cada uno de los n agentes, y que claramente no depende de ningún precio.
    Por supuesto, a efectos prácticos estas funciones no son medibles, y por eso los cálculos de bienestar de papers empíricos recurren a índices que de un modo u otro sí terminan dependiendo de los precios vigentes. Pero conceptualmente es importante separar ambas cosas.

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  21. Un detalle. Nicolás dice “Creo que coincidiríamos que el “derecho a la propiedad privada” está por encima, o es más privilegiado, que el “derecho a ver fútbol subsidiado por terceros.””. No debería ser necesario aclarar que el dilema no se plantea en esos términos. Si hablamos del caso específico de “ver fútbol subsidiado” no deberíamos medirlo contra el “derecho de propiedad” en general, sino contra la obligación de pagar $3 (o lo que fuere) por contribuyente. Me parece evidente que el derecho de no pagar 3 pesos no está igualmente protegido por el “derecho de propiedad” que el derecho de no ser invadido en la propia vivienda. Sólo se puede creer algo así si se adopta una concepción “absoluta” del derecho de propiedad, según el cual o es intocable o no existe (esta es la concepción libertaria con la que, como debe haber quedado claro, discrepo).

    Creo que, puesto a hacer comparaciones normativas en abstracto, uno debería sopesar el “derecho de propiedad” contra la maximización de la utilidad agregada, que son los principios que están en juego. Mi postura es que no hay solución general a este dilema: creo que en algunos casos podemos preferir privilegiar el derecho de propiedad (si consideramos, por ejemplo, que se trata de circunstancias en las que la propiedad es esencial) y en otros podemos inclinarnos por la satisfacción de preferencias (si creemos que el derecho de propiedad se vulnera sólo mínimamente y que los beneficios ganados por vulnerarlo son considerables). Lucas Llach cree que el Fútbol para Todos se enmarca en este último caso: considera que 3 pesos no hacen mella en la propiedad de ningún contribuyente y que los beneficios del fútbol gratis superan ampliamente sus costos. Entiendo que los supuestos normativos de su argumento, si bien no son explícitos, son perfectamente claros.

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    • Ok. Creo que estamos bastante de acuerdo. Estoy de acuerdo, no es lo mismo 3ARS per cápita que el derecho a que no me invadan la propiedad. Quizás el ejemplo de Fútbol Para Todos resultó confuso para el argumento general del post.

      Mi post hacía más referencia a lo que a veces parecer ser una postura general que si se gana en eficiencia, entonces, por decirlo de alguna manera, hay que ir para adelante. Tampoco digo que esta sea la postura de Llach o Stordeur, simplemente su intercambio por Twitter me hizo acordar de este problema y me pareció que podía ser un buen ejemplo.

      También me inclino a entender esto: “creo que en algunos casos podemos preferir privilegiar el derecho de propiedad (si consideramos, por ejemplo, que se trata de circunstancias en las que la propiedad es esencial) y en otros podemos inclinarnos por la satisfacción de preferencias (si creemos que el derecho de propiedad se vulnera sólo mínimamente y que los beneficios ganados por vulnerarlo son considerables).” Los derechos de propiedad no son absolutos, y los límites a estos derechos son inevitables y necesarios.

      Creo que una forma de pensarlo es la siguiente. ¿Tiene un fan de fútbol derecho a extraer de mi bolsillo 3ARS por mes para ver Fútbol Para Todos, dado que a él le encanta pero, como yo no soy tan futbolero, no estoy dispuesto a pagar ese precio? Si un fan de fútbol no tiene ese derecho, ¿de dónde saca el estado ese derecho? Es decir, el fan de fútbol no puede trasladar el estado un derecho que no tiene.

      Pero estoy de acuerdo que otros casos son más grises, como seguridad y salud pública por dar dos ejemplos y este es un tema bastante complejo y con muchos matices.

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  22. Julio, y Santiago, gracias por los comentarios.

    A ver si puedo ser un poco más claro.

    La literatura clásica ni empieza ni termina en Rawls ni en los “liberales libertarios” (sea lo que sea que esto signifique, honestamente no lo tengo del todo claro y personalmente sigo pensarno en términos de liberales clásicos o anarco-capitalista, etc.). Si la etiqueta básica resulta inapropiada se puede buscar cualquier otra. Por básica me refiero a que son normas que forman la base de un sistema, no es lo mismo un “derecho de propiedad” que un “contrato” que implica creación de derechos y la ya existencia de derechos de propiedad sobre lo que las partes acuerdan el contrato. Simplemente los estoy diferenciando… llamemoslos derechos tipo A y tipo B si así resulta menos confuso. Indistintamente de mi postura, que se muy bien no es la única, el post llama la atención sobre el problema normativo cuando hay terceros involucrados.

