Derechos de propiedad, teorema de Coase y la informalidad

Articulo que saldrá en la revista académica de la Facultad de Derecho de la UBA:

http://works.bepress.com/martin_krause/47/

Va el abstract:

Los economistas austríacos han tenido una visión ambivalente sobre las contribuciones fundacionales de Ronald Coase al Análisis Económico del Derecho moderno, particularmente en lo que luego fuera llamado “Teorema de Coase” (Coase, 1960), y una visión mucho más crítica sobre la subsiguiente visión de la ley basada en la “eficiencia”. Por un lado destacan su crítica a la teorización basada en el equilibrio general, la necesidad de considerar los marcos institucionales cuando los costos de transacción son suficientemente altos como para impedir las negociaciones bilaterales y su rechazo a las propuestas políticas de Pigou de subsidios e impuestos para resolver problemas de externalidades positivas y negativas (Boettke, 1997). Pero una segunda interpretación, que puede no excluir a la primera, rechaza la idea de la “naturaleza recíproca del daño” y, más que nada, su propuesta que ante la presencia de costos de transacción “lo que debe decidirse es si las ganancias de prevenir el daño son mayores que la pérdida que se sufriría como resultado de frenar la acción que produce el daño” (Coase, 1960, p. 27) , con el correspondiente consejo a los jueces, probablemente proveniente más de los seguidores de Coase que de él mismo, de asignar derecho siguiendo un análisis de costos y beneficios de forma tal de maximizar el resultado agregado positivo. La naturaleza subjetiva del valor y la imposibilidad de realizar comparaciones interpersonales de utilidad tornarían inútil dicho intento, si no peligroso. Este artículo no se plantea el objetivo de resolver el debate entre eficiencia y derechos naturales sino que adopta un enfoque positivo. Buscará solamente traer a consideración un caso de estudio sobre derechos de propiedad y la solución de problemas de externalidades en un entorno donde el sistema formal de administración de justicia y la solución de disputas no está presente, como en los barrios informales o pueblos que se encuentran en la mayoría de países pobres o no desarrollados. La cuestión positiva, sin embargo, es: ¿qué es lo que hacen en verdad los jueces? Para ello se tomará como caso de referencia la asignación de derecho y la resolución de disputas en los barrios informales, villas o favelas, donde la justicia formal no está presente.

9 comentarios en “Derechos de propiedad, teorema de Coase y la informalidad

  1. Yo escuché, Martín, la presentación que hiciste sobre este tema en el congreso de EA el año pasado en Rosario, y lo que a mí no me termina de cerrar es en qué medida es consistente el ejercicio de la propiedad en tanto no haya un sistema jurídico formal (que incluya el uso de la fuerza si fuera necesario) que lo respalde. De hecho, recuerdo que en esa misma presentación hubo un pasaje donde expresaste que en determinadas circunstancias no había modo en que los habitantes de las villas defendieran la propiedad ante los abusos de grupos que no estaban dispuestos a someterse a reglas. La justicia formal -con todas sus limitaciones, que son propias de toda realización humana- tiene como fin, precisamente, respaldar los derechos individuales e impedir los abusos, contando con el monopolio de la fuerza para garantizar la vigencia efectiva de tales principios. Podemos discutir mucho sobre como mejorar la eficiencia del sistema. Pero me parece utópico suponer que pudiera ser efectivo un sistema que sustente el ejercicio de la propiedad por fuera de algún mecanismo de justicia formal…

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  2. Felicitaciones Martín por esta nueva publicación! Se que este trabajo no es una publicación aislada, sino que es una preocupación que mantenés desde hace años como un programa de investigación que ya es muy maduro.

    Concretamente, quería consultarte por el caso de la Villa 31 ubicada en Retiro. Recién re-leí tu artículos sobre su privatización [http://www.lanacion.com.ar/1156361-se-puede-privatizar-la-villa-31] que en 2009 publicaste en La Nación, y todavía no comprendo por qué no se procede en este sentido. Entiendo que en la Villa 31 hay censos muy claros respecto de la cantidad de personas que residen allí, y los nombres y apellidos de quienes tienen tenencia de una propiedad, e incluso -de manera informal- se ha creado cierto orden.

