El Constitucionalismo Popular

Marcelo Koering, Director de la Escuela Nacional de Gobierno, propuso hace unos días en El Cronista (20/06/12) la creación de un movimiento por una nueva constitución emancipadora. Entiende que el marco jurídico actual está basado en los lineamientos del consenso de Washington y que el modelo iniciado en 2003 requiere de una nueva constitución. Para ser más precisos, a su entender “cada proyecto nacional requiere de un régimen constitucional que lo exprese, que consolide los derechos conquistados y a la vez proyecte el país en que quiere vivir.”

El constitucionalismo popular que hoy se plantea, desde agrupaciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales, es un paso más para hacer la ley en beneficio propio. Se busca ajustar o amoldar la reforma constitucional a las prácticas del actual gobierno en el modelo económico vigente. De lo que se trata realmente, es de legitimar aquello que hoy es inconstitucional: la expropiación de las pensiones, la nacionalización de YPF bajo un procedimiento inadecuado, la prohibición de comprar divisas en el mercado y de ahorrar o gastar los ingresos ganados en base al esfuerzo propio en lo que uno desee, una posible nueva reelección, entre tantas otras.

En definitiva, el constitucionalismo popular, termina contraponiéndose a muchos de los avances de las ciencias políticas, o incluso a lo que hoy se conoce como el análisis económico de la política o “Public Choice”, aniquilando el sentido de que las naciones cuenten con una constitución.

Tomando una selección de textos fundamentales de las ciencias políticas, podemos recordar que Thomas Hobbes justificaba en 1651 la existencia del estado explicando que en su ausencia prevalece el “estado de naturaleza” o de guerra de “todos contra todos”, ahuyentando los incentivos para la creación de una industria, “ya que su futuro es incierto”. En tal estado, la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”.

John Locke, en sus ensayos sobre el gobierno civil de 1690, compartía con Hobbes la necesidad de abandonar tal estado de naturaleza, sin embargo, entendió que éste justificaba las monarquías absolutas, carentes de cualquier límite al poder. Locke entendía que “los hombres se unen en comunidades políticas y se ponen bajo el gobierno de ellas para preservar su propiedad”, pero deben crear una ley conocida, fija, promulgada, recibida y autorizada por común consentimiento para resolver controversias. Locke, incluso advertía la necesidad de que el gobierno se rija por normas del legislativo y no por decreto, dictados repentinos y resoluciones arbitrarias.

Montesquieu continuó la tradición de “controlar al Leviatán”, mediante la división de poderes. En sus escritos sobre el espíritu de las leyes de 1748 explicaba que “todo hombre investido de autoridad abusa de ella”, y agregaba que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad.” Montesquieu también comprendió la necesidad de la democracia, e insistió que “todos los ciudadanos de los distintos distritos deben tener derecho a la emisión de voto para elegir su diputado.”

Hamilton, Madison y Jay agregaron en “El Federalista” de 1787 y 1788 la necesidad de una constitución, respetando además cierto federalismo. La constitución federal no abolía a los gobiernos de los estados provinciales, sino que los convertía en parte constituyente de la soberanía nacional, manteniendo autonomía y permitiéndoles estar representados directamente en el Senado. “Los poderes delegados al gobierno federal por la constitución propuesta son pocos y definidos”, lo que implicó un chaleco de fuerza para el abuso del poder.

La división de poderes, la democracia, el federalismo, planteados en una constitución permitió que las industrias de muchas naciones florecieran, mientras el poder se encontró limitado. Juan Bautista Alberdi fue quien tomó precisamente esta tradición de controlar el abuso del poder absoluto y plasmó el resultado de dichos debates en sus Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina de 1852, lo que un año más tarde dio origen a la Constitución Nacional original de 1853. Sobre dichas bases se fomentó la inmigración y surgió el modelo agro-exportador que enriqueció al país por varias décadas.

El poder, sin embargo, buscó romper con las cadenas del liberalismo clásico, y muy pronto comenzaron las reformas constitucionales. Ya en 1850 Frédéric Bastiat escribió un corto ensayo titulado “La Ley”, donde explicaba que ésta no siempre es legítima. La Ley muchas veces puede desviarse de su misión verdadera, es decir, en lugar de garantizar los derechos de propiedad, violarlos. En tal caso, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse de la expoliación, sea para organizarla en provecho propio.

