Muchos recordamos las oscuras imágenes del presidente Chávez, caminando por las calles de Venezuela, quien señalaba a su paso algunos edificios sentenciando: “¡exprópiese!”, mientras un coro de lacayos reía y aplaudía a su alrededor. Por supuesto que las decisiones de Chávez y luego de Maduro, torcían el sentido de la palabra “expropiación” para esconder verdaderas confiscaciones criminales.

El derecho de propiedad es fundamental para que los seres humanos puedan sobrevivir. Por muchos esfuerzos dialécticos que se hayan hecho en el último siglo, sólo las personas producen riqueza. Los Estados consumen o reparten riqueza previamente producida por individuos. A principios del siglo XX, Franz Oppenheimer distinguía entre medios económicos (basados en acuerdos voluntarios) y medios políticos (basados en el uso de la fuerza). El Estado es la organización de los medios políticos, y ningún Estado puede llegar a serlo hasta que los medios económicos hayan desarrollado un número suficiente de recursos para satisfacer sus necesidades (Oppenheimer, Franz, El Estado, 1908). El Estado por definición no es productor, es depredador, sólo puede prosperar si existen condiciones de depredación suficientes. Por eso, cuando depreda a mayor velocidad de lo que la gente produce, es inevitable desembocar en la miseria general.

El surgimiento de los estados modernos se produjo alrededor de constituciones que equilibraban el poder, estableciendo la protección de los derechos individuales básicos, que incluían el de propiedad. Después de todo, la justificación de la existencia de un gobierno es que sirva a las personas para coexistir pacíficamente, y no para convertirlos en sus sirvientes. Cuando se escucha en ceremonias oficiales hablar del “primer mandatario”, no debe olvidarse que el mandatario es quien realiza un trabajo encomendado por un “mandante”, que precisamente es la gente.

La Constitución argentina fue elaborada alrededor de ese principio. Establece un catálogo de derechos individuales –incluido el de propiedad-, que no pueden ser alterados por actos del gobierno. No sólo lo establece en el artículo 14 al disponer que las personas gozan del derecho a usar y disponer de su propiedad, trabajar y ejercer toda industria lícita o asociarse con fines útiles, sino que además consagra la inviolabilidad de la propiedad, prohíbe la confiscación y dispone requisitos estrictos para que proceda la expropiación (artículo 17).

Pero a medida que el avance del Estado sobre los derechos de propiedad se fue naturalizando y aceptando, Argentina abandonó su ubicación entre las naciones más prósperas del mundo, para ubicarse en el lamentable lugar que hoy ocupa. Es que la magia es sólo ilusión. No se pueden destruir las causas de la creación de riqueza y al mismo tiempo pretender prosperidad.

En la época de la Argentina próspera, el derecho de propiedad fue fuertemente protegido. En el caso de la Municipalidad de Buenos Aires contra Elortondo (1888), la Corte le dijo a la ciudad que no podía expropiar más terreno que el estrictamente necesario para construir la Avenida de Mayo, con la excusa de que luego vendería el sobrante a mayor valor para financiar la obra. No se admitía alterar la propiedad privada por motivos de conveniencia o de política económica. Lo reiteró en 1903 en el fallo “Hileret”, esta vez con la intervención del Juez Bermejo y citando a Alberdi.

Fue una época de esplendor. En 1896 Argentina fue el país con mayor ingreso per cápita del mundo, figuró durante mucho tiempo entre los diez países con economía más sólida, y estuvo preparada para albergar a millones de personas que desde todos los rincones del planeta llegaban en condiciones de extrema pobreza, y podían prosperar en poco tiempo. A principios del siglo XX, los dos faros de esperanza para quienes huían del hambre y el autoritarismo eran Estados Unidos y Argentina.

Pero distintas variantes de estatismo llevaron a que poco a poco se justificara la intervención estatal en todos los aspectos de la vida, lo que llevó a sufrir crisis tan graves como innecesarias desde mediados del siglo XX hasta ahora. El común denominador de esas crisis fue la restricción a la propiedad y la pretensión de que el Estado debe dirigir la economía y la producción.