    ¿Qué argumentos ofrece el gobierno para detener esta «privatización de la villa 31»? Imagino que incluso podría desarrollarse una política similar en las fabelas de Brasil, y en asentamientos de muchas personas en las ciudades más grandes del mundo que lamentablemente deben vivir en la informalidad. Conjeturando, puede preocupar la incertidumbre de lo que un plan como este puede generar en otras tierras públicas del gobierno. Imagino que puede preocupar el asentamiento de otras personas en plazas de la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, esperando la privatización de otros lugares, con los beneficios señalados. Pero me parece que el beneficio es muy superior al costo en incertidumbre que esto depara. ¿Me equivoco?

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  3. Bueno,`primero una respuesta sobre lo de Alejandro. En verdad no estoy proponiendo ningún sistema diferente en el articulo sino simplemente investigando que normas se usan en las villas, es un estudio positivo, no normativo. Y encuentro que utilizan normas «temporales» de primera adquisición, es decir, Locke. No ya un cálculo de costos y beneficios, los que son el resultado de una determinada asignación.
    En cuanto al artículo que menciona Adrián, en efecto allí sí hay una propuesta, pero es la de simplicar el funcionamiento del «usucapión» o «prescripción adquisitiva», para que quienes ocupan esas tierras desde hace décadas puedan tener un derecho de propiedad reconocido. O sea que es el derecho formal, que actualmente existe.
    En cuanto a porqué no lo hacen, no debería ser tanto el temor a nuevas ocupaciones ya que la prescripción adquisitiva demanda como 20 o 25 años de ocupación efectiva. Creo que tienen una mentalidad planificadora urbana y no pueden considerar un barrio así sin «urbanismo» racional, sin las cosas que ellos creen que serían necesarias, como calles más anchas, plazas, etc.
    El problema es que para conseguir eso habría que tirar abajo toda la villa y construir algo de nuevo y esa «reasignación» de derechos de propiedad se convierte en algo tan conflictivo que se vuelve imposible.
    Tal vez es ese viejo refran: lo «excelente» es enemigo de lo bueno

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  4. Yo no estudié este caso en particular, pero como concepto general me parece riesgosa la política de reconocer derechos de propiedad sobre terrenos ocupados ilegalmente porque incentivaría las ocupaciones de terrenos ajenos…

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    • Según he leído, el 3 de diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad convirtió en ley un proyecto que proponía la urbanización de la villa 31, donde vivían ya unas 26.000 personas. El diseño para la urbanización había sido elaborado por el «Instituto de la Espacialidad Humana» de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Hay que ver qué resultado tiene este proyecto.

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  5. Bueno, pero que se haya sancionado una ley no implica que sea una buena idea… No me simpatiza la idea de «la política de los hechos consumados». Un grupo de tipos ocupa un terreno y después les damos la propiedad de ese terreno… No me parece muy aconsejable en términos jurídicos… Igual, no quiero ser prejuicioso porque no estudié el tema. Pero… mmmmmmm

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  6. Pero como la usucapión demanda ocupación por un período de 20 o 25 años ese peligro no sería tal. Ahora seria reconocer que el estado no supo ser un propietario y cuidar sus propiedades porque permitió que otros las ocuparan por más de 50 años (en el caso de la Villa 31). Entonces, ha perdido el derecho, si es que no ha hecho nada o manifestado su voluntad de mantenerlo o recuperarlo.
    Si se reconociera eso, para evitar futuras ocupaciones, el estado debería:
    1. En primer lugar no tener tierras, ¿para qué las quiere? Y si son edificios desocupados, igual
    2. Si tiene algun bien en uso, digamos los terrenos de la Facultad de Agronomía en Buenos Aires, y se los ocupan, debería actuar como un propietario y defender su derecho. Y si un gobierno no lo hace, lo hará el siguiente, hay tiempo como para que pase más de uno.

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  7. ¿Y está bien ese instrumento jurídico? Porque el hecho de que exista la perspectiva, aunque sea a largo plazo, de obtener un reconocimiento, incentiva la ocupación de terrenos ajenos, sean del estado o de particulares. La gente va y ocupa terrenos y especula con que finalmente se les reconozca la propiedad. De ese modo, las ocupaciones de terrenos van a proliferar y van a generar un incremento de la conflictividad… Encima se va a generar el conflicto respecto de cuando comenzó la ocupación, quién está ahí, desde qué fecha, quién llegó primero. Me parece que es preferible la precariedad justamente para evitar ese tipo de conflictos y, si se presentara la oportunidad de hacerlo, desalojar a los intrusos.

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