    Perdón, pero sigo sin entender a que se refieren con la confusión entre eficiencia y bienestar. Seguro, dar el 100% de recursos a un solo individuo es Pareto superior y no necesitamos precios para saberlo. Pero no veo la relación con el problema planteado.

    Distinto es el caso cuando se quiere comparar la eficiencia de dos situaciones distintas: 1) Sí al proyecto X, 2) No al proyecto X. Para ello sí se necesitan precios (indistintamente de la distribución). Sino, ¿cómo saber si hacer o no el proyecto es más eficiente? ¿Cómo comparar la eficiencia de dos proyectos sin precios? Puedo saber que dar 100% a 1 es Pareto superior como cualquier otro tipo de distribución, pero para calcular la eficiencia necesitamos saber porque precios pasa, por ejemplo, la curva de demanda. La curva de demanda implica una secuencia de precios por cantidades.

    El punto del post, repito, es dado un proyecto que promete disminuir ineficiencias que requiere hacer transferencias de recursos, derechos de propiedad, etc., es decir, hay terceros involucrados. Bajo qué “derecho”, “etica”, o como lo querramos llamar, se soporta el afectar a terceros. A ver si el siguiente ejemplo ayuda a aclarar.

    Dos personas conviven en un departamento. Uno de ellos desea pagar la subscripción de fútbol por TV, el otro no. Se ponen de acuerdo y ambos pagan la subcripción y el que desea ver fútbol por TV compensa de alguna manera a su roommate. Este es un acuerdo entre partes, hay un “contrato” de por medio. Distinto es el caso si viven en departamentos separados. Para hacerla fácil, supongamos que son solo dos inquilinos. ¿Tiene el fan de fútbol el derecho a que el administrador de consorcio retenga recursos extras vía expensas de su vecinos para financiar el fútbol por TV dado que su excedente del consumidor es superior a lo que su vecino pierde? ¿O acaso diríamos que no posee esa prerrogativa, por más fanático que sea, y que debe acordarlo con su vecino? Creo que es más simple que cajas de Edgeworth con vectores de precios y teoremas del bienestar.

    En cuanto a que “los precios de equilibrio, que para Nicolás parecen ser una especie de absoluto inmaculado” es una gratuidad que no entiendo a que se debe. Si hay algo que creo suele viciar el análisis económico es justamente pensar en precios de equilibrio. No concibo entender el proceso de mercado en base a precios de equilibrio, sino, justamente, a desequilibrios.

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  23. Añado otra aclaración por las dudas. En el post Nicolás llama W a una función que suma los precios que los consumidores están dispuestos a pagar y llama a esos precios la “utilidad”. Esto es, desde la microeconomía clásica, un error. La W de bienestar es, como puse arriba, función de lo que consume cada individuo. Desde el punto de vista normativo que consideramos, este error introduce un sesgo poco inocente: los precios que los individuos están dispuestos a pagar, a diferencia de su utilidad, depende de su nivel de ingreso y la fórmula de esa W introduce sin explicitarlo una distribución dada del ingreso (la actual) en la consideración del “bienestar general”. Toda las discusiones normativas sobre teoría de la justicia distributiva tienen a la igualdad como un factor de disputa central, con lo cual tomar como dado un “cálculo de bienestar” como el que introduce Nicolás está precisamente salteándose el meollo de la cuestión.

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    • Nop… llamo a W la suma de las utilidades marginales o willingness-to-pay. Los valores de 10 a 1 no son precios, son el precio máximo que se está dispuesto a pagar. De hecho, el “precio” es tres vía impuesto de, por ejemplo, 3ARS en el ejemplo de FPV. Justamente depende de la cantidad consumira, no del precio pagado. Como es cantidad consumida de más de un individuo la llamo W en lugar de U.

      Pero así y todo esto no hace al tema del post. Podemos cambiar la W por cualquier otra función siempre y cuando se mantenga el problema planteado. Lo mismo con el hecho que los precios que se estén dispuesto a pagar depende del ingreso… pero este tema tampoco hace el tema del post.

      El tema es, ¿puede un fan de fútbol obligar a terceros (vía estado) a pagar el fútbol para todos (u otro proyecto) argumentando eficiencia económica? Dudo que este sea un buen argumento.