La Argentina no fue la excepción, y desde entonces cada gobierno elegido por el pueblo se sintió legitimado para hacer sus propias normas, o simplemente ignorar las existentes. A las reformas constitucionales de 1860 (que permitió la incorporación de Buenos Aires a la unidad nacional), le siguieron otras en 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La democracia, la división de poderes, el federalismo, plasmados en la constitución, recibieron cierta atención y cumplimiento hasta la década de 1930, pero desde entonces han sido letra muerta.

Fuente: Fundacion Libertad y Progreso

4 pensamientos en “El Constitucionalismo Popular

  1. Estimado Adrian:

    Con esta gente no caben los argumentos.Su ideario se resume en una sola idea: ¨Vamos por todo!¨

    En estos terminos esto no tiene remedio.

    Saludos}ramon c

    Me gusta

  2. No me gustan mucho las simplificaciones. El problema es más bien complejo. Si realmente queremos cambiar, necesitamos generar en la gente cierta conciencia acerca de las instituciones y en este caso, acerca de la constitución nacional. En países civilizados, una expropiación como aquella de los depósitos, o la más reciente de las pensiones, no es posible. Hasta que no haya conciencia sobre la importancia de proteger el Estado de Derecho, la Argentina no sabrá poner límites a la democracia.

    Me gusta

  3. Estoy de acuerdo con el post en lo fundamental, pero encuentro que la idea de la defensa de los derechos de propiedad como algo dado y de definición relativamente trivial (viz. al principio las tierras -recursos naturales en gral- eran libres y pertenecían naturalmente a quienes las ocuparan; en una fase posterior, ya apropiada la tierra, la propiedad se obtiene naturalmente sobre el producto del propio trabajo y/o del intercambio libre y voluntario de éste) es una quimera que permea algunas concepciones del Estado mínimo guiado por reglas fijas. Pudo ser una idea suficiente y motivadora para los primeros liberales, pero ya era limitada en la época de Bastiat. La definición de los derechos de propiedad es un problema complejo que se renueva cada día a partir de desarrollos técnicos y socioeconómicos inherentes al capitalismo. Existen externalidades, bienes públicos, costos de transacción que justifican diferentes “recortes” de la propiedad (el teorema de Coase excluye explícitamente estos costos entre sus premisas), etc. La resolución de estas cuestiones implica la redistribución de la riqueza y el ingreso mediante la redefinición de la propiedad. O sea, implica el conflicto político. Es entonces fundamental un marco institucional democrático en el que puedan resolverse estos conflictos sobre la base de una ciudadanía activa. Pero eso no quiere decir que los conflictos en este sentido no existan ni que el Estado deba encargarse de proteger el statu quo codificado en un conjunto de derechos de propiedad tallados en piedra (e insuficientemente precisos para dar cuenta de las renovadas complejidades del sistema económico). Esto último, la defensa del statu quo, puede (debe?) ser cierto del ejecutivo y del judicial, pero el poder legislativo tiene un papel innovador en la permanente redefinición de los derechos de propiedad al adecuarlos a cambios técnicos, sociales y económicos. Ejemplos sencillos: la reproducción digital de la información y las repercusiones ambientales de la producción. En lo personal, soy fundamentalmente conservador, pero no puedo dejar de notar las limitaciones de un paradigma de la defensa de los derechos de propiedad que deje de lado su permanente transformación (obviamente no hablo de las consabidas expropiaciones y oportunismo político). Por supuesto, no atribuyo esta intención (ni la contraria) al post.

    Me gusta

    • Muy buen comentario Carlos! Estoy de acuerdo en la necesidad de profundizar sobre el tema de los derechos de propiedad. En abril pasado justamente lo planteaba aquí [http://www.elcato.org/la-ausencia-del-tratamiento-de-los-derechos-de-propiedad-en-la-literatura-economica]

      Me gusta

Los comentarios están cerrados.