La necesidad de una nueva privatización del sistema de pensiones argentino

El sistema de previsión social “de reparto” que experimentó la Argentina desde la década de 1940 hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido, y siguen viviendo hoy, los jubilados y pensionados. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores actuales se destina a financiar las prestaciones de los jubilados actuales. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como “coactivo”, no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.


El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza “coactiva” del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compitieron en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que recibieron compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobrando comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y, lo más importante, no se les permitió gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, las AFJP han sido más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.
A grandes rasgos, el sistema de capitalización argentino iniciado en 1994 establecía que de cada $100 que una AFJP recibía de los trabajadores, un tercio era destinado a comisiones que estas “empresas” recibían por gestionar la inversión de los fondos; un tercio era cedido al gobierno a cambio de bonos del Gobierno Nacional, los que permitían financiar parcialmente el pago a los jubilados y pensionados; y un último tercio se invertía en forma diversificada para asegurar los ingresos que en el futuro reclamarían los trabajadores, una vez que alcancen una cantidad mínima de años de aporte.
En relación con este sistema, el gobierno de Néstor Kirchner heredó por un lado, una deuda pública bastante importante y creciente, considerando la necesidad de seguir vendiendo bonos a cambio del dinero que le permitiera financiar a los jubilados y pensionados de entonces. Por otro lado, las AFJP comenzaron a gestionar fondos crecientes, dada la acumulación del dinero de los trabajadores, más los intereses y beneficios que obtenían de sus colocaciones.
Fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, que el ejecutivo envió un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, reduciendo a través de la apertura y la competencia las comisiones cobradas por las AFJP, se decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.
En lugar de eliminar la “coacción” que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, al proyecto suprimió las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tuvo como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores debieron desde entonces contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales.
Cabe recordar que en 2007, se ofreció bajo una fuerte campaña del gobierno la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20 y un 30 por ciento aceptó el cambio (es decir, alrededor del 70 u 80 por ciento de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). La gran mayoría de los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocían sus consecuencias.
Estatizado el sistema de pensiones, las AFJP debieron recuperar el dinero invertido en forma diversificada y depositarlo en ANSES. El dinero dejó así de financiar inversiones para pasar a ser supervisado por el gobierno.
Entre 2009 y 2012 el gobierno ha financiado parte de sus erogaciones a través del dinero de la ANSES. Así, la institución que ahora gestiona el dinero de los trabajadores muestra en 2012 un balance que aun mantiene un activo que incluye el dinero recibido por las AFJP, pero cuando uno observa el detalle, la mayor parte del activo está compuesta por bonos del gobierno de dudosa liquidez.
La Argentina se encuentra nuevamente bajo un sistema de reparto, el mismo que fracasó en nuestro país, y también en tantos otros, por lo que se hace necesario y hasta urgente, abrir un nuevo debate acerca de la gestión que recibirán los fondos aportados por los trabajadores en el corto plazo.
¿Por qué sostengo que el sistema actual es deficiente? Muchos países, incluidas Argentina, España y Estados Unidos, tienen en la actualidad un sistema de pensiones de reparto con un alto riesgo de quiebra.
Creado en 1935 con las mejores intenciones, el sistema de reparto implicaba una proporción en la que 30 trabajadores financiaban a un jubilado. Ya en siglo XXI, los cambios demográficos –la tendencia generaliza hacia una caída en la tasa de natalidad y los avances médicos que alargan la vida de las personas– han modificado esta proporción. Hoy los especialistas sostienen que sólo tres trabajadores financian a un jubilado y la proporción será cada vez menor.
Claramente, en cualquier país donde este sistema de reparto esté vigente se ha quebrado ya cualquier relación entre lo que una persona aportó y lo que finalmente recibe. Aun cuando el sistema haya “funcionado” –con grandes problemas–, es previsible a través de una matemática elemental que poco a poco será más difícil mantenerlo.
En el Primer Mundo, países como Francia y Alemania han intentado resolver la cuestión extendiendo la cantidad de años de aporte para alcanzar el retiro, pero muchos especialistas sostienen que esto no es necesario. Más bien, conviene aprender del caso de Chile, que en 1980 decidió ofrecerle a su pueblo la posibilidad de elegir entre este sistema de pensiones de reparto administrado por el Estado y un sistema de capitalización individual gestionado por empresas privadas. El 95% de los chilenos eligieron el sistema privado.
¿Pero en qué consiste la reforma? Simplemente en que el dinero vaya a una cuenta privada de cada persona. De ser un impuesto se convierte en ahorros personales. Uno es propietario del capital y este capital crece a un interés compuesto (interés que genera interés) durante treinta o cuarenta años. Cuando uno se jubila no tendrá por qué preocuparse de si el Estado cuidó bien su dinero o en qué condiciones está “la caja” de la Seguridad Social para determinar qué pensión podrá percibir dependiendo de la “bondad” del gobernante de turno. En un sistema de capitalización el dinero está invertido y lo que se percibe a modo de pensión tiene una fuerte relación con lo que se fue aportando y con la rentabilidad que obtuvo la empresa privada elegida.
