Se dirá que parte del gasto se ajustó con la quita de subsidios a los servicios públicos, pero el fallo de la Corte Suprema a favor de los jubilados y los pensionados que el oficialismo convalidó compensó la baja en el gasto con una fuerte suba que no deja clara la reducción del gasto público en términos reales.

Existen dos hipótesis en torno a la falta de ajuste. Los primeros aseveran que el gobierno no es ortodoxo ni liberal, sino una expresión más del Estado de bienestar europeo. No es que se gasta mucho, sino que se gasta mal. Se argumenta que si terminamos con la corrupción y las ineficiencias, logramos el objetivo, que es un Estado eficiente. De hecho, durante los ocho años de gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, jamás se observó una baja en el gasto. Por el contrario, se incrementaron fuertemente las tasas tributarias para lograr una mayor recaudación y con ello ofrecer mejores servicios públicos. Si este es el caso, el macrismo no está convencido de bajar el gasto y, por el contrario, planea, siguiendo la lógica keynesiana, impulsar la recuperación de la actividad económica vía obra pública, de tal forma que mejore la recaudación y sólo entonces se reduzca el déficit.

La segunda hipótesis es que el gobierno sí es consciente del Estado elefante, pero no puede avanzar en un ajuste por falta de consenso político y social. Se argumenta que el gobierno apenas cuenta con 4 de las 24 gobernaciones, un tercio de los diputados y un quinto de los senadores. Cualquier intento de ajuste se vería frustrado y obligarían al oficialismo a retroceder rápidamente, con el costo político que esto implica. Según esta hipótesis, el gobierno necesita un rotundo éxito en las próximas elecciones que le dé respaldo a su intención de cambio, lo que implica un avance profundo a partir de noviembre tanto en bajar el gasto público como en recortar la presión tributaria y terminar con la inflación.

Por el momento, viendo los 8 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires y los casi 2 años que lleva el macrismo en la gestión del gobierno nacional, parece que no pueden avanzar en el ajuste, pero tampoco quieren. De mayo 2016 a mayo de 2017 el déficit acumulado aumentó un 42 por ciento. El gasto corriente subió 50 por ciento. Si esta tendencia continúa, el debate entre gradualismo o shock es sólo una distracción, porque el cambio no llegará, ni rápido ni lento y tan sólo estamos ante un kirchnerismo de buenos modales.

Si hubiera voluntad de cambio, el macrismo hubiera aprovechado los primeros cien días de gobierno por lo menos para no renovar los contratos temporarios, antes de que miles de trabajadores del sector público pasen a planta permanente. Hoy estos empleados públicos están legitimados, y retroceder en la contratación de los casi dos millones de empleados públicos durante el kirchnerismo es una tarea imposible.

Más allá de las creativas propuestas que se presentan desde varias instituciones para reducir dependencias del Estado o proponer jubilaciones tempranas, la opción del oficialismo parece ser reducir el tamaño del Estado congelando el personal del sector público y mantener constante el gasto público en términos reales, mientras se ruega por un retorno del crecimiento económico, para que el tamaño del Estado gradualmente decrezca en relación con el PIB. La tarea es compleja porque el crecimiento económico depende de la inversión, y nadie quiere invertir en un país con la más alta presión tributaria de la región, además de problemas inflacionarios y de deuda, y el riesgo retorno del kirchnerismo latente.

La falta de convicción del macrismo deja una Argentina que crecerá poco durante los tres años de macrismo (2017-2019), y que esperará por una nueva elección presidencial que acompañe un cambio más profundo de ahí en adelante. Algunos miembros del gabinete explican que se están gestando las bases para un crecimiento de diez años, pero lo cierto es que la falta de cambio y de resultados pone en riesgo todo el programa político y económico de Cambiemos para disponer de ese tiempo.