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  24. Con liberal libertario me refiero a lo que en inglés se llama “libertarian” (sea anarcocapitalista, sea minarquistas).
    Cito:
    “Distinto es el caso cuando se quiere comparar la eficiencia de dos situaciones distintas: 1) Sí al proyecto X, 2) No al proyecto X. Para ello sí se necesitan precios (indistintamente de la distribución). Sino, ¿cómo saber si hacer o no el proyecto es más eficiente? ¿Cómo comparar la eficiencia de dos proyectos sin precios? Puedo saber que dar 100% a 1 es Pareto superior como cualquier otro tipo de distribución, pero para calcular la eficiencia necesitamos saber porque precios pasa, por ejemplo, la curva de demanda. La curva de demanda implica una secuencia de precios por cantidades.”
    Creo que acá está el núcleo central de tu uso confuso de la palabra “eficiencia”. Está claro que no usás eficiente en el sentido de “Pareto eficiente” (usás “Pareto superior” para esto último), y pareciera que para vos “eficiente” quiere decir “que hace la misma distribución que haría un equilibrio general de mercado”. Pero está claro que en ese caso “eficiente” significaría algo muy distinto de “maximizador del bienestar”, al menos según se entiende esto en cualquier manual (sea un Varian o un Mas Collel) y en toda la literatura microeconómica. Y si “eficiente” significa “que hace la misma distribución que haría un equilibrio general de mercado” deja de ser el norte u objetivo común de nuestras consideraciones normativas, que pueden terminar decidiendo que la noción común de bienestar se maximiza bajo otro tipo de asignación.
    Yo hasta ahora no opiné sobre el caso del FPT, y de momento no tengo ningún argumento a favor. Pero de tu manera de considerar los casos de los inquilinos parecía seguirse que nunca es justo realizar una transferencia involuntaria, y eso creo que atenta contra principios de justicia distributiva que creo bastante fácil consensuar (ya sé que ahora concediste que el derecho de propiedad no es absoluto, pero sigue sin quedar claro cuán absoluto o relativo creés que es y por qué). En este caso, si estamos de acuerdo en hacer transferencias involuntarias para igualar oportunidades, para garantizar bienes de mérito considerados “elementales” (salud, etc.) podríamos estar de acuerdo en hacer esta transferencia si la población de espectadores de fútbol fuese una población con un bienestar general inferior al resto, perjudicada o marginada en algún sentido. No veo nada por el estilo y por eso no argumento a favor del FPT. Sí en contra de la precedencia normativa del derecho de propiedad.

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    • Claro que me refiero a Pareto superior, justamente sobre eso es el ejemplo del post! No pensé que haría falta aclararlo a alguien que me da tantas clases gratis de micro (no pocos hemos sufrido exitosamente a Mas-Collel y compañía).

      Y no… por eficiente no quiero decir “que hace la misma distribución que haría un equilibrio general de mercado.” Si lees con cuidado vas a ver que es una mera simplificación (de hecho, dudo que el resultado sea el mismo, pero quería evitar este problema), como habrías visto que W no es suma de precios, sino de utilidades marginales.

      Otro ejemplo, al estilo Coase, quizás sirva. Si hay costos de transacción, y una distribución de derechos de propiedad distinta fuese más eficiente (podes cambiar por otro término más claro), ¿es lícito reasignar derechos de propiedad usando el cálculo de eficiencia como argumento? Este es todo el punto del post.

      Bueno, entiendo que parezca que ahora concedo que los derechos de propiedad no son absolutos. Nunca pensé que fuese el caso y, veo que erróneamente, no me pareció necesario entrar en ese punto en este post. No diría que del ejemplo del inquilino se sigue que los derechos son absolutos, el ejemplo hace referencia a fútbol por TV, no a otros temas como “no hacer ruidos molestos a altas horas de la noche.” Solamente lo he insinuado implícitamente al hablar de transferencias de derechos al estado. El post venía a cuento de políticas públicas tipo FPV. Pero en algún comentario inicial de este post ya he mencionado casos distintos como seguridad publica, etc.

      En cuanto a la precedencia de derechos de propiedad, me refiero al sistema de derechos de propiedad y de mercado, no a contratos puntuales ni a una visualización absoluta de los derechos de propiedad. Cuáles son los límites de esos derechos de propiedad es uno de los temas centrales que compete a la justicia y la jurisprudencia. ¿Cómo se definen y delimitan estos derechos? Por eficiencia económica, usos y costumbres, etc. Me inclino más por usos y costumbres que eficiencia. Pero, como ya mencione en algún comentario, si bien las normas son generales, los casos son puntuales.

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  25. Ok, la W no pretendía ser bienestar, sino willingness to pay, pero la willingness to pay depende del nivel de ingresos como input del problema del max U. Sin ingresos no hay w. Lo que yo siento es que la formulación que varias veces hacés de estas cuestiones esconde el problema distributivo (aunque en el caso particular del FPT no haya tal problema y por lo tanto mi observación sea, lo concedo, irrelevante a los efectos del caso que trata el post).

