Me han pedido que les hable sobre las “consecuencias económicas del estado benefactor” pero yo preferiría eliminar del título la palabra “económicas” y referirme en cambio a las consecuencias generales, políticas y económicas, o quizás a lo que sería más apropiado denominar “la economía política del estado benefactor”.

Me gustaría comenzar con algunas definiciones básicas. Trazaré una clara diferenciación entre el “estado socialista” y el “estado transferidor”. En el primero de los casos, el estado a través de sus diversos organismos y dependencias provee en forma directa bienes y servicios, sean éstos bienes y servicios “públicos”, en un sentido claramente definido, o bienes privados, según la definición común. Es decir, el “estado socialista” es un productor directo; respeta la norma marxista de control de los medios de producción. Por el contrario, y al menos como tipo ideal, el “estado transferidor” no provee bienes y servicios en forma directa ni financia dichos bienes y servicios. El “estado transferidor” como tipo ideal de estado, simplemente toma fondos fiscales de algunos grupos e individuos que están dentro de su jurisdicción y los transfiere, en forma de pagos en efectivo, a otros individuos y grupos de la comunidad política.

A lo que me refiero cuando hablo del “estado benefactor” es a una forma de estado transferidor. Deberá distinguírsela con claridad de otra de las formas posibles de estado transferidor, a la que denominaré el “estado redistribuidor”, término tomado del libro The State (1985) de Jasay. El “estado redistribuidor” simplemente toma as recaudaciones provenientes del pago de impuestos de algunos grupos y ofrece pagos en efectivo a otros grupos, dependiendo del poder político relativo de las coaliciones cuando interactúan a través del proceso de decisión política. No es necesario que haya conexión entre la configuración neta de las transferencias que se producen y cualquier norma convenida que permita el desarrollo del bienestar general de los miembros de la comunidad. No es necesario que haya, en particular, ningún desplazamiento en la distribución final de los ingresos hacia los menos favorecidos. Podría suceder exactamente lo contrario. La configuración de las transferencias en el estado redistribuidor está determinada exclusivamente por la lucha entre intereses competitivos a través del proceso político, cualquiera que sea éste, y no necesariamente debe existir una conexión con la redistribución vertical como tal. George Stigler se ha referido al estado redistribuidor diciendo que opera de acuerdo con lo que él denomina la ley Director de la redistribución.

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