Más aún, si fallezco antes de percibir estos ingresos, puedo convertirlos en una herencia para mis hijos. También se pueden crear incentivos para favorecer el ahorro y así lograr o jubilaciones más tempranas o rentas de mayor cuantía.
En el caso de Chile, en casi treinta años los fondos de pensiones no perdieron un solo peso. No sólo eso, el sistema se constituyó bajo la previsión de que iba a lograr una rentabilidad anual del 4% y, sin embargo, desde sus comienzos las empresas privadas han cosechado una rentabilidad superior al 10%.
Casi treinta años después, uno puede observar los exitosos resultados del sistema privado. No sólo se ha conseguido duplicar las pensiones que reciben los jubilados, sino que el ahorro que surge como resultado del sistema privado de pensiones ha dado lugar a enormes inversiones que favorecen el crecimiento económico y reducen al mínimo la tasa de desempleo. La reforma chilena fue, en última instancia, la reforma fundamental que causó su milagro económico, hasta el punto de colocar hoy a este país en una situación diferenciada del resto de Latinoamérica, según numerosos indicadores.
Observando la crisis global actual uno podría temer que las empresas privadas pierdan el dinero invertido. Sin embargo, en los mercados de capitales se ha desarrollado una estrategia de diversificación de las inversiones que reduce enormemente su riesgo. En otras palabras, se ponen los huevos en distintas canastas impidiendo que una mala inversión acabe con el dinero de nuestras pensiones. Por otro lado, es cierto que los fondos en su conjunto se pueden ver sacudidos por una burbuja bursátil como la que hoy vivimos, pero aun así la experiencia muestra que las acciones, con el tiempo, recuperan su valor.
¿Qué rol le cabe asignar al Estado en las pensiones? Simplemente asegurarse de que el mercado sea transparente y de que haya una importante diversificación del riesgo.
Desde luego, este sistema tampoco refleja el ideal, ya que si bien ofrece libertad para elegir entre distintas administradoras privadas, no permite decidir si quiero consumir hoy todos mis ingresos o en cambio ahorrarlos. Además, la propiedad sobre los fondos de pensiones también es relativa, ya que uno no puede acceder a ellos en cualquier momento, sino cumplidos una serie de años convenidos.
Aun así, los expertos han señalado que esta propuesta, como second best, debe ser considerada.
¿Tomar este camino no implicaría volver a recorrer el camino iniciado en 1994? Parcialmente. La Argentina cometió dos grandes errores en relación con el caso chileno. En primer lugar, permitió que las AFJP cobren comisiones astronómicas en relación con las que se reciben en otros mercados. En segundo lugar, y esto es lo más importante, en Argentina no se trabajó correctamente en una transición que permitiera garantizar a los jubilados y pensionados de hoy una renta digna, que no obligue al gobierno a tomar una deuda exacerbada.
El desafío del siglo XXI, no sólo en la Argentina, es abandonar el sistema de pensiones de reparto y privatizarlo en el sentido chileno. Pero si un país quiere ser exitoso en esta tarea deberá estudiar el caso chileno, así como el argentino. Chile es un ejemplo de lo que se debe hacer. Argentina es un ejemplo de lo que no se debe hacer. De hecho, Argentina es el único país que ha regresado a un sistema de reparto después de haberlo abandonado.
Debemos ser conscientes de que el sistema de capitalización resolverá el problema de las futuras generaciones, puesto que el ahorro de la actual población activa se invertirá y rendirá sus frutos para dentro de dos, tres o cuatro décadas, dejando además una importante generación de empleo y un positivo efecto sobre la actividad económica. Sin embargo, también dejará un agujero fiscal que obligará al Gobierno que lleve adelante la reforma a endeudarse o a incrementar los recursos tributarios para financiar a los actuales pensionistas.
Y en este sentido Argentina puede ofrecerles una lección. Argentina “resolvió” el problema de la transición obligando a las administraciones de jubilaciones y pensiones a invertir un tercio del dinero recaudado en la compra de deuda pública. Las administradoras, por un lado, recibían así importantes ganancias fruto de adquirir los arriesgados títulos públicos. El Estado, por el otro, lograba resolver un problema de caja acuciante, y así financiar a los actuales pensionistas, con los cuantiosos recursos que recibía de las administradoras. Esto es lo que debemos conocer como el mito de las pensiones privadas del período 1994-2007.
Si el Gobierno de Cristina Kirchner decidió en la Argentina estatizar el sistema, fue por la necesidad de interrumpir un proceso de endeudamiento público que hacía inviable la política fiscal de su Gobierno.
Por mi parte, sostengo, ex post, que Argentina pudo tomar otro camino, corrigiendo el sistema de capitalización iniciado en 1994, en el sentido del caso chileno. Pero esto ya no es posible.
El debate será muy extenso, pues habrá que convencer a los dirigentes y a la sociedad de la conveniencia del caso chileno. Pero más vale empezar el diálogo que esperar una nueva quiebra del sistema de reparto. Es un debate necesario para evitar que muchos jubilados y pensionados del siglo XXI se conviertan en mendigos.