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  26. Pero Nicolás, ¿de dónde sale ese concepto de “precio máximo dispuesto a pagar”? En optimización, las utilidades marginales no son iguales a los precios, sino a los precios por un multiplicador de Lagrange que se interpreta como la “utilidad marginal del dinero” (y que obviamente depende del nivel de riqueza w, ya sea monetaria o en términos de dotaciones fijas). Este hecho de la teoría del consumidor es distinto del resultado de teoría de la firma donde el precio del factor es igual al valor del producto marginal (y no puede ser de otro modo, dado que en el caso del consumidor, a diferencia del de la firma, no hay igualdad de magnitudes entre utilidades y precios, aunque los economistas no tienen la costumbre de los físicos de reparar en esa cuestión). Lo que sí se iguala son los ratios de utilidades marginales (las MRS) y los ratios de precios.
    El punto de que estés cometiendo ese error técnico al querer medir eficiencia no me parece menor para la discusión normativa porque justamente es un error funcional a tu afirmación de que los precios son necesarios para un cálculo de bienestar o de Pareto eficiencia. Y si te parece que estoy sobretecnificando la cuestión (puede ser) podemos traducir mi crítica a un nivel intuitivo mucho más sencillo con la siguiente pregunta: ¿a vos te parece que una persona, cualquiera sea esta, puede tener idea de un precio máximo dispuesto a pagar si no sabe su propio ingreso? Yo, por lo pronto, cambiaría mucho mi precio máximo dispuesto a pagar por algo según cuál sea mi nivel de ingresos (y cuáles sean los precios de los bienes que en general me gustaría consumir, por fuera del FPT).
    Sobre la cuestión de a qué llamás eficiencia, creo que tu ejemplo de Coase complica todavía más las cosas. ¿Cómo es que uno reasigna derechos para tener un outcome “más” eficiente? Justamente el teorema de Coase es que si los derechos están asignados con claridad (y no hay costos de transacción) el outcome es eficiente. Por supuesto, hay muchas asignaciones originales y ergo muchos outcomes eficientes posibles. Pero si queremos cambiar de una asignación en la que un individuo tiene derecho a contaminar con cancerígenos todo un lago a una en la que la comunidad de habitantes del pueblo cercano al lago tiene ese derecho (distribuido bajo algún mecanismo de decisión colectiva) no es porque la segunda sea (Pareto) más eficiente. Ambas asignaciones son eficientes (y la noción de Pareto eficiencia es binaria, no gradual: se es o no se es eficiente, no se puede ser “más” eficiente). Lo que sí diríamos es que la segunda es más ética, más justa o que se adecua más a nuestras nociones de bienestar general. En términos de micro, maximiza la W(x1…xn) de welfare (la que no depende de precios).

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  27. Bueno, ya no se que estamos discutiendo. A ver…

    ¿De donde sale el concepto de precio máximo dispuesto a pagar? Perdón, no se cómo decirlo, pero desde Menger, Walras y Jevons hasta la fecha pasando por cualquier manual moderno de intro a la micro (hasta te diría que de alguna manera ya se encuentra en Lectures on Jurisprudence).

    Seguro, estoy de acuerdo con lo que decís de un problema de optimización, pero ese no es el problema planteado en el post.

    Una vez más, estoy de acuerdo que no hacen falta precios para hablar de “eficiencia técnica”, pero si hacen falta precios para hablar de “eficiencia económica.” ¿Toda esta discusión se debe a esta aclaración? Creo que se caía de maduro dado el post que estoy hablando de lo segundo. Si esta terminología es confusa, perdón, pero es literal de manual.

    Por supuesto que me parece irreal afirmar que se puede saber el precio máximo a pagar sin saber el propio ingreso. Pero sigo sin ver que tiene que ver con el tema planteado en el post. Seguro, agregamos ingresos, se cambia lo que se haya que cambiar y luego modificamos los parámetros que hagan falta para volver a tener el mismo problema planteado en el post, que es justamente lo que quería comentar. Aquí no se está planteando una maximización de la utilidad del consumidor.

    Veo que el ejemplo de Coase agregó confusión. Pero, nuevamente, si lees con cuidado vas a ver que hablo de presencia de costos de transacción, no de ausencia de costos de transacción. El caso de ausencia de costos de transacción son 3 o 5 páginas de las 60 del paper de Coase, el restante es justamente bajo costos de transacción que puede evitar reasignación de recursos. Bajo la presencia de costos de transacción sí puede haber lugar a reasignación de derechos.

    Seguro, dos asignaciones, A y B, no son más ni menos eficientes respecto a la otra desde el punto de vista técnico, pero sí pueden serlo desde el punto de vista económico. Es como una FPP. Cualquier punto de la FPP es eficiente desde el punto de vista técnico, pero dado un vector de precios sólo uno es eficiente en sentido económico.

    Pero parece ser que al final de cuentas estás diciendo lo mismo, o algo muy parecido, a mi post cuando traes el ejemplo del lago. ¿Cuando hablas de consideraciones éticas, no es eso, justamente, el punto que estoy comentando en el post?

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