En un trabajo reciente con la jurista venezolana Andrea Rondón García (La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. El caso Venezuela, Unión Editorial, 2019), explicamos cómo ataques estatales generalizados a la propiedad terminan generando una situación de violación sistemática de derechos, empobrecimiento, éxodo masivo, enfermedades y muerte, que son asimilables a otras formas de crimen de lesa humanidad, en los términos del Estatuto de Roma. Mostramos a Venezuela como un caso claro de esto.

Formas de alteración de la propiedad, que analizadas aisladamente no parecen tan graves, unidas convierten al país en un infierno y a su gobierno en una dictadura. Entre ellas se puede mencionar: el apoderamiento directo o confiscación de bienes; las restricciones legales o reglamentarias al ejercicio de derechos de propiedad y al comercio; el aumento sostenido del aparato burocrático que genera entorpecimiento del ejercicio de derechos y un costo sobredimensionado que deben pagar los contribuyentes; la asunción directa de actividades comerciales o productivas a través de las llamadas “empresas estatales” y otros mecanismos; restricciones al comercio internacional, ingreso y egreso de divisas, bienes o personas; el incremento de los impuestos para sostener el excesivo gasto público; el manejo arbitrario de la moneda recurriendo a la inflación como modo de exacción estatal; y en casos extremos, como forma de cerrar el círculo, la prohibición del ingreso de ayuda humanitaria desde el exterior para paliar las consecuencias en hambre y enfermedades, producidas por la anulación del derecho de propiedad.

Se puede analizar cada una de estas medidas aisladamente, y quienes las defienden intentarán justificarse diciendo que en el fondo no son tan graves. Pero la visión de conjunto de todas estas formas de violación a la propiedad, terminan explicando por qué, países como Venezuela, y también Argentina, parecen estar condenados a la miseria.

Entiendo que en ese marco deben examinarse acciones irregulares del gobierno; no como un hecho aislado, sino como parte de un proceso que indefectiblemente lleva al empobrecimiento y el autoritarismo. Se naturalizan noticias como el incremento exponencial de la base monetaria (inflación), que se reflejará en los precios una vez que la gente abandone su encierro; se admiten todas las formas de corralitos, controles de precios y cambios, o que el gobierno simplemente comience a evaluar a quién le va a cobrar nuevos impuestos para cubrir sus mayores gastos. Cada nuevo golpe va anestesiando la resistencia de quien, al final, será el encargado de pagar las consecuencias: el individuo productor.

La decisión del Presidente Fernández, a través de un DNU, de intervenir en un expediente comercial en el que tramita un concurso para designar un administrador con facultades amplias y sin límite temporal en la empresa Vicentin, supone una forma de confiscación. Ello es así porque ha tomado el derecho de propiedad de una empresa sin someterse a los procesos constitucionales y legales debidamente justificados que permiten hacerlo (lo que difícilmente sería posible justificar en este caso). Es que el derecho de propiedad no es sólo el pedazo de papel que se inscribe en un registro. Derecho de propiedad es también la facultad concreta de ejercer actos de administración y disposición sobre los bienes; y el Estado acaba de apoderarse de ese derecho, sin justificación constitucional, por su sola decisión discrecional.

Lo que resulta particularmente sugestivo en esto, es que el Presidente Fernández utilizó la expresión “soberanía alimentaria”, para justificar su decisión. La misma expresión utilizada por Chávez y Maduro quienes, tras dos décadas de autoritarismo, han sumido a Venezuela en la muerte, el hambre y la miseria.

En los próximos días estaremos sometidos a extensos debates donde de uno y otro lado se intentará justificar, tanto la medida como su ilegalidad. Pero es importante que el árbol no impida ver el bosque. Se trata de un paso más –aunque muy audaz y grave-, en el camino que sin pausa se sigue hacia la anulación de los derechos de propiedad, esto es, hacia la estatización y el autoritarismo.

Publicado en Infobae, 10 de junio